Luis Hernández Zúñiga

Expediente 1005/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1005/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
22/11/2023

Partes del expediente

  • Luis Hernández Zúñiga

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Incidental

    Interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1005/2023-II; Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, el treinta de octubre de dos mil veintitrés, y turnado el mismo día a éste órgano jurisdiccional, ***, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del agente de Tránsito y/o Seguridad Vial, con residencia en esta localidad y otras autoridades. Segundo. Tramitación del incidente. Previa aclaración de la demanda, el catorce de noviembre del año en curso, se ordenó admitir a trámite el asunto, se ordenó aperturar el presente incidente de suspensión; les fueron solicitados sus informes previos a las autoridades responsables; y se señalaron día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual se verificó al tenor del acta que antecede. Considerando Primero. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que los actos reclamados tuvieron ejecución en el lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Existencia de los actos reclamados. La Jueza Cívica Comisionada a la Coordinación General de Seguridad Vial y el agente del Tránsito y/o Seguridad Vial adscripción Sur, fueron omisos en rendir sus informes previos a pesar de que les fueron oportunamente requeridos, por lo que de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos que les fueron atribuidos. Por su parte, la Tesorería del Municipio de Juárez, Chihuahua, negó haber ejecutado alguna acción de cobro respecto de la multa que le fue impuesta al quejoso, sin embargo, al resultar ciertos los actos que les fueron reclamados a las autoridades ordenadoras, resulta inminente la ejecución los mismos, por ello, se desvirtúa la negativa manifestada por la autoridad en comento y también se tiene por cierto el acto que le fue endilgado a ésta. Tercero. Precisión adicional. En el caso, del escrito de demanda y aclaratorio se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: 1. Del Agente de Seguridad Vial, con residencia en esta ciudad: -La imposición de la multa con número de boleta 16632654, de tres de octubre de dos mil veintitrés, bajo los conceptos de "aportación voluntaria", "no respetar luz roja" y "darse a la fuga". 2. De la Tesorería del Municipio de Juárez, Chihuahua: -El cobro de la multa descrita. 3. De la Jueza Cívica comisionada a la Coordinación General de Seguridad Vial, en esta localidad: -La resolución y oficio de cuatro de octubre del año en curso, donde determinó dejar subsistente los conceptos de infracción consistentes en "no respetar luz roja" y "darse a la fuga". Respecto del acto reclamado, previamente acotado, se tiene que en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal y 128 de la Ley de Amparo, se establece la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo y se precisan los aspectos que el juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que el quejoso debe reunir, para que sea procedente la suspensión, los cuales son: a) la naturaleza de la violación alegada; b) que lo haya solicitado el agraviado; c) que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y d) análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. El objetivo primordial de esa providencia, es mantener viva la materia del juicio de amparo, con el fin de impedir que el acto que lo motiva se consume irreparablemente y haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal, evitando a éste los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle. Ahora, para resolver sobre tal medida precautoria, debe examinarse si conforme a su naturaleza sus efectos son susceptibles o no de ser paralizados; enseguida, si se satisfacen o no las exigencias previstas en el artículo 128 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, en lo conducente, la tesis propugnada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, Octava Época, consultable en la página 312, Tomo XI, Junio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 216236, del texto siguiente: SUSPENSIÓN, NATURALEZA DEL ACTO QUE SE RECLAMA PARA CONCEDER O NEGAR LA. En el juicio de amparo es importante precisar la naturaleza del acto que se reclama para estar en aptitud de decidir si existe algún efecto que pudiera ser susceptible de suspenderse, o se trata de actos consumados contra los cuales no procede la medida cautelar por carecer de materia sobre la cual recaen. Existen dos tipos de actos para efectos suspensionales, a saber: los positivos y los negativos. Los primeros se traducen siempre en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) de ejecución continuada o inacabada y c) actos de ejecución de tracto sucesivo. Si la ejecución es instantánea, únicamente podrá otorgarse la suspensión antes de que el acto se consume, nunca después, porque carecería de materia y de concederse se darían efectos restitutorios propios de la sentencia de fondo; los actos de ejecución continuada o inacabada son aquellos en los que la autoridad debe actuar un número determinado de veces para consumar el acto reclamado, entonces, al otorgar la suspensión el efecto será impedir que se siga materializando la ejecución al momento en que se concede la medida cautelar, pero lo ya consumado no puede afectarse porque se darían efectos restitutorios también; por lo que toca a la ejecución de tracto sucesivo, la autoridad actúa constantemente y un número ilimitado de ocasiones, ejerciendo presión fáctica sobre la situación de la persona del quejoso, de sus bienes, de su familia, posesiones, etcétera, pues de no hacerlo así la ejecución cesaría de inmediato; por lo que, la suspensión concedida actúa desde el momento mismo en que se otorga hacia el futuro, pero nunca sobre el pasado. En relación con los actos negativos, la clasificación se da de la siguiente manera: a) abstenciones, b) negativas simples y c) actos prohibitivos; las abstenciones carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad, por lo tanto, no existe materia para conceder la suspensión; las negativas simples sólo implican el rechazo a una solicitud del particular, y dada su naturaleza, tampoco admiten suspensión porque se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar; finalmente, los actos prohibitivos no son iguales a los negativos simples, porque implican en realidad una orden positiva de autoridad, tendiente a impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno. En este último supuesto, la suspensión sí es procedente, pero debe examinarse cada caso concreto, sopesándose cuidadosamente, por una parte, el interés legítimo del gobernado en realizar la conducta prohibida y por la otra, el interés público de la autoridad en impedirla, así como las consecuencias o perjuicios que a cada uno de ellos se puede seguir con la concesión o negativa de la medida. Cuarto. Se niega la suspensión definitiva. Pues bien, respecto de los actos reclamados señalados en los puntos 1 y 3, se niega la suspensión definitiva, toda vez que les reviste el carácter de consumados y de otorgarse la medida cautelar solicitada, se les darían efectos restitutorios, lo cual es propio de la sentencia que se dicte en el juicio principal. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia 12 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 13, del Apéndice 2000, Tomo VI, materia común, Jurisprudencia SCJN, que establece: ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia II.3o. J/37, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 51 del Tomo 60, del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, correspondiente al mes de Diciembre de 1992, que establece: ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo. Quinto. Se concede la suspensión definitiva. Enseguida, respecto al acto reclamado señalado en el punto 2, consistente en el cobro de la multa impuesta, se concede la suspensión definitiva para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que se encuentran, es decir, que no se conmine al quejoso a pagar el monto correspondiente por los conceptos descrito. Lo anterior, en razón de que se trata de un acto inminente, cuyas consecuencias que podría producir en la esfera de derechos del amparista, son de mayor gravedad que las que pudiera resentir la sociedad, en tanto que ésta se encuentra interesada en el debido cumplimiento de los derechos que protege la Constitución General, entre los que se encuentra la presunción de inocencia, por lo que no conceder la suspensión definitiva en el supuesto referido vulneraría dicho principio, debido a que es una medida que implicaría colocar a la persona quejosa en una situación de hecho equiparable a la culpabilidad. Se invoca por las razones que informa, la jurisprudencia PR.A.CS. J/18 A (11a.), sustentada por el Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, con residencia en Cuernavaca, Morelos, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Tomo V, página 4697, Septiembre de 2023, Undécima Época, Materias Común y Administrativa, con número de registro digital 2027339, de contenido siguiente: SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DERIVADOS DEL ARTÍCULO 192 DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, CONSISTENTES EN EL REGISTRO DE UNA SANCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al resolver diversos recursos de queja, arribaron a consideraciones contrarias con relación a si procede o no conceder la suspensión provisional respecto de los efectos y consecuencias derivados del artículo 192 del Reglamento de Tránsito del Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, consistentes en el registro de una sanción por parte de la Dirección de Tránsito y Vialidad del Municipio referido, ya que uno de ellos razonó que no era procedente conceder la suspensión provisional, toda vez que si bien la persona quejosa había solicitado la medida cautelar, no lo había realizado explícitamente para el efecto de que no se llevara a cabo el registro de la sanción y, además, no tenía certeza de que el registro se hubiese efectuado; en tanto que el otro órgano jurisdiccional decidió que era procedente conceder la suspensión provisional para el efecto de que las cosas permanecieran en el estado que guardaban y no se incorporara a la persona quejosa en el registro de infractores respectivo, al constituir un acto de carácter positivo que conlleva un "hacer" y, además, porque tal circunstancia podría vulnerar su derecho de presunción de inocencia. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, con residencia en Cuernavaca, Morelos, determina que es procedente conceder la suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto, respecto de los efectos y consecuencias derivados del artículo 192 del Reglamento de Tránsito del Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, consistentes en el registro de una sanción, al tratarse de un acto inminente derivado de la imposición de una multa por infracción de tránsito, debido a que ello sería violatorio del principio de presunción de inocencia. Justificación: El artículo 192 del Reglamento de Tránsito del Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, prevé el registro de todas las sanciones que se apliquen a las personas, a cargo de la Dirección de Tránsito y Vialidad del Municipio referido, con la finalidad de que la persona que reincida en una falta categoría C o D del reglamento citado, sea sancionada con una doble multa; además, prevé la facultad de la autoridad de tránsito de recoger y promover la suspensión o cancelación de las licencias. En ese tenor, cuando en el juicio de amparo indirecto se señale como acto reclamado el registro de una sanción por infracción de tránsito, conforme al artículo 192 del Reglamento de Tránsito señalado, es procedente conceder la medida cautelar respecto de los efectos y consecuencias de la porción normativa señalada, siempre que se surtan los requisitos que establecen la Carta Magna, así como la Ley de Amparo, toda vez que se trata de un acto inminente, cuyas consecuencias que podría producir en la esfera de derechos de las personas quejosas, son de mayor gravedad que las que pudiera resentir la sociedad, en tanto que ésta se encuentra interesada en el debido cumplimiento de los derechos que protege la Constitución General, entre los que se encuentra la presunción de inocencia, por lo que no conceder la suspensión provisional en el supuesto referido vulneraría dicho principio, debido a que es una medida que implicaría colocar a la persona quejosa en una situación de hecho equiparable a la culpabilidad. Por lo expuesto y fundado, en términos del artículo 146, de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ***, respecto de los actos señalados en el considerando cuarto de esta resolución incidental. Segundo. Se concede la suspensión definitiva solicitada por ***, para los efectos precisados en el último considerando de esta resolución incidental. Notifíquese por lista electrónica; por oficio a la autoridad responsable. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Reyna Jazmín Valenzuela Martínez. Doy fe.JJH

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Admisión de la demanda de amparo Agréguese a los el escrito presentado por la autorizada del quejoso ********************, mediante el cual, en desahogo a la prevención efectuada el treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, manifiesta bajo protesta de decir verdad los antecedentes relacionados con los actos reclamados. En esas condiciones, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 1º, fracción I, 3º, 5º, 6, 21, 33, fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite a trámite la demanda. Incidente de suspensión Toda vez que la parte quejosa lo solicitó, se ordena la apertura del expediente incidental, para proveer sobre la suspensión del acto reclamado. Sin que haya lugar a tramitar el incidente por duplicado, en cumplimiento al artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo de las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, y que entró en vigor el siete de noviembre de dos mil veintidós. Audiencia constitucional Con fundamento en el artículo 115 de la legislación de la materia, se señalan las nueve horas con diez minutos del quince de diciembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Solicitud de informe justificado De conformidad con los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo vigente, pídase a la autoridad responsable que rinda informe con justificación por escrito o en medios magnéticos dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio de notificación relativo. En el supuesto de que el acto reclamado sea cierto, remita copia autorizada, legible y completa de las constancias que la justifiquen, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener su constitucionalidad, legalidad, o la improcedencia del juicio; según lo establecido en el párrafo quinto del artículo 117 de la legislación de la materia. En términos del numeral 115, en relación con el 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado. Además, si deja de rendirlo o bien lo hace sin remitir en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para resolver el presente asunto, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, se le sancionará con multa de cien unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional ($10,374.00). Información reservada o confidencial En caso de que las partes exhiban remitan físicamente información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 113 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos 105 y 107 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, si se remite documento digitalizado o electrónico, de estimarse que respecto de alguna promoción o constancia deba guardarse sigilo, entonces se ordenará que se restrinja el acceso a esa porción del expediente electrónico, en términos del artículo 25 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Obligación de recibir oficios Se informa a la autoridad responsable que está obligada a recibir los oficios que en relación con este expediente se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además, según lo dispuesto por el numeral 245 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional ($10,374.00). Deber de informar sobre las causas de improcedencia Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento lo manifiesten a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que lo acrediten, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá como sanción una multa de treinta unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de tres mil ciento doce pesos 20/100 moneda nacional ($3,112.20). Vista al agente del MP adscrito Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, según lo dispuesto en el artículo 5, fracción IV, de la legislación en cita. Notifíquese pos lista electrónica, por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Reyna Jazmín Valenzuela Martínez. Doy fe.

  3. Incidental

    Ciudad Juárez, Chihuahua; catorce de noviembre de dos mil veintitrés. Apertura de expediente incidental Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con apoyo en el artículo 128, antepenúltimo párrafo, de la Ley de Amparo vigente, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo ********************/2023-II, promovido por ********************. Actos reclamados En el caso, del escrito de demanda y del libelo aclaratorio se desprende que la parte quejosa reclama lo siguiente: 1. Del Agente de Seguridad Vial, con residencia en esta ciudad: -La imposición de la multa con número de boleta ********************, de tres de octubre de dos mil veintitrés, bajo los conceptos de "aportación voluntaria", "no respetar luz roja" y "darse a la fuga". 2. De la Tesorería del Municipio de Juárez, Chihuahua: -El cobro de la multa descrita. 3. De la Jueza Cívica comisionada a la Coordinación General de Seguridad Vial, en esta localidad: -La resolución y oficio de cuatro de octubre del año en curso, donde determinó dejar subsistente los conceptos de infracción consistentes en "no respetar luz roja" y "darse a la fuga". Determinación sobre la suspensión provisional Respecto del acto reclamado, previamente acotado, se tiene que en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Federal y 128 de la Ley de Amparo, se establece la suspensión del acto reclama do en el juicio de amparo y se precisan los aspectos que el juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que el quejoso debe reunir, para que sea procedente la suspensión, los cuales son: a) la naturaleza de la violación alegada; b) que lo haya solicitado el agraviado; c) que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; y d) análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social. El objetivo primordial de esa providencia, es mantener viva la materia del juicio de amparo, con el fin de impedir que el acto que lo motiva se consume irreparablemente y haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal, evitando a éste los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle. Ahora, para resolver sobre tal medida precautoria, debe examinarse si conforme a su naturaleza sus efectos son susceptibles o no de ser paralizados; enseguida, si se satisfacen o no las exigencias previstas en el artículo 128 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, en lo conducente, la tesis propugnada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, Octava Época, consultable en la página 312, Tomo XI, Junio de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 216236, del texto siguiente: SUSPENSIÓN, NATURALEZA DEL ACTO QUE SE RECLAMA PARA CONCEDER O NEGAR LA. En el juicio de amparo es importante precisar la naturaleza del acto que se reclama para estar en aptitud de decidir si existe algún efecto que pudiera ser susceptible de suspenderse, o se trata de actos consumados contra los cuales no procede la medida cautelar por carecer de materia sobre la cual recaen. Existen dos tipos de actos para efectos suspensionales, a saber: los positivos y los negativos. Los primeros se traducen siempre en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) de ejecución continuada o inacabada y c) actos de ejecución de tracto sucesivo. Si la ejecución es instantánea, únicamente podrá otorgarse la suspensión antes de que el acto se consume, nunca después, porque carecería de materia y de concederse se darían efectos restitutorios propios de la sentencia de fondo; los actos de ejecución continuada o inacabada son aquellos en los que la autoridad debe actuar un número determinado de veces para consumar el acto reclamado, entonces, al otorgar la suspensión el efecto será impedir que se siga materializando la ejecución al momento en que se concede la medida cautelar, pero lo ya consumado no puede afectarse porque se darían efectos restitutorios también; por lo que toca a la ejecución de tracto sucesivo, la autoridad actúa constantemente y un número ilimitado de ocasiones, ejerciendo presión fáctica sobre la situación de la persona del quejoso, de sus bienes, de su familia, posesiones, etcétera, pues de no hacerlo así la ejecución cesaría de inmediato; por lo que, la suspensión concedida actúa desde el momento mismo en que se otorga hacia el futuro, pero nunca sobre el pasado. En relación con los actos negativos, la clasificación se da de la siguiente manera: a) abstenciones, b) negativas simples y c) actos prohibitivos; las abstenciones carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad, por lo tanto, no existe materia para conceder la suspensión; las negativas simples sólo implican el rechazo a una solicitud del particular, y dada su naturaleza, tampoco admiten suspensión porque se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar; finalmente, los actos prohibitivos no son iguales a los negativos simples, porque implican en realidad una orden positiva de autoridad, tendiente a impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno. En este último supuesto, la suspensión sí es procedente, pero debe examinarse cada caso concreto, sopesándose cuidadosamente, por una parte, el interés legítimo del gobernado en realizar la conducta prohibida y por la otra, el interés público de la autoridad en impedirla, así como las consecuencias o perjuicios que a cada uno de ellos se puede seguir con la concesión o negativa de la medida. Se niega la suspensión provisional Pues bien, respecto de los actos reclamados señalados en los puntos 1 y 3, se niega la suspensión provisional, toda vez que les reviste el carácter de consumados y de otorgarse la medida cautelar solicitada, se les darían efectos restitutorios, lo cual es propio de la sentencia que se dicte en el juicio principal. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia 12 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 13, del Apéndice 2000, Tomo VI, materia común, Jurisprudencia SCJN, que establece: ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia II.3o. J/37, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 51 del Tomo 60, del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, correspondiente al mes de Diciembre de 1992, que establece: ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo. Se concede la suspensión provisional Enseguida, respecto al acto reclamado señalado en el punto 2, consistente en el cobro de la multa impuesta, se concede la suspensión provisional para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que se encuentran, es decir, que no se conmine al quejoso a pagar el monto correspondiente por los conceptos descrito, toda vez que se trata de un acto inminente, cuyas consecuencias que podría producir en la esfera de derechos del amparista, son de mayor gravedad que las que pudiera resentir la sociedad, en tanto que ésta se encuentra interesada en el debido cumplimiento de los derechos que protege la Constitución General, entre los que se encuentra la presunción de inocencia, por lo que no conceder la suspensión provisional en el supuesto referido vulneraría dicho principio, debido a que es una medida que implicaría colocar a la persona quejosa en una situación de hecho equiparable a la culpabilidad. Se invoca por las razones que informa, la jurisprudencia PR.A.CS. J/18 A (11a.), sustentada por el Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, con residencia en Cuernavaca, Morelos, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 29, Tomo V, página 4697, Septiembre de 2023, Undécima Época, Materias Común y Administrativa, con número de registro digital 2027339, de contenido siguiente: SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE LOS EFECTOS Y CONSECUENCIAS DERIVADOS DEL ARTÍCULO 192 DEL REGLAMENTO DE TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE VERACRUZ, ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, CONSISTENTES EN EL REGISTRO DE UNA SANCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y VIALIDAD DEL MUNICIPIO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al resolver diversos recursos de queja, arribaron a consideraciones contrarias con relación a si procede o no conceder la suspensión provisional respecto de los efectos y consecuencias derivados del artículo 192 del Reglamento de Tránsito del Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, consistentes en el registro de una sanción por parte de la Dirección de Tránsito y Vialidad del Municipio referido, ya que uno de ellos razonó que no era procedente conceder la suspensión provisional, toda vez que si bien la persona quejosa había solicitado la medida cautelar, no lo había realizado explícitamente para el efecto de que no se llevara a cabo el registro de la sanción y, además, no tenía certeza de que el registro se hubiese efectuado; en tanto que el otro órgano jurisdiccional decidió que era procedente conceder la suspensión provisional para el efecto de que las cosas permanecieran en el estado que guardaban y no se incorporara a la persona quejosa en el registro de infractores respectivo, al constituir un acto de carácter positivo que conlleva un "hacer" y, además, porque tal circunstancia podría vulnerar su derecho de presunción de inocencia. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Administrativa de la Región Centro-Sur, con residencia en Cuernavaca, Morelos, determina que es procedente conceder la suspensión provisional en el juicio de amparo indirecto, respecto de los efectos y consecuencias derivados del artículo 192 del Reglamento de Tránsito del Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, consistentes en el registro de una sanción, al tratarse de un acto inminente derivado de la imposición de una multa por infracción de tránsito, debido a que ello sería violatorio del principio de presunción de inocencia. Justificación: El artículo 192 del Reglamento de Tránsito del Municipio de Veracruz, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, prevé el registro de todas las sanciones que se apliquen a las personas, a cargo de la Dirección de Tránsito y Vialidad del Municipio referido, con la finalidad de que la persona que reincida en una falta categoría C o D del reglamento citado, sea sancionada con una doble multa; además, prevé la facultad de la autoridad de tránsito de recoger y promover la suspensión o cancelación de las licencias. En ese tenor, cuando en el juicio de amparo indirecto se señale como acto reclamado el registro de una sanción por infracción de tránsito, conforme al artículo 192 del Reglamento de Tránsito señalado, es procedente conceder la medida cautelar respecto de los efectos y consecuencias de la porción normativa señalada, siempre que se surtan los requisitos que establecen la Carta Magna, así como la Ley de Amparo, toda vez que se trata de un acto inminente, cuyas consecuencias que podría producir en la esfera de derechos de las personas quejosas, son de mayor gravedad que las que pudiera resentir la sociedad, en tanto que ésta se encuentra interesada en el debido cumplimiento de los derechos que protege la Constitución General, entre los que se encuentra la presunción de inocencia, por lo que no conceder la suspensión provisional en el supuesto referido vulneraría dicho principio, debido a que es una medida que implicaría colocar a la persona quejosa en una situación de hecho equiparable a la culpabilidad. Audiencia incidental Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 138, fracción II de la Ley de Amparo en vigor, se señalan las nueve horas con veinticinco minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. Solicitud de informe previo De conformidad con la fracción III del indicado numeral, pídase a la autoridad responsable su respectivo informe previo que deberá rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, para lo cual deberá remitirse copia de la demanda. En el entendido que en el informe cada autoridad se concretará a expresar si son ciertos o no los actos reclamados, podrá indicar las razones que estime sobre la procedencia o improcedencia de la medida cautelar, lo anterior con fundamento en el artículo 142, primer párrafo de la Ley de Amparo. En términos del numeral 142 de la Ley de Amparo, se apercibe a las autoridades responsables, que en caso de no rendir su informe se presumirá cierto el acto que se les endilga, además se les impondrá como sanción una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, en términos del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el diverso artículo 260, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, equivalentes a diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional ($10,374.00). Información reservada o confidencial Cuando las partes exhiban físicamente información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 113 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos 105 y 107 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Cuando se remita documento digitalizado o electrónico, de estimarse que respecto de alguna promoción o constancia deba guardarse sigilo, entonces se ordenará que se restrinja el acceso a esa porción del expediente electrónico, en términos del artículo 25 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Obligación de recibir oficios Se informa a las autoridades responsables que están obligadas a recibir los oficios que en relación con este expediente se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, amén de que si subsiste la negativa, con fundamento en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además, según lo dispuesto por el numeral 245 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional ($10,374.00). Información sobre causas de improcedencia Con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes, para que tan pronto como aparezca una causa de sobreseimiento lo manifiesten a esta autoridad y de ser posible acompañen las constancias que lo acrediten, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá como sanción una multa de treinta unidades de medida y actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalentes a la cantidad de tres mil ciento doce pesos 20/100 moneda nacional ($3,112.20). Habilitación de días y horas De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrita realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Domicilio Según lo establecido en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones el indicado. Forma en que se llevarán a cabo las notificaciones En general por lista Con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista, únicamente mediante la publicación en internet, que es consultable en: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/ paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos. htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, salvo aquéllas de carácter personal. A las autoridades responsables: Por medio de oficio De conformidad con el numeral 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar el presente acuerdo a la autoridad responsable mediante oficio que al efecto se gire, el cual deberá entregarse de forma física en sus instalaciones. Por lista electrónica Los acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, ya que esta resolutora, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el presente juicio de amparo, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J.176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente rubro NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS Expedición de copias y acceso al expediente. En términos del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el sumario y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, lo mismo ocurrirá con las determinaciones que con esa evidencia se les remita a su correo por parte de este juzgado, de modo que resultará innecesario su cotejo con el expediente físico o cualquier otra certificación posterior. Con fundamento en el artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Coincidencia del expediente físico y electrónico En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Uso del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que, se instruye al Oficial Judicial A adscrito dé puntual seguimiento y trámite a los asuntos electrónicos recibidos por medio del Portal de Servicios en Línea, lo que implica la captura completa y oportuna de la información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, específicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consulta pública del asunto. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a las partes que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese por lista electrónica, por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Reyna Jazmín Valenzuela Martínez. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Registro de la demanda de amparo Vista la cuenta secretarial, se tiene por recibida la demanda promovida por L******** contra actos del Agente del Transito y/o de Seguridad Vial y otras autoridades. En consecuencia, se ordena formar expediente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, anotar en el Libro de Gobierno de este juzgado su registro bajo el consecutivo 1005/2023-II. Prevención de la demanda de amparo Ahora, para estar en condiciones de proveer respecto a la admisión o no de la demanda de mérito, es importante precisar, que de conformidad con el artículo 112, en relación con el diverso 114, ambos de la Ley de Amparo, se debe realizar un análisis del escrito constitucional, a fin de advertir irregularidades, deficiencias u omisiones.En efecto, el numeral 114 de la Ley de Amparo textualmente dispone: Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; III. No se hubiere acompañado, en su caso, el documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y V. No se hubieren exhibido las copias necesarias de la demanda. Si no se subsanan las deficiencias, irregularidades u omisiones de la demanda dentro del plazo de cinco días, se tendrá por no presentada. En caso de falta de copias, se estará a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Ley. La falta de exhibición de las copias para el incidente de suspensión, sólo dará lugar a la postergación de su apertura. La finalidad de la disposición anterior consiste en esclarecer o aclarar demandas que adolecen de irregularidades de carácter formal. Por medio de ella, el legislador busca que el Juez pueda conocer con certeza la pretensión de la parte quejosa y, así, que esté en posibilidad de resolver lo que en derecho proceda acerca de la misma. En esa tesitura, debe considerarse que dicha disposición resulta aplicable cuando la demanda presentada satisface los requisitos mínimos necesarios para ser considerada como una demanda básicamente viable, de manera que sólo requiera la aclaración de oscuridades u omisiones formales o de naturaleza secundaria o relativa a omisiones que en alguna forma resulten excusables. Así, el Juez de Distrito al realizar el análisis del escrito constitucional puede advertir: a) Irregularidades, como podría ser el omitirse acreditar la personalidad con la que se ostenta el promovente, imprecisión o deficiencias en los antecedentes de los actos reclamados, etcétera; b) Omisión en alguno de los requisitos establecidos en el artículo 108 de la ley de la materia, o, c) Imprecisión del acto reclamado, así como la omisión de exhibir las copias que señala el numeral 110 de la ley reglamentaria. En la especie, quien esto acuerda estima que la demanda que nos ocupa es oscura, como a continuación se verá: El artículo 108, fracción V, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucional, dispone: 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; [.] Tal precepto establece como requisito de la demanda de amparo que la parte quejosa haga una narración, bajo protesta de decir verdad, de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados, y que, por su estrecha relación, resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de amparo, incluyendo los aspectos que influyan en la procedencia del juicio, por ser una cuestión de orden público; así como, también, la fecha en que se ostenta sabedor de los reclamado en el juicio. Apoya lo anterior, la tesis emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con registro 175345, visible en la página 990, Tomo XXIII, abril de dos mil seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con rubro y texto siguiente: DEMANDA DE GARANTÍAS. FORMA EN QUE DEBE CUMPLIRSE EL REQUISITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO A LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS Y ABSTENCIONES QUE LE CONSTEN AL GOBERNADO Y QUE CONSTITUYAN ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO O FUNDAMENTO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Conforme al precepto legal aludido, la parte quejosa debe manifestar los hechos y abstenciones descritos con antelación; sin embargo, en la hipótesis de que no sea satisfecha dicha carga procesal, el Juez Federal debe requerir para que sea subsanada la irregularidad. Ahora bien, en el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, página mil ciento noventa y dos, vigésima segunda edición, Editorial Espasa Calpe, Sociedad Anónima, dos mil uno, Madrid, España, se establecen distintas acepciones de la palabra "hecho", entre ellas, las siguientes: "hecho, cha. [...] 5. Cosa que sucede. 6. [...] Acción que se ha llevado a cabo, adelantándose a cualquier evento que pudiera dificultarla o impedirla [...]". Por su parte, en la página ciento sesenta y dos de la obra consultada, es definido el vocablo "antecedente" de diferentes maneras, entre las cuales destaca la que se reproduce a continuación: "[...] 2. m. Acción, dicho o circunstancia que sirve para comprender o valorar hechos posteriores.". De la misma manera, en la página veintiuno del diccionario mencionado se establecen los conceptos de la palabra "acción", entre otros, los que se transcriben enseguida: "[...] Ejercicio de la posibilidad de hacer. 2. Resultado de hacer". En la página catorce se define el vocablo "abstención" de la manera siguiente: "[...] Acción y efecto de abstenerse". En esas condiciones se concluye que para dar cumplimiento al requisito previsto en la fracción IV del artículo 116 de la Ley de Amparo, concerniente a la manifestación bajo protesta de decir verdad sobre los hechos o abstenciones que le constan al gobernado y que constituyen antecedentes del acto reclamado o fundamentos de los conceptos de violación, es necesario realizar una narración precisa de todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal al resolverse el juicio de garantías, incluyendo los aspectos que influyan en su procedencia por ser una cuestión de orden público conforme al último párrafo del artículo 73 de la citada ley. Bajo esa premisa se colige que el promovente no cumple con la obligación impuesta en la fracción V del artículo 108 de la ley de la materia, pues no manifiesta todos los aspectos relevantes de los actos reclamados, razón por la cual, no se puede tener por desahogado tal requisito. Lo anterior se estima así, por las consideraciones que a continuación se exponen: En principio se tiene que el amparista reclama la imposición de diversas multas por parte del agente del Transito y/o Seguridad Vial, así como la resolución de la Jueza Cívica de fecha tres de octubre de dos mil veintitrés. Luego, al momento de narrar los antecedentes del acto combatido, únicamente se limita a señalar lo siguiente: [.] a) Es el caso que el día 03 de octubre de 2023 la H. Autoridad Responsable impuso una multa vial sobre el vehículo marca ******** (en lo sucesivo "el vehículo") el cual es propiedad del suscrito quejoso. b) El 4 / de octubre de 2023 la H. Autoridad Responsable Jueza Cívica emitió resolución que, en cuanto a los actos reclamados, estableció "...dejando subsistente los motivos 27 No respetar luz roja y 71 Darse a la fuga ... " c) Que la H. Autoridad Responsable pretende cobrar el total del máximo de las multas por los conceptos indicados en el apartado de actos reclamados. [.] De lo anterior se advierte que el promovente señala diversas alegaciones, sin que se desprenda cuáles fueron los acontecimientos relacionados a la imposición de la multa y lo subsecuente, en el sentido que la señalada Jueza Cívica emitió una resolución en la cual dejaba subsistente diversas multas, para tener un conocimiento bastante sobre lo combatido, que permitan proveer sobre la admisibilidad de la demanda. Prevención y apercibimiento Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 114, fracción V de la Ley de Amparo, se requiere a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días, computados legalmente: a) Efectúe un verdadero relato, bajo protesta de decir verdad, de los antecedentes de los actos aquí reclamados, de acuerdo a las pautas arriba acotadas. b) En caso de cumplir esta prevención de forma física, deberá acompañar las copias de traslado necesarias de su escrito aclaratorio para todas las partes. Lo previo, bajo el apercibimiento que, de no cumplir se tendrá por no presentada la demanda, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114, de la ley de la materia. Información reservada o confidencial En caso de que las partes exhiban remitan físicamente información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, en términos de lo dispuesto en los artículos 113 y 116, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los diversos 105 y 107 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, si se remite documento digitalizado o electrónico, de estimarse que respecto de alguna promoción o constancia deba guardarse sigilo, entonces se ordenará que se restrinja el acceso a esa porción del expediente electrónico, en términos del artículo 25 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Habilitación de días y horas De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrita realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Domicilio Según lo establecido en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones el indicado. Forma en que se llevarán a cabo las notificaciones En general por lista Con fundamento en los ordinales 26, fracción III y 29 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena que las notificaciones en el presente asunto se realicen por lista, mediante la publicación en internet consultable en: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm de la página web de Servicios y Trámites de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, salvo aquéllas de carácter personal. A la autoridad responsable Por medio de oficio De conformidad con el numeral 26, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar el presente acuerdo a las autoridades responsables mediante oficio que al efecto se gire, el cual deberá entregarse de forma física en las instalaciones que ocupe cada una de ellas. Por lista electrónica Los acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, ya que este resolutor, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el presente juicio de amparo, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que se pretenda notificar, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. Se hace conocimiento de las responsables en este expediente que las comunicaciones que se dirijan al sumario en que se actúa podrán remitirse al correo oficial del juzgado 7jdo17cto@correo.cjf.gob.mx. Expedición de copias y acceso al expediente. En términos del artículo 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en el sumario y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente, lo mismo ocurrirá con las determinaciones que con esa evidencia se les remita a su correo por parte de este juzgado, de modo que resultará innecesario su cotejo con el expediente físico o cualquier otra certificación posterior. Con fundamento en el artículo 3º, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente expediente, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin necesidad de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas si las pide quien tenga facultades para ello, a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos. Asimismo, previa gestión verbal y ante la presencia del personal del juzgado se autoriza el uso de medios electrónicos para la reproducción de constancias que integran el presente expediente con excepción de las detalladas en este párrafo, de conformidad con lo que estipulan los artículos 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, 3 de la Ley de Amparo y la Circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve. Coincidencia del expediente físico y electrónico. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo vigente, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Uso del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. Por lo que, se instruye al Oficial Judicial "A" adscrito, dé puntual seguimiento y trámite a los asuntos electrónicos recibidos por medio del Portal de Servicios en Línea, lo que implica la captura completa y oportuna de la información en los Sistemas Electrónicos del Consejo, específicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consulta pública del asunto Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, dígase a las partes que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Reyna Jazmín Valenzuela Martínez. Doy fe.

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