Luis Hernández Romero

Expediente 583/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
583/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
06/12/2018

Partes del expediente

  • Luis Hernández Romero

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, seis de diciembre de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponde el escrito signado por el promovente del presente juicio de amparo *****; atento a su contenido, se le tiene señalando como domicilio para recibir notificaciones el ubicado el número treinta y dos, calle Lázaro Cárdenas, de la Comunidad de Caltzonzin de esta ciudad de Uruapan, Michoacán, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, vista la primera certificación de cuenta, así como el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que feneció para la parte quejosa el plazo de cinco días para interponer recurso de queja contra el auto dictado el veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 15 a 19) que desechó la demanda de amparo, sin que haya interpuesto dicho medio de impugnación; en consecuencia, se declara que el referido auto ha causado estado para los efectos legales procedentes. Toda vez que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, así como el precepto Décimo Primero, segundo párrafo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, envíese al archivo; asimismo, en cumplimiento al artículo Vigésimo Primero, fracción I, del referido acuerdo, se establece que este expediente es susceptible de destrucción, por haberse desechado de plano la demanda de amparo, por lo cual se establece como fecha probable para tal efecto el siete de diciembre de dos mil veintitrés. Asimismo, en observancia a lo previsto en el punto Décimo Primero, segundo párrafo, del mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado acuerdo; lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Se ordena realizar las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO,NOTIFICO POR MEDIO DE LISTA QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS DE ESTE TRIBUNAL, A LA PARTE QUEJOSA JUAN LÓPEZ HERNÁNDEZ EN FAVOR DE JORGE ANDRADE DUARTE, EL PROVEÍDO DE VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, MISMO QUE A LA LETRA DICE:Ratificación de la demanda. Vista la razón suscrita por el Actuario Judicial de la adscripción de veintidós de noviembre del presente año, en la cual se advierte que el quejoso directo al ser notificado del auto dictado el dieciséis de agosto pasado, ratificó la demanda de garantías promovida a su favor por Luis Hernández Romero, de la cual además se advierte lo siguiente: ".acto seguido procedo dar fe de su estado físico exterior y se ha sido objeto de torturas, malos tratos o intimidación: advirtiendo que se encuentra visiblemente sano, sin huellas de tortura y al preguntarle directamente refiere no haber sido objeto de tortura, malos tratos o intimidación, que se encuentra recluido por alcolismo (sic) y que quien lo recluyo hace más de mes y medio fue su fue su papa, pero que se considera rehabilitado y no no (sic) desea estar en este lugar. Escuchado lo anterior en encargado del Centro de Rehabilitación procede a permitirle salir del mismo, manifestando que en dicho lugar nadie puede estar contra de su voluntad. En este acto doy fe que el quejoso directo recoje (sic) sus partencias y por su propio pie abandona el centro de rehabilitación.". Desechamiento. Ahora, debe destacarse que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En el caso concreto, se advierte la actualización de una causal de improcedencia manifiesta e indudable, por lo que se realiza el análisis respectivo. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen:*******Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.60.C. J/19, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto indican:****** Previo a determinar la causa de improcedencia que en el caso se actualiza, es importante destacar que el estudio que se realiza se efectúa en términos de la jurisprudencia P./J.40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece:************Asentado lo anterior, se advierte que el quejoso directo Luis Hernández Romero, fue puesto en libertad en el momento de la diligencia el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho, en tales condiciones, se estima que se actualiza de forma notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que obliga a sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, en términos del artículo 64, del citado ordenamiento legal, por las consideraciones que a continuación se exponen: El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ****** XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". El precepto legal transcrito establece que se actualiza la causa de improcedencia cuando han cesado los efectos del acto reclamado. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para que se actualice la causa de improcedencia invocada no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado sino que es necesario que aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Cobra aplicación al respecto, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:******Así como, la jurisprudencia número P.CL/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Bajo las anteriores consideraciones, debe convenirse que en el caso cesaron los efectos del acto reclamado, pues Juan López Fernández en favor de Luis Hernández Romero promovió de amparo por los siguientes actos reclamados: "1.- Aplicación de tormentos y pretender privar de la vida a Julio Cesar Galindo Molina, al tenerlo sometido a un estado de desnutrición con el consiguiente grave riesgo de sufrir anemia y sea privado de la vida de manera omisiva al no proporcionarle los alimentos necesarios para su manutención a tal grado que desde su ingreso en junio de este año a la fecha ha perdido peso de manera gradual y progresiva, ante la actitud de las autoridades penitenciarias que menciono como responsables, de no garantizarle y proporcionarle al quejoso una alimentación saludable para mejorar la condición en que se encuentra y que pone en riesgo su vida, lo que se traduce en actos de tortura, derivado de un trato cruel e inhumano al mantenerlo de manera continua con hambre. 2.- La segregación e incomunicación de que es víctima Julio Cesar Galindo Molina, a quien desde su ingreso no se le ha permitido comunicación con su defensor y se le mantiene segregado en su celda permitiéndole estar solo un máximo de cuarenta minutos al día en un patio que mide 10 metros de ancho por cuarenta de largo, manteniéndolo incomunicado del resto de la población penitenciaria". Por lo que con motivo de la tramitación del presente juicio de amparo la recuperó su libertad, pues el veintidós de noviembre pasado egresó del Centro de Rehabilitación La Paz clínica Contra las Adicciones, con residencia en esta ciudad de Uruapan, Michoacán. En esas condiciones, debe estimarse que con motivo de haber recobrado el quejoso su libertad, se destruyeron los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del quejoso o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ninguna huella. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, y, por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo. por virtud de haber cesado los efectos del acto reclamado. Resulta aplicable la tesis 97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, que indica:*******Háganse las capturas correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese personalmente.

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