Luis Hernández Perdomo

Expediente 654/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
654/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
18/05/2022

Partes del expediente

  • Luis Hernández Perdomo

Actuaciones

  1. Principal

    Cúmplase.

  2. Principal

    CERTIFICACIÓN DE REMISIÓN AL ARCHIVO

  3. Principal

    CAUSA ESTADO DETERMINACIÓN. De la certificación de cuenta se desprende que ha transcurrido el plazo para que se interpusiera recurso de queja en contra del auto dictado en este juicio, por el que se DESECHÓ de plano la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que HA CAUSADO ESTADO DICHA DETERMINACIÓN. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, así como la captura respectiva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese como asunto concluido. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción I del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es destruible.

  4. Principal

    Notifíquese personalmente al quejoso.- RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS. Por recibidos el oficio 8605, firmado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en la ciudad del mismo nombre, y el expediente del juicio de amparo 741/2020-IV. Acúsese recibo. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE. Fórmese el expediente respectivo, regístrese con el número de orden 654/2020-IV y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. CONOCIMIENTO DEL JUICIO. Del oficio de cuenta se aprecia que en la resolución dictada el once de noviembre de dos mil veinte, el Juez Primero de Distrito en el Estado de Guanajuato, declaró la incompetencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Magaly del Carmen Ruiz Camacho, en favor de Luis Hernández Perdomo, contra actos del Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, residente en la Ciudad de México; del Director General, del Director de Seguridad y del Encargado del Área Médica, del Centro Federal de Readaptación Social número 12 CPS Guanajuato, con sede en Ocampo, Guanajuato; y ordenó enviarla, así como el expediente recibido, al Juez de Distrito en el Estado en turno, con sede en esta ciudad. Toda vez que se comparten las consideraciones expuestas por la autoridad federal declinante, se acepta la competencia para conocer del juicio de amparo que se recibe. Hágase lo anterior del conocimiento del juez declinante. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; de lo que cobra singular relevancia precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, a manera de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia. Pues bien, quien esto resuelve estima que en el presente caso se advierte de forma manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia que prevé la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Dicha fracción consagra uno de los principios rectores del juicio de amparo, el de definitividad, que impone como obligación al quejoso, antes de acudir a promover demanda de amparo, agotar los recursos ordinarios o medios de defensa legales que procedan contra el acto que tilda de inconstitucional, y que tengan por efecto revocar, modificar o nulificar la resolución combatida. Principio que encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse el juicio de amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación. Así, se puede establecer que conforme a la fracción invocada, el gobernado podrá acudir a ejercer la acción constitucional de amparo hasta después de haber agotado todas las instancias procesales que se regulen en la ley de donde emana el acto reclamado. Atentos a lo anterior, a fin de determinar si se surte o no la causa de improcedencia en comento, es menester determinar si en las leyes ordinarias se contempla un juicio o recurso mediante el cual pueda modificarse, revocarse o anularse el acto reclamado. En la especie, el análisis integral de la demanda de amparo muestra que el acto reclamado es la falta de atención médica del quejoso Luis Hernández Perdomo. Ahora bien, dentro del Capítulo III de la Ley Nacional de Ejecución Penal, denominado Procedimiento Administrativo, se encuentran los artículos 107 a 115; de dichos numerales se obtiene, en lo que aquí interesa, que las peticiones administrativas ante la autoridad penitenciaria en contra de hechos, actos u omisiones respecto de las condiciones de internamiento, se formularán por escrito sin formalidad alguna ante el director del centro de reclusión de que se trate, quien, una vez recibida la petición, por escrito y dentro de las veinticuatro horas siguientes, admitirá la petición e iniciará el trámite del procedimiento, o bien, prevendrá en caso de ser confusa; determinación que deberá notificarse personalmente al promovente. El director del centro de reclusión estará obligado a resolver dentro de un término de cinco días contados a partir de la admisión de la petición y notificar al peticionario en un plazo no mayor a veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución. Si la petición fue resuelta en sentido contrario a los intereses del peticionario, este podrá formular controversia ante el Juez de Ejecución dentro de los diez días siguientes a la fecha de notificación de la referida resolución. Si los efectos del acto son continuos o permanentes, la controversia ante el Juez de Ejecución podrá plantearse en cualquier momento. Los jueces de ejecución conocerán controversias relacionadas, entre otras, con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas, así como con el plan de actividades de la persona privada de la libertad y cuestiones relacionadas con el mismo, que impliquen violación de derechos fundamentales. Establecido lo anterior y atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, se estima que el quejoso ya sea como procesado o sentenciado, previo a promover demanda de amparo, debió formular la petición administrativa prevista por el artículo 107 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, ante el Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 12 CPS-Guanajuato, con sede en Ocampo, Guanajuato, para que reciba la atención médica necesaria de acuerdo a sus padecimientos; ello, por ser este la autoridad penitenciaria encargada de la tramitación del procedimiento establecido en la propia Ley Nacional de Ejecución Penal (petición administrativa). Sin que sea obstáculo para llegar a la conclusión anterior, el hecho de que el impetrante se encuentre interno en un centro penitenciario y reclame violación al derecho que tiene de estancia digna dentro de este, pues debe tenerse en consideración que se encuentra sujeto a un proceso penal (en prisión preventiva o en ejecución de la pena), y por tanto, se trata de un acto u omisión que se le atribuye a una autoridad administrativa pero ocurrido dentro de un proceso penal, situación que provoca que el interno deba acudir a los mecanismos que establece la ley ordinaria para resolver cualquier afectación a su esfera de derechos, pues dicho procedimiento se regula principalmente por los derechos humanos contenidos en los artículos 14 y 17 Constitucionales, en el caso, la Ley Nacional de Ejecución Penal, que prevé la petición administrativa como el medio para, en su caso, subsanar la afectación. Tampoco es óbice para concluir lo anterior, que en el caso, se considere que existe una violación directa a la Constitución Federal, en específico, podría tratarse de una transgresión al artículo 18 de nuestra Carta Magna, pues en este se encuentran establecidos los principios generales que deben regir en materia penitenciaria, mismos que, al ser ampliados o complementados de forma específica en una norma reglamentaria (Ley Nacional de Ejecución Penal), dotaron a las autoridades de la facultad de analizar los derechos de forma armónica y como una unidad para resolver de mejor forma el planteamiento que les formula un particular; por ende, resulta jurídicamente inadmisible que si el legislador ordinario amplió tales derechos humanos -en materia penitenciaria-, en esta Ley Secundaria, la probable transgresión de aquéllos, no debe ser analizada en forma autónoma , sino a través de un procedimiento, en este caso, la petición administrativa prevista en la Ley Nacional de Ejecución Penal, esto es, conforme a lo establecido por la norma secundaria. Por lo anterior, si el amparista cuenta con un mecanismo de peticiones regulado expresamente por una norma vigente que tiene como finalidad que la autoridad administrativa (como las señaladas como responsables), conozca sus necesidades y pueda, en su caso, satisfacerlas, es esa vía la que tiene que seguir el quejoso a fin de resolver su controversia, al tener regulación expresa en la materia. En tales condiciones, si en contra del acto reclamado procedía la petición administrativa (la cual no exige mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo, ya que lo único que se requiere es formularse por escrito), mediante la cual puede ser revocado o modificado, y la misma no fue interpuesta por el accionante, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto que en su contra se intenta es improcedente por no observarse el principio de definitividad que lo rige. De manera que, como de la demanda se advierte de forma patente y absolutamente clara la operancia de la causa de improcedencia en estudio en relación con el acto reclamado, sin que pudieran llevar a convicción contraria los elementos que eventualmente pudieran allegarse al sumario en caso de ser admitida; con fundamento en el artículo 113 de la Ley de la Materia, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Magaly del Carmen Ruiz Camacho, en favor de Luis Hernández Perdomo. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Toda vez que el quejoso se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 12 CPS Guanajuato, las notificaciones personales que se ordenen realizar dentro del juicio de amparo que ahora inicia, deberán hacerse en tal sitio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES para que el actuario judicial de la adscripción realice las notificaciones que se ordenen dentro de este expediente. COPIAS. Se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Finalmente, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena al secretario que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto). EXHORTACIÓN PARA TRANSITAR AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA Y PROPONER FORMAS ESPECIALES Y EXPEDITAS DE CONTACTO. Finalmente, de conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: Medio de Contacto Horario Procedimiento Celular 4775538393 Correo Electrónico 4jdo16cto@correo.cjf.gob.mx. 8:30 a 14:30 hrs. de Lunes a Viernes 1. El interesado debe enviar mensaje de texto mediante la aplicación denominada WhatsApp, o bien correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, autorizado, etcétera). b) Una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. c) Número de expediente e información requerida. 2. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En todo caso, responderá a la solicitud de inmediato, mediante llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico, indicando el tratamiento dado a la gestión. De igual forma las partes podrán enviar sus promociones debidamente firmadas en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), directamente al correo electrónico oficial de este juzgado, debiendo señalar para tal efecto un medio de notificación electrónico para todas aquellas que se realicen en lo subsecuente. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda, de lo contrario dicha promoción no se tendrá por presentada y tendrá que realizarla a través el uso de su Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL). Lo anterior no es aplicable tratándose de recursos queja, revisión o inconformidad-, incidentes o promociones de término, los cuales deben presentarse por escrito, o bien, a través de su firma electrónica. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. NOTIFICACIÓN PRIORITARIA POR OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS. Sin perjuicio de lo anterior (mientras las partes solicitan su intervención en el juicio mediante cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, o bien llevan a cabo las gestiones necesarias para obtenerlas), en tanto este juzgado no ordene que alguna notificación deba practicarse de manera estrictamente personal, lo que se determinará en su momento y atendiendo al caso particular, con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28 fracción III, de la Ley de Amparo, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, tomando en consideración el alto riesgo de infección y propagación que, en el marco de la pandemia ocasionada por el virus COVID-19, representa no sólo para el personal de este órgano jurisdiccional, sino también para las partes, el llevar a cabo las notificaciones y entrega de oficios de manera impresa en papel, se les requiere para que rindan informes, reciban toda clase de notificaciones y acusen recibo de las que sean remitidas por este juzgado, a través del siguiente medio electrónico: 4jdo16cto@correo.cjf.gob.mx. Del mismo modo, se requiere a las autoridades para que se incorporen al Directorio de Correos Electrónicos Institucionales o, en su caso, actualicen su registro. Para tal efecto, está disponible el siguiente correo electrónico casesoresp@correo.cjf.gob.mx, para que puedan hacer la solicitud correspondiente. Hecho lo anterior, se les solicita autorizar dicho correo electrónico para recibir las subsecuentes notificaciones mediante la promoción respectiva.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 11,099 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano