Luis Hernández Cortés

Expediente 129/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
129/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
22/03/2017

Partes del expediente

  • Luis Hernández Cortés

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintidós de marzo de dos mil diecisiete. Vista la razón de cuenta que antecede, y toda vez que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada en el presente juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°., se declara que dicha sentencia que sobresee en el juicio y ampara ha causado ejecutoria, para todos los fines legales correspondientes. Por tanto, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Juez Sexto Civil y de Extinción de Dominio y a la Quinta Sala en Materia Civil, ambos en la Ciudad de México, y al Juez y Diligenciario, ambos del Juzgado Noveno de lo Civil del Distrito Judicial de Puebla, para que realicen los actos precisados en la sentencia de amparo dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído. Se apercibe a las mencionadas autoridades responsables, que de no dar cumplimiento a lo anterior, se harán acreedoras a una multa equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, 237 y 258 de la Ley de Amparo, así como el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, y primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $75.49 (setenta y cinco pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), atento a la actualización publicada en el propio diario el diez de enero de dos mil diecisiete, y se ordenará remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Civil en turno del Sexto Circuito para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de las autoridades requeridas que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no las exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. En el mismo orden de ideas, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se les informa que se considerará como incumplimiento al retraso que por medio de evasivas o procedimientos ilegales se advierta, y como consecuencia de tal hecho, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: - - - I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir." Asimismo, se les comunica que en caso de que llegaran a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero y 269 de la Ley de Amparo. Por otra parte, no es el caso de formular diverso requerimiento para el cumplimiento de la ejecutoria, en razón a que las autoridades responsables, no tiene superior jerárquico; es así, porque de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Federal, el ejercicio de la función jurisdiccional se caracteriza por la autonomía e independencia judicial, así como por la imparcialidad del juzgador; por su parte el artículo 146 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla prevé que la función judicial que desempeñan sus integrantes se rige, entre otros principios, por los de imparcialidad e independencia, que implican la autonomía de jueces y magistrados en el dictado de sus resoluciones; esto, con independencia de las faltas administrativas y delitos en que puedan incurrir con motivo de sus funciones. Finalmente, previa razón que quede en autos, devuélvanse al Juzgado Sexto Civil y de Extinción de Dominio en la Ciudad de México, las copias certificadas del expediente 84/2007, y a la Quinta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el toca 898/08/1, que remitieron como justificante del informe rendido.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de febrero de dos mil diecisiete. Vista la razón asentada por el Actuario del Juzgado, de la que se advierte que no pudo notificar al quejoso Luis Hernández Cortés, el auto de veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, en atención a que el domicilio señalado para tal efecto no existe. En consecuencia, se ordena su notificación por medio de lista, así como las subsecuentes aun las de carácter personal, en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de febrero de dos mil diecisiete. Incorpórese al expediente el oficio de la Secretaria de Acuerdos de la Primera Sala en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, mediante el cual dá cumplimiento al auto de siete de febrero del año en curso y, para tal efecto, acusa recibo respecto de los autos del toca 349/2014 y expediente 1262/2010, lo que se toma en consideración para que surta los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de febrero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio del Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla, por el que rinde su informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Atendiendo a la voluminosidad de las constancias remitidas por la autoridad oficiante, se ordena formar un anexo (I) de este juicio, el cual conservará su folio original; del mismo modo, se hace constar que en términos del artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Consejo de la Judicatura Federal, dichas constancias se encuentran a su disposición en el expediente impreso los cuales no se agregan en su versión electrónica dado su tamaño. Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante escrito presentado el veinte de enero de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, Luis Hernández Cortés promovió juicio de amparo en el que señaló como autoridad responsable al Juez de lo Civil y Penal del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla, de quien reclamó la omisión de dictar la sentencia interlocutoria dentro del incidente de prescripción de ejecución de sentencia de seis de enero de dos mil doce, dentro del juicio ejecutivo mercantil 474/2010. Al respecto, la autoridad responsable Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla, en su informe justificado negó la existencia del acto omiso reclamado (foja 29). De las constancias remitidas por el Juez de lo Civil y Penal del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla, a las que se reconoce pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, deriva que el uno de febrero de dos mil diecisiete, dictó la resolución correspondiente en el incidente de prescripción de ejecución de sentencia dentro del juicio ejecutivo mercantil 474/2010. Con base en lo anterior, este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, advierte que se actualiza una manifiesta e indudable causal de improcedencia, cuyo estudio es preferente y oficioso por ser de orden público, al tenor del último párrafo del artículo 61 de la Ley de Amparo, y que trae como consecuencia el impedimento para abordar el estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa. Es así, porque el acto reclamado por el impetrante, cesó en sus efectos. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que el quejoso señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya al quejoso en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por lo tanto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria, en razón a que el Juez de lo Civil y Penal del Distrito Judicial de Zacatlán, Puebla, con fecha uno de febrero de dos mil diecisiete, dictó la resolución correspondiente en el incidente de prescripción de ejecución de sentencia dentro del juicio ejecutivo mercantil 474/2010; por lo tanto, es claro que cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley en cita, procede sobreseer en el presente juicio de garantías, respecto del acto y autoridad que ha quedado precisados. No representa obstáculo jurídico el que esta determinación se realice fuera de la audiencia constitucional, en atención a que, respecto del acto reclamado, como se ha mencionado, está demostrada en autos una causal de improcedencia manifiesta e indudable que por su naturaleza y características especiales, en modo alguno puede ser desvirtuada en la referida audiencia. Por tanto, se dejan sin efecto las nueve horas con veintiocho minutos del veintitrés de febrero de dos mil diecisiete, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio de garantías. Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese y personalmente al quejoso.

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