Luis Hernández Cisneros
Expediente 93/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 93/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 14/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Luis Hernández Cisneros
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, catorce de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que a la fecha transcurrió en exceso el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el amparista, en su caso, interpusiera recurso de queja contra el proveído de veintisiete de enero del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por ********************, por ende, se declara que dicho auto ha causado estado, háganse las anotaciones que correspondan en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que se decretó el archivo de este asunto como totalmente concluido, esta autoridad con fundamento en los artículos 6 y 12, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y reguardo de los expedientes judiciales generados en los Juzgados de Distrito, procede a valorar jurídicamente este juicio; por ende, se hace la precisión que este expediente, es susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de este acuerdo, por ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 21 incisos b) y d), del Acuerdo General en cita, toda vez que se desechó la demanda de amparo y no tiene relevancia documental.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA, POR MEDIO DE LISTA, EL PROVEÍDO DE 27 DE ENERO DE 2023, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO: Téngase por recibido el escrito de cuenta, relativo a la demanda de amparo promovida por Luis Hernández Cisneros por derecho propio, contra actos de la Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos con residencia en esta ciudad, por considerarlos violatorios de los artículos 16 y 17 constitucionales. Fórmese expediente físico y electrónico; regístrese en el libro de gobierno respectivo y en el "SISE" bajo número 93/2023-II; A efecto de acordar lo conducente respecto de la admisión o desechamiento de la demanda de cuenta, se considera necesario indicar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone ante todo la obligación de examinar aquélla para que en caso de que exista causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano. En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, con fundamento en los artículos 62 y 113 de la ley de la materia, se desecha por notoriamente improcedente la demanda promovida
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, veintisiete de enero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito de cuenta, relativo a la demanda de amparo promovida por Luis Hernández Cisneros por derecho propio, contra actos de la Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos con residencia en esta ciudad, por considerarlos violatorios de los artículos 16 y 17 constitucionales. Fórmese expediente físico y electrónico; regístrese en el libro de gobierno respectivo y en el "SISE" bajo número 93/2023-II; A efecto de acordar lo conducente respecto de la admisión o desechamiento de la demanda de cuenta, se considera necesario indicar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone ante todo la obligación de examinar aquélla para que en caso de que exista causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Sin embargo para la actualización de tal figura jurídica, es necesario que la causa de improcedencia sea manifiesta, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la sola lectura del escrito correspondiente; además que sea indudable, lo que resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causal de que se trate sea operante en el caso concreto. Como sustento a lo dicho, se invoca la jurisprudencia emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 1631, del Tomo XX, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, editado en septiembre de 2004, registro digital 180663, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Así como la tesis pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 2235, del Libro 29, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, editado en abril de 2016, registro digital 2011453 de contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DIRECTRICES A CONSIDERAR PARA DESECHARLA DE PLANO, CONFORME AL ARTÍCULO 113 DE LA LEY DE LA MATERIA. Dicho precepto precisa que el juzgador de amparo podrá desechar de plano la demanda de amparo, sólo si advierte una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Así, para que pueda actuar en ese sentido, el motivo de improcedencia debe ser tan notorio, manifiesto e indudable, que no quepa duda acerca de su actualización, al grado que sea inderrotable, sin discusión. En cambio, si sobre la actualización de la causa de improcedencia existe cierta duda y/o se requieren datos, constancias y/o del acreditamiento de hechos o circunstancias en torno a los cuales -al momento de la admisión de la demanda- no se tiene la suficiente certeza; por ende, el motivo de inviabilidad puede ser discutible, no se colman los requisitos exigidos en el referido artículo 113, en cuyo caso debe admitirse la demanda". En ese sentido, es de indicarse que de la demanda de amparo se obtiene, que el quejoso precisa como acto reclamado, el siguiente: "V. Acto de autoridad reclamo: 1. Le reclamo la actuación del día 4 de enero de 2022 (sic), en forma de audiencia para revisión de suspensión condicional del proceso seguido en mi contra según expediente 942/2022, por medio de la cual varió ilegal e inconstitucionalmente, la suspensión condicional del proceso que se había acordado el día 24 de febrero de 2022, para concluir el 24 de febrero de 2023, habiéndose determinado por la Jueza de Control en el Distrito Judicial Bravos, una modificación a la previamente acordada y ampliándose por ocho meses más, que se afirma deberé de cumplir, sin que la víctima a través del Ministerio Público y su asesor, hayan comprobado la necesidad de la medida en forma objetiva y fehaciente de conformidad con el artículo 383 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que a la letra dice. Lo que de suyo, hace innecesario agotar el recurso de apelación, porque la falta de fundamentación exigida por el artículo 16 constitucional, además de que no se trata de una concesión o negativa de la suspensión condicional del proceso, ya que existía desde 24 de febrero de 2022, por tanto se trata esta actuación reclamada de actos después de concluido el juicio ordinario en términos del artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo, es decir, en su fase de cumplimiento". Ahora bien, luego del análisis del acto impugnado de inconstitucional así como del contenido integral de la demanda, se considera que se actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia que deriva de relacionar el artículo 61 fracción XXIII, con el numeral 107 fracción V, este último interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI."; Disposiciones de las que se obtiene, que el juicio de amparo indirecto promovido contra actos dictados u omisiones en un procedimiento, procede cuando producen una afectación de imposible reparación. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto o actos reclamados no producen una afectación de esa naturaleza, entonces se actualiza la causal en estudio. Dado el sentido de este auto, se considera necesario mencionar que sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no, cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto conforme al artículo 107 fracción V, de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia I.1o.A.E. J/5 (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la república, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2011338, de contenido: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución". Así como la diversa jurisprudencia, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1570, del Libro 6, Tomo III, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, editado en mayo de 2014, registro 2006339, de contenido: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, ASÍ COMO VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES, DE CONFORMIDAD CON UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO B), Y V, Y 170, FRACCIÓN I, CUARTO PÁRRAFO, ÉSTE A CONTRARIO SENSU, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE). El primero de los preceptos citados señala expresamente que por actos de imposible reparación se deben entender aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sin aludir a las violaciones procesales que afectan en grado predominante o superior, como lo ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversas jurisprudencias. En tanto que del segundo precepto legal se desprende que en amparo directo también se pueden cuestionar violaciones que se cometan durante el procedimiento, siempre y cuando afecten las defensas del quejoso, trasciendan al resultado del fallo y sean de reparación posible "por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes"; lo que implica que, a contrario sensu, la reparación imposible acontece también cuando las violaciones procesales sean "relevantes", debiendo entenderse como tales aquellas cuyos efectos afectan a las partes en grado predominante o superior, por lo que en su contra resulta procedente el juicio de amparo indirecto, sin que sea obstáculo a lo anterior, que el numeral 170, fracción I, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, se refiera a cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales, pues es una interpretación amplia, no restrictiva, la más benéfica para los gobernados, la que permite arribar a la convicción de que para determinar si el acto es de imposible reparación se debe atender al nuevo concepto que proporciona el dispositivo en comento, es decir, si es relevante o no la violación procesal". Lo anterior significa, que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la constitución por medio de los derechos humanos, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, las meras violaciones procesales no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. También debe señalarse, que las violaciones procesales son impugnables generalmente en amparo directo, en términos de lo dispuesto por el dispositivo legal 172, de la Ley de materia, cuando se reclama la sentencia definitiva pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior, lo que en el caso no acontece. Esa afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta: a) la institución procesal que está en juego, b) la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica y c) los alcances vinculatorios de la sentencia que llegare a conceder el amparo. La concurrencia de esas circunstancias, imprimen a la violación procesal un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo. Ahora bien, el acto reclamado el amparista en esencia lo hace consistir en: la resolución de cuatro de enero en curso, pronunciada en la audiencia de revisión de suspensión condicional del proceso, seguido contra el quejoso en la causa penal 942/2022, en la cual la Juez responsable, modificó la suspensión condicional del proceso concedida el veinticuatro de febrero del año inmediato anterior, la que concluiría el veinticuatro de febrero de la anualidad en curso, concediendo la Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, su modificación ampliándola por ocho meses más. Por lo que se advierte, que los elementos de las definiciones de ejecución irreparable no se actualizan en el acto reclamado, por lo siguiente: Dicho acto sólo se puede afectar derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva, como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues si en el caso se combate el acuerdo de cuatro de enero del año en curso, dictado por la Juez responsable, en el cual en esencia modificó la duración de la suspensión condicional del proceso concedida el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, por tanto, es evidente y se insiste que se trata de cuestiones que no afectan de modo alguno derechos sustantivos del amparista. Sobre esta base, se deduce que de actualizarse alguna afectación a los derechos fundamentales del impetrante de amparo, en su caso, deben combatirse como violaciones cuando se impugne en amparo directo la sentencia que se dicte en el juicio de origen y en caso de que sea adversa a sus intereses, pues se itera, el acto reclamado sólo produce efectos procesales por lo que no podría considerarse, a priori, que es de imposible reparación. Consecuentemente y como se anunció, en la especie se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII con relación al numeral 107 fracción V, aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable por las razones que la componen, la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, publicada en la página 699, Libro XXVI, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, editado en noviembre de 2013, cuyo rubro y texto son: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, conforme a los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la citada convención, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, o los quejosos no impugnan oportunamente las determinaciones tomadas por la autoridad responsable, ello no se traduce en una violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo". Así como por las razones que las componen, las tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visibles en las páginas 2196 y 2573, de los libros 62 y 58, Tomos IV y III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, editados en enero de 2019 y septiembre de 2018, registros digitales 2019043 y 2018025, de contenido: "ACTOS INTRAPROCESALES CONSISTENTES EN LA NEGATIVA A OTORGAR PRÓRROGA PARA SOLICITAR LA SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO, LA ADMISIÓN DE PRUEBAS Y EL AUTO DE APERTURA DE JUICIO ORAL. NO CONSTITUYEN ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. Conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, deben considerarse como actos intraprocesales de imposible reparación únicamente los que afecten materialmente derechos sustantivos, y no los que sólo afecten derechos procesales, pues los primeros están destinados a regir al exterior del juicio y su afectación no podría desvanecerse con una sentencia favorable. De esta forma, al advertir que la solicitud de otorgar una prórroga para la suspensión condicional del proceso, a que se refiere el artículo 191 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no es un derecho sustantivo del imputado, sino una simple expectativa, su negativa no constituye un acto de imposible reparación. En el mismo sentido, si se trata de la admisión de pruebas, no se afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, y aunque eventualmente implique una posible transgresión procesal, puede repararse al dictarse una sentencia definitiva. Así, al no constituir actos irreparables la admisión de pruebas y la negativa de otorgar una prórroga para solicitar la suspensión condicional del proceso, consecuentemente tampoco lo es el auto de apertura a juicio oral, pues es en éste donde necesariamente se ven materializados. "SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO. LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA EL OTORGAMIENTO DE UNA PRÓRROGA PARA SOLICITARLA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN QUE AFECTE DERECHOS SUSTANTIVOS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. La suspensión condicional del proceso a prueba, prevista en el artículo 184 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un mecanismo alternativo de solución al conflicto penal que involucra un acuerdo entre el imputado y el Ministerio Público, a fin de paralizar el procedimiento y concluir el conflicto penal. En dicho acuerdo, si bien no se soslaya la comisión de un hecho considerado como delito, lo cierto es que se prioriza reparar el daño causado por éste mediante el pago y cumplimiento por el imputado de una o varias de las condiciones indicadas por el Juez, cuya observancia genera la extinción de la acción penal en delitos específicamente determinados. En este sentido, la negativa de acceder a una prórroga para el efecto de que el imputado solicite la suspensión condicional del proceso, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, no constituye una resolución de imposible reparación que afecte derechos sustantivos, al no poder supeditarse dicha determinación a que el imputado llegue a solicitar o no el acceso a dicho mecanismo alternativo de solución, al ser previa a aquella que conceda, niegue o revoque este medio compositivo, cuya naturaleza eventualmente podría afectar a las partes por impedir el acceso a una justicia restaurativa y a la conclusión del conflicto penal sin necesidad de imponer una pena, principalmente de prisión. Ello, sin soslayar que la posibilidad de que la solicitud de suspensión condicional del proceso la presente el propio imputado se traduzca en un derecho, al ser quien unilateralmente puede solicitarla y, en los casos permitidos, cuando cumpla con los requisitos fijados por el Juez, puede obtenerla, debido a que la incorporación de dicha salida alterna como un derecho del imputado, no puede equipararse a la simple petición de una prórroga para el efecto de solicitarla, pues ello se reduce a una simple expectativa". La tesis IV.2o.C.5 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, visible en la página 2159, de rubro y texto siguientes: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en el mismo medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, sigue prevaleciendo la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación, sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera". En tales condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, con fundamento en los artículos 62 y 113 de la ley de la materia, se desecha por notoriamente improcedente la demanda promovida por Luis Hernández Cisneros. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Melquiades Alanís 4447, fraccionamiento Monumental, en esta urbe, como sus autorizados en términos amplios del articulo 12 a los licenciados Javier ********************Carnero Hernández y Guillermo Pérez Lugo, quienes cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales y en términos restringidos del numeral citado a los pasantes de derecho Xavier ********************y********************ambos de apellidos********************. Así mismo señala como medios de contacto entre este juzgado y el amparista el correo electrónico licjaviercarnero@hotmail.com y celular 656-660-2669. Con fundamento en el artículo 3o de la Ley de Amparo, se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, acuerdos, resoluciones o sentencias que se pronuncien; así como toda información relacionada con los expedientes que deben ingresar en el sistema respectivo; asimismo, se hace saber a los Actuarios que deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que los Secretarios tendrán que cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso coincidan en su totalidad. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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