Luis Hermosillo Hernández
Expediente 2745/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 2745/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/12/2019
Partes del expediente
- Luis Hermosillo Hernández
Actuaciones
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECISIETE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta signado por la Delegada de la autoridad denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual informa las gestiones que se encuentra realizando a fin de acatar la ejecutoria de amparo; en consecuencia, agréguese a los presentes autos el comunicado de cuenta en vías de cumplimiento al fallo protector concedido; en la inteligencia, de que se estará en la espera de que informe el acatamiento total del mismo. Notifíquese.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficio y anexo recibidos en este juzgado federal (fojas 126 a 127), el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. En relación con lo anterior, por acuerdo de veintiuno de noviembre dos mil diecinueve (foja 128), se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada para que indicaran lo que a su interés legal conviniera y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la sentencia, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este juzgado procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, esencialmente, impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fuere obedecida dicha ejecutoria a pesar de los requerimientos formulados al efecto. Del párrafo tercero de este precepto legal, se deduce también la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el referido cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el Juez de Distrito la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificar el cumplimiento con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que tal calificativa implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial en tal sentido y calificación oficiosa y, además, llevaría al propio juzgador a la posibilidad de emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional el veinticinco de julio de dos mil diecinueve (fojas 74 a 79), se determinó conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la junta responsable, de manera inmediata, señalara fecha para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución dentro del juicio 17/2019 de su índice. Resolución que causó ejecutoria el diecinueve de agosto de dos mil diecinueve (foja 86). Ante ello, a través de oficio y anexos recibidos el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve en la oficialía de partes de este juzgado (fojas 126 a 127), el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, manifestó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector y para ello remitió copia certificada del acuerdo de veinte de noviembre de la presente anualidad, en el cual señaló fecha para audiencia de pruebas, alegatos y resolución dentro contradictorio laboral 17/2019 de su estadística (foja 127). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte quejosa en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo, se sobreseyó y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada; además, no se tramitó incidente de suspensión. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, se advierte que mediante oficios y anexos recibidos en este órgano jurisdiccional el uno de agosto y catorce de octubre del año actual (fojas 238 a 240 y 266 a 268, respectivamente), la autoridad responsable denominada Presidente de la Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en Mezcales, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, informó que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de quince de octubre del presente año (foja 269), se dio vista a la parte quejosa y tercera interesada para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera y se les apercibió que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. La citada determinación, se notificó a las citadas partes el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve (fojas 270 a 275), surtiendo sus efectos al siguiente día hábil; por lo que, dicho plazo transcurrió del veintitrés al veinticinco de octubre del año actual, sin que realizaran manifestaciones respecto al cumplimiento, como se aprecia de la certificación que antecede. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la legislación en comento, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 201/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos uno, Tomo XXX, Diciembre de dos mil nueve, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. ....". Así pues, mediante resolución dictada en el presente sumario constitucional el veinticinco de junio de dos mil diecinueve (fojas 211 a 222), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, en los términos siguientes: "Deje insubsistente la diligencia de embargo realizada el veintisiete de noviembre de dos mil trece en el juicio laboral 96/2011, así como todos los actos que tengan por objeto la afectación a los bienes inmuebles propiedad de la quejosa que fueron embargados en tal diligencia. Ordene la cancelación de las inscripciones de embargo ordenadas en el referido juicio al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito de Bucerías, Nayarit, así como sus actualizaciones.". De lo anterior se colige, que los actos que debía realizar la autoridad responsable denominada Junta Especial número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en Mezcales, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, para cumplir con dicho fallo protector, es el siguiente: A) Dejara insubsistente la diligencia de embargo realizada el veintisiete de noviembre de dos mil trece, dentro del juicio laboral número 96/2011, así como los actos que tengan por objeto la afectación de bienes inmuebles propiedad de la parte quejosa que emanan de dicha diligencia; y B) Ordenara al Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Distrito de Bucerías, Nayarit, para que procediera a las cancelaciones de las inscripciones de embargo respecto del juicio de origen. La autoridad responsable informó la forma en que dio cumplimiento al fallo protector (fojas 238 a 240), para lo cual adjuntó el auto de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, del que se advierte que dejó insubsistente la diligencia de embargo realizada el veintisiete de noviembre de dos mil trece, dentro del juicio laboral número 96/2011 y por consiguiente, dejó sin efecto los actos que tuvieron por objeto la afectación de los bienes inmuebles propiedad de la parte aquí quejosa que emanan de dicha diligencia; además, ordenó girar oficio al Jefe del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Bucerías, Nayarit, para que, de manera inmediata, cancelara las inscripciones de embargo realizadas a bienes inmuebles que habían sido embargados a la parte aquí quejosa que derivaron del citado expediente 96/2011, el cual fue realizado por el Jefe Registral de la Oficina Distrital de Bucerías, Nayarit, mediante oficio RPP/BUC/NAY/195-II/2019, de cuatro de octubre de dos mil diecinueve (fojas 266 a 268). Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la ley de la materia; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; carece de relevancia documental; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de amparo y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Finalmente, con sustento en los artículos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio de amparo, es depurable, una vez transcurridos cinco años de dictada la interlocutoria, contados a partir del presente auto, debido a que la suspensión definitiva se concedió respecto de los actos reclamados (fojas 47 a 56, del cuaderno incidental original); en tanto que, el duplicado respectivo, es destruible, una vez transcurridos seis meses, en los términos establecidos, previa acta que se elabore para constancia, hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda; por tanto, déjense por separado. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que la autoridad responsable Director General del Instituto Promotor de la Vivienda del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, a la fecha ya comunicó la forma en que se dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la quejosa Iyali Alejandra Corona Mora. Asimismo, mediante proveído de cinco de noviembre del año en curso (foja 313), se dio vista a la parte quejosa, con el cumplimiento respectivo, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El citado proveído se notificó a la parte quejosa el once de noviembre siguiente (foja 316); por tal motivo, el término de tres días que le fue otorgado para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento a la ejecutoria de amparo, al día de hoy ya transcurrió, conforme se advierte de la certificación de cuenta; lapso dentro del cual se realizaron manifestaciones en relación al fallo protector (fojas 317 a 318). Por tal motivo, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo Vigente, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. En ese tenor, se tiene que por sentencia terminada de engrosar el quince de abril del año en curso (fojas 203 a 221), se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, para el preciso efecto de que: ".Deje sin efectos el acta circunstanciada de hechos sin fecha, por medio de la cual se determinó la baja de la quejosa y proceder a su sustitución, del Programa de Apoyo a la Vivienda para el ejercicio fiscal 2016 y sus consecuencias y, en su lugar, con plena jurisdicción, emitan otra de manera fundada y motivada." Resolución que por acuerdo de treinta de julio del año en curso (foja 257), se declaró ejecutoriada, para todos los efectos legales a que hubiere lugar. Luego, por acuerdo de veintinueve de octubre del presente año (fojas 291 a 292), no se tuvo por cumplida la sentencia emitida en autos, por los motivos ahí expuestos, por lo cual se requirió a la responsable con el propósito de que diera cumplimiento al fallo protector. Posteriormente, por oficio y anexos recibidos el cuatro de noviembre del año en curso, se tuvo a la autoridad responsable Director General del Instituto Promotor de la Vivienda del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, informando el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y al efecto remitió copia certificada del citatorio de cinco de agosto del año actual y cédulas de notificación por medio de instructivo de los oficios de cinco y seis de agosto del año en curso, con los cuales se le informó del inicio de proceso de baja del programa "Vivienda Digna" y de que se dejó sin efectos el acta circunstanciada de hechos sin fecha, por medio de la cual se determinó previamente la baja de dicho programa a la quejosa (fojas 297 a 307). Por último, la responsable acreditó que le notificó a la quejosa el oficio de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, en el que se le informa a la quejosa su baja del programa de vivienda (fojas 308 a 312); lo anterior, estableciendo los motivos y fundamentos por los cuales arribaba a dicha determinación. Por tales motivos, es inconcuso que con ello se ha restituido a dicha parte en el goce de sus derechos y garantías violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente en el caso es, declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Sin que sea óbice a lo anterior, que el autorizado legal de la parte quejosa, hubiere realizado manifestaciones en el sentido de que no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo, debido a inconsistencias que señala se cometieron al momento de notificar los oficios emitidos por la responsable en cumplimiento al fallo protector; sin embargo, ello no resulta obstáculo para tenerla por cumplida, toda vez que los efectos precisados en la ejecutoria emitida en este expediente, fueron colmados, en virtud de que la responsable dejó sin efectos el acta circunstanciada de hechos sin fecha, por medio de la cual se determinó la baja de la quejosa y se procedió a su sustitución, del Programa de Apoyo a la Vivienda para el ejercicio fiscal 2016, así como sus consecuencias y, en su lugar, con plena jurisdicción, emitió otro en las que subsanó las deficiencias del oficio que fue materia del acto reclamado. Por lo que si considera que durante el procedimiento de la notificación de dicho oficio de baja, hubo deficiencias en su notificación, tiene expedito su derecho para promover lo que corresponda; pues en lo que a este amparo respecta, la promovente tuvo conocimiento del citado oficio a través de la notificación de la vista que se le otorgó sobre el cumplimiento al fallo protector, de ahí que se le considere que no se le ha dejado en indefensión. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Legislación de Amparo en vigor, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de depuración. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de garantías se CONCEDIÓ el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Por otra parte, con sustento en los artículos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción III, del Acuerdo General Conjunto aludido, el original del cuaderno incidental derivado de este juicio es susceptible de depuración, debido a que la medida cautelar provisional se concedió respecto de los actos reclamados, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de amparo y las resoluciones incidentales, las cuales deberán conservarse, por ende, déjese por separado para su conservación; en tanto que, el duplicado respectivo, es susceptible de destrucción, una vez transcurridos seis meses de dictada la interlocutoria, procédase a la destrucción del éste previa acta que se elabore para constancia y hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno que corresponda. Finalmente, una vez que transcurran la temporalidad que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE.
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