Luis Heliodoro Reyes Molina
Expediente 1181/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 1181/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 18/12/2020
Partes del expediente
- Luis Heliodoro Reyes Molina
- Instituto de Seguridad Y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno Y Municipios del Estado de Baja California
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Cumplimiento a ejecutoria de amparo. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, sin que lo hubiese hecho. En consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Antecedentes. Previo a realizar la calificación del cumplimiento dado la ejecutoria de amparo, resulta pertinente establecer los antecedentes derivados de este asunto que se encuentran relacionados con el acatamiento al fallo protector, los cuales son: I. El quince de enero de dos mil veinte, se dictó sentencia en la que, por una parte, se sobreseyó en el juicio y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a Luis Heliodoro Reyes Molina, para efecto que las autoridades responsables Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; Director General; Ejecutor de los Acuerdos de la Junta Directiva y Director de Pensiones y Jubilaciones, todos de dicho Instituto, en el ámbito de sus respectivas competencias realizaran lo siguiente: "OCTAVO. Efectos del fallo protector. Así, ante la transgresión de los derechos del quejoso y en reparación de los mismos, procede concederle el amparo y protección de la justicia federal, contra los actos reclamados al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, Director General, Ejecutor de los Acuerdos de la Junta Directiva y el Director de Pensiones y Jubilaciones, todos de dicho Instituto y con residencia en la ciudad de Mexicali, y en cumplimiento a lo previsto por el artículo 74, fracción V y 77 de la Ley de Amparo, se precisan los efectos de la concesión otorgada. Para lo cual, las autoridades responsables, deberán, en el ámbito de sus respectivas competencias: Dar respuesta a la solicitud de otorgamiento de pensión formulada por el promovente del amparo. Notificarle la contestación respectiva.". II. Inconformes con tal determinación, la delegada de las autoridades responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, interpusieron recurso de revisión, el que previos los trámites legales correspondientes, mediante resolución emitida en la sesión de dieciocho de junio de dos mil veinte, el Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito con sede en Mexicali, Baja California, confirmó la sentencia recurrida. III. Con motivo de lo anterior, el veintidós de septiembre de dos mil veinte, se requirió a las responsables por su cumplimiento; sin embargo, por auto de seis de octubre de dos mil veinte, previa solicitud formulada ante éste órgano jurisdiccional se concedió prórroga por diez días hábiles a las responsables para que dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo, asimismo, el dieciocho de noviembre de dos mil veinte, se dio vista a la parte quejosa por el plazo de tres días a fin que manifestara lo que a su interés conviniera con relación al mismo; esto es, con el oficio de diecisiete de noviembre de dos mil veinte, que contiene la contestación a la petición de pensión por jubilación planteada por la parte quejosa ante las responsables. Documental a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Se determina cumplida la sentencia de amparo. Del examen de las citadas constancias se estima que las autoridades responsables cumplieron con el fallo protector, ya que realizaron lo siguiente: Primero. El veintinueve de octubre de dos mil veinte, la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), llevó a cabo la cuarta sesión ordinaria en la cual resolvió: a) Que al encontrarse reunidos los requisitos que marca la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California (ISSSTECALI), por las razones y fundamentos señalados en el Acuerdo SO/136/29-10-2020, la Junta Directiva de tal institución concedió el beneficio de pensión por jubilación a Luis Heliodoro Reyes Molina, e instruyó al Subdirector General de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto, a efecto de que procediera a realizar las gestiones necesarias para que el aquí quejoso disfrute de la pensión concedida por la Junta Directiva. Segundo. El personal adscrito al instituto responsable, se constituyó en el domicilio procesal señalado por la quejosa e hizo de su conocimiento el contenido de la determinación adopatada por la Junta Directiva, por conducto de su autorizada, como se advierte de la firma que obra al calce de dicha comunicación. Así, de las premisas fácticas antes reseñadas, que devienen de documentales que tienen pleno valor probatorio en términos del artículo 202 de la legislación adjetiva civil federal, supletoria a la Ley de Amparo, se colige que las responsables tomaron conocimiento de la petición que les formuló la quejosa desde el dos de septiembre de dos mil diecinueve, y procedieron a resolver la misma, en la cual determinaron concederle la pensión por jubilación que fue planteada. Cuestiones que se estiman concordantes con los puntos inherentes a la concesión de la protección de la Justicia de la Unión, conforme a lo siguiente: La autoridad competente adscrita al Instituto señalado como responsable -Junta Directiva - emitió respuesta a la petición formulada por la parte quejosa, con relación a la petición que formuló el dos de septiembre de dos mil diecinueve, relativa a la solicitud de pensión por jubilación, la cual es atinente al sentido de su pretensión; esto es, existe un pronunciamiento expreso de la autoridad responsable frente a la solicitud de otorgamiento de pensión formulada, tal como se ordenó en el numeral dos del citado considerando en que se precisaron los alcances de la sentencia dictada en este juicio. 2. La autoridad responsable notificó a la parte quejosa el contenido de la respuesta; circunstancia que es acorde al punto dos de la resolución dictada por este órgano jurisdiccional. Se declara cumplida. En atención a lo expuesto, en contraste con los efectos del fallo, se puede concluir que las autoridades responsables cumplieron con el mismo, por lo que de conformidad con el artículo 196 de la ley de la materia, resulta procedente declarar que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida sin excesos ni defectos; lo anterior, sin perjuicio de que las partes interesadas intenten el medio de impugnación correspondiente, en términos del artículo 201 de la Ley de Amparo. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 18, fracción II, inciso a) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de depuración por haberse concedido el amparo y protección de la justicia federal respecto de todos los actos reclamados, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su depuración en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Vista a las partes. En ese tenor, con fundamento en el artículo 202, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista al quejoso, para que dentro del plazo de quince días, manifiesten lo que a su interés convenga, en el entendido que en caso de no hacerlo, se deberá estar a lo acordado en párrafos precedentes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Tijuana, Baja California, seis de octubre de dos mil veinte. Solicitud de prórroga. Agréguese a los autos el oficio signado por el delegado de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, a través del cual solicita una prórroga de treinta días para dar cumplimiento al fallo protector emitido en este asunto, dígaseles que no ha lugar a acordar de conformidad tal solicitud, toda vez que se considera excesivo el plazo solicitado. En efecto, el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo prevé la posibilidad de que la autoridad de amparo al hacer los requerimientos relativos al cumplimiento de la ejecutoria de amparo amplíe el término respectivo tomando en cuenta su complejidad o dificultad, sin embargo, se establece que éste debe ser un plazo razonable y estrictamente determinado. En el caso, el delegado de las autoridades responsables solicita una prórroga de treinta días atendiendo a que deben realizarse diversos trámites administrativos de conformidad con el artículo 58 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios. Sin embargo, si bien el referido precepto legal establece plazos determinados para resolver la solicitud de pensión respectiva, lo cierto es que en el caso resultan inaplicables los mismos, toda vez que no se está en el supuesto de un trámite ordinario que las autoridades responsables se encuentran obligadas a atender y seguir conforme a los términos contemplados en la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios, sino que se trata de un cumplimiento a una ejecutoria de amparo que no admite demora alguna y cuyo acatamiento se rige por la Ley de Amparo y, por ende, por los plazos que se indican en ésta. Lo anterior, ya que el restablecimiento del derecho fundamental violado mediante la ejecución de la sentencia de amparo es una cuestión de orden público que no puede ser aplazada o condicionada a procedimientos ordinarios, pues estimarlo de otra forma sería contrariar los fines del juicio constitucional alterando la jerarquía de las normas jurídicas; además de dejar al arbitrio de la autoridad responsable su acatamiento bajo el argumento que la legislación ordinaria establece plazos para su resolución. De ahí, que si justamente el fallo protector fue pronunciado con motivo de la vulneración al derecho de petición de la parte quejosa derivado de la inactividad procesal de las autoridades responsables, resultaría absurdo y contrario al cumplimiento de las ejecutorias de amparo que se otorgara un plazo de treinta días más para que las responsables acataran el mismo, puesto que legalmente en términos de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios, ha transcurrido en exceso el término con el que contaban para realizar todos los trámites necesarios para la resolución correspondiente. Por tal motivo, atendiendo a las particularidades del caso y a que deben realizarse diversos trámites administrativos, con fundamento en el artículo 192, último párrafo de la Ley de Amparo, únicamente se concede una prórroga de diez días hábiles a las autoridades responsables para que acrediten fehacientemente el cumplimiento dado al fallo protector. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo ordenado, continuar con una actitud omisa, o bien, en caso de eludir el acatamiento del fallo protector con actos que no tiendan de manera directa a satisfacerlo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, con apoyo en los ordinales 192, 193, 194 y 258 de la Ley de Amparo, y se procederá a remitir los autos al Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito en turno que corresponda, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante el Juez de Distrito, no obstante dejen el cargo. Lo expresado encuentra sustento, en la tesis CLXXIV/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, noviembre de dos mil, página 6, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. SI UN SERVIDOR PÚBLICO, COMO AUTORIDAD RESPONSABLE INCURRE EN DESACATO DURANTE EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, DEBE CONSIGNÁRSELE ANTE EL JUEZ DE DISTRITO QUE CORRESPONDA, AUNQUE HAYA DEJADO DE DESEMPEÑARLO." Notifíquese.
- Principal
Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que mediante oficio SEADS/1472/2019 de veintisiete de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se informó que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó la designación de la licenciada Magali María Díaz Villarreal, como Titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, con efectos a partir del dieciséis de diciembre del mismo año; en consecuencia, hágase lo anterior del conocimiento de las partes a efecto de que estén en posibilidad de hacer valer, en su caso, alguno de los impedimentos previstos en el artículo 51 de la Ley de Amparo, conforme a lo establecido en la jurisprudencia 2ª./J. 104/2010 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos doce, del Tomo XXXII, julio de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." Notificación innecesaria a autoridades. En atención a lo ordenado en el auto de admisión, así como a la jurisprudencia 2ª/J. 176/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se considera innecesario girar oficio a las autoridades responsables a efecto de notificarles la presente determinación, bastando únicamente su notificación por medio de lista.
- Principal
Cumplimiento de prevención. Agréguese a los autos el escrito del quejoso Luis Heliodoro Reyes Molina, al cual anexa una copia de la demanda de amparo; atento a lo anterior, se tiene a dicha parte procesal cumpliendo con el requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional en proveído de ocho de octubre pasado. Admisión de la demanda. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda contra los actos y autoridades señaladas en la misma. Incidente de suspensión. Sin tramitarse el incidente de suspensión por no haberse solicitado. Ministerio Público. Dese la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, en términos de los artículos 107, fracción XV, constitucional y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Tercero interesado. Se reserva señalamiento de tercero interesado, hasta en tanto las autoridades rindan su informe justificado y del mismo se advierta que a alguna persona pueda asistirle dicho carácter, y en su caso, el domicilio correspondiente. Audiencia constitucional. Se fijan las once horas del diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve para la celebración de la audiencia constitucional. Informe justificado. En atención a los artículos 117 y 75 de la ley de la materia, requiérase a las responsables su informe justificado, que deberán rendir dentro de quince días, incluso por medios magnéticos, expresando con precisión si son o no ciertos los actos que se les reclaman; además deberán señalar las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos de artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados; y requiéraseles para que remitan copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir los actos que se les atribuyen, en el entendido que en el informe de mérito, deberán manifestar si las constancias que en su caso sean remitidas, constituyen la totalidad de actuaciones de las cuales derivan los actos reclamados; con la precisión de que dichas copias deben ser legibles, completas y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tengan para hacerlo. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo anterior en los términos indiciados, se le impondrá a quien incumpla, una multa de cien unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos ($8,449.00), la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos ($84.49), valor diario de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, en caso de que no rindan su informe en el plazo concedido se presumirán ciertos los actos reclamados, quedando a cargo de la parte quejosa probar su inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo y se le impondrá en la audiencia respectiva, la multa con la que se le apercibió. Causal de improcedencia. Con apoyo en lo establecido en el artículo 64 del ordenamiento legal invocado, requiérase a las autoridades responsables, para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia o sobreseimiento en el presente juicio, lo hagan saber así a este juzgado. Conocimiento previo. Requiérase a las autoridades responsables para que al rendir su respectivo informe con justificación, comuniquen a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con los actos que se reclaman en éste, o sea, que haya sido promovido por la misma quejosa o que derive del mismo procedimiento o juicio del que emanan los actos que aquí se reclaman; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se le impondrá a quien incumpla, una multa de cien unidades de medida y actualización, por el equivalente a la cantidad de ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos ($8,449.00), la que resulta de multiplicar por cien la cantidad de ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos ($84.49), valor diario de la unidad de medida que determinó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, según publicación efectuada el diez de enero de dos mil diecinueve, en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con los preceptos 238 y 251 de la Ley de Amparo. Pruebas. Con fundamento en la interpretación sistemática de los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admiten las documentales que adjuntó la quejosa a su escrito inicial de demanda, mismas que se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. Notificación de las autoridades. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª/J. 176/2012 (10ª), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero del 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de las responsables que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos, y determinaciones que por su trascendencia deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. Hecho notorio. Resulta procedente invocar lo actuado dentro de los juicios de amparo 68/2019 y 76/2019, promovidos por Reyes Juárez Ruiz y Alejandro López Beltrán, respectivamente, del índice de este juzgado federal, toda vez que al ser del conocimiento de la suscrita en razón de la actividad jurisdiccional, resulta ser un hecho notorio; pues de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se puede invocar válidamente las actuaciones que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico. Entonces, de las actuaciones que integran los citados juicios de amparo; se advierte que las autoridades señaladas como responsables denominadas como Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, Director, Junta Directiva, Director de Pensiones y Jubilaciones, todos adscritos al Instituto mencionado en primer término, tienen su oficina central en el domicilio ubicado en avenida Calafia, número 1115, módulo 1G, Zona Centro Cívico, en Mexicali, Baja California, no así en esta ciudad de Tijuana, como lo indica la parte quejosa en su demanda, por tanto, en obvio de mayores dilaciones procesales, remítanse los oficios dirigidos a las autoridades responsables al domicilio indicado. Sin que sea el caso agregar copia certificada de los citados juicios de amparo, toda vez que es suficiente se tengan a la vista en este acto. Notifíquese; y personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita.
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