Luis Gutiérrez Campos

Expediente 362/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 19 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
362/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
19/07/2022

Partes del expediente

  • Luis Gutiérrez Campos
  • María del Refugio Campos Corona

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecinueve de julio de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que se sobreseyó en el juicio, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, ya que se concedió la medida cautelar definitiva solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con diez minutos del treinta de junio de dos mil veintidós, el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 362/2022, sin la comparecencia de las partes. Enseguida, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con las documentales que allegó la autoridad responsable junto con su informe justificado. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas antes descritas, aportadas por la autoridad responsable. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que ninguna de las partes los expresó. En relación con lo anterior el juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se declara precluido el derecho de las partes para formular alegatos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar la resolución que conforme a derecho proceda; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, José Luis Gutiérrez Campos, por su propio derecho; solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Agente del Ministerio Público de la Agencia II de la Fiscalía General del Estado, con residencia en Puruándiro, Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 19 y 21, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1.1, 1.2, 7.1, 7.2, 7.3, 8.1, 11.1, 11.2 y 11.3 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Pacto de San José Costa Rica), artículo 17.1 y 17.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y artículos V y IX de la Declaración Americana de los Derehos del Hombre. Segundo. Trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, el conocimiento del asunto correspondió a este Juzgado de Distrito, y en auto de cuatro de abril de dos mil veintidós, la admitió a trámite y la registró bajo el número 362/2022; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio a la Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete; se reservó acordar lo conducente respecto de la existencia de parte tercera interesada; y señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede, por lo que ahora se procede a resolver al tenor de las siguientes CONSIDERACIONES: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que los actos reclamados tiene ejecución en el territorio en el que este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación del acto reclamado. Conforme a lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia de los actos reclamados, previa fijación de los mismos. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, abril de 2004, Materia Común, Novena Época, registro 181810, del siguiente contenido y rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, los actos reclamados por el quejoso a la Agente del Ministerio Público de la Agencia II de la Fiscalía General del Estado, con residencia en Puruándiro, Michoacán, son: El citatorio de fecha diez de marzo de dos mil veintidós, que le fue girado para comparecer en calidad de imputado dentro de la carpeta de investigación NUC1007202204755, instruida en su contra por el delito de ejercicio ilegal del propio derecho en agravio de María del Refugio Campos Corona; y, La negativa de expedirle copias autenticadas de la carpeta de investigación de que se trata. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, abril de 2000, Materia Común, Novena Época, registro 192097, del siguiente rubro y contenido: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercera. Inexistencia. La Agente del Ministerio Público de la Agencia II de la Fiscalía General del Estado, con residencia en Puruándiro, Michoacán, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado consistente en la negativa de expedirle al quejoso copias autenticadas de la carpeta de investigación NUC1007202204755. Al respecto, señaló que el quejoso no se presentó ante esa autoridad en la fecha señalada en la invitación para comparecer [trece de marzo de dos mil veintidós] como refiere en su demanda, y además no existe constancia de que haya hecho la solicitud de copias autentificadas ni de forma verbal ni escrita, por lo cual al no contar con la petición de que se trata, esa Representación Social no puede acordar dicha solicitud, con lo que se dio vista a las partes para que se impusieran de su contenido. No obstante lo anterior, el promovente del amparo no aportó probanza alguna tendente a desvirtuar la negativa de la autoridad responsable en cita, aun cuando se le dio vista con el informe justificado, a pesar de que en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2°, era su obligación. Es aplicable a lo anterior, la tesis VI.2o.A.4 K emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 903 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Febrero de 2002, Materia Común, Novena Época, registro 187728, de rubro y texto: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo." Es así, no obstante que en este caso también atribuye a la autoridad responsable la negativa verbal de expedirle copias autentificadas de la carpeta de investigación 1007202206755, y que de acuerdo a la jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS. Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última. Lo que no acontece en la especie, pues el quejoso únicamente refiere que el día de la cita, trece de marzo de dos mil veintidós, acudió de manera presencial ante la autoridad responsable, quien no realizó ninguna actuación y/o diligencia, ni acta de individualización del imputado, indicándole que regresara con posterioridad, y que en esa propia fecha solicitó de manera verbal copia de la carpeta referida; sin embargo, la agente del Ministerio Público responsable negó lo anterior y señaló que el quejoso no se presentó el día señalado en el oficio de invitación que le giró, por lo que no existe constancia de que hubiere comparecido ante esa autoridad, sin que al efecto el peticionario del amparo hubiere ofrecido prueba alguna que corroborara su dicho. En esas condiciones, quien esto resuelve no está en condiciones de llevar a cabo el análisis correspondiente y por ende, la negativa reclamada debe declararse inexistente. Como sustento del anterior argumento se cita la tesis CXLI/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 366 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Diciembre de 1997, Novena Época, registro 197269 del epígrafe y contenido siguientes: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última." En ese estado de cosas, ante la inexistencia del acto reclamado a la autoridad señalada como responsable, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, por lo que se refiere al acto reclamado materia de esta consideración. Resulta aplicable la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 181, del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, Materia Común Sexta Época, registro 804176, que establece: "INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Cuarta. Certeza del acto reclamado. La Agente del Ministerio Público de la Agencia II de la Fiscalía General del Estado, con residencia en Puruándiro, Michoacán, aceptó la existencia del acto reclamado consistente en la invitación girada para comparecer ante esa autoridad, y al efecto adujo que la misma no es violatoria de las garantías de legalidad jurídica, fundamentación y motivación que consagra la Constitución. Certeza que se corrobora con las constancias que remitió dicha autoridad como complemento a su informe justificado, consistentes en las copias autentificadas de las actuaciones relativas a la denuncia que dio origen a la carpeta de investigación antes indicada, así como el citatorio reclamado [mismas que obran agregadas al presente juicio]. Documentales que tienen valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2º, y que permiten tener por acreditado el acto reclamado, pues entre las mismas se encuentra el citatorio reclamado [foja 196 del tomo de pruebas]. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Asimismo, es aplicable al caso, por identidad de razones, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Quinta. Estudio de las causales de improcedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público. En ese contexto, tal como lo aduce la responsable, se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XXIII del precepto 61, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. Para evidenciar la razón por la que se estima actualizada dicha causal, se estima necesario traer a glosa el contenido de las referidas porciones normativas, las cuales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. [.]". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. [.]". De la porción normativa citada en primer término, se desprende que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la Ley de Amparo, no contempladas, de manera expresa, en las anteriores fracciones de dicho artículo 61. Mientras que, de la citada en segundo lugar, se advierte que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Ahora bien, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 97/2013, determinó que era procedente el amparo indirecto contra la orden de citación del investigado a la audiencia de formulación de imputación bajo las normas del Sistema de Justicia Penal Acusatorio Oral, de las legislaciones de los Estados de Durango y Chihuahua. Lo anterior dio origen a la jurisprudencia 1a./J.93/2013, publicada en la página 402 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, Materias Común-Penal, Décima Época, registro 2005048 "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. EN CONTRA DEL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA DE "FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN", PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE DURANGO Y CHIHUAHUA). La figura de la "formulación de la imputación" dentro del sistema de justicia penal acusatorio oral, se define en los códigos adjetivos penales de los Estados de Chihuahua y Durango, respectivamente, de la siguiente manera: "El acto procesal que corresponde de forma exclusiva al Ministerio Público, mediante el cual comunica al imputado, en presencia del Juez, que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos determinados"; y "La comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del juez, de que se desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señale como delitos". En ambos Estados de la República se establece que la formulación de la imputación se realiza cuando el Ministerio Público considera oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial y, para ello, debe solicitar al juzgador la celebración de una audiencia para que pueda comunicarle al investigado la formulación de la imputación. Audiencia para la cual la autoridad jurisdiccional citará al investigado, a quien se le indicará que tendrá que acudir acompañado de su defensor, con el apercibimiento de ley, que de no comparecer se ordenará su aprehensión. Ahora bien, el auto con apercibimiento de aprehensión que emite la autoridad jurisdiccional, es un acto que transgrede el derecho sustantivo a la libertad deambulatoria de la persona apercibida, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, perturbándolo en su esfera jurídica de manera inminente por el solo hecho de no acudir, ya que a partir de ahí puede ordenarse y ejecutarse su aprehensión; además, a partir del instante en que se emite el apercibimiento en comento, se actualiza una afectación a la libertad deambulatoria de la persona, pues la orden de citación para que se le formule la imputación tiene por objeto lograr su comparecencia para que continúe la secuela procesal; ello implica que su derecho a la libertad puede verse restringido al menos parcialmente, en la medida en que aparte de que obligadamente tiene que acudir a la citada audiencia, debe, a partir de ahí, sufrir una perturbación indirecta de la libertad con motivo de las consecuencias que deriven de la prosecución del procedimiento que requieren de su ineludible presencia. Por consiguiente, se estima que el auto de mérito es un acto que afecta su libertad en atención a los efectos que produce, lo cual se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser combatido a través del juicio de amparo indirecto, conforme a los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal y 107, fracción V, de la Ley de Amparo vigente." No obstante, al momento de que la Primera Sala del Alto Tribunal emitió la anterior jurisprudencia aún no se encontraba en pleno ni total funcionamiento el sistema de justicia penal adversarial a nivel federal. Fue hasta el cinco de marzo de dos mil catorce que entró en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual es la legislación adjetiva vigente que regula el procedimiento en materia penal, tanto en las entidades federativas, como a nivel federal. Asimismo, debe precisarse que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la diversa contradicción de tesis 141/2018, emitió la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), visible en la página 239 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materias Común-Penal, Décima Época, registro 2018828, la cual es del tenor siguiente: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." En la ejecutoria correspondiente, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó, en lo que aquí interesa, lo siguiente: Que dicha Primera Sala del Máximo Tribunal del País, al resolver la diversa contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgredía el derecho a la libertad deambulatoria, pues colocaba al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traducía en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Sin embargo, que de una nueva reflexión, estimaba necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, era semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advertía que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. Asimismo, precisó que debía abandonarse el criterio reflejado en la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), porque conforme con las legislaciones de Chihuahua y Durango que se analizaron en esa ocasión y que preveían que en caso de no acudir a la citación, se ordenaría la aprehensión del citado, en ese supuesto, incluso si la citación se realizara bajo el apercibimiento de ordenar la aprehensión en caso de no comparecer, la citación, como tal, no afectaría a la libertad del citado, pues constituye un acto mediante el cual el juez le comunica que requiere su presencia para llevar a cabo una diligencia judicial en la que el Ministerio Público formalizará una investigación en su contra y le comunicará la imputación respectiva, y el dictado de la orden de aprehensión no es inminente, pues depende de hechos futuros e inciertos. Que no obstaba el hecho de que conforme con la fracción II del numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en caso de no comparecer injustificadamente, pudiera ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. En consecuencia, adujo la Primera Sala, en contra del auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. En ese contexto, es evidente que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandonó el criterio contenido en la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.) emitido en el año dos mil trece, donde preveía que el amparo biistancial era procedente contra la orden de citación para formular imputación; para ahora, decidir que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la orden de citación para formular imputación. Una vez precisado lo anterior, debemos recordar que, en el caso en concreto, el quejoso reclama la orden de citación contenida en el oficio sin número, de fecha diez de marzo de dos mil veintidós [foja 16 del legajo de copias autentificadas], mediante el cual la responsable lo citó para comparecer ante esa autoridad a las doce horas del trece del propio mes y año. Por tanto, tal como lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si en contra del auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto; es evidente, que, en contra del oficio por medio del cual la responsable citó al quejoso, con la finalidad de ser escuchado en declaración ministerial, también resulta improcedente el juicio de amparo. Ello, pues aun cuando en el caso en concreto, la orden de citación no fue dictada por un juez para comparecer a la audiencia inicial prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sino por el Ministerio Público responsable; las razones emitidas por la aludida Primera Sala del Máximo Tribunal del País, son aplicables al caso, porque en ambos supuestos no se afecta la libertad personal de la persona citada, al tratarse de una simple comunicación, en el sentido de que se requiere la presencia del citado para la integración e investigación de un delito y para que, posteriormente, en caso de que el Ministerio Público decida ejercer acción penal, en el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará dicha investigación que se sigue en su contra, se formule la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. Del mismo modo, una vez convocados a la audiencia inicial de referencia, el imputado y su defensor tienen derecho a consultar los registros de la investigación y a obtener copia, con la oportunidad debida para preparar la defensa. En el mismo sentido, no impide considerar lo anterior, que en el citatorio reclamado la autoridad responsable hubiere apercibido al quejoso que, de incumplir con lo ordenado se harían valer los medios de apremio establecidos en el artículo 104, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues ello sería un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el quejoso no asista sin justificación. Sin que lo anterior lo deje en estado de indefensión, pues en caso de que se le imponga esa u otra medida de apremio puede combatir esa determinación, la cual se podrá impugnar por vicios propios e incluso, dará lugar a analizar la constitucionalidad del acto que le dio origen, es decir, del citatorio reclamado; además, se insiste, su imposición en su caso depende de la actitud que el agraviado asuma ante elllamado de la autoridad. En ese orden de ideas, en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del precepto 61, en relación con el 107, fracción IV, aplicado en sentido contrario y 63 fracción V, todos de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho preceptos, procede sobreseer en el juicio de amparo respecto de la citación realizada por la Agente del Ministerio Público de la Agencia II de la Fiscalía General del Estado, con residencia en Puruándiro, Michoacán. En la inteligencia de que el sobreseimiento referido, impide que se realice el estudio de las cuestiones de fondo en este juicio de amparo, según criterio sostenido en la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Volumen 24, tercera parte, Materia Común, Séptima Época, registro 239006, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Luis Gutiérrez Campos, por su propio derecho, contra los actos reclamados a la Agente del Ministerio Público de la Agencia II de la Fiscalía General del Estado, con residencia en Puruándiro, Michoacán, por los motivos expuestos en las consideraciones tercera y quinta de esta sentencia. Segundo. Publíquese este fallo en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese por lista, y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    MEl veintiocho de abril de dos mil veintidós, se da cuenta al juez dentro del juicio de amparo 1103/2019, con una promoción registrada con el número 6195. Conste. Morelia, Michoacán, veintiocho de abril de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio suscrito por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada del auto de uno de abril del año en curso, a través del cual ese tribunal requiere a la parte demandada H. Ayuntamiento de Senguio, Michoacán, a fin de que de manera inmediata informe las gestiones que se encuentra realizado con el fin de dar cabal cumplimiento y cubra el crédito laboral al que resultó condenada, apercibiéndolo que de no hacerlo se le aplicara el artículo 41 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán y sus municipios el cual señala en su cuarto párrafo: ". si la dilación es producto de omisiones o conductas irregulares de los servidores públicos, la sanción aplicable será la suspensión hasta por noventa días sin pago de salario y en caso de reincidencia la destitución del cargo, en los términos de las disposiciones aplicables. Además, en este último supuesto ser à vista al Ministerio Publico para que investigue la posible comisión de delitos contra la administración de justicia.". Ahora bien, resulta necesario traer a colación que mediante sentencia de treinta y uno de enero de dos mil veinte, misma que causó ejecutoria el veintiocho de septiembre del mismo año, se concedió la protección constitucional a la parte quejosa, para que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje treinta y uno de enero de dos mil veinte este órgano federal concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitada por la parte quejosa, para que la autoridad responsable realizara lo siguiente: a) De oficio, dé cuenta con el estado de autos y conforme a las consideraciones establecidas en esta sentencia y atendiendo además al contenido de los artículos 122, 134 y 141, de la Ley 06/10/23 12:59:13 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.34.e4 Oscar Hernández García Orgánica Municipal del Estado de Michoacán de Ocampo, valide la subsistencia del gravamen que los quejosos impusieron en los ingresos del ayuntamiento demandado, mediante diligencia de embargo de catorce de octubre de dos mil quince; b) Hecho lo propio, en el mismo proveído en términos del numeral 120 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo, provea los medios que estime pertinentes a fin de lograr la ejecución de lo laudado; y, c) Asimismo, en esa determinación requiera al Ayuntamiento Senguio, Michoacán, para que acredite que realizó los ajustes pertinentes en su presupuesto de egresos o en su caso, en las partidas presupuestales adicionales, para incluir el pago total del laudo adeudado a los quejosos. En el entendido que, la ejecutoria no se declarará cumplida, sino hasta en autos obren las constancias que acrediten que el Ayuntamiento Senguio, Michoacán, realizó los ajustes pertinentes en su presupuesto de egresos. En virtud de lo anterior y toda vez que ya transcurrió en exceso el termino para cumplir con la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo requiérase de nueva cuenta a la autoridad responsable, para que de manera inmediata, informe las acciones realizadas a fin de cumplir con a cabalidad con la ejecutoria de amparo, apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, se le impondrá multa por $8,962.00 (ocho mil novecientos sesenta y dos pesos moneda nacional), equivalente a cien unidades de medidas de actualización, de conformidad con el artículo 192, segundo párrafo, en relación con los diversos 238 y 258 del ordenamiento legal en cita. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, agréguese a los autos el correo electrónico que remite la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Titular de la Agencia II de Puruándiro, Michoacán, mediante el cual informa que remitió su informe justificado y constancias vía estafeta, lo cual acredita con el acuse de envío que adjunta al comunicado de cuenta. En consecuencia, deberá estarse a la espera que de las mismas lleguen por la vía que refiere la responsable. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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