Luis Gustavo Roca Cerezo
Expediente 658/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 12 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 658/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 05/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Luis Gustavo Roca Cerezo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a cinco de julio de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Orizaba, Veracruz; atento a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 16231/2022, de diecisiete de junio del año en curso, con el cual se le hizo de su conocimiento el auto emitido en esa data. Cúmplase.
- Principal
Córdoba, Veracruz, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Vista la certificación de esta fecha, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la sentencia dictada el treinta de agosto de dos mil veintiuno, mediante la cual por una parte se sobreseyó, y por otra, se negó el amparo y protección de la justicia de la unión; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la invocada ley, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que el presente juicio no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del citado Acuerdo General, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, toda vez que por una parte se sobreseyó en el juicio y por la otra se negó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando las copias certificadas que remitiera la autoridad responsable, Juez Segundo de Primera Instancia, con sede en Orizaba, Veracruz, las cuales constan en cuatro tomos de pruebas; en consecuencia, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo respectivo
- Principal
Córdoba, Veracruz, a diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, signado por el Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en Orizaba, Veracruz; atento a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 26049/2021 de treinta de agosto del año en curso, con el cual se le hizo de su conocimiento la sentencia emitida en esa data. Cúmplase.
- Principal
NO ATENDIÓ CITATORIO LA TERCERO INTERESADA. Vistos para dictar sentencia, en los autos del juicio de amparo número 658/2020, promovido por . contra un acto del Juez Segundo de Primera Instancia de Orizaba, Veracruz, el cual consideró violatorio en su perjuicio de las garantías individuales consagradas en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el diecisiete de diciembre de dos mil veinte, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, . acudió a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados de la autoridad que enseguida se precisan: AUTORIDAD RESPONSABLE: Juez Segundo de Primera Instancia de Orizaba, Veracruz. ACTOS RECLAMADOS: El auto de fecha ocho de diciembre del año dos mil veinte, dictado dentro de los autos del expediente ., del índice de la autoridad responsable, el cual, el suscrito me percatara mediante la publicación de la lista de acuerdos, y al constituirme en el citado recinto judicial del Juzgado Segundo de Primera Instancia, de la ciudad de Orizaba, Veracruz; y al solicitar mi expediente, y en el referido auto, la autoridad responsable, negara al suscrito, la disolución del vínculo matrimonial que une con la C. ., a pesar que no existe impedimento alguno para que se niegue la disolución matrimonial, por lo que la autoridad responsable viola en mi perjuicio lo dispuesto por los artículos 141 y 143 del Código Civil, así como los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales, asiendo nugatorio el derecho al libre desarrollo de mi personalidad y mi derecho de aportar pruebas para una defensa adecuada [.]" SEGUNDO. Admisión de la demanda y su trámite. Por auto de doce de enero de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, al que correspondió el conocimiento del presente asunto por cuestión de turno, admitió la demanda de amparo, solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este tribunal la intervención legal que le compete, ordenó emplazar a la parte tercero interesada y citó a las partes a la audiencia constitucional. TERCERO. Emplazamiento. Por auto de doce de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo por emplazada a la tercero interesada . CUARTO. Celebración de la audiencia constitucional. Una vez integrado el expediente, se celebraron las dos primeras etapas de la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 6, 38, 107, 118 y 124 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud de que de ser cierto el acto reclamado, tendría ejecución dentro de la jurisdicción territorial de este juzgado federal, según el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, a continuación se precisa que el acto reclamado consiste en: El auto de ocho de diciembre de dos mil veinte, emitido en el expediente ., por el cual el Juez Segundo de Primera Instancia de Orizaba, Veracruz, resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del diverso auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, que lo declaró infundado, al señalar que la prestación de divorcio sin expresión de causa debe ser resuelta hasta que se dicte la sentencia de fondo. La transgresión a su derecho de aportar pruebas para su defensa adecuada, ante la falta de requerimiento del informe que debe rendir la Junta Especial Número 11, de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, relativo a si dentro de su expediente ., se dictó un laudo a favor de ., y la forma en que se le pagó. Tal noción nos ayuda a determinar la existencia o no de los actos reclamados en esta instancia constitucional. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados, así lo manifestó al rendir su correspondiente informe justificado la autoridad responsable, Juez Segundo de Primera Instancia de Orizaba, Veracruz. Además, la afirmación se corrobora con la copia certificada de las constancias deducidas del expediente . remitidas como apoyo del informe rendido por la autoridad en cita; constancias que adquieren pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo vigente, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su cardinal 2°, ya que se trata de documentos públicos expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. Con las que se formaron cuatro tomos de pruebas. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para una mejor compresión del asunto, es pertinente relatar los antecedentes de la resolución combatida que se advierten de las constancias del expediente ., remitidas por el Juez responsable en apoyo a su informe justificado, a saber: 1. Por escrito de once de agosto de dos mil dieciséis, ., demandó de .la disolución matrimonial, la custodia de sus menores hijos, el pago de una pensión alimenticia y el pago de gastos costas (foja 1 del tomo de pruebas I). 2. En auto de veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, el juez responsable admitió la demanda y ordenó emplazar a la parte demandada (foja 56 del tomo I de pruebas). 3. Mediante escrito de nueve de octubre de dos mil dieciséis, . contestó la demanda e interpuso recurso de reclamación (foja 65 del tomo I de pruebas). 4. Por auto de veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis, el juez responsable tuvo por contestada la demanda (foja 129 del tomo I de pruebas). 5. Por escrito de veintiséis de septiembre de dos mil diecisiete, . desahogó la vista de la contestación a la demanda (foja 358 del tomo I de pruebas). 6. Seguido el juicio, se llevaron a cabo las audiencias de admisión y preparación de pruebas, encontrándose pendiente la recepción de pruebas que ofrecieron las partes para mejor proveer a fin de demostrar su capacidad alimenticia, por lo que no se había turnado a resolver el asunto (foja 67 del tomo IV de pruebas). 7. Mediante auto de veintinueve de noviembre de dos mil dieciocho, se admitió la prueba de informe a fin de que se solicitara a la Junta Especial Número 11, de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, informara en cuanto a si dentro de su expediente . se dictó laudo a favor de ., y la forma en que se le pagó; y se ordenó girar el exhorto número 465 de siete de diciembre de dos mil dieciocho, al Juez Civil y/o Familiar, en turno, en Ciudad de México, para que remitiera el oficio respectivo a la Junta laboral (foja 93 y del tomo II de pruebas). 8. Mediante oficio de cinco de marzo de dos mil diecinueve, la Juez Vigésimo Primero de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, devolvió debidamente diligenciado el citado exhorto 465, pues giró oficio a la junta requirente para que rindiera su informe correspondiente (foja 115 del tomo II de pruebas). 9. En audiencia de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, se acordó la solicitud del demandado en el sentido de que se solicitara a la juez exhortada señalara si Junta laboral informó sobre el estado en que se encontraba el expediente laboral en cita; y el juez responsable giró nuevamente oficio a la Juez Vigésimo Primero de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, a quien correspondió diligenciar el citado exhorto 465, para que informara sobre el estado del referido exhorto, esto es, si Junta laboral había rendido su informe en relación con el expediente laboral ., y en caso de no tener información girara nuevamente otro oficio a la autoridad requirente (foja 229 del tomo II de pruebas). 10. Por auto de diecisiete de febrero de dos mil veinte, la juez Vigésimo Primero de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México, informó al juez responsable que el citado exhorto 465 de siete de diciembre de dos mil dieciocho, lo había devuelto a su lugar de origen (foja 36 del tomo IV de pruebas). 11. En relación con lo anterior, por auto de dieciocho de septiembre de dos mil veinte, el juez responsable tuvo al juez exhortado informando que devolvió el exhorto, por lo que puso a la vista de las partes y actuaria lo asentado por el juez exhortado para que a la brevedad lo entregaran o manifestaran la imposibilidad para hacerlo (foja 41 vuelta del tomo IV de pruebas). 12. Por escrito de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el demandado, . manifestó que no había recibido el citado exhorto por parte de la juez Vigésimo Primero de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México, por lo que solicitó que se girara nuevo exhorto, con el fin de recabar el informe de la Junta Especial Número 11, de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, para conocer la verdad de que si el demandado recibió un pago por concepto de un laudo (foja 67 del tomo IV de pruebas). 13. En auto de veintidós de octubre de dos mil veinte, el juez responsable determinó que no había lugar a remitir un nuevo exhorto en razón de que su pretensión fue atendida en oficio de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, remitido por el Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México, y que ordenó se certificara si se había recibido la respuesta del exhorto de trato (foja 77 del tomo IV de pruebas). 14. El cuatro de noviembre de dos mil veinte, la secretaria de acuerdos del juzgado certificó que el exhorto en cita fue devuelto por el juzgado exhortante, y que era lo único con que se contaba (80 del tomo IV de pruebas). 15. Por escrito de tres de noviembre de dos mil veinte, . solicitó al juez responsable que certificara si el oficio de veintiséis de febrero de dos mil diecinueve, girado por la juez exhortada a la Junta laboral fue atendido (foja 85 del tomo IV de pruebas); y por diverso de trece de octubre de dos mil veinte pidió dictar sentencia respecto del divorcio incausado, al no existir impedimento legal alguno (foja 86 del tomo IV de pruebas). 16. En auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, el juez responsable determinó que debía estarse a la certificación que obraba en autos, de cuatro de noviembre de dos mil veinte, en la que se señaló que el exhorto en cita fue devuelto por el juzgado exhortante, siendo con lo único con lo que se contaba; y en relación a su segunda petición de resolver la prestación de divorcio incausado, determinó no había lugar a proveer la solicitud del demandado ya que ésta sería materia de la sentencia de fondo que se dictara en el asunto (foja 87 del tomo IV de pruebas). 17. Inconforme con lo anterior, el demandado interpuso recurso de revocación al impugnar las dos decisiones del juez, quien que por auto del ocho de diciembre de dos mil veinte, lo declaró infundado pues consideró que la prestación de divorcio sin expresión de causa debía ser resuelta hasta que se dictara la sentencia de fondo, a fin de evitar pluralidad de sentencias. Este último auto constituye el acto reclamado en este juicio. QUINTO. Causas de Improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, antes de examinar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes de conformidad con lo que establece el artículo 62 de la Ley de Amparo aplicable. En el caso, en relación con el acto reclamado consistente en la transgresión a su derecho de aportar pruebas para su defensa adecuada, por la falta de requerir el informe que debe rendir la Junta Especial Número 11, de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, respecto a si dentro de su expediente ., se dictó un laudo a favor de ., y la forma en cómo se le pagó; se actualiza la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al ser la resolución que se reclama un acto emitido dentro de un juicio que no es de imposible reparación. Tales preceptos disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". La segunda disposición normativa en cita establece que el juicio de amparo es procedente contra actos dictados dentro de juicio que sean de imposible reparación, y define a éstos como aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que México sea parte. De la aplicación contrario sensu de dicho precepto, relacionado con lo dispuesto en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos dictados dentro de juicio que no sean de imposible reparación; y se entiende por éstos que no vulneran derecho sustantivo alguno tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que únicamente son susceptibles de producir efectos formales o intraprocesales que se pueden destruir si se dicta sentencia favorable a los intereses del quejoso. En el caso, como ha quedado expuesto, el acto reclamado es el derecho a aportar pruebas para la defensa adecuada del quejoso, consistente en la falta de requerimiento del informe de la Junta Especial Número 11, de la Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, a fin de conocer la verdad en cuanto a la capacidad económica del demandado. Por tanto, dicho acto no es de imposible reparación, toda vez que si bien no consta en autos que se hayan recabado las pruebas que ofreció la parte demandada con el fin de demostrar la capacidad alimenticia; esa determinación no afecta materialmente derecho sustantivo alguno, sino únicamente constituye una violación a las leyes procesales que no puede considerarse de imposible reparación, ya que la pretensión del demandado puede quedar satisfecha si obtiene una sentencia favorable, y en caso contrario, podría impugnarse como violación procesal a través del amparo directo que, en su caso, promueva en contra de la resolución de fondo que se llegue a emitir en el asunto de origen, en términos del artículo 170, fracción I, en relación con el 172, fracción I, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 236, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero-Junio de 1990, Octava Época, que dice: "PRUEBAS. SU ADMISION, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACION PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Las fracciones III, VII y XI, del artículo 159 de la Ley de Amparo guardan estrecha relación entre sí, ya que en la primera se establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; en la segunda fracción cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos, y en la tercera, o sea en la fracción XI del mismo numeral, también se establece que son violaciones de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Ahora bien, debe estimarse como caso análogo al previsto por las fracciones III y VII, la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte contraria del quejoso, tomando en consideración que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando a su contraparte se le reciben las que propone sin conocimiento del quejoso, en una forma contraria a lo establecido por la ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, la violación de que se trata, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Sin embargo, esta regla general sufre una excepción: cuando esa admisión y su consecuente desahogo puedan tener una ejecución de imposible reparación, ya que se viola una garantía individual que no podrá repararse, aunque la sentencia llegue a ser favorable al efecto, lo que sucede de acuerdo con la tesis jurisprudencial número 16 publicada en la página 81 del Informe de Labores del Presidente de este Alto Tribunal, correspondiente al año de mil novecientos ochenta y nueve, con el rubro de "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.". Además, lo anterior queda claro con el criterio establecido en la jurisprudencia número 3/90 Tercera Sala, en la que se considera que la admisión de la prueba pericial contable en los libros del quejoso, ofrecida por la contraparte, es una violación reclamable en amparo indirecto, por darse esa hipótesis." De ahí que, en relación al acto referido, se actualice la causa de improcedencia que resulta de relacionar el artículo 61, fracción XXIII, con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, por lo que procede sobreseer en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En consecuencia, dado el sentido de la presente resolución, en que se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo, existe impedimento jurídico para analizar los conceptos de violación que se dirigen a combatir la inconstitucionalidad del acto aquí analizado. Cobra aplicación la jurisprudencia 1028 del entonces Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 708, Tomo VI, ParteTCC, Octava Época, publicada en el Apéndice de 1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." Al no existir diversa causal de improcedencia hecha valer por las partes, ni de oficio advertirse otra, se analiza la constitucionalidad del acto reclamado consistente en el auto de ocho de diciembre de dos mil veinte, emitido en el expediente ., por el cual el Juez Segundo de Primera Instancia de Orizaba, Veracruz, resolvió el recurso de revocación interpuesto en contra del diverso auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, que lo declaró infundado, al señalar que la prestación de divorcio sin expresión de causa debe ser resuelta hasta que se dicte la sentencia de fondo. SEXTO. Conceptos de violación. No se transcriben los conceptos de violación hechos valer, en obvio de repetición innecesaria y atento al contenido de la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página número 830, del Tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Examen de la constitucionalidad del acto reclamado. En el único concepto de violación, el quejoso manifiesta que la autoridad responsable viola en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación con los diversos 141 y 143 del Código Civil para el Estado de Veracruz, porque se infringe su derecho humano al libre desarrollo de su personalidad, ya que se le obliga a continuar con una unión matrimonial, al omitir el juez pronunciarse sobre una resolución de divorcio incausado, que fue solicitada desde un inicio por la actora. Lo expuesto a ese respecto resulta infundado, pues en el caso, como lo sostuvo el juez responsable, la disolución del divorcio incausado debe ser analizada con las demás prestaciones demandadas, en una sentencia definitiva en donde se diriman todas y cada una de las pretensiones de las partes, a fin de evitar pluralidad de sentencias. En efecto, los artículos 57 y 214 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, disponen: "Artículo 57. Las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con la demanda y la contestación y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando éstos hubieren sido varios, se dará la resolución correspondiente a cada uno de ellos. Las sentencias deben expresar el lugar, fecha y juez o tribunal que las pronuncie; los nombres de las partes contendientes, el carácter con que litiguen y el objeto del pleito. No son necesarias las antiguas fórmulas de las sentencias y basta con que el juez apoye sus puntos resolutivos en preceptos legales o principios jurídicos, de acuerdo con el artículo 14 constitucional. Los jueces o tribunales no podrán, bajo ningún pretexto, aplazar, dilatar ni negar la resolución de las cuestiones que hayan sido discutidas en el pleito." "Artículo 214. Las excepciones y la reconvención se discutirán al propio tiempo que la demanda y se decidirán en la misma sentencia." De los preceptos transcritos se obtiene que en la sentencia se decidirán todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto de debate, además de que las excepciones y la reconvención se discutirán al propio tiempo que la demanda y se decidirán en la misma sentencia; esto es, el principio de "continencia de la causa", que consiste en la unidad que debe existir en todo juicio, por lo que en la sentencia se deben resolver en forma total y completa, todas las acciones, excepciones y reconvenciones, esto es, todas las cuestiones que expresen las partes. Aunado a ello, los citados preceptos prevén el principio de congruencia de las resoluciones jurisdiccionales, que consiste en que al resolver, el juez debe dar respuesta total y absoluta a lo planteado con base en las actuaciones existentes, sin que implique reservar con posterioridad otras prestaciones, pues en caso de hacerlo se transgrediría el artículo 17 constitucional, que prevé implícitamente la congruencia de las determinaciones judiciales. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis sustentada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 193, Tomo XI Cuarta Parte, Sexta Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "SENTENCIAS, CONGRUENCIA DE LAS. El principio de congruencia de las sentencias estriba en que éstas deben dictarse en concordancia con la demanda y con la contestación formuladas por las partes, y en que no contengan resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí. El primer aspecto constituye la congruencia externa y el segundo la interna. Ahora bien, una incongruencia reclamada corresponde a la llamada interna si se señalan concretamente las partes de la sentencia de primera instancia que se estiman contradictorias entre sí, afirmando que mientras en un considerando el Juez hizo suyas las apreciaciones y conclusiones a que llegó un perito para condenar al demandado a hacer determinadas reparaciones, en el punto resolutivo únicamente condenó a efectuar tales reparaciones, o en su defecto, a pagar una suma de dinero; pero no existe tal incongruencia si del peritaje se desprende que debe condenarse a hacer las reparaciones, pero que en el caso que no se cumpla deberá condenarse a pagar la cantidad a que se condenó." En el caso que nos ocupa, . promovió el juicio civil en donde demandó la disolución matrimonial, la custodia de sus menores hijos, el pago de una pensión alimenticia y el pago de gastos costas en contra de . En dicho juicio está pendiente de recabar pruebas para mejor proveer sobre la capacidad económica del demandado, empero, el quejoso ., solicitó al juez responsable se dictara sentencia respecto del divorcio incausado, al no existir impedimento legal alguno (foja 86 del tomo IV de pruebas). En relación con dicha solicitud, por auto de dieciocho de noviembre de dos mil veinte, el juez responsable determinó no había lugar a proveer la solicitud del demandado, ya que ésta será motivo de la sentencia de fondo que se dicte en el asunto (foja 87 del tomo IV de pruebas). Inconforme con lo anterior, el demandado interpuso recurso de revocación, el cual por auto de ocho de diciembre de dos mil veinte, el Juez Segundo de Primera Instancia de Orizaba, Veracruz, lo declaró infundado al considerar que la prestación de divorcio sin expresión de causa debe ser resuelta hasta que se dicte la sentencia de fondo, a fin de evitar pluralidad de sentencias. Este juzgado estima que el acto reclamado se encuentra ajustado a derecho, porque el juez no dividió la continencia de la causa, pues en el juicio se encuentra pendiente resolver sobre las demás prestaciones derivadas de la disolución matrimonial, como lo es la petición de alimentos; de ahí que resulte correcto que se reservara hasta el dictado de la sentencia de fondo lo relativo a la disolución matrimonial, con base en los artículos 57 y 214 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis VII.1o.C.55 C (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página 5159, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 67, correspondiente al mes de junio de dos mil diecinueve, Tomo VI, Décima Época, que dice: "DIVORCIO INCAUSADO. NO DEBE DECRETARSE EN EL TRÁMITE DEL JUICIO, EN FORMA AUTÓNOMA Y DEJARSE PENDIENTES PARA SU POSTERIOR RESOLUCIÓN LAS DEMÁS PRESTACIONES DERIVADAS DE LA DISOLUCIÓN DEL MATRIMONIO, PUES SE ROMPE CON EL PRINCIPIO DE CONTINENCIA DE LA CAUSA, ANTE LA EVENTUAL EXISTENCIA DE DOBLE SENTENCIA, CUANDO ÉSTA ES UNA UNIDAD INDIVISIBLE QUE DEBE GUARDAR COHERENCIA INTERNA Y, POR ELLO, NO PUEDE ESCINDIRSE EL ESTUDIO DE LAS ACCIONES EN DOS RESOLUCIONES DISTINTAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). Conforme a lo dispuesto en los artículos 516, 517, fracción I, 518 y 519 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, por regla general, si bien es cierto que el tribunal de apelación reasume jurisdicción en la medida de lo planteado en los agravios relativos, también lo es que debe subsanar las omisiones o incongruencias que haya cometido su inferior, ante la inexistencia del reenvío; de tal forma que el tribunal de alzada está facultado -mediante la apelación- para reparar los agravios ocasionados al inconforme y dictar un nuevo fallo que confirme, modifique o revoque la sentencia de primera instancia, pues el Juez al emitirla agotó la facultad que le confiere la ley de resolver el negocio; sobre todo en controversias en materia familiar, en las que el tribunal de alzada está obligado a suplir la queja deficiente atento a lo dispuesto en el numeral 514 del código procesal civil citado. Así, como la sentencia de segunda instancia sustituye procesalmente a la de primera, previo al pronunciamiento del fondo del asunto, el tribunal de apelación debe verificar si se encuentran satisfechos todos los presupuestos y elementos procesales necesarios para emitir una sentencia que dirima todos los puntos sujetos a debate, a fin de dictar un fallo congruente, como lo ordena el artículo 57, primer párrafo, del código procesal invocado. Lo anterior, en relación con el diverso precepto 338, fracción IV,(1) del propio código, permite deducir que la sentencia, como acto jurídico de decisión, no puede declararse ejecutoriada en partes o en fracciones, sino que atendiendo al principio de "continencia de la causa", que consiste en la unidad que debe existir en todo juicio, debe declararse en forma total y completa, esto es, por todas las acciones y excepciones que dieron origen a dicha sentencia. En ese orden de ideas, si se recurre en apelación la sentencia de primera instancia, ello hace que quede sub júdice en su integridad, y el dictado de fondo que se emita debe comprender todas esas acciones y excepciones deducidas oportunamente en el juicio lo que, incluso, resulta acorde con lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 157 del Código Civil para el Estado, en el sentido de que: "La sentencia de divorcio fijará en definitiva la situación de los hijos, para lo cual el Juez deberá resolver todo lo relativo a los derechos y obligaciones inherentes a la patria potestad, su pérdida, suspensión o limitación según el caso, y en especial a la custodia y al cuidado de los hijos."; por tanto, si el tribunal de alzada, al resolver la apelación decide lo relativo al derecho alimentario de la parte acreedora, pero pasa por alto que el Juez dividió la continencia de la causa, ya que en el curso del procedimiento decretó el divorcio incausado, en forma autónoma y dejó de resolver lo relativo a la cancelación o subsistencia del derecho alimentario de la parte demandada, siendo que ambas cuestiones debieron decidirse en el mismo fallo; por lo que esas omisiones del Juez inferior, ameritan que se subsanen, reasumiendo jurisdicción. Lo anterior, porque de lo contrario implicaría la eventual existencia de dos sentencias, cuando ésta es una unidad indivisible que debe guardar coherencia interna y, por ello, no puede escindirse el estudio de las acciones en dos resoluciones distintas. En esas condiciones, se transgrede el principio de congruencia establecido en el primer párrafo del artículo 57 citado, si la sentencia reclamada no contiene una decisión acorde con todos los puntos controvertidos, lo que provocará la existencia de doble sentencia de fondo; en contravención a los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." No pasa inadvertido que es criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que el divorcio sin expresión de causa se puede solucionar aún sin resolver la totalidad de las cuestiones inherentes al matrimonio; empero, ello sucede sólo cuando la legislación local así lo regula; sin embargo, en la legislación del Estado de Veracruz, como se precisó los artículos 57 y 214 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, prevén sólo una, en la que se decida el juicio en su totalidad. Así al resultar infundado el único concepto de violación, lo que procede en el caso es negar el amparo solicitado, sin que en el caso se advierte queja deficiente que suplir. OCTAVO. Forma de publicación de la sentencia. Cabe precisar que por auto de radicación, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna, se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial; se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74 y 75, de la Ley de Amparo vigente, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ., en contra del Juez Segundo de Primera Instancia de Orizaba, Veracruz, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ., contra el acto reclamado de la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia de Orizaba, Veracruz, por los motivos precisados en el séptimo considerando de esta sentencia. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo.
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