Luis Guillermo Velázquez Ortega
Expediente 1463/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1463/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/08/2022
Partes del expediente
- Luis Guillermo Velázquez Ortega
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que precede, se advierte que no se interpuso dentro del término que la ley señala, el recurso de queja contra el proveído de veintiuno de julio del año en curso, mediante el cual se desechó de plano la demanda; por tanto, con fundamento en los artículos 97 y 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el mismo HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese el presente cuaderno como asunto definitivamente concluido, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo....
- Principal
Vista la certificación que precede y el estado de los autos, de los que se advierte que para el día de hoy se encuentra señalada la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, no es posible llevarla a cabo, toda vez que se encuentra en trámite el conflicto suscitado con motivo de la separación de juicios decretada en este sumario. Por ende, procede diferirla y en su lugar se fijan las diez horas con once minutos del diecinueve de agosto del año en curso.
- Principal
Toda vez que, transcurrió el plazo de dos días hábiles señalado en el artículo 27, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo vigente, sin que la parte quejosa y/o sus autorizados acudieran al local que ocupa este juzgado, se ordena notificarles por lista el proveído de veintiuno de julio de dos mil veintidós, que dice: "1. Análisis de la cuenta. Vista la cuenta, se recibe la demanda que promueve L.G.V.O., contra actos de(del)(de la) Treceava Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco consistentes en: La omisión de señalar fecha para la continuación de la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, en el juicio laboral 1414/2020-I, desde el tres de junio de dos mil veintidós. Fórmense expediente impreso como el electrónico. Regístrese su ingreso en el libro de gobierno con el número 1463/2022-III. 2. De la actividad jurisdiccional. Se hace saber a las partes que la actividad jurisdiccional en relación con este asunto se sujetará a las reglas establecidas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte, así como al diverso 25/2020 del citado Pleno, que reformó el artículo 15 del acuerdo citado en primer término (durante su vigencia), relativo a los turnos y horarios escalonados para el trabajo presencial; de igual forma, el citado acuerdo 25/2020, y los diversos 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022 y 9/2022, que reformaron el artículo 1, correspondiente a la vigencia del citado Acuerdo 21/2020, y 7/2022 que reforma, adiciona y deroga el aludido 21/2020. 3. Desechamiento. Del examen integral de la demanda de amparo, se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se actualiza cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Octava Época, con número de registro 221353, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, dentro del tomo VIII, noviembre de 1991, la cual es visible a página 198, y establece lo que a continuación se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional". Expuesto lo anterior, cabe mencionar que, de oficio, este órgano de control constitucional advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. En efecto, el precepto legal aludido en primer término en su fracción invocada dispone que: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Por su parte, el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece que: "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto es procedente: (.) V. Contra actos en juicios cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)". Del análisis de la disposición normativa citada en segundo término, se advierte que el juicio de amparo indirecto excepcionalmente procede contra actos o resoluciones dictadas dentro de juicio. Se afirma que tal procedencia es excepcional en virtud de que mediante una fórmula legal, el legislador estableció que los actos intra-procesales, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionado bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Partiendo de ello, sostuvo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no resulta procedente el juicio de amparo indirecto cuando se impugnen violaciones procesales consideradas de afectación en grado predominante o exorbitante. Criterio que se encuentra visible en la jurisprudencia identificada con la nomenclatura P./J. 37/2014 (10a.), visible en la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 7, junio de 2014, tomo I, página 39, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama: La omisión de señalar fecha para la continuación de la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, en el juicio laboral 1414/2020-I, desde el tres de junio de dos mil veintidós En ese sentido, debe decirse que con ello sólo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros; lo anterior, pues la omisión reclamada se traduce en una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, de tal manera que, aun cuando se aleguen violaciones al artículo 17 constitucional, no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como una violación de carácter adjetivo, ya que no se trata de una omisión autónoma al juicio del que el quejoso forma parte, si no que se da dentro del mismo. Así lo ha definido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), con número de registro 2011580, consultable dentro del Semanario Judicial de la Federación, libro 30, tomo II, página 1086, la cual es del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". Aunado a lo anterior, debe decirse que en el caso concreto no se actualizan los supuestos de excepción a que se refiere la tesis recién invocada, toda vez que, en principio, no se advierte que exista una paralización total del procedimiento de origen que derive de la omisión de señalar fecha para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; ello, pues tal conducta omisiva no constituye en sí misma una suspensión de dicho juicio, sino que se traduce en la inacción por parte de la autoridad responsable dentro del plazo que la legislación aplicable establece para el señalamiento de la misma. En segundo lugar es así, ya que la omisión combatida tampoco conlleva una dilación abierta en el procedimiento natural que haga procedente el juicio de amparo indirecto, ya que para ello la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado un parámetro mínimo objetivo a fin de otorgar certeza jurídica a los justiciables, el cual permite definir cuándo una dilación procedimental en materia laboral puede considerarse como una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización; situación que no se actualiza en el caso concreto, tal como se verá a continuación. Efectivamente, la Sala mencionada, en sesión de nueve de enero de dos mil diecinueve, resolvió la contradicción de tesis 294/2018, en la que determinó que para la procedencia del amparo en el que se reclamen dilaciones presuntamente excesivas de las Juntas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, deben de transcurrir más de cuarenta y cinco días naturales, desde la fecha que concluyó el plazo en el que legalmente debió pronunciarse o diligenciarse la omisión reclamada. De dicha ejecutoria, emergió la tesis de jurisprudencia 2a./J. 33/2019, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el uno de marzo de dos mil diecinueve, con número de registro 2019400, la cual es del rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En ese orden, se reitera que en la especie no existe una abierta dilación al procedimiento que traiga consigo la paralización de éste, dado que a la fecha de la presentación de la demanda de amparo (quince de julio de dos mil veintidós), no se ha excedido el plazo legal de tres días a que alude el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo, para la fijar la fecha para la continuación del desahogo de la audiencia prevista en dicho numeral, más los cuarenta y cinco días naturales a que alude la citada jurisprudencia, contados a partir del seis de junio del año en curso, día siguiente hábil al en que debió haber fijado fecha para la citada audiencia, para que se pueda actualizar la abierta dilación procesal de la que se duele la parte quejosa. Numeral (es) del siguiente texto: "Artículo 735. Cuando la realización o práctica de algún acto procesal o el ejercicio de un derecho, no tengan fijado un término, éste será el de tres días hábiles. Todo lo cual denota que a la fecha de presentación de la demanda no existe una abierta dilación o paralización del juicio laboral y por ende, procede desechar de plano la demanda de amparo. Háganse las anotaciones conducentes en el libro de gobierno respectivo y la captura correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 4. De los autorizados. Se tiene(n) como autorizado(s) en amplios términos a los que indica, porque la parte quejosa tiene la calidad de trabajador(a), por ende, es innecesario acredite(n) estar legalmente autorizado (s) para ejercer la profesión de licenciado(s) en derecho o abogado(s). Lo anterior de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo. 5. Domicilio para recibir notificaciones. Se tiene como domicilio físico para oír y recibir notificaciones, el aludido en la demanda. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 24 a 30 de la Ley de Amparo. 6. Del acceso al expediente electrónico. La parte quejosa no solicitó acceso al expediente vía electrónica en el escrito de demanda. 7. Oposición a la publicación de datos. La parte quejosa no se opuso a la publicación de sus datos personales en el escrito de demanda. 8. Copias. En obvio de mayores dilaciones procesales, se ordena la expedición a las partes hasta de en un tanto, de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, con excepción de las que tengan el carácter de reservadas o confidenciales, sin que sea necesario medie promoción por escrito, previa petición verbal al secretario y toma de razón que por su recibo obre en autos, por conducto de las personas que cuenten con facultades para ello, pues sólo a éstas le serán entregadas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Sin embargo, lo anterior acontecerá bajo el esquema contenido en el citado Acuerdo General 21/2020. Ello, sin perjuicio de que podrán descargarlas del expediente electrónico en sus equipos de cómputo, por lo que se exhorta realicen los trámites necesarios a fin de que puedan acceder al expediente (electrónico). 9. De la reproducción digital de constancias. Se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos conforme a los lineamientos de seguridad que regulan el ingreso a la Ciudad Judicial Federal y de acuerdo con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Esta autorización es limitada, por lo que queda prohibido reproducir o tomar fotografías de las instalaciones de este juzgado, de su personal, del área correspondiente a esta Ciudad Judicial y de las actuaciones que tengan la calidad de confidencial o reservada conforme a Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en su caso, quedará bajo la más estricta responsabilidad de la parte que las obtenga, el uso y difusión que se dé a las mismas. Sin embargo, lo anterior deberá ajustarse al Capítulo II, denominado "Atención al público en general", del citado Acuerdo General 21/2020. 10. Habilitación de días y horas inhábiles. Se habilitan días y horas inhábiles a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del juicio, de conformidad con el artículo 21 de la Ley de Amparo. 11. De la transparencia de las resoluciones judiciales. Hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no hacerlo se publicarán íntegramente, con las salvedades y excepciones que contempla la ley y reglamentos de la materia. De igual forma, siguiendo el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, este acuerdo se publicará con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. Lo anterior de conformidad con los artículos 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y 67, fracción II y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. 12. Exhorto a la parte quejosa. De conformidad con el artículo 5, fracción I, del citado Acuerdo General 21/2020, se exhorta a la parte promovente proporcione un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para que se establezca el contacto respectivo en los casos en que se estime necesario".
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