Luis Guillermo Valdez Luna Ambia
Expediente 320/2019 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 320/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/05/2019
Partes del expediente
- Luis Guillermo Valdez Luna Ambia
Actuaciones
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, tres de mayo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos y el contenido de la certificación secretarial que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de cinco días previsto por el artículo 97, fracción I, de la Ley de Amparo, para recurrir el auto de quince de abril del año en curso, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; consecuentemente, con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado estado. En ese orden de ideas, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo, debiendo hacer las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese conforme a derecho.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, quince de abril de dos mil diecinueve. Vista la demanda de cuenta presentada por Luis Guillermo Valdez Luna Ambia, contra actos del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 320/2019-I. Ahora bien, con el objeto de proveer lo conducente, se impone señalar que el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia, deben ser examinadas de oficio, por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Asimismo, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. Atento a lo dispuesto en los numerales 62 y 113, de la ley de la materia, el suscrito procede al estudio de las causales de improcedencia, con el objeto de dilucidar si existe alguna que sea manifiesta e indudable, ya que de ser así, se procedería al desechamiento de plano de la demanda. En tal virtud, de oficio se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, respecto de la expedición de la Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación el siete de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro, en específico los artículos 234, 235, último párrafo, 237, 245 fracción I, IV, y V, 247, último párrafo y 248, la cual entró en vigor el uno de junio de mil novecientos ochenta y cuatro. Para analizar la citada causa de improcedencia es necesario destacar el artículo 107, fracción I, constitucional, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetaran a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." Del precepto constitucional transcrito, en la parte que aquí interesa, se advierte que el promovente del amparo deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo; además, deberá alegar que el acto reclamado viola los derechos reconocidos en la Carta Magna, y que de ello deriva una afectación a su esfera jurídica, de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por otra parte, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." De la transcripción anterior se observa que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten el interés jurídico o legítimo del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la Ley de Amparo y contra normas generales que por su sola entrada en vigor no afecten los intereses apuntados, sino que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Sobre estos conceptos, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad -interés jurídico-; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución establece la posibilidad de aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Que el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. Que el interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. Por ello, el Alto Tribunal determinó que para demostrar el interés legítimo, se requiere la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse; que mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal. Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 50/2014 (10a.), definida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 60, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS." Con base en la disposición de la Carta Magna analizada, la Segunda Sala del Máximo Tribunal, estableció cuáles son los elementos constitutivos del interés legítimo e interés jurídico, que deben probarse traduciéndose en requisitos para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto; esto, conforme a lo siguiente: En lo que atañe al interés jurídico: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por lo que respecta al interés legítimo: a) La existencia de una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) Que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) Que el promovente pertenezca a esa colectividad, ya que si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Por último, se destacó que los elementos constitutivos apuntados son concurrentes, por lo tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente; así, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no debe inferirse con base en presunciones. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación publicado el viernes ocho de marzo de dos mil diecinueve, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS". Tratándose de leyes, el interés jurídico o legítimo para efectos del juicio de amparo, no puede acreditarse únicamente con la expedición y presumible aplicación respectiva de tales leyes, sino que debe acreditarse plenamente que la disposición legal reclamada (sea autoaplicativa o heteroaplicativa), ha causado un agravio en la esfera de derechos de la parte quejosa, por virtud de encontrarse en los supuestos hipotéticos de la norma de observancia general o por virtud de un acto de aplicación que lo actualice. En este contexto, para determinar cuándo una norma general causa una afectación con su sola entrada en vigor y cuándo se requiere de un acto de aplicación, existe la distinción entre normas heteroaplicativas y autoaplicativas en función de las posibilidades de afectación de una norma general, por lo que debe aplicarse el criterio de clasificación de ambos tipos de normas, que con base en la actual regulación del juicio constitucional aún subsiste, relacionado con el concepto de "individualización incondicionada", que define la norma autoaplicativa como la que trasciende directamente para afectar la esfera jurídica del quejoso, sin condicionarse a ningún acto, pues si su contenido está condicionado, se trata de una norma heteroaplicativa; de este modo, el juez de amparo debe aplicar el criterio clasificador de las normas para determinar la procedencia del juicio constitucional, siempre y cuando haya precisado previamente si resulta aplicable la noción de interés legítimo o jurídico. Así, las jurisprudencias que han emitido los órganos del Poder Judicial de la Federación facultados para ello, han señalado que respecto del acto de aplicación de una disposición de observancia general se deben satisfacer ciertos requisitos para que el juicio de amparo resulte procedente, a saber: a) Que la norma que se impugna se concrete en la esfera jurídica del gobernado; b) Que se trate del primer acto de aplicación y, c) El acto de aplicación debe de causar perjuicios al gobernado. En efecto, respecto del primer requisito, debe decirse que la disposición de observancia general que se impugne mediante el juicio de amparo, debe concretarse en la esfera jurídica del gobernado, con independencia de que su aplicación sea expresa o tácita; en este supuesto, lo relevante es atender a la esencia del acto y verificar si en el acto de aplicación referido por parte de la autoridad, de un tercero o del propio particular, se concreta lo que dispone la norma. Es aplicable al caso, la tesis número 1a. CCLXXXI/2014 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 8, Julio de 2014, Tomo I, página 148, de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO Y JURÍDICO. CRITERIO DE IDENTIFICACIÓN DE LAS LEYES HETEROAPLICATIVAS Y AUTOAPLICATIVAS EN UNO U OTRO CASO". Ahora bien, los artículos 17, 18 y 61, fracción XII, todos de la Ley de Amparo, establecen las bases para la procedencia del juicio de amparo cuando se impugnan normas de carácter general atendiendo a su propia naturaleza; es decir, si por su sola entrada en vigor causan un perjuicio (autoaplicativas), o bien, si requieren de un acto de autoridad o alguna actuación equiparable que concrete la aplicación al particular de la disposición jurídica combatida (heteroaplicativas). En el primer caso, es suficiente con que el gobernado se ubique dentro de los supuestos previstos en un determinado ordenamiento legal que por su sola expedición le obliguen a hacer o dejar de hacer, provocando la afectación a su esfera jurídica sin ningún acto ulterior de autoridad, es decir, que desde su entrada en vigor obligan al particular, sin que sea necesario un acto posterior de autoridad, para que esté en aptitud de ejercitar la acción constitucional dentro del plazo de treinta días contados a partir de la entrada en vigor del precepto de que se trate, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 17, fracción I, de la Ley de Amparo. Así, una ley es autoaplicativa cuando lleva en sí misma un principio de ejecución inmediata que no requiere un acto intermedio o posterior de autoridad para que se origine la afectación al gobernado, pues los preceptos adquieren, por su sola entrada en vigor, el carácter de inmediatamente obligatorios; en otras palabras, el principio de ejecución se realiza por la existencia misma de la ley sin necesidad de actos posteriores de aplicación concreta; es decir, que por su sola expedición, y por los actos relativos a su promulgación e inicio de vigencia, quedan señaladas las personas o entidades que, en acatamiento de la ley, están obligadas a hacer o no hacer alguna actividad en determinada forma. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que hay que observar los términos del mandato legal, pues para que tenga tal carácter, basta con que desde su entrada en vigor se ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución, ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación, o extinción de un derecho, o en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. En el segundo supuesto, es decir, en el caso de las disposiciones generales de naturaleza heteroaplicativa, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, los supuestos de la norma no cobran eficacia con su sola entrada en vigor, sino que requiere de un acto posterior y, entonces, el plazo con que cuenta el agraviado para promover el juicio de amparo será de quince días a partir del acto de aplicación, atendiendo a los supuestos previstos en el artículo 17 de la Ley de Amparo. En este orden, se concluye que para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato, o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación, el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos de los propios particulares, si mediante su conducta se vincula de modo necesario a la parte quejosa con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas, de manera enunciativa. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia número P. LI/96, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 123, Tomo III, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA." Una vez que se precisó lo anterior, es necesario destacar que la parte quejosa reclama los artículos 234, 235 último párrafo, 237, 245 fracción I, IV, y V, 247 último párrafo y 248 de la Ley de General de Salud. Los citados preceptos legales establecen que la Secretaría de Salud, con base en lo que establecen las normas oficiales mexicanas y otras disposiciones aplicables, ejerce el control sanitario sobre el uso y consumo de substancias psicotrópicas o estupefacientes en el territorio nacional, entre las cuales se encuentra la cannabis sativa, índica, americana, y cuenta con la facultad de autorizar o negar su uso para fines médicos o científicos. El referido control se sustenta, primero, en el establecimiento de un listado de sustancias que deben considerarse como estupefacientes o psicotrópicos (artículo 245); además, se precisa que todo acto relacionado con esas sustancias o cualquier producto que las contenga, requiere de una autorización de la Secretaría de Salud, la que sólo puede otorgarse con fines médicos y científicos; asimismo, dicha secretaría deberá diseñar y ejecutar políticas públicas que regulen el uso medicinal de los derivados farmacológicos de la cannabis sativa, índica y americana o marihuana, entre los que se encuentra el tetrahidrocannabinol, sus isómeros y variantes estereoquímicas (artículos 235 y 247). Asimismo, se prevé que la autorización sanitaria es el acto administrativo mediante el cual la autoridad sanitaria competente permite a una persona pública o privada, la realización de actividades relacionadas con la salud humana, en los casos y con los requisitos y modalidades que determine la Ley General de Salud y demás disposiciones generales aplicables. En este orden, es innegable que la sola vigencia de las normas generales controvertidas no incide en la esfera jurídica de la parte quejosa, pues se estima, es necesario un acto de aplicación para que dichas disposiciones pudieran causar afectación. Esto es, la afectación en perjuicio de los particulares no se actualiza con la sola entrada en vigor de los preceptos mencionados, ya que como éstos contienen aspectos prohibitivos (no hacer) y permisivos (hacer), se requiere que cobren actualidad los primeros cuando la autoridad se percate, a través de cualquier acto, de la violación cometida por el particular, o bien, en el segundo de los casos, cuando éste solicite a aquella una autorización relacionada con el tema, sin que le resulte favorable su pretensión, siendo estas condiciones específicas las que actualizarán la individualización de la ley en perjuicio del gobernado. En efecto, la afectación en la esfera jurídica se actualiza, en concreto, en el caso de que la parte quejosa consuma con fines recreativos "Cannabis Sativa" (sativa, indica americana o marihuana, su resina, preparados y semillas), así como del psicotrópico THC (Tetrahidrocannabidol, los isómeros: ?6a (10a), ?6a (7), ?7, ?8, ?9, ?10, ?9 (11) y sus variantes estereoquímicas), en conjunto conocidos como "marihuana", haber solicitado una autorización para los actos que pretende ante una autoridad gubernamental o sanitaria y que ésta se le haya negado. Encuentra sustento lo anterior, en la tesis número P. XCVII/95, visible en la página 92, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Noviembre de 1995, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, de rubro: "LEYES HETEROAPLICATIVAS. PARA QUE SEA PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN, EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU INTERÉS JURÍDICO". En el caso, de un lectura integral de la demanda se advierte que el quejoso solicita el amparo y protección de la justifica federal argumentado únicamente que es consumidor del estupefaciente denominado cannabis sativa, índica, americana, lo que, a su decir, constituye la aplicación de las normas reclamadas, sin embargo, no reclama un acto emitido por una autoridad en específico que le este ocasionando afectación a su esfera de derechos, motivo por el cual, se estima que no acredita que las normas generales controvertidas le fueron aplicadas, de ahí que no le causa perjuicio alguno. En ese sentido, la manifestación del quejoso en el sentido de "ser consumidor lúdico de la cannabis sativa", constituye un acto de aplicación, en realidad es el acatamiento de una norma de forma autoaplicativa y no una prohibición expresa a través de un acto de autoridad como una norma heteroaplicativa. De esta forma, se reitera, las normas reclamadas son de naturaleza heteroaplicativa, toda vez que su materialización en un caso concreto, se encuentra supeditada a la realización de diversas conductas y eventos tendientes a hacer cumplir la prohibición establecida en dichas normas, entre éstas la negativa expresa de las autoridades para realizar las actividades de siembra, cultivo, cosecha, adquisición, posesión, comercio, transporte, uso y otros, del estupefaciente conocido como "marihuana", lo que en el caso no acontece; por lo que es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues las normas reclamadas requieren un acto de aplicación posterior a su entrada en vigor para causar una afectación. Además, tal y como se analizó con anterioridad, las normas reclamadas no pueden equipararse a aquellas que no necesitan la emisión de un acto de autoridad, y que son reclamables por una autoliquidación, como por ejemplo, las normas fiscales, pues como se observa dichas porciones normativas requieren del actuar de, entre otros, las autoridades sanitarias reguladoras del consumo lúdico, medicinal o para investigación de diversos estupefacientes. Lo anterior, de conformidad con la tesis P. LVII/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III, abril de 1996, página 124, de rubro: "LEYES. EL ACTO DE APLICACIÓN QUE DETERMINA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO DEBE CAUSAR PERJUICIO AL QUEJOSO". En el caso, como se evidenció en párrafos que anteceden, la disposición de observancia general no se concretó en la esfera jurídica del quejoso, de ahí que al no existir un acto de aplicación, resulta improcedente. En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia invocada en relación al acto reclamado, SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA DEMANDA DE GARANTÍAS, con fundamento en los artículos 17, 61, fracción XII y 113 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número 2ª./J.57/2017 (10a), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1078, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 43, Junio de 2017, Tomo II, que establece: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO." Sin que sea óbice a lo anterior las manifestaciones formuladas por el quejoso, en el sentido de que debido al consumo de cannabis sativa, índica, americana, se encuentra en un supuesto de ilegalidad, y por tal motivo puede ser sujeto de alguna sanción por parte de la autoridad sanitaria correspondiente, toda vez que dicho actos constituyen actos futuros de realización incierta. Aunado a lo anterior, cabe señalar que de ser el caso que se llegue a aplicar alguna sanción al solicitante de amparo debido al consumo de cannabis sativa, índica, americana, dicho acto no formaría parte de la litis planteada en este asunto, además de que de admitirse la demanda de amparo, es incuestionable que en el sumario constitucional el quejoso de forma alguna podrá acreditar la existencia de un acto de autoridad, con motivo de lo que sostiene constituye su aplicación, a saber, el consumo del referido estupefaciente. Es aplicable a lo anterior, por el criterio que contiene, la jurisprudencia número 3a./J. 27/90, emitida por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 229, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, Primera Parte, Enero a Junio de 1990, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD". Asimismo, conviene precisar que el presente proveído atiende a lo previsto en el artículo 17 constitucional, toda vez que prevenir, admitir y dar trámite a la demanda que se plantea a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte quejosa tenga conocimiento del resultado del análisis preliminar de la demanda y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario, pues desde este momento puede acudir a los medios ordinarios para defender sus derechos, no esperando así, el dictado de una resolución en la que se reiteren, sustancialmente, los argumentos contenidos en el presente acuerdo y, por ende, que se le obligue durante todo el tiempo que dure la tramitación del juicio a tolerar los actos que estima lesivos de sus derechos humanos, sin que exista solución para ellos en la presente vía. Téngase a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, y como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que refiere. Notifíquese conforme a derecho.Así lo acuerda y firma el Juez Francisco Javier Cavazos Argüelles, Titular del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario ante quien actúa y da fe. Juan Pablo.
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