Luis Guillermo Rizo Sandoval

Expediente 1252/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 9 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1252/2020
Año
2020
Actuaciones
9
Última actuación
10/03/2021

Partes del expediente

  • Luis Guillermo Rizo Sandoval

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que feneció el término que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra el auto de catorce de diciembre de dos mil veinte que sobreseyó en el juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2, se declara que dicho auto ha causado estado. Ello, con independencia de la notificación a las demás partes, pues con motivo del sobreseimiento, quedó intocado lo que se reclamó y las cosas quedaron en el estado que guardaban antes de la substanciación del presente juicio, de ahí que dicha determinación solo podría causar perjuicio a la parte quejosa. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis XI.3º.4 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible a foja 306, tomo VII, junio de 1998, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y archívese el presente asunto por estar concluido. En cumplimiento a lo ordenado por el ACUERDO GENERAL, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE VALORACIÓN, DEPURACIÓN, DESTRUCCIÓN, DIGITALIZACIÓN, TRANSFERENCIA Y RESGUARDO DE LOS EXPEDIENTES JUDICIALES GENERADOS POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se determina lo siguiente: a) El presente expediente, a consideración de este órgano jurisdiccional, no se considera de relevancia documental ni conservable, ya que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos en los artículos 15 y 17 del mencionado acuerdo general. b) En el expediente en que se actúa se emitió una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido; consecuentemente, es susceptible de destrucción, de suerte que, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. c) En acatamiento a lo dispuesto en el artículo 35 del referido acuerdo general, Indíquese en la caratula del expediente la anotación de destruible. En esas condiciones, se ordena que notificado que sea el presente acuerdo, se archive este asunto como concluido. Finalmente, en acatamiento al artículo 21, del citado acuerdo Plenario, se ordena notificar a la parte quejosa para que acuda a este órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubiere exhibido en el expediente, apercibida que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa

  2. Principal

    -Por este medio se notifica a la parte quejosa el proveído de diez de marzo en curso que dice: Se declara que el auto de catorce de diciembre de dos mil veinte, ha causado estado. Archívese. Se ordena notificar a la parte quejosa para que acuda a este órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles a recuperar los documentos originales que hubiere exhibido en el expediente, apercibida que de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos.

  3. Principal

    Notificación personal

  4. Principal

    Visto el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual remite copia certificada del testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de inconformidad 37/2020 de su índice; por tanto, con fundamento en el artículo 26 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes para sus efectos, que dicho recurso fue resuelto en los siguientes términos: "ÚNICO. Es fundado el recurso de inconformidad.". Al respecto, con fundamento en los artículos 220 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta para los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; acúsese recibo de estilo. Ahora bien, los efectos para los cuales el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, revocó el auto impugnado, fueron los siguientes: "Bajo este contexto, lo procedente es revocar el auto impugnado mediante el cual se tuvo por cumplida la sentencia protectora y devolver los autos del juicio de amparo, a efecto de que el Juez de Distrito verifique que la responsable ha cubierto la totalidad de prestaciones que deben pagarse por el periodo comprendido del quince de octubre de dos mil diecinueve (día siguiente al periodo cuantificado en el incidente de liquidación) al catorce de septiembre de dos mil veinte (día en que se hizo el pago), tal como quedó establecido en el amparo en revisión 818/2017, dictado por este Tribunal Colegiado, en el entendido de que deberá observarse también la salvedad ahí establecida, consistente en que la responsable deberá realizar la retención de impuestos que establezcan las disposiciones tributarias; además de que, en su oportunidad, deberá darse vista al quejoso con el informe y constancias que aporte la responsable, en relación con el cumplimiento de la sentencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo y respetarse íntegramente el plazo de tres días que tiene para formular manifestaciones. Finalmente, este Tribunal Colegiado considera que no se está en presencia de una absoluta abstención de la autoridad para cumplir con la ejecutoria de referencia, pues en el presente caso, existen actos realizados por la citada autoridad responsable, esto es, en el juicio de amparo obra glosada copia certificada del acuse de recibo firmado por la parte quejosa, relativo al cheque *****valioso por *******, que demuestra, en principio, la intención de cumplir con el fallo protector, por lo que se estima que no debe dictaminarse, de momento, sobre la aplicación inmediata del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." De lo anterior, se tiene que, en acatamiento a lo ordenado por el tribunal revisor en la ejecutoria de mérito, este juzgado deberá determinar la cantidad exacta que deben pagar las autoridades responsables al quejoso, desde el quince de octubre de dos mil diecinueve (día siguiente al periodo cuantificado en el incidente de liquidación) a catorce de septiembre de dos mil veinte (día en que se hizo el pago). En consecuencia, para estar en aptitud de determinar dicha cantidad, con fundamento en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades Director General de Recursos Humanos y Tesorería Municipal, ambas del Ayuntamiento Constitucional de Chapala Jalisco, para que dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la respectiva notificación, remitan la siguiente información: El tabulador de sueldos o Lista de raya (forma tabular) relativo al cargo que ostentaba el quejoso Juan Manuel Pulido Topete, referente al periodo comprendido de septiembre de dos mil diecinueve a septiembre de dos mil veinte. Informe y realice el desglose cuantitativo de las prestaciones de: pago de salarios, prima vacacional, y aguinaldo, correspondientes al puesto que desempeñaba el quejoso como elemento de Seguridad Pública adscrito a la Dirección General de Seguridad Pública del Ayuntamiento Municipal de Chapala, Jalisco del quince de octubre de dos mil diecinueve a catorce de septiembre de dos mil veinte. Apercibido que de no hacerlo sin causa justificada, se impondrá a su titular, una multa de cien unidades de medida y actualización diaria, equivalente a $8,688.00 (ocho mil seiscientos ochenta y ocho pesos 00/100 moneda nacional) de conformidad con los artículos 238 y 258 de dicha legislación, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir con el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, en acatamiento al numeral 192, segundo párrafo, 193, primer párrafo, y 194 de la Ley de Amparo, se ordena notificar y se requiere al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Chapala, Jalisco, quien resulta ser el superior jerárquico de las autoridades requeridas, para que les ordene a éstas, cumplir con la ejecutoria de amparo, y remita a este juzgado constancia fehaciente de que lo hizo, apercibido que de no hacerlo, esto es, no demostrar que dio la orden, se le impondrá una multa en los términos señalados en el párrafo que antecede, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que la autoridad obligada al cumplimiento.

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