Luis Guillermo Olín Gutiérrez
Expediente 465/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 25 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 465/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 02/03/2023
Partes del expediente
- Luis Guillermo Olín Gutiérrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, dos de marzo de dos mil veintitrés. I. Calificación de cumplimiento. Vista la cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera respecto a las acciones emprendidas por la responsable en atención a la sentencia dictada en autos; por tanto, resulta procedente se realice la calificación del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Mediante sentencia dictada en audiencia constitucional el veintisiete de julio de dos mil veintiuno, se decretó el sobreseimiento del juicio y se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los siguientes efectos: "87. SEXTO. Efectos de la concesión de amparo. En términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, corresponde al último considerativo de la sentencia precisar los efectos de la concesión del amparo, a saber: a) El Director Ejecutivo de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, dependiente de la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, deberá desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa, los preceptos legales que han sido declarados inconstitucionales; en el entendido que tal concesión implica la protección contra su aplicación presente y futura, de conformidad con el criterio sustentado por el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE UNA SENTENCIA QUE LO OTORGA, SON LOS DE QUE PROTEGEN AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA". b) La citada autoridad deberá dejar insubsistente el oficio número ********************de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, y en su lugar debe emitir otro en el que otorgue a la parte quejosa la autorización sanitaria para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos -adquirir la semilla, sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar- del estupefaciente "cannabis" (sativa, índica y americana o mariguana, su resina, preparados y semillas) y del psicotrópico "THC" (tetrahidrocannabinol, los siguientes isómeros: A6a (10ª), Aba (7), A7, A8, A9 (11) y sus variantes estereoquímicas, en conjunto conocido como marihuana, únicamente por las cantidades permisibles y razonables, como es acorde con la Ley General de Salud. c) En el entendido de que corresponderá al Director Ejecutivo de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, dependiente de la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, establecer los lineamientos y modalidades de la adquisición de la semilla, quedando evidentemente obligada a tomar todas las medidas necesarias para dar cauce al derecho reconocido. 88. En la inteligencia de que la concesión del amparo no es para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refieran a la enajenación y/o distribución de las sustancias antes aludidas. 89. Asimismo, el ejercicio del derecho no debe perjudicar a terceros, ni podrá llevarse a cabo frente a menores de edad, ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hayan brindado su autorización, tal y como lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 90. De igual manera, una vez precisados los efectos de la concesión del amparo, al igual que lo hizo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se destaca que si bien en el presente fallo se enfatizó que no se realiza pronunciamiento alguno sobre las cuestiones penales inherentes al uso de la marihuana; al haberse declarado la inconstitucionalidad de las disposiciones de la Ley General de Salud que prohíben su uso lúdico, con la consecuencia de permitir al impetrante recibir una autorización por parte de la Secretaría de Salud para realizar todas las actividades necesarias para ese fin, es inconcuso que en ejercicio de este derecho la parte quejosa no incurrirá en los delitos Contra la Salud previstos tanto por la propia Ley General de Salud como por el Código Penal Federal. 91. Lo anterior, porque los delitos que se prevén en los artículos 194, fracción I, 195, 195 Bis y 196 Ter del Código Penal Federal, así como en los artículos 475, 476 y 477 de la Ley General de Salud, tienen un elemento típico de carácter normativo consistente en que la conducta debe realizarse "sin la autorización correspondiente", por lo que si uno de los efectos de la concesión del amparo fue que se otorgara la autorización a que se ha hecho referencia, se concluye que el quejoso ya no podrá incurrir en alguno de los mencionados delitos en cuestión, en los términos apuntados en este fallo. 92. Igual determinación debe adoptarse en materia de las infracciones administrativas que se establecen en la Ley General de Salud, concretamente las que se tipifican en los artículos 421 y 421 Bis de la citada Ley, ya que tales infracciones y sanciones se generan por la violación a los preceptos legales que han sido declarados inconstitucionales, por lo que si tales prohibiciones no podrán ser aplicadas a la parte quejosa en lo presente y futuro, tampoco podrán incurrir en las infracciones que se relacionen con el uso lúdico que se ha autorizado. 93. En relación al resto de los tipos penales previstos en el Código Penal Federal en materia de narcóticos que no cuentan con el elemento típico de "sin la autorización correspondiente", como lo son los contenidos en el artículo 194, fracciones II, III y IV; 196 Ter; 197 y 198, se destaca que los mismos no van dirigidos a sancionar la actividad que pretende realizar la parte quejosa, por lo que ésta no queda exenta de incurrir en su aplicación." Luego, en auto de trece de agosto de dos mil veintiuno, la representación del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, interpuso recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en autos, mismo que por razón de turno correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito. Por resolución de ocho de diciembre de dos mil veintidós, la Superioridad resolvió: "PRIMERO. Queda Firme por falta de impugnación el sobreseimiento decretado en el considerando cuarto de la sentencia que se revisa. SEGUNDO. En la materia de la Revisión se confirma la sentencia recurrida. TERCERO. Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra los actos reclamados a la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, ambas de Congreso de la Unión, así como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, integrantes del proceso legislativo origen de la Ley General de Salud, en específico, los artículos 235, ultimo párrafo, 237, 245, 247 y 248; así como su aplicación relativa al oficio ********************, de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, atribuido al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios; por los motivos y para los efectos expuestos en el considerando sexto de la misma. En el entendido de que la protección de la Justicia Federal es por vicios de fondo" Por auto de diez de enero del año en curso, se recibió el testimonio de la ejecutoria pronunciada por el Tribunal de Alzada, y se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento del fallo protector. Así, mediante oficio agregado en auto de veinte de febrero de dos mil veintitrés, se tuvo a la representación del Director Ejecutivo de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas, dependiente de la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios, informando que dejó insubsistente el oficio número ********************de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, y en su lugar emitió otro en el que desincorporó de su esfera jurídica los artículos 235 último párrafo, 237, 245 fracción I, 247 245 y 247 último párrafo y 248, de la Ley General de Salud y autorizó a la parte quejosa para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos; sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer y transportar, asimismo para la adquisición legal de la semilla de "cannabis". Luego, confrontando los efectos de la concesión del amparo con las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con las documentales allegadas se advierte el cumplimiento al fallo protector. Sin que la parte quejosa se opusiera o realizara manifestación alguna al respecto. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia de amparo, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo, pues como quedó expuesto, se ha restituido a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental que le fue vulnerado. Sirve de sustento a lo anterior, la tesis 2a/J.60/2014 (10ª), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 741 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, 6 de Mayo de 2014, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE AMPARO DEBE ASEGURARSE QUE SE MATERIALICEN LOS DEBERES IMPUESTOS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN LA SENTENCIA PROTECTORA." También es de invocarse la tesis 1a./J.75/2014 (10ª.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 627 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo I, 12 de noviembre de 2014, titulada: "RECURSO DE INCONFORMIDAD, PARA EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO DEBEN ATENDERSE SUS CONSIDERACIONES Y LINEAMIENTOS Y NO SOLO SUS EFECTOS, LOS CUALES ACONTAN LA LIBERTAD DE JURISDICCION DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES." II. Archivo y destino del expediente. Archívese este expediente como asunto totalmente concluido; en el entendido de que de conformidad con el artículo 18, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de depuración, la cual ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de tres años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. En la inteligencia de que el expediente en que se actúa, no se considera de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos que se señalan en el artículo 15 del mencionado Acuerdo. III. Devolución de documentos originales. Ahora bien, toda vez que, en el expediente en que se actúa, se advierte que sí existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del artículo 3 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se requiere a la parte quejosa a fin de que dentro del plazo de noventa días naturales, acuda a este juzgado a recoger tales documentos, apercibida que en caso de ser omisa, dichos documentos serán destruidos, en términos del antepenúltimo párrafo del citado ordinal 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, veinte de febrero de dos mil veintitrés. I. Oficio. Agréguese a los autos el oficio signado por la Subdirectora Ejecutivo de lo Contencioso en representación del Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la COFEPRIS, mediante el cual, remite copia de las constancias con las que considera dar cumplimiento al fallo protector. II. Vista Ahora, con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con el contenido del oficio de mérito y su anexo, a fin de que en el término de tres días, contado a partir de la notificación que se le haga del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga, bajo apercibimiento legal que de no hacerlo así, se procederá a resolver sobre dicho cumplimiento, con base en los elementos que obran en el expediente. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, dieciocho de enero de dos mil veintitrés. I. Oficio -informa- Vista la cuenta, agréguese a los autos el oficio con evidencia criptográfica del Jefe de Departamento adscrito a la Oficina del Abogada General, en representación del Secretario de Salud por sí, y en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos; mediante el cual, sostiene que las autoridades aludidas carecen de acciones de ejecutar en virtud de los efectos de la concesión del amparo, circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Santiago de Querétaro, Querétaro, diez de enero de dos mil veintitrés. I. Testimonio de recurso de revisión. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, mediante el cual devuelve los autos originales del presente asunto y remite testimonio de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión administrativa ... de su índice, de cuyo contenido se advierten los siguientes resolutivos: "[.] PRIMERO. Queda Firme por falta de impugnación el sobreseimiento decretado en el considerando cuarto de la sentencia que se revisa. SEGUNDO. En la materia de la Revisión se confirma la sentencia recurrida. TERCERO. Justicia de la Unión ampara y protege a ..., contra los actos reclamados a la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, ambas de Congreso de la Unión, así como Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, integrantes del proceso legislativo origen de la Ley General de Salud, en específico, los artículos 235, último párrafo, 237, 245, 247 y 248; así como su aplicación relativa al oficio ..., de diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, atribuido al Director Ejecutivo de Regulación de Estupefacientes, Psicotrópicos y Sustancias Químicas de la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios; por los motivos y para los efectos expuestos en el considerando sexto de la misma. En el entendido de que la protección de la Justicia Federal es por vicios de fondo. [.]" Acúsese recibo. Hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; glósese el cuaderno de antecedentes que se encontraba formado y efectúense las anotaciones en el libro de gobierno. II. Requiere cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades vinculadas al cumplimiento de la sentencia, para que, dentro del plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES, en lo que a su esfera competencial corresponde, cumpla con los efectos establecidos en la sentencia emitida por este juzgado, plazo que se fija atendiendo al cúmulo de expedientes y el procedimiento que debe instrumentar para acatar el fallo de amparo. III. Apercibimiento. Con fundamento en los artículos 192, 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a la citada autoridad, que en caso de no dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en el plazo precisado, se hará acreedora a una multa equivalente a cien días de salario mínimo vigente, cuya cuantía va en proporción al cargo que ostenta y salarios que por esa causa reciben; asimismo, al margen de la multa que se le imponga, en caso de contumacia, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. En la inteligencia de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de Medida y Actualización, en términos del Transitorio Segundo del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, actualización publicada el diez de enero de dos mil veintidós. IV. Responsabilidad en que pueden incurrir las autoridades responsables. Se hace del conocimiento de las autoridades requeridas que conforme con lo dispuesto por el artículo 267 de la Ley de Amparo, incurren en responsabilidad penal aquellos funcionarios que incumplan una sentencia de amparo o no la hagan cumplir, en cuyo caso se les impondrá una pena de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, y que además, la pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento, pero sobre todo, que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 del propio ordenamiento, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, sino que sólo se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y acúsese recibo a la superioridad.
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