Luis Guillermo Laguna Guzmán
Expediente 1242/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1242/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Luis Guillermo Laguna Guzmán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
León, Guanajuato, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Razones actuariales (inexistencia de autoridad). De las razones de cuenta se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario judicial adscrito para emplazar a las autoridades responsables ahí señaladas; por tanto, dese vista a la parte quejosa -por única ocasión- para que dentro del plazo de cinco días contado a partir de que surta efectos la presente notificación, precise, aclare o corrija el nombre de dicha autoridad. Apercibida que en caso de no hacerlo así, se tendrán por inexistentes y se suspenderá toda comunicación oficial con ellas. Ello, pues como se destacó en el auto admisorio, es obligación de la parte quejosa el señalar con precisión la denominación de las autoridades responsables, pues la ley de la materia no prevé que en ese aspecto opere la suplencia de la queja; circunstancia que, se reitera, guarda armonía con el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. Informes con justificación. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendidos los informes con justificación de los agentes del Ministerio Público números 01, 03, 04 y 06 de la Unidad de Investigación de Tramitación Común de la Fiscalía Regional del Estado de Guanajuato, Regional "A"; dese vista a las partes con ellos para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de relacionarse en la audiencia constitucional. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.
- Incidental
León, Guanajuato, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: Razones actuariales (inexistencia de autoridad). De las razones de cuenta se advierte la imposibilidad que tuvo el actuario judicial adscrito para emplazar a las autoridades responsables ahí señaladas; por tanto, dese vista a la parte quejosa -por única ocasión- para que dentro del plazo de cinco días contado a partir de que surta efectos la presente notificación, precise, aclare o corrija el nombre de dichas autoridades. Apercibida que en caso de no hacerlo así, se tendrán por inexistentes y se suspenderá toda comunicación oficial con ellas. Ello, pues como se destacó en el auto de apertura del incidente de suspensión, es obligación de la parte quejosa el señalar con precisión la denominación de las autoridades responsables, pues la ley de la materia no prevé que en ese aspecto opere la suplencia de la queja; circunstancia que, se reitera, guarda armonía con el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita; y al principio de celeridad procesal. Informes previos. Con fundamento en el artículo 140 de la Ley de Amparo, téngase por rendidos los informes previos de los agentes del Ministerio Público números 01, 03, 04 y 06 de la Unidad de Investigación de Tramitación Común de la Fiscalía Regional del Estado de Guanajuato, Regional "A"; los cuales deberán relacionarse en la audiencia incidental. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Paola Patricia Ugalde Almada, Jueza Decimoprimera de Distrito en el Estado de Guanajuato, quien actúa asistida de Karen Ayled Negrete Silva, secretaria que da fe. Doy fe. Firmado electrónicamente. ZHT.
- Incidental
veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés19256veintitrés de noviembre de dos mil veintitrésVista la cuenta que antecede se provee: TRÁMITE DEL INCIDENTE. En cumplimiento a lo ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, con las copias de la demanda de amparo que anteceden, con fundamento en el artículo 125 de la Ley de Amparo, fórmese y tramítese el incidente de suspensión de los actos reclamados del juicio de amparo 1242/2023, promovido por********************contra actos de la Agencia del Ministerio Público número Uno y otras autoridades. INFORME PREVIO. En acatamiento a lo establecido por los diversos 138, fracción III y 140 de la ley de la materia, remítase copia de la demanda a las autoridades señaladas como responsables y requiéraseles su informe previo que deberán rendir en el plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS, en el que señalará: 1. Si son ciertos o no los actos reclamados que se les atribuyen. 2. Podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión; y 3. Deberán proporcionar los datos que permitan establecer el monto de las garantías correspondientes. De conformidad con lo establecido por los artículos 237 fracción I, 238, 245 y 260, fracción II, de la ley de la materia, se apercibe a las autoridades responsables, con la aplicación de multa por el equivalente de cien Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación. i) En caso de que se nieguen a recibir las notificaciones derivadas del juicio de garantías; o ii) Se abstengan o sean omisas en rendir el informe previo o lo hagan sin remitir, en su caso, los datos solicitados en supralíneas. Esta última sanción se aplicará al celebrar la audiencia incidental con independencia de presumir ciertos los actos reclamados. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, comuníquese a las autoridades señaladas como responsables que si del contenido de su informe se advierte que afirmaren una falsedad o negaren la verdad; o, en su caso remitieren constancias equivocadas, podrán ser sancionadas en los términos que señala el indicado arábigo. De igual forma, se hace del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que con motivo de este juicio se les dirija, por lo que en caso de negarse a recibirlos sin una excusa de imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de las autoridades, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir sus respectivos informes; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto. AUTORIDADES INEXISTENTES. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley en cita); en consecuencia, se apercibe a la parte quejosa que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se les tendrá por inexistentes, suspendiéndose toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación; salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de la autoridad responsable; tomando en consideración que corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. AUDIENCIA INCIDENTAL. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON DOS MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS para que tenga lugar la audiencia incidental en el local de este juzgado. COMUNICACIÓN DE EVENTUALES DIFERIMIENTOS. Se les hace saber a las autoridades que los posibles diferimientos de la audiencia les serán notificados por lista, ello en razón de que dicha actuación no se considera trascendental para ser escuchadas en el procedimiento, aunado a que la nueva fecha podrá ser consultada el día hábil posterior a la señalada, directamente en la página de internet https://www.cjf.gob.mx/consultas.htm en la pestaña "Lista de Acuerdos y de Sesión", así como vía consulta del expediente electrónico que se habilite. Lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de título y subtítulo: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", sobre todo, en la parte que indica que el capítulo de notificaciones previsto en la Ley de Amparo, prevé un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que, por exclusión, deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado; por tanto, para determinar la forma en que ordenará esa notificación, esta juzgadora está en aptitud de atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. ACTO RECLAMADO. La parte quejosa señala como tal: La orden de detención, presentación y/o comparecencia y su ejecución. PRETENSIÓN DE LA SUSPENSIÓN. El quejoso solicita la suspensión del acto reclamado para el efecto de que "que se ordene a las autoridades señaladas como responsables de ejecutar acto alguno de molestia en contra de mi libertad personal". SE CONCEDE SUSPENSIÓN. En términos de lo dispuesto por los artículos 136, 139, 162 y 166 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión provisional a efecto de que no se prive de la libertad personal a ******************** hasta en tanto se notifique lo que se resuelva sobre la suspensión definitiva. Lo anterior, siempre que la orden que reclama no provenga de autoridad judicial o derive de casos urgentes cuando se trate de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, y ante el riesgo fundado de que la indiciada pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancias, en cuyo caso, dicha autoridad deberá fundar y expresar los indicios que motiven su proceder y, además, que el quejoso no sea sorprendido en flagrante delito. Asimismo, la autoridad que acepte la existencia del acto reclamado, deberá informar si el delito por el que se libró la orden reclamada, es de índole patrimonial, si el mismo está tipificado como grave por la legislación local aplicable, y en su caso, el monto al que asciende la reparación del daño o la afectación patrimonial. En la inteligencia, claro está, de que por ningún motivo se podrán ejecutar en contra de la parte quejosa alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional. REQUISITOS DE EFICACIA DE LA SUSPENSIÓN BAJO LOS SUPUESTOS ENUNCIADOS EN LOS INCISOS B) Y C). Para estar en condiciones de fijar los requisitos de eficacia a fin de que la presente medida cautelar surta efectos, es conveniente establecer que el imperativo 168 del cuerpo legal en consulta, establece textualmente lo siguiente: "Artículo 168. Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecten la libertad personal, el órgano jurisdiccional de amparo deberá exigir al quejoso que exhiba garantía, sin perjuicio de las medidas de aseguramiento que estime convenientes. Para fijar el monto de la garantía se tomará en cuenta: I. La naturaleza, modalidades y características del delito que se le impute; II. Las características personales y situación económica del quejoso, y III. La posibilidad de que se sustraiga a la acción de la justicia." Como se advierte, son tres los requisitos que debe tomar en cuenta el órgano de control constitucional para la fijación de la garantía que deberá satisfacer la parte quejosa. En relación al primero "La naturaleza, modalidades y características del delito que se impute al quejoso", no se desprende de la demanda de amparo. En cuanto al segundo de los elementos referente a las "características personales y situación económica del quejoso", tampoco se advierte de la demanda dato alguno, no obstante que le correspondía hacerlo. Tiene aplicación a lo anterior, por su contenido el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, cuyo contenido es el siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN. ESTA A CARGO DEL QUEJOSO MANIFESTAR EN LA DEMANDA DE AMPARO LO REFERENTE A SU SITUACIÓN ECONÓMICA PARA SER TOMADA EN CUENTA AL MOMENTO EN QUE SE FIJE LA GARANTÍA RESPECTIVA." Respecto al tercero de los elementos consistente en valorar la "posibilidad de que el quejoso se sustraiga a la acción de la justicia", no existe ningún dato revelador de dicha circunstancia. GARANTÍA. Con fundamento en el artículo 132 de la Ley de Amparo la suspensión concedida surte efecto desde luego, pero dejará de hacerlo si dentro del plazo de CINCO DÍAS, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, la parte quejosa no exhibe garantía por la suma de $5,000.00 (diez mil pesos con 00/100 moneda nacional) en efectivo, a través de certificado de depósito, el que deberá ser expedido por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, o bien, en cualquiera de las otras formas establecidas por la ley; garantía que servirá para asegurar los posibles daños y perjuicios que se pudieran ocasionar a la parte tercera interesada con el decretamiento de esta medida suspensional en caso de que la parte quejosa no obtenga resolución favorable en el amparo, sin perjuicio de aumentarla o disminuirla en vista de algún dato superveniente que quede probado en este cuaderno. Monto de la garantía que se fija discrecionalmente pues de los antecedentes del acto reclamado no se obtiene diverso parámetro para fijar dichos daños y perjuicios, por lo que, en el particular, se hace uso de la discrecionalidad establecida en el artículo 132 de la Ley de Amparo. En el entendido que de no exhibirla en el plazo de CINCO DÍAS, este juzgado comunicará a las autoridades responsables que queda expedita su jurisdicción para ejecutar el acto reclamado. Es pertinente señalar que si la garantía fijada se exhibe en billete de depósito, éste debe ser constituido ante el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, de conformidad con el artículo 877 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado el dos de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. Tiene aplicación a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia cuyo rubro y texto a continuación se citan: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL, FIJACIÓN DEL MONTO DE LA GARANTÍA PARA LA. DEBE HACERSE ATENDIENDO A LAS CIRCUNSTANCIAS DEL CASO. El artículo 125, párrafo primero de la Ley de Amparo, establece la obligación de señalar a todo quejoso una garantía en caso de otorgársele la suspensión provisional siempre que haya tercero perjudicado, y que con la concesión de la medida se le pudieran causar daños y perjuicios en caso de que dicho agraviado no obtuviera sentencia favorable. Aunque el precepto citado no señala los motivos que deben tomarse en cuenta en la fijación de la garantía, se considera que la misma debe hacerse teniendo presentes los datos que se desprendan de las propias actuaciones de acuerdo a lo siguiente: no existe algún precepto de la ley citada que disponga lo contrario a lo que afirma (o sea, que fije la garantía basándose el Juez de Distrito en los hechos o pruebas que existen en el amparo); por el contrario el mismo ordenamiento faculta al juzgador para hacer la fijación "discrecionalmente" cuando con la suspensión pudieran afectarse derechos no estimables en dinero, lo que significa que dicho señalamiento debe hacerse atendiendo a las circunstancias del caso y sin tener que allegarse pruebas distintas de las que ya existen en el expediente; toda vez que la vigencia de la suspensión provisional únicamente perdura por setenta y dos horas (ese es el término máximo en que, por regla general, debe celebrarse la audiencia incidental y sabido es que en ella se decide sobre la suspensión definitiva que de inmediato hace cesar la provisional), es lógico que para determinar la garantía que debiera exhibirse para que surtiera efectos dicha medida provisional, tuviera que recabarse un avalúo bancario, pues, atendiendo al referido plazo mínimo de vigencia de la suspensión de que se viene hablando, el quejoso no tendría oportunidad siquiera de recabarlo, podría objetarse y ofrecerse otro, no habría razón para dejar inaudito al tercero perjudicado al no brindársele la opción de poder exhibir él a su vez otro avalúo, etcétera". La garantía respectiva, ya sea en billete de depósito o póliza de fianza, deberá contener el texto siguiente en el apartado "concepto": "Para garantizar la suspensión concedida a********************en el incidente de suspensión 1242/2023". En el entendido que no se aceptará el billete si tiene inscripción diversa; asimismo, en el momento procesal en que se considere procedente la devolución de la citada garantía, el billete será endosado a nombre de la persona que aparezca como depositante; pero solo se entregará a la parte quejosa, o bien, a su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Asimismo, esta medida suspensional, como ya se dijo, surte efectos desde luego, acorde con lo establecido en el artículo 139 de la Ley de Amparo, pero no surtirá efecto legal alguno si las autoridades responsables actúan en cumplimiento de alguna ejecutoria de amparo cuya naturaleza intrínseca tiende a restablecer el orden constitucional que en sentencia firme se estimó violado. Al respecto es de aplicarse la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, contenida en la página 490, tomo VII, enero 1991, del Semanario Judicial de la Federación, que señala: "SUSPENSIÓN. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA EL ACTO QUE TIENDE A DAR CUMPLIMIENTO A UNA EJECUTORIA DE AMPARO. La suspensión solicitada contra el acto que tiende a dar cumplimiento a una ejecutoria de amparo es improcedente, porque en su cumplimiento está directamente interesada la sociedad". EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se autoriza desde este momento expedir a las partes copia de las constancias del expediente que soliciten durante la tramitación del presente asunto, que será entregada a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia que se realice ante el secretario encargado del asunto; en el entendido de que dicha autorización comprende la expedición de un solo juego de copias certificadas. De igual forma, se habilita la expedición de copias certificadas de forma electrónica, autorizadas mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), ya sea por correo electrónico, previa designación de las partes de una dirección de correo electrónico para ello, o bien, mediante resguardo digital en USB a la persona autorizada que acuda en modalidad presencial; de lo que se levantará la constancia respectiva. PROMOCIONES QUE NO INCIDEN EN LA PROSECUCIÓN EFECTIVA DEL JUICIO, DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva, en la medida de lo posible, la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaría judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar al expediente aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicidad de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde auto inicial). En similares términos se agregarán los oficios o escritos presentados por las partes que no incidan en la prosecución efectiva del juicio, tales como notificaciones a los peritos, gestiones para hacer efectivas multas, etcétera. Lo anterior en estricta observancia al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con la finalidad de que el expediente se encuentre disponible el mayor tiempo posible para consulta de las partes. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la citada ley de la materia, a efecto de salvaguardar la posibilidad de las partes de objetar los documentos exhibidos en el juicio, se les hace de su conocimiento que únicamente podrán ser devueltos cuando cause ejecutoria la sentencia o determinación que ponga fin al juicio; en el entendido que, en su lugar, se dejará copia a costa del solicitante, y será certificada o cotejada posteriormente por el secretario. SE EXHORTA A LAS PARTES A SEGUIR EL JUICIO EN LÍNEA. Como se expuso al inicio de este acuerdo, la tramitación del juicio, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, con independencia del tipo de asunto o materia, se realizarán a través del Sistema Electrónico; por tanto, de ser posible, las partes deberán continuar la tramitación del asunto desde el Portal de Servicios en Línea. Para tal efecto podrán tramitar su firma electrónica, o bien, solicitar el acceso al expediente electrónico a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea. Se informa a las partes que todas las personas autorizadas para acceder a los expedientes judiciales, incluidas quienes actúen bajo el esquema físico, deberán consultarlo en su versión electrónica. Para este propósito, quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado esta modalidad, podrán hacerlo al acudir presencialmente a este órgano jurisdiccional, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta electrónica del expediente. ATENCIÓN VÍA TELEFÓNICA Y MEDIANTE EL USO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS DE COMUNICACIÓN. Tratándose de comunicaciones no procesales, se autoriza brindar atención a las personas justiciables vía telefónica y mediante el uso de medios tecnológicos convenidos para tal efecto (correo electrónico, incluso videollamada en casos urgentes), debiendo tan solo conservar el registro de las comunicaciones hasta la conclusión del trámite. Para lo anterior, se solicita a las partes para que por escrito proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para establecer el contacto respectivo. Asimismo, para que indiquen si cuentan con las herramientas necesarias para ingresar al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial Federal. Se autoriza también desde este momento emplear excepcionalmente esta opción para comunicaciones procesales, siempre que las partes o autoridades no tengan acceso a actuar desde el Portal, bastando para ello la certificación en ese sentido y la confirmación de recepción de la comunicación, sin necesidad de acuerdo previo.Notifíquese.Así lo acordó y firma Paola Patricia Ugalde Almada, Jueza Decimoprimera de Distrito en el Estado de Guanajuato, quien actúa asistida de Karen Ayled Negrete Silva, secretaria que da fe. Doy fe.
- Principal
CUENTA. En la ciudad de León, Guanajuato, el veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, la secretaria da cuenta la certificación que antecede y con el estado procesal de autos. León, Guanajuato, veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: SE HACE EFECTIVO APERCIBIMIENTO. De la certificación que antecede y del estado procesal de autos, se advierte que el plazo para que la peticionaria cumpliera con la prevención formulada en auto de diez de noviembre del año actual feneció el veintidós de noviembre pasado; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado auto y no se tiene como acto reclamado la orden de aprehensión. SE ADMITE LA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 1, 107, 112, 115 y relativos de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, se admite la demanda promovida por *************, contra actos de la Agencia del Ministerio Público número Uno y otras autoridades. AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO. Acorde con lo establecido por los artículos 5, fracción IV, 24 y 110 de la ley de la materia, dese a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le corresponde, y para tal efecto, se ordena notificar a la servidora pública la radicación de este juicio mediante el usuario electrónico "PAMELASANCHEZ" proporcionado por ella y en atención a la solicitud contenida en su oficio FGR/010/2023 de doce de enero de dos mil veintitrés. Asimismo, infórmesele que queda a su disposición en este juzgado una copia de la demanda de amparo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. En términos de lo establecido por el artículo 115 del cuerpo de leyes en cita, con copia simple de la demanda, fórmese por cuerda separada el cuaderno original del incidente de suspensión respectivo. INFORME CON JUSTIFICACIÓN. Requiérase a las autoridades señaladas como responsables para que, en términos de lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo rindan su informe con justificación bajo los siguientes términos y condiciones: a) dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciban el oficio de notificación relativo, y con la debida anticipación que permita su conocimiento a la parte quejosa; b) es decir, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de audiencia constitucional; c) oportunidad en la que deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, acompañando, en su caso, copia certificada, íntegra y legible de las constancias necesarias para apoyarlo. APERCIBIMIENTO A LAS AUTORIDADES. De conformidad con lo establecido por los artículos 237 fracción I, 238, 244, 245 y 260, fracción II, de la ley de la materia, se apercibe a las autoridades responsables con la aplicación de multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía Nacional de Estadística y Geografía cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación. i) En caso de ser omisas en proporcionar el domicilio del tercero interesado; ii) En el supuesto de que se nieguen a recibir las notificaciones derivadas del juicio; y iii) Se abstengan o sean omisas en rendir el informe con justificación o lo hagan sin remitir, en su caso, copia certificada completa, legible y debidamente foliada, rubricada y entresellada, de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional. La sanción se aplicará al resolver el fondo del asunto con independencia de presumir ciertos los actos reclamados. Asimismo, con fundamento en el artículo 262, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, comuníquese a las autoridades señaladas como responsables que si del contenido de sus informes se advierte que afirmaren una falsedad o negaren la verdad o, en su caso, remitieren constancias equivocadas, podrán ser sancionadas en los términos que señala el indicado artículo. De igual forma, se hace del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que con motivo de este juicio se les dirija, por lo que en caso de negarse a recibirlos sin excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de las autoridades, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrán hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir sus respectivos informes; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto. APERCIBIMIENTO A LAS PARTES. Hágase del conocimiento de las partes que cuando tengan conocimiento de la actualización de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato y, de ser posible, acompañar las constancias que lo acrediten; apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días de Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo. En el mismo sentido, las partes que tengan conocimiento del fallecimiento del quejoso o del tercero interesado, deberán comunicarlo en forma inmediata a este órgano jurisdiccional, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así, se les impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 242 de la Ley de Amparo. AUTORIDADES INEXISTENTES. Con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79, de la Ley de Amparo); en consecuencia, se apercibe a la peticionaria que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indican en su demanda, sin mayor trámite, se les tendrá por inexistentes y se suspenderá toda comunicación con ellas; en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables. Lo anterior en mérito a que corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto, lo que guarda armonía en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DOCE HORAS CON DOS MINUTOS DEL CINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para que tenga lugar la audiencia constitucional en el local de este juzgado, conforme a lo dispuesto por el artículo 115 de la ley de la materia. COMUNICACIÓN DE EVENTUALES DIFERIMIENTOS. Se les hace saber a las autoridades que los posibles diferimientos de la audiencia les serán notificados por lista, ello en razón de que dicha actuación no se considera trascendental para ser escuchadas en el procedimiento, aunado a que la nueva fecha podrá ser consultada el día hábil posterior a la señalada, directamente en la página de internet https://www.cjf.gob.mx/consultas.htm en la pestaña "Lista de Acuerdos y de Sesión", así como vía consulta del expediente electrónico que se habilite. Lo anterior, tiene apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de título y subtítulo: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.", sobre todo, en la parte que indica que el capítulo de notificaciones previsto en la Ley de Amparo, prevé un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que, por exclusión, deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado; por tanto, para determinar la forma en que ordenará esa notificación, esta juzgadora está en aptitud de atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar.
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