Luis Guillermo Buenrostro García
Expediente 2261/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 2261/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 31/03/2023
Partes del expediente
- Luis Guillermo Buenrostro García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Se procede ordenar el archivo del presente expediente, como asunto concluido. El presente asunto es susceptible de destrucción. El órgano jurisdiccional conservará este juicio por el plazo de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido...
- Principal
No obra la constancia de notificación realizada a la parte quejosa respecto del proveído de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós. Se comisiona al funcionario judicial de la adscripción...
- Principal
Téngase al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, formulando alegato ministerial; se ordena agregar sin mayor trámite, toda vez que, el veinticinco de noviembre pasado, se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia constitucional...
- Principal
AVISO.- Por este conducto y en términos de lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso C, de la Ley de Amparo, se notifica a la parte QUEJOSA Luis Guillermo Buenrostro Garcia lo resuelto en auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, en cumplimiento a lo ordenado en auto de siete de marzo de dos mil veintitrés que en síntesis señala: Visto lo de cuenta se provee: se tiene por recibido el oficio que firma el Presidente Auxiliar y Secretaria, ambos de la Décima Quinta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, mediante el cual rinde informe justificado, lo anterior de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, téngasele ofreciendo como prueba documental la que allega a su oficio de cuenta, la que se tiene por ofrecida, admitida y desahogada en razón de su propia y especial naturaleza. Ahora bien, del análisis de la documental en mención, este juzgador advierte que en relación con el acto reclamado consistente en la omisión de la autoridad responsable de señalar fecha y hora para el desahogo de la totalidad de las pruebas admitidas a las partes en el juicio de origen, opera la causal de improcedencia, manifiesta e indudable que hace innecesario continuar con la tramitación del juicio; por ende, lo que se impone es sobreseer en el juicio fuera de audiencia, en términos del numeral 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del mismo, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Al respecto cabe precisar que la parte quejosa reclama, dentro de los autos del juicio laboral de origen, la omisión de la autoridad responsable de señalar fecha y hora para el desahogo de la totalidad de las pruebas admitidas a las partes en el juicio de origen; sin embargo, de las documentales de mérito, se acredita fehacientemente que en diecisiete de noviembre del año en curso, la autoridad responsable señaló fecha para el desahogo de las pruebas documental de informes, inspección ocular, y periciales, ofrecidas por las partes, así como tuvo por desahogadas las pruebas instrumental de actuaciones y presunción legal en su doble aspecto, siendo las pruebas pendientes por señalar fecha para su desahogo. De lo anterior se advierte que al momento de la presentación de la demanda de amparo (veinte de octubre de dos mil veintidós), tenía existencia jurídica el acto reclamado; sin embargo, la omisión atribuida a la autoridad responsable cesó el diecisiete de noviembre del año en curso, data en la que la autoridad responsable señaló fecha para el desahogo de las pruebas documental de informes, inspección ocular, y periciales, ofrecidas por las partes, así como tuvo por desahogadas las pruebas instrumental de actuaciones y presunción legal en su doble aspecto, siendo las pruebas pendientes por señalar fecha para su desahogo. Lo anterior evidencia que desapareció el motivo específico que dio origen al acto materia de estudio constitucional en comento; en consecuencia, se arriba a la conclusión de que han cesado los efectos del acto reclamado, ya que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales. De ahí que resulta evidente lo ocioso de realizar el examen de un acto que ya no tiene vida jurídica dado el hacer positivo de la autoridad responsable, puesto que las cosas retornaron al estado en que se encontraban antes de que el acto reclamado se produjera; luego, no es propio de los fines del amparo pronunciar sentencias respecto de actos que han quedado sin efectos y que, por tanto, ya no ocasionan agravio alguno al peticionario de amparo; en consecuencia, resulta improcedente el juicio intentado, a la luz de lo que dispone la fracción XXI del numeral 61 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es ilustrativa al caso la tesis P. CL/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro indica: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS, PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL" 1.Sustenta este mismo criterio la jurisprudencia 2a./J. 9/98, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO" 2.En tales condiciones, al actualizarse la hipótesis contemplada en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo que se impone es SOBRESEER en el juicio fuera de audiencia, en términos del numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, por cuanto hace a la omisión reclamada. Por tanto, déjese sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional.
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