Luis Guillermo Ávila Bugaril y Otros.

Expediente 120/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
120/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
22/03/2023

Partes del expediente

  • Luis Guillermo Ávila Bugaril y Otros.
  • Luis Guillermo Ávila Bugaril

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Recepción de exhorto. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, téngase recibido el oficio signado por el secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, mediante el cual remite debidamente diligenciado el exhorto ********************-V orden ********************, de dieciséis de marzo del presente año. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones correspondiente en el libro de gobierno y en el Sistema integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); sin que sea necesario ordenar el acuse de recibo relativo, toda vez que dicho Sistema lo generó al momento de su remisión. En esa tesitura, toda vez que por acuerdo de dieciséis de marzo del presente año, este juzgado federal se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por ********************, en favor de ********************, ******************** y ********************, declinando la competencia en favor del Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, en turno, se proveerá lo conducente respecto del exhorto que se recibe, hasta en tanto se tenga conocimiento de cuál órgano jurisdiccional con residencia en aquélla ciudad, se avocará al conocimiento de la demanda de amparo de que se trata. Informe relativo a la suspensión de plano. Por otra parte, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2o, téngase recibido y agréguese para que obre como corresponda, el oficio de la Directora del Centro Federal de Readaptación Social número 15, con sede en Villa Comaltitlán, Chiapas, mediante el cual rinde el informe relativo a la suspensión de plano concedida en el juicio en que se actúa, por ende, este juzgado toma conocimiento de las acciones efectuadas por la indicada autoridad para dar cumplimiento a la medida suspensional decretada en autos. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad Valles, San Luis Potosí, dieciséis de marzo de dos mil veintitrés. Identificación promovente y registro. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, en favor de ******************** y********************, contra actos del Director del Centro Federal de Readaptación Social Número 15 "CDS Chiapas". Regístrese su ingreso en el Libro Uno de Juzgado de Registro de Juicios de Amparo que se lleva en este órgano jurisdiccional, bajo el número ********************. Trámite de suspensión de plano y de oficio. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 15 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de oficio y de plano respecto del acto reclamado consistente en la falta de atención médica de la que señala la promovente, son objeto los directamente agraviados, así como respecto de cualquier acto de los previstos en los artículos 22 Constitucional y 15 de la Ley de Amparo, que pudiesen ser inferidos a los quejosos, ya que de llegar a consumarse harían físicamente imposible restituirlos en sus derechos violados; lo anterior, para el efecto de que cesen de inmediato dichos actos y se brinde a los quejosos la atención médica adecuada, bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad señalada como responsable. Por otra parte, solicítese a la autoridad responsable el informe relativo al inmediato cumplimiento de la suspensión de oficio y de plano, el cual deberá rendir veinticuatro horas posteriores al momento en que reciba el oficio por el que se le solicita, concretándose a comunicar sin demora el cumplimiento a la medida cautelar respecto del acto que se le atribuye; lo anterior con fundamento en artículo 126 de la Ley de Amparo, y con el apercibimiento que de no cumplir con lo requerido se le impondrá multa por la cantidad de cincuenta unidades de medida y actualización, con apoyo en el ordinal 237, fracción I, en relación con los diversos 238 y 259 de la Ley de Amparo. Es menester puntualizar que la medida aquí concedida no surtirá efecto legal alguno, si el acto reclamado proviene de una autoridad distinta a la señalada como responsable y si el acto resulta ser distinto al que aquí se combate. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número I. 3o. A. J/7, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Tomo III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989, visible en la página 951 Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que a la letra indica: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA: Constituyendo la suspensión de oficio una medida de carácter excepcional, autorizada en atención a la urgencia y gravedad del caso, la suspensión que llegare a decretarse en términos de la fracción I, del artículo 123 de la Ley de Amparo, únicamente surtiría efectos respecto de los actos que directamente pudieran causar al quejoso algunas de las lesiones descritas en la norma, es decir, que directamente pusieran en peligro su vida, permitieran su destierro, su deportación o la imposición de penas prohibidas por el artículo 22 constitucional, lo cual implica que es el juzgador federal como órgano encargado de aplicar las normas del juicio de amparo, quien debe siempre y en todo caso examinar si entre los hechos denunciados por el quejoso y los resultados dañinos temidos por 'este, existe una relación de causalidad tal que justifique la adopción de la medida cautelar. En este orden de ideas, si bien es cierto que al momento de presentar la demanda y solicitar la suspensión de plano en la mayoría de los casos el quejoso no está en aptitud de acompañar las pruebas necesarias para acreditar de manera fehaciente la existencia o inminencia de los actos reclamados, también es cierto que, es al juzgador federal a quien corresponde analizar (valiéndose incluso únicamente de las manifestaciones del demandante), si la realización de los actos reclamados por el quejoso tendrían como consecuencia directa, obligada o forzosa, la privación de su vida, su destierro, deportación o la imposición en su perjuicio de penas prohibidas por la Constitución, surtiéndose así la procedencia de la suspensión de oficio en términos del artículo 123 de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI.1o.A.19 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XX, Diciembre de 2004, página 1458, cuyo rubro y texto son: "SUSPENSIÓN DE PLANO. DERIVA DIRECTAMENTE DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO DE LAS RAZONES QUE AL EFECTO ADUZCA EL QUEJOSO: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley de Amparo, la suspensión de oficio de los actos reclamados en eljuicio de garantías procede cuando se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o cuando se trata de actos que, si llegaren a consumarse, harían físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, de lo que se sigue que esta clase de suspensión deriva directamente de la naturaleza del acto reclamado, esto es, que para concederla es necesario atender al origen mismo del acto tildado de inconstitucional, ello en atención a que acorde con lo establecido en el precepto legal en comento, cuando se trate de un acto que importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 citado, que invariablemente sería de restitución físicamente imposible, o de un acto diverso que de consumarse igualmente haría físicamente imposible la restitución de la garantía violada en perjuicio del quejoso, la suspensión debe concederse de plano, es decir, sin que tengan que tomarse en consideración los requisitos previstos en el artículo 124 de la ley de la materia, en particular que la solicite el quejoso, motivo por el cual lo que éste manifieste al respecto no determina la procedencia o no de la suspensión de oficio, sino que ello es una atribución exclusiva del Juez de Distrito, quien atendiendo a la naturaleza del acto y no a enfoques subjetivos de las partes, es el único facultado para decidir si se está o no en presencia de un acto que lo obligue a decretar la suspensión de oficio." Aunado a que, la suspensión del acto reclamado tiene como objeto esencial preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente los bienes, la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate, para que la sentencia que se dicte y en el caso de que sea favorable la solicitud de amparo, pueda ser ejecutada, eficaz e íntegramente, por lo cual, la propia Ley de Amparo, prevé diversas disposiciones que se encuentran encaminadas a conservar viva la materia del amparo, sin afectar intereses de terceros ni los intereses de la sociedad, de ahí que el juzgador, debe dictar las medidas que estime convenientes, al efecto y así evitar perjuicios a los promoventes. Es aplicable en lo conducente la tesis de jurisprudencia de la Octava Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 76, Octubre de 1994, página 27, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN, PRESERVAR LA MATERIA DEL JUICIO ES UN EFECTO DE LA: Cuando se concede la suspensión del acto la finalidad que se persigue, primordialmente, es la preservación de la materia del juicio constitucional, lo que se logra evitando que los actos reclamados sean ejecutados, por ello, la suspensión actúa sobre el futuro y nunca sobre el pasado porque previene la realización de daños y perjuicios que puedan ser de difícil o imposible reparación para el particular a través de las sentencias de amparo. El preservar la materia significa que a través de la suspensión se aseguren provisionalmente los bienes, la situación jurídica, el derecho o el interés de que se trate, para que la sentencia que en su día lejano en muchas ocasiones declare los derechos del promovente, pueda ser ejecutada eficaz e íntegramente. Esto es, que en tanto dure el juicio constitucional, los intereses del gobernado deben estar debidamente protegidos". Por otro lado, dado que los quejosos se encuentran internos en el Centro Federal de Readaptación Social, número 15, "CDS Chiapas", CEFERESO 15, con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, 138, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el numeral 27, fracción II, de la Ley de Amparo, gírese exhorto, al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, que se encuentre en turno, para que en auxilio de las labores de este Juzgado comisione a uno de los actuarios adscritos a fin de que localice a los quejosos y lleve a cabo lo ordenado en este acuerdo, esto es: 1. Les notifique este proveído y constate su estado físico, así como las condiciones de su reclusión en dicho centro de reinserción social. 2. Se les requiera para que en el acto de la notificación o dentro de los tres días siguientes, manifiesten si ratifican la demanda de amparo de cuenta, con el apercibimiento que de no hacerlo así, se tendrá por no presentada la demanda, quedando sin efecto las providencias que se hubiesen dictado. 3. Haga entrega del oficio ******************** dirigido al Director del Centro Federal de Readaptación Social número 15, con sede en Tapachula, Chiapas. En el entendido de que con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario adscrito a dicho órgano jurisdiccional para que en el caso de resultar necesario, se lleve a cabo la diligencia encomendada en días y horas inhábiles. Con apoyo en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, 158, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 79 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, envíese la comunicación oficial referida por vía electrónica. Determinación de incompetencia Asentado lo anterior, la suscrita considera carecer de competencia legal para conocer del acto reclamado por dichos agraviados, en términos de lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. [.]". Lo anterior se afirma así, toda vez que de una lectura integral del escrito de demanda, se advierte que se reclama la falta de atención médica que se refiere es inferida a los quejosos, quienes -como se dijo-, se encuentran internos en el Centro Federal de Readaptación Social, número 15, "CDS Chiapas", CEFERESO 15; en consecuencia, se estima que con base en los numerales transcritos, el Juez Federal competente para conocer de este juicio de garantías es el Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, que se encuentre en turno, al ser quien ejerce jurisdicción en la expresada demarcación territorial en que se ejecutan los actos reclamados, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Amparo y al Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En tal virtud, de conformidad con lo establecido por el artículo 48 de la Ley de Amparo, se declara que este órgano de control constitucional, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de que se trata y por ende, se ordena remitir la misma con sus copias, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, a fin de que lo turne al juzgado que corresponda, para que resuelva lo que estime procedente, conforme a lo dispuesto por el numeral citado de la Ley de Amparo; solicitándole el acuse de recibo respectivo; fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Habilitación de días y horas inhábiles para la práctica de notificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita a los actuarios judiciales adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de ser necesario, realicen las notificaciones que deban hacerse en forma personal, en horas y días inhábiles. Juicio en línea. Con apoyo en el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, reformado a través del acuerdo general del propio Consejo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Asimismo, de conformidad con los artículos 261 y 262 del primero de los citados acuerdos generales, hágase del conocimiento de las partes, que las personas que acudan a los órgano jurisdiccionales podrán hacer uso de los equipos de cómputo que en cada órgano jurisdiccional se dispondrán para tal efecto, los cuales podrán destinarse a la consulta de expedientes electrónicos, a la actuación en el Portal de Servicios en Línea, o a la participación en videoconferencias con el personal del órgano cuyo equipo se esté utilizando. Digitalización. Con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario responsable para que lleve a cabo la supervisión de la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema electrónico, a efecto de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado; de igual modo, se instruye a los actuarios judiciales, oficial judicial "A" y oficiales judiciales "c" que lleven a cabo de manera oportuna la integración del expediente electrónico, conforme al estado procesal de los asuntos, dentro del ámbito de sus respectivas funciones. Transparencia y protección de datos personales. Se hace saber a las partes que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación en veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1, 3, fracciones IX y XVII, 5, 22, fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de esta juzgadora y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales publicado el diez de octubre de dos mil dieciocho; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve; aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no contravenga las disposiciones señaladas en la legislación en cita. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, el presente expediente está sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 de la última ley en cita; hágase del conocimiento de las partes que, atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tienen derecho a oponerse a que se publiquen sus datos personales, una vez que se dicte la sentencia o en su caso la resolución que ponga fin al procedimiento en el presente asunto, por lo que, de no hacer manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de sus antecedentes, de conformidad con el artículo 21 de la ley de referencia. Integración. Finalmente, se precisa que, con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, la integración del presente expediente - electrónico y en su caso físico-, se llevará a cabo en términos de lo dispuesto por el numeral 3° del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos conducentes. Notifíquese. Lo proveyó y firma Marcela Guadalupe Castro Núñez, Jueza Quinto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistida de Germán Cabrera Rodríguez, secretario que autoriza y da fe.

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