Luis Gregorio Domínguez Soto
Expediente 594/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 25 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 594/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 18/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Luis Gregorio Domínguez Soto
- Fiscal General de la República
- Luis Gregorio Domínguez Soto y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Incidental
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- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes interpusieran el recurso de revisión en contra de la resolución de trece de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el presente juicio, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, interpretados a contrario sensu, se declara que dicha sentencia que sobreseyó en el juicio de amparo ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. En virtud de lo expuesto, háganse las anotaciones en el libro correspondiente y archívese este expediente como asunto totalmente concluido, cumplido el plazo de conservación de tres años, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, el expediente principal, no encuadra en los supuestos de relevancia documental y no obran documentos originales; por lo que al haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Conforme a lo ordenado en el numeral treinta y cinco, primer párrafo, del acuerdo aludido, se ordena hacer en la carátula del presente expediente, la anotación de la fecha de archivo, como también que es destruible. Finalmente, siendo que en este juicio de amparo se tramitó por cuerda separada Incidente de Suspensión, se ordena proveer lo conducente en cuanto a la conservación y/o destrucción de cada uno de los dos cuadernos que para el efecto se formaron.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, a trece de diciembre de dos mil veintiuno. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 594/2021-VII, promovido por ********************, contra actos que reclamó al Fiscal de Distrito, Zona Norte, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Por escrito presentado el veintinueve de julio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, el cual por razón de distribución de correspondencia fue asignado a este Juzgado y, se recibió el día siguiente en oficialía de partes de este Órgano Jurisdiccional; ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión contra actos que reclamó del Fiscal General de la República, con sede en Ciudad de México, Fiscal General del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, Fiscal de Distrito, Zona Norte, Agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito, Zona Norte, Sub Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, Fiscal Especializado en atención a Mujeres Víctimas del Delito por razones de Género, Zona Norte, Fiscal Especializado en atención a delitos sexuales y/o contra la Familia, Fiscal Especializado en delitos contra la mujer y trata de personas, Policía Ministerial en la Zona Norte, Comandante de la Policía Única División Investigación, Coordinador Especial "B" de la Unidad Especializada en Órdenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte, todos con domicilio en esta ciudad, Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Galeana, Chihuahua, y Secretaría de Seguridad Pública, del Municipio de Buena Ventura, Chihuahua, consistentes en las órdenes de aprehensión, detención y/o presentación libradas en su contra; y, su ejecución. La parte quejosa considera trastocados en su perjuicio los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de dos de agosto de la anualidad en curso, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo, se registró como expediente 594/2021-VII; solicitó informe justificado a las autoridades responsables, dio intervención a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita quien no presentó pedimento alguno; señaló día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se verificó en términos del acta que antecede; por lo que, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es constitucional y legalmente competente para conocer y fallar el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; artículos 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49, 50, 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por lo dispuesto en el "Acuerdo General 3/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número, a la circunscripción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito"; al tratarse, según se desprende de autos, de un juicio de amparo promovido contra actos reclamados a una autoridad que reside dentro del ámbito territorial donde ejerce jurisdicción este juzgado de Distrito. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación de los actos reclamados en el juicio en que se actúa. Para tal efecto, se atiende tanto al examen íntegro de la demanda de amparo, como a la totalidad de las constancias que integran este juicio, pues, únicamente así se puede determinar, con exactitud, la verdadera intención de la parte quejosa y, a su vez, armonizar los datos y elementos que conforman el juicio, con lo cual se logra congruencia entre lo pedido y resuelto, desde luego, sin tomar en cuenta los calificativos que los impetrantes expongan en torno a la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a través de esta vía. Al respecto, cabe citar las tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de identificación, rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, del detenido examen de las constancias del juicio que nos ocupa, revela que el acto reclamado por el directo quejoso consiste en la órdenes de aprehensión, detención y/o presentación libradas en su contra; y, su ejecución. TERCERO. Las autoridades responsables, Fiscal General de la República, con sede en Ciudad de México, Fiscal General del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, Fiscal de Distrito, Zona Norte, Agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito, Zona Norte, Fiscal Especializado en atención a Mujeres Víctimas del Delito por razones de Género, Zona Norte, Fiscal Especializado en atención a delitos sexuales y/o contra la Familia, Fiscal Especializado en delitos contra la mujer y trata de personas, todos con domicilio en esta ciudad, y Secretaría de Seguridad Pública, del Municipio de Buena Ventura, Chihuahua, al rendir su informe con justificación negaron categóricamente el acto materia de reclamo. Al respecto, ante la negativa especifica externada por las precitadas autoridades responsables al rendir su informe justificado en torno a tal acto reclamado, a la parte impetrante correspondía demostrar su existencia en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. A manera de ilustración, es aplicable la tesis sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página setenta y cuatro del Semanario Judicial de la Federación, Volumen XXV, Tercera Parte, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA, CARGA DE LA. Con arreglo a los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, no le incumbe probar a quien apoya su pretensión en una situación negativa, como son una omisión o una abstención, sino que, a la inversa, la carga de la prueba recae sobre quien funda su pretensión en un hecho positivo. A la autoridad corresponde acreditar plenamente que, antes de efectuarse un pago, se había requerido al quejoso para tal fin." Entonces, toda vez que en el caso, la parte quejosa no ofreció alguna prueba idónea para desvirtuar la negativa expuesta por las autoridades responsables en su informe justificado, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [...] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;.". Apoya lo anterior la Jurisprudencia VI, 2°. J/20, visible en la página 627, Tomo IV, Segunda Parte-2, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Por su parte, no obstante de que las autoridades responsables ejecutoras Sub Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, Policía Ministerial en la Zona Norte, Comandante de la Policía Única División Investigación, Coordinador Especial "B" de la Unidad Especializada en Órdenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte, todos con domicilio en esta ciudad, en sus informes justificados manifestaron que existe una orden de aprehensión librada contra el quejoso por el Juez Provisional de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio, que actúa como Juez de Control en el Distrito Judicial Galeana en la causa penal 63/2020, por el delito de violencia familiar. Sin embargo, en atención a que el quejoso no reclamó en este juicio dicha orden de captura ni tampoco señaló como autoridad responsable ordenadora al Juez Provisional de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio, que actúa como Juez de Control en el Distrito Judicial Galeana, a pesar de la vista que se le dio para ello, mediante proveído de diez de noviembre del año en curso; por tanto, la orden de aprehensión debe presumirse constitucional, si emana de autoridad judicial competente y, en consecuencia, sus actos no pueden considerarse violatorios de derechos fundamentales, en tanto no se demuestre la inconstitucionalidad de la orden de que provienen. Es oportuno citar la tesis compilada bajo el número de registro 307180 del Ius elaborado por la Coordinación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentada por la Primera Sala, visible en la página 3506 del Tomo LXXVIII, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que aparece publicada bajo la voz de: "ORDEN DE APREHENSION, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CONTRA LA SIMPLE EJECUCION DE LA." Por lo expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************, respecto del acto que reclamado al Fiscal General de la República, con sede en Ciudad de México, Fiscal General del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, Fiscal de Distrito, Zona Norte, Agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito, Zona Norte, Sub Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, Fiscal Especializado en atención a Mujeres Víctimas del Delito por razones de Género, Zona Norte, Fiscal Especializado en atención a delitos sexuales y/o contra la Familia, Fiscal Especializado en delitos contra la mujer y trata de personas, Policía Ministerial en la Zona Norte, Comandante de la Policía Única División Investigación, Coordinador Especial "B" de la Unidad Especializada en Órdenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte, todos con domicilio en esta ciudad, Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Galeana, Chihuahua, y Secretaría de Seguridad Pública, del Municipio de Buena Ventura, Chihuahua, por los motivos expuestos en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese.Así lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretario de Juzgado, licenciado Abraham Smeke García, quién autoriza y da fe. Doy Fe.
- Incidental
Ciudad Juárez, Chihuahua, a siete de diciembre de dos mil veintiuno. I N T E R L O C U T O R I A Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 594/2021-VII, promovido por Luis Gregorio Domínguez Soto, solicitando la suspensión de los actos reclamados al Fiscal de Distrito, Zona Norte, con sede en esta ciudad y otras autoridades; por lo que, R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito recibido en este juzgado el uno de agosto de dos mil veintiuno, la parte quejosa presentó demanda de amparo contra actos que reclamó al Fiscal General de la República, con sede en Ciudad de México, Fiscal General del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, Fiscal de Distrito, Zona Norte, Agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito, Zona Norte, Sub Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, Fiscal Especializado en atención a Mujeres Víctimas del Delito por razones de Género, Zona Norte, Fiscal Especializado en atención a delitos sexuales y/o contra la Familia, Fiscal Especializado en delitos contra la mujer y trata de personas, Policía Ministerial en la Zona Norte, Comandante de la Policía Única División Investigación, Coordinador Especial "B" de la Unidad Especializada en Órdenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte, todos con domicilio en esta ciudad, Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Galeana, Chihuahua, y Secretaría de Seguridad Pública, del Municipio de Buena Ventura, Chihuahua, consistentes en las órdenes de aprehensión, detención y/o presentación libradas en su contra; y, su ejecución. SEGUNDO. Mediante proveído de dos de agosto de dos mil veintiuno, se aperturó el incidente de suspensión instado, en el cual se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados, solicitándose a las autoridades responsables su informe previo; se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual se resolvió el nueve de agosto del año en curso por lo que respecta a las autoridades locales y se difirió por las restantes autoridades foráneas y una vez llegada la fecha de la audiencia de ley, ésta se inició en los términos de la actuación precedente; por lo que, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Negativa de los actos reclamados. El Fiscal General de la República, con sede en Ciudad de México, y Fiscal General del Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, y la Secretaría de Seguridad Pública, del Municipio de Buena Ventura, Chihuahua, al rendir su informe previo, negaron categóricamente los actos que se les atribuyen; sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna en contrario para desvirtuar dicha negativa, por lo que con fundamento en el artículo 131 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva que solicitó respecto de los actos reclamados a las precitadas autoridades responsables. Lo anterior, tiene apoyo con la tesis con número de registro 326347, visible en la página 5683 del Tomo LXXIII, correspondiente a la Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de la Quinta Época, que reza: "INFORME PREVIO, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN SI NO SE DESVIRTÚA LA NEGATIVA DEL ACTO, EN EL. Si no se desvirtúa la negativa de la autoridad responsable, contenida en su informe previo, es claro que tal negativa queda firme, y por consecuencia, se estará frente a actos que no existen, por lo que debe concluirse que es improcedente conceder el beneficio de la suspensión, contra actos de esa naturaleza." SEGUNDO. Certeza de los actos reclamados. El Sub Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, Policía Ministerial en la Zona Norte, Comandante de la Policía Única División Investigación, Coordinador Especial "B" de la Unidad Especializada en Órdenes de Aprehensión de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte, todos con domicilio en esta ciudad, en sus informes previos reconocieron los actos que se les reclaman. Por su parte, la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Galeana, Chihuahua, fue omisa de rendir su informe previo; sin embargo, dada la certeza de los actos reclamados por las precitadas autoridades en el párrafo que anteceden, también se tiene por cierto, acorde a lo previsto en el artículo 142 de la Ley de Amparo. TERCERO. Ahora bien, por cuestión de técnica, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, en el cual establece que la resolución que decida sobre la suspensión debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado, se determina que de la lectura íntegra y acuciosa de la demanda de amparo y de los informes previos rendidos por las autoridades responsables ejecutoras, se colige que la parte quejosa reclama en esencia, la orden de aprehensión librada contra el quejoso en la causa penal 63/2020, por el delito de violencia familiar, por el Juez Provisional de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio, que actúa como Juez de Control en el Distrito Judicial Galeana. Así, por lo que respecta a los actos que se reclaman, se niega la suspensión definitiva que se solicita, al tratarse de actos consumados, contra los cuales es inviable la concesión de la medida suspensional, ya que considerar lo contrario, sería dar a tal medida efectos restitutorios que son solamente propios de la sentencia en la que eventualmente se concediera la tutela constitucional. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 1090, que aparece publicada en la página 156, del tomo VI relativo a la Materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en el año de mil novecientos noventa y cinco, con el siguiente rubro y texto: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie." CUARTO. Respecto a los efectos y consecuencias de la orden de aprehensión reclamada, en atención a que emana de un delito que no amerita prisión preventiva oficiosa; por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 138, fracción I, 147 y 162 de la Ley de Amparo, se precisa que la medida suspensional, al consistir el acto reclamado en una orden de privación de la libertad, se concede la suspensión definitiva para el efecto de que la misma no sea ejecutada, con las salvedades que adelante se expresarán. Para el caso de que previamente a la emisión del presente auto, se hubiera ejecutado la detención por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, en relación con la comisión de un delito, la detención cesará sin demora, debiendo las autoridades correspondientes poner al quejoso en libertad o a disposición del Ministerio Público, quien a su vez determinará su libertad o retención dentro del plazo y en los términos que el artículo 16 Constitucional permite, o bien, su libertad o consignación, dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, o en caso de haber sido detenida en flagrancia, el mismo contará a partir de haber sido puesta a su disposición. Lo antes mencionado con fundamento en los numerales 164 y 165 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que la medida que se concede no surtirá efectos si se sorprende al quejoso en flagrante delito, o falta administrativa que amerite sanción corporal, en cuyos casos podrá ser capturado. La suspensión aquí decretada, surte efectos de inmediato, como lo ordena el primer párrafo del numeral 136 de la ley de la materia, empero, con apoyo en el diverso 162, en relación con el 168 del mismo cuerpo normativo, a efecto de asegurar que la quejosa no evada la acción de la justicia, para que la suspensión continúe surtiendo efectos, deberá comparecer en el plazo de cinco días ante la autoridad responsable, para la práctica de las diligencias que aquéllas estimen necesarias y que legalmente procedan y ante esta autoridad cuántas veces sea requerido. La presente medida surte efectos a partir del momento en que se pronuncia el presente acuerdo, no obstante que sea recurrido por las partes, en términos del artículo 136 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior el contenido de la tesis de jurisprudencia 66/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Septiembre de dos mil uno, página 436, del rubro siguiente: Dejará de surtir efectos, si el quejoso no exhibe ante este juzgado en el término de cinco días, la garantía de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), en cualquiera de las formas establecidas en la ley, la cual se fija discrecionalmente, al carecer de elementos que permitan determinar la naturaleza, modalidades y características del delito que se le imputa a la parte quejosa, sus características personales y situación económica, así como la posibilidad de que se sustraiga a la acción de la justicia, requisitos a que se refiere el numeral 168 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. Además, la medida cautelar no surtirá efecto alguno si se sorprende a la parte quejosa en la comisión de flagrante delito. Dicha garantía podrá exhibirla en cualquiera de las formas establecidas por la Ley, y deberá contener los siguientes requisitos: la autoridad federal a quien va dirigida, el número de expediente a que corresponde y el concepto de exhibición. También, deberá solicitar a la institución que emita el documento en el cual conste la garantía, se asiente la leyenda siguiente: "El depositante autoriza expresamente al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de justicia, para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de ese depósito"; ello de conformidad con lo establecido en el artículo 883 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil quince. De igual forma, conforme a lo previsto en el artículo 879 del referido Acuerdo General, la parte quejosa deberá cerciorarse de que la institución depositaria que emita el documento, haga constar el monto de la cantidad depositada, y que el referido depósito no genere interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante. En el entendido que, si el quejoso opta por exhibir la póliza de fianza, ésta deberá contener además de los requisitos anteriores, la renuncia en forma expresa de la compañía afianzadora a las disposiciones de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, en caso de que haga efectivo el cobro de la cantidad caucionada. Se apercibe a la parte quejosa que en caso de incumplir cualquiera de las medidas de aseguramiento decretadas, o las obligaciones derivadas del procedimiento penal, la suspensión será revocada con la sola comunicación de la autoridad responsable. Lo anterior con apoyo en el artículo 166 y 167 de la Ley de Amparo. Por lo anteriormente expuesto y con apoyo en los artículos 138, 139 y 140 de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E PRIMERO. De conformidad con el primer y tercer considerandos de esta interlocutoria, se niega la suspensión definitiva a Luis Gregorio Domínguez Soto, contra actos que reclamó al Fiscal General de la República y otras autoridades. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva solicitada para los efectos y consecuencias precisados en el considerando cuarto de este fallo. Notifíquese y por oficios a las autoridades responsables.Así, lo resolvió y firma el licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el licenciado Abraham Smeke García, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.
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