Luis Gonzga Méndez Cortés
Expediente 476/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 476/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 19/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- GONZÁLO MÉNDEZ CORTES y Otros.
- DIEGO GUTIÉRREZ MARTÍNE-PARENTE (APODERADO LEGAL) y Otros.
- MAURICIO JORGE MÉNDEZ LASUS y Otros.
- JOSÉ JUAN MÉNDEZ CORTÉS y Otros.
- Luis Gonzga Méndez Cortés
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Agréguese el oficio signado por el secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, al que adjunta testimonio de la resolución dictada en el recurso de queja 109/2022 de la estadística de dicho órgano colegiado, cuyo punto resolutivo es el siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." Acúsese recibo vía interconexión; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión ni obran documentos originales. En atención a lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, inciso a) de la disposición administrativa en cita, el legajo de copias certificadas del expediente en que se actúa, y que fueron remitidas al tribunal de alzada como justificación del informe de la queja de mérito, deberá ser destruido en el plazo de seis meses a que alude tal punto; mientras acontece lo anterior, guárdese provisionalmente en el archivo de este juzgado.
- Principal
Visto el oficio que suscribe el secretario de acuerdos adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, téngasele informando que dicho órgano admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del auto por que se desechó su demanda, registrándolo con el número 109/2022.
- Principal
Visto el ocurso firmado por **********, apoderado de la parte quejosa. En atención a su contenido, con fundamento en los artículos 80, 97 fracción I, inciso a), 98 y 99 de la ley de la materia, se le tiene interponiendo recurso de queja en contra del auto de diecinueve de mayo actual, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que presentó. Con fundamento en el numeral 101 de la Ley en cita, ríndase el informe justificado en el sentido de que es cierto el acto reclamado y remítase el escrito de cuenta, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito en turno. Adjúntese copia certificada de las constancias que sirvieron de base para la emisión del acuerdo que se recurre.
- Principal
Visto el escrito signado por los quejosos ********* (por conducto de su apoderado legal, *********). Se les tiene cumpliendo sendas prevenciones formuladas el veintinueve de abril y once de mayo del presente año. Al efecto se provee: Desechamiento. Del análisis integral de la demanda, se advierte una causal de improcedencia respecto del acto reclamado. El artículo 113 de la Ley de Amparo prevé que el juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano; porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita reconocido en el artículo 17 constitucional, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que le resultará indudablemente el sobreseimiento. Tal norma, impone la obligación al juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el escrito inicial de demanda, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda, así como los anexos que se acompañen. En ese sentido, del análisis que se efectúa a la demanda y al escrito aclaratorio, es dable desechar de plano la demanda al actualizarse una causal de improcedencia. A fin de clarificar lo anterior, se enuncian los antecedentes que se obtienen de la demanda y escritos aclaratorios: a) Los quejosos son parte demandada en el juicio ordinario civil C-642/2019 del índice del Juzgado Único Civil de Partido de Apaseo el Grande, Guanajuato, sobre prescripción, positiva instaurado en su contra por Alfredo Rodríguez Ortiz. Ello, con la finalidad de obtener la declaratoria de derecho en su favor del predio rústico identificado como "El Llorón". b) Los peticionarios se incorporaron a la litis contestando la demanda. c) Durante la secuela procesal, la parte actora ofreció la prueba pericial topográfica a desahogarse en el inmueble en conflicto, el cual acorde con su manifestación en el escrito aclaratorio, es "un rancho que le ha pertenecido a nuestra familia por varias generaciones y que no habitamos habitualmente en él, ni tenemos nuestro domicilio oficial en el mismo." d) En auto de uno de abril de dos mil veintidós se admitió el medio de convicción en cita. Éste es el acto reclamado. Ante el contexto relatado, se advierte que se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia contemplada en la fracción XXIII, del artículo 61 de la ley adjetiva, en relación con el artículo 107, pero en su fracción V, del mismo ordenamiento legal, este último aplicado a contrario sensu (no son actos de imposible reparación). Se explica: En lo que toca a la causal enunciada, se regula en los siguientes artículos: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;.". De la disposición transcrita se desprende, como regla general, que los actos violatorios de derechos fundamentales suscitados dentro de juicio son impugnables en el amparo indirecto, siempre y cuando se trate de actos cuyos efectos sean de "imposible reparación". Ahora bien, el Pleno del Alto Tribunal en la jurisprudencia P./J. 37/2014, sostenida al resolver la contradicción de tesis 377/2013, titulada: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." interpretó la porción normativa del artículo 107, fracción V, de la actual Ley de Amparo, en el sentido de establecer dos condiciones para que los actos en juicio puedan ser calificados como irreparables, los cuales son, a saber, los siguientes: a) El primero, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y b) El segundo, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos" (verbigracia: vida, libertad, integridad personal, propiedad, etcétera), expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Así, el Máximo Tribunal de la República sostuvo que los actos de imposible reparación, bajo la concepción de la Ley de Amparo vigente, excluye aquéllos actos procesales cuya fuente proviene de las leyes adjetivas, sin importar si tales actos procesales causan una violación exorbitante o relevante, puesto que es claro, que no cumplen el primero de los requisitos precitados, consistente en la afectación material y "presente" de un derecho, ya que la violación a los derechos adjetivos solo se ve reflejada hasta el momento en que trascienda al resultado del fallo que se emita en el juicio natural. Los actos que han sido interpretados o catalogados como de imposible reparación, son aquellos por los que excepcionalmente procede el amparo casación o judicial, y que tienen origen en los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; también, se ha sostenido que la imposible reparación se traduce en consecuencias susceptibles de afectar de forma inmediata algún derecho fundamental, y sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. Por exclusión, los actos de ejecución reparable no tocan directamente los núcleos esenciales de los derechos fundamentales, sino que trasgreden normas secundarias de desarrollo normativo, como las del orden procesal que hacen efectivo el debido proceso bajo un segundo plano de desarrollo. Las afectaciones que producen el tipo de actos reparables son transitorios y desaparecen al resolverse la controversia judicial; y solo en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses de la parte quejosa, y afecten en forma trascendente la defensa son susceptibles de control constitucional bajo la vía del amparo directo. Ahora bien, en el caso, el auto que admite la prueba pericial topográfica en el predio en conflicto, no afecta derechos sustantivos pues, como los mismos promoventes aducen, se trata de un inmueble rústico que no habitan ni en el que tienen su domicilio convencional. Lo anterior resulta relevante pues el Máximo Tribunal se ha pronunciado sobre la irreparabilidad de la intromisión en el domicilio y privacidad de quien insta la protección constitucional; sin embargo, en el caso que nos ocupa, se está ante una situación fáctica distinta, en tanto que no solo se trata de un predio rústico, sino que no es habitado por ellos, y no se advierten cuestiones sustantivas que puedan verse afectadas, de ahí que no se surte la hipótesis de irreparabilidad referida. Sirve para evidenciar la diferencia aquí plasmada entre la afectación a derechos sustantivos en el domicilio y, en el caso, en un predio diverso, la jurisprudencia 1ª./J. 58/2020 (10ª) emitida por la Primera Sala del Alto Tribunal, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 81, diciembre de dos mil veinte, tomo I, página 337, de rubro y texto: "ESTUDIO SOCIOECONÓMICO. PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO ORDENA, POR SER UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Hechos: Dos tribunales colegiados de circuito analizaron la procedencia del amparo indirecto en contra de diferentes resoluciones definitivas dictadas dentro de juicios civiles donde se ordenó la realización de estudios socioeconómicos a las personas quejosas. Uno de los tribunales colegiados determinó que el juicio de amparo indirecto no era procedente, pues consideró que la realización de un estudio socioeconómico es un acto intraprocesal que no vulnera derechos sustantivos; en contraste, para el otro tribunal, ese acto sí es susceptible de transgredir el derecho humano a la inviolabilidad del domicilio, lo que hacía procedente el juicio de amparo indirecto. Criterio jurídico: Esta Primera Sala concluye que la orden de practicar un estudio socioeconómico judicial es susceptible de transgredir el derecho humano a la intimidad, como parte del derecho sustantivo a la vida privada, e incluso, en caso de que se ordene la visita domiciliaria, es susceptible de transgredir el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Justificación: El estudio socioeconómico es un instrumento que tiene como finalidad ubicar en un nivel socioeconómico a una persona y contribuir al conocimiento de su entorno familiar, económico y social. Se realiza mediante el sistema de entrevista y preferentemente mediante la visita domiciliaria. A fin de llevar a cabo el estudio socioeconómico, el o la trabajadora social realizará al menos una entrevista de la que podrá obtener información sobre el ambiente socioafectivo y económico, y su interrelación con el medio externo de la persona destinataria del estudio, lo que constituyen los extremos más personales de la vida y, por tanto, de la intimidad de las personas. Además, en el caso de que el estudio socioeconómico se ordene desarrollar en el domicilio de la persona entrevistada, ese acto es susceptible de transgredir el derecho humano a la inviolabilidad del domicilio, como parte de la intimidad personal, pues implica conceder acceso a un espacio reservado en el cual los individuos ejercen su libertad más íntima, toda vez que el o la entrevistadora constatará de primera mano las interacciones sociales de la dinámica familiar. Por esta razón se surte la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 114, fracción IV, de la abrogada ley de la materia. Al tratarse de un acto de imposible reparación, susceptible de transgredir la intimidad personal, el o la Juez de amparo deberá analizar, en cada caso concreto, la constitucionalidad de la práctica del estudio socioeconómico y efectuar el control de su legalidad, lo que implica verificar que la prueba sea idónea y pertinente en el proceso judicial de origen para llegar al conocimiento de la verdad." Bajo esa perspectiva, no se desprende afectación a algún derecho sustantivo en su contra; de tal guisa que esa cuestión meramente adjetiva trae efectos en el procedimiento, pero será irrelevante si los peticionarios obtienen sentencia favorable; es decir, cualquier afectación que pudiera ocasionarle la decisión se verá reflejada en la tramitación del procedimiento en lo general y es reparable al emitirse el fallo definitivo. Por tanto, en el particular al reclamarse un acto que no es de imposible reparación dentro del procedimiento, se actualiza en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107 fracción V, de la Ley de Amparo, y conforme lo dispuesto en el ordinal 113 de la Ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo.
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