Luis Gonzalez Valentín

Expediente 655/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 9 actuaciones registradas, la última del 11 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
655/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
11/01/2023

Partes del expediente

  • Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Número 46, Heroica Ciudad de Huajuapan de León, Oaxaca
  • Margarito Gonzalez Lugo
  • Luis Gonzalez Valentín

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de enero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio señalado en la cuenta para que surta sus efectos legales correspondientes, por medio del cual el el secretario de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito informa que, mediante proveído de cuatro del mes y año en curso, se admitió el recurso de revisión que **************, autorizado en términos amplios de la parte quejosa, interpuso en contra de la sentencia de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós dictada en este juicio. De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes y se está a la espera de la resolución que al efecto emita el Tribunal Colegiado. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veinte de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de autos, se advierte que las partes quedaron notificadas del auto de trece de diciembre en curso, en el que se tuvo por interpuesto el recurso de revisión que José Quiroz Cortés, autorizado en términos amplios de la parte quejosa hizo valer en contra de la sentencia dictada en este juicio. En consecuencia, remítanse el escrito de agravios y el cuaderno principal al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en turno, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto. CÚMPLASE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de diciembre de dos mil veintidós. ... NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 655/2022, promovido por*** por propio derecho, en contra de un acto del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 46, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Luis González Valentín y Margarito González Lugos, presentaron un escrito el ocho de junio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgado de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, mediante el cual solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que más adelante se precisarán. La parte quejosa señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. La demanda por cuestión de turno correspondió conocer a este Juzgado Federal, la cual se registró bajo el consecutivo 914/2022 y por auto de siete de octubre de dos mil veintidós se admitió la demanda de amparo; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se otorgó intervención al Agente del Ministerio Público adscrito; y, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues solo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, el contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que la parte quejosa reclama del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 46, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, lo siguiente: La determinación adoptada en audiencia de treinta de mayo de dos mil veintidós, dictada en el juicio agrario 27/2021, en la cual se estimó improcedente su petición de revocar la medida cautelar emitida en la diversa audiencia de veintiocho de marzo pasado. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO El magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 46, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, al rendir su informe justificado aceptó la existencia de la determinación reclamada. Por ende, se le tiene como plenamente probado en términos de la tesis Jurisprudencial número 305, que sustentó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, visible en la foja 206 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, de rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse ésta como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo antes expuesto, lo corrobora con copia certificada de diversas constancias que integran el juicio agrario de origen, a las cuales se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable la Jurisprudencia doscientos veintiséis, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su interior integración, publicada en la página ciento cincuenta y tres, del tomo VI, atinente a la materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que establece: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." PROCEDENCIA Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con lo dispuesto en el arábigo 62, de la Ley de Amparo. En efecto, el estudio de las causales de improcedencia es de orden público, y su análisis es previo y preferente, lo aleguen o no las partes, aun cuando se haya reconocido expresamente la existencia del acto reclamado. Así lo ha sostenido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 283, con número de registro 394239, visible a foja 190, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." En el caso, este juzgador de oficio advierte que contra el acto reclamado que controvierte la parte quejosa consistente en la determinación judicial adoptada en audiencia de treinta de mayo de dos mil veintidós, dictada en el juicio agrario 27/2021, en la cual se estimó improcedente su petición de revocar la medida cautelar emitida en la diversa audiencia de veintiocho de marzo pasado, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del precepto 61 de la Ley de Amparo. El numeral 61, fracción XVIII, de la ley reglamentaria de la materia, es del tenor literal siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" De la interpretación del precepto transcrito, se puede advertir que el juicio de amparo constituye un medio extraordinario de defensa para invalidar los actos de autoridad conculcatorios de derechos fundamentales, motivo por el cual, su estructura se funda en diversos principios o postulados básicos que lo distinguen de los restantes medios legales de defensa común. Dichos principios generales del juicio de amparo, se encuentran previstos en el artículo 107 de la Constitución General de la República, entre los que se encuentra el de definitividad, que tiene por objeto restringir la procedencia de la acción constitucional. En efecto, el juicio constitucional es un medio extraordinario de defensa. De manera que, antes de promover el juicio de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar, revocar o nulificar la resolución judicial, administrativa o del trabajo, que le causa perjuicio, pues de lo contrario, la acción constitucional resultaría improcedente por no acatar el principio de definitividad que lo rige. El principio en comento, pretende que el amparo sea la última instancia que utilice el gobernado para lograr la anulación de los actos de autoridad que estima violatorios de sus derechos constitucionales, por lo que si esa anulación puede obtenerla por medio de la interposición de recursos o medios de defensa ordinarios, debe utilizarlos antes de acudir al juicio de amparo, para que la potestad constitucional, una vez que se ha convertido el acto reclamado en definitivo, esté en oportunidad de analizar, como última instancia, la constitucionalidad del acto reclamado. Fundamenta dicha consideración la jurisprudencia sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a página 902, tomo XV, mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 187016 que dispone lo siguiente: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Principio que debe observarse incluso ante actos de imposible reparación. Apoya dicho aserto, por las razones que la sustentan, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia dela Nación, consultable a página 8, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, registro 2017117, materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE ESE PRINCIPIO TRATÁNDOSE DE ACTOS EN JUICIO, CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. De acuerdo con el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto. El acto de ejecución irreparable tiene su origen en la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y en su especial trascendencia a la esfera jurídica del quejoso, por la afectación que implica a un derecho sustantivo, la cual no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. Por su parte, la regla de definitividad refiere a la exigencia de agotar previamente a la promoción del juicio de amparo, los recursos ordinarios de impugnación que establezca la ley que rige el acto reclamado. Por lo tanto, en el caso de los actos en el juicio que sean de imposible reparación, antes de acudir al juicio de amparo es necesario agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley, salvo los casos de excepción que prevé el artículo 61 de la Ley de Amparo." Ahora, es pertinente destacar que en el juicio agrario de origen 27/2021, del índice de la autoridad responsable, se desprende que los quejosos figura como parte actora en el juicio natural, el cual tal y como manifestó bajo protesta de decir verdad así como de las constancias que allegó la responsable a su informe justificado, se encuentra en trámite, de lo que se sigue que antes de acudir al juicio extraordinario de amparo, debió agotar el medio ordinario de defensa previsto debió agotar el medio de defensa que prevé el código adjetivo estatal, y promover el recurso de revocación que se encuentra regulado en el artículo 227 al 230 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley Agraria conforme a su artículo 167, que señalan lo siguiente: "ARTICULO 227. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez o tribunal que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. ARTICULO 228. La revocación se interpondrá en el acto de la notificación o, a más tardar, dentro del día siguiente de haber quedado notificado el recurrente. ARTICULO 229. Pedida la revocación, se dará vista a las demás partes, por el término de tres días y, transcurrido dicho término, el juez o tribunal resolverá, sin más trámite, dentro de otros tres. ARTICULO 230. Del auto que decida sobre la revocación no habrá ningún recurso." En esta tesitura, es inconcuso que si en contra del acto reclamado, procede el recurso de revocación a que se refieren los preceptos legales antes señalados, debió ser agotado por la parte quejosa, -al ser parte en el procedimiento de origen- previo a ejercer la acción de amparo, de conformidad con el principio de definitividad que se exige en el juicio de amparo. Resulta aplicable, por analogía a las consideraciones expuestas, la jurisprudencia identificada con el número III.1o.C. J/34, visibles en la página 1041, del tomo XVI, Noviembre de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época que a la letra dice: "NULIDAD DE ACTUACIONES, DEBE AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. Si bien es cierto que la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo no habla de agotar precisamente incidentes, sino recursos ordinarios, también lo es que tal fracción se refiere no sólo a recursos de nulidad sino también a medios ordinarios de defensa dentro del procedimiento, por virtud de los cuales puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas las resoluciones de que se trate, y en tanto el incidente de actuaciones cumple con el último de los objetivos mencionados, pues mediante él puede lograrse la nulificación del acto materia del incidente, es válido su encuadramiento dentro de los medios ordinarios de defensa a que el precepto invocado se refiere." De igual forma, es aplicable la tesis 2a./J. 28/2001, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Julio de 2001, página 467, registro 189290, de rubro y texto siguiente: "NOTIFICACIONES EN JUICIOS AGRARIOS. ES PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN MEDIANTE EL INCIDENTE ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 319 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY AGRARIA, PERO ACATANDO LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 192 DE ESTA LEY. Si bien es cierto que la Ley Agraria no establece de manera específica un mecanismo para impugnar las notificaciones omitidas o las que se hayan hecho indebidamente, también lo es que en sus artículos 170 a 177 regula la figura jurídica de las notificaciones, aunque no en todos los aspectos, ya que sólo contiene una serie de disposiciones atinentes a las formalidades que deben cumplirse para efectuar, entre otras, las notificaciones personales, los emplazamientos, la primera cita al procedimiento y las citaciones a los peritos, testigos y terceros, y con relación a los aspectos no regulados permite, en su artículo 167, la aplicación del Código Federal de Procedimientos Civiles para normar las notificaciones que no deben ser personales, el momento en que deben hacerse las notificaciones, citaciones y emplazamientos, de aquel en que deben surtir efectos tales notificaciones, etcétera, de manera que la aplicación de dicho código adjetivo, además de regular diversos aspectos que no se establecen en la Ley Agraria en cuanto a la materia de notificaciones, es indispensable para complementar sus disposiciones. Ahora bien, si en los aspectos no consignados expresamente en la ley últimamente citada, debe recurrirse al invocado código procesal, es inconcuso que de igual manera puede aplicarse lo relativo a la posibilidad de impugnar tales notificaciones a través del incidente previsto en su artículo 319, máxime si se considera que las cuestiones incidentales no son ajenas a los procedimientos agrarios, pues en términos de lo dispuesto en el artículo 192 de la ley que los regula es posible que surjan ese tipo de cuestiones, las que únicamente se encuentran constreñidas a resolverse en los términos en que este propio dispositivo señala, es decir, deben decidirse de plano, conjuntamente con el negocio principal, a menos que por su naturaleza sea forzoso resolverlas antes o que se refieran a la ejecución de la sentencia y sin sustanciar artículo de previo y especial pronunciamiento." En ese sentido, en virtud de que los solicitantes de amparo se encontraban en aptitud de accionar sus defensas ordinarias en cuanto a la inconformidad de la actuación que estima ilegal, sin que al efecto lo haya hecho, es claro que se actualiza la causa de improcedencia en comento. Asimismo, resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 986, sostenida por el entonces único Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, materia común, página 678, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Se puntualiza que el hecho que la Ley Agraria establezca como norma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual prevé un recurso ordinario concreto contra determinada determinación (recurso de revocación) no encuadra en la excepción al principio de definitividad consistente en que sea de interpretación adicional. Lo anterior, porque acudir a la supletoriedad de una norma es una interpretación sistemática mas no adicional, en la cual ésta se analiza en conjunto con las demás que conforman el ordenamiento jurídico en el que aquélla está inserta, es decir, se interpreta a la norma como parte de un todo cuyo alcance debe fijarse en función del sistema jurídico al cual pertenece. Fundamenta lo anterior, la tesis XXVII.3o.76 C (10a.) publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, página 2479, Materias(s): Común, Civil, con el registro 2019101, que al efecto refiere: "INTERPRETACIÓN ADICIONAL. NO SE ACTUALIZA ESTA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO POR EL HECHO DE QUE EL CÓDIGO DE COMERCIO ESTABLEZCA LA SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES QUE PREVÉ LA PROCEDENCIA DE UN RECURSO ORDINARIO CONCRETO (INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES) CONTRA DETERMINADA RESOLUCIÓN. El artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, y que "cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo"; de donde deriva que el legislador estableció dos hipótesis de excepción al principio de definitividad que rige la procedencia del juicio de amparo: la primera, consiste en que será optativo para el quejoso agotar el recurso ordinario cuando la regla de su procedencia sea producto de una "interpretación adicional" del enunciado normativo que permite diversos sentidos de su significado, es decir, opuestos, uno que enuncia la procedencia del recurso ordinario contra determinada resolución y otro que establece lo contrario; y, la segunda, descansa en que será optativo para el quejoso agotar el recurso ordinario cuando el enunciado normativo en el que se quiere fundamentar su procedencia sea "insuficiente" para ese fin. Ahora bien, atento a la excepción al principio de definitividad que rige el juicio de amparo y a la interpretación del artículo citado, se tiene que: a) existe un texto legal; b) la interpretación de éste permite diversos sentidos, necesariamente contrarios u opuestos en términos racionales y objetivos; y, c) el juzgador elige uno de ellos por determinadas razones. Así, el hecho de que el Código de Comercio establezca como norma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual prevé un recurso ordinario concreto contra determinada resolución (el incidente de nulidad de notificaciones) no encuadra en la excepción al principio de definitividad consistente en que sea de interpretación adicional. Lo anterior, porque acudir a la supletoriedad de una norma es una interpretación sistemática mas no adicional, en la cual ésta se analiza en conjunto con las demás que conforman el ordenamiento jurídico en el que aquélla está inserta, es decir, se interpreta a la norma como parte de un todo cuyo alcance debe fijarse en función del sistema jurídico al cual pertenece. Por otra parte, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 2/2011 (10a.), de rubro: "CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA O DE LA RECONVENCIÓN EN EL JUICIO ORDINARIO MERCANTIL. PARA ESTABLECER LAS FORMALIDADES QUE DEBEN OBSERVARSE EN SU FORMULACIÓN, ASÍ COMO LAS CONSECUENCIAS LEGALES POR SU INCUMPLIMIENTO, PROCEDE APLICAR SUPLETORIAMENTE EL ARTÍCULO 329 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.", precisó que es necesario acudir al artículo 1054 del código mercantil, para establecer el orden de supletoriedad, por lo que, en el caso, no existe una interpretación adicional para poder determinar la norma supletoria al Código de Comercio, como lo es el Código Federal de Procedimientos Civiles, toda vez que aquélla sólo se actualiza cuando el contenido de la norma no es claro en el contexto específico en el que se ha de aplicar y el intérprete se encuentra frente a dos o más situaciones posibles." DECISIÓN Ante tales circunstancias, al surtirse en el caso la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo. No pasa inadvertido por este órgano jurisdiccional el hecho que hasta el momento no se cuente con el emplazamiento de la parte tercero interesada; lo anterior, atendiendo al sentido de la presente resolución, la cual no le causa agravio alguno. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo XIV, Julio de 1994, página número 575, cuyo epígrafe y sinopsis son los siguientes: "EMPLAZAMIENTO, FALTA DE. REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO IMPROCEDENTE CUANDO SE SOBRESEE EN EL JUICIO. La finalidad perseguida por el artículo 91, en su fracción IV, de la Ley de Amparo, de reponer el procedimiento al advertirse que en forma indebida no fue oída alguna de las partes que tuviera derecho de intervenir conforme a la ley, como lo es el tercero perjudicado, debe entenderse en el sentido de que en un juicio constitucional no queden firmes las irregularidades procesales que pudieran lesionar los intereses de alguna de las partes, lo que no sucedería en el caso de sobreseimiento decretado por el juez federal pues no perjudica a dicho tercero y, por ende, no puede producirle beneficio alguno la reposición del procedimiento." Por lo anteriormente expuesto y con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 655/2022, promovido por***, por propio derecho, en contra de un acto del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 46, con sede en Huajuapan de León, Oaxaca, por los motivos expuestos en el apartado V del presente fallo. Notifíquese.

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