Luis Gonzalez Perez
Expediente 194/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 194/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 02/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Luis Gonzalez Perez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, dos de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido la sentencia dictada el ocho de abril de dos mil veintidós, la cual sobreseyó en el presente juicio; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se declara que dicha resolución ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido; insértese este acuerdo en el original y duplicado del incidente de suspensión. En ese sentido, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, y es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 21, inciso a), del ordenamiento en cita; y dentro de los noventa días siguientes al haber transcurrido dicho término. Sin que en el presente asunto sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos originales del incidente de suspensión, en virtud que se negó la medida cautelar solicitada (suspensiones provisional y definitiva), con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo General, se decreta que es susceptible de destrucción, después de haber transcurrido tres años. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General, se establece que es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el plazo de seis meses, procédase a su destrucción. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo General. Notifíquese por lista al quejoso y a la tercera interesada; y, por oficio a la autoridad responsable y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
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Registro:6275 AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Andrés Cholula, Puebla, siendo las nueve horas con treinta y ocho minutos del ocho de abril de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas (foja 45 vuelta) para celebrar la audiencia constitucional en el juicio de garantías 194/2022, Horacio Óscar Rosete Mentado, Juez Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, asistido de Aída Araceli Ramírez Lozano, Secretaria con quien actúa, la declaró abierta con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin asistencia de las partes. A continuación, la secretaria relaciona las constancias que obran en el expediente, entre las que destacan, el escrito de demanda presentado por Luis González Pérez (fojas 2 a 18); proveído de catorce de marzo de dos mil veintidós por el que se admitió a trámite la demanda (fojas 45 a 48); informe justificado de la autoridad responsable; y, se certifica que han transcurrido los ocho días concedidos a las partes en términos del segundo párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, para que se impongan de dicho informe. Asimismo se da cuenta con el escrito de la tercera interesada Adela Ramírez Aburto, que se reservó acordar en auto de siete de abril de dos mil veintidós; así como con el escrito de José David Atlatenco Sandoval, quien refiere ser el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, del quejoso Luis González Pérez, presentado el día de la audiencia, por el que ofrece lo anterior, el Juez de Distrito acuerda: Téngase por realizada la relación secretarial que antecede; y, por transcurrido el término para que las partes se impongan del informe justificado rendido por la autoridad responsable. Por lo que respecta a los escritos de la tercera interesada y de José David Atlatenco Sandoval, quien refiere ser autorizado del quejoso, dése cuenta en el periodo procesal correspondiente. Abierto el período probatorio: La Secretaria da cuenta con la documental que remitió la autoridad responsable 1. María del Rocío Pérez Gutiérrez, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Chapulco, a requerimiento de este juzgado de Distrito, consistente en las copias certificadas que integran la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/CHAPULCO- 22802/2021 (fojas 60 a 76). Asimismo se da cuenta con el escrito de la tercera interesada Adela Ramírez Aburto, por el que solicita se requiera una documental pública a una autoridad no señalada como responsable y ofrecerla en la presente audiencia constitucional. También, se da cuenta con el escrito de José David Atlatenco Sandoval, quien refiere ser el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, del quejoso Luis González Pérez, por el que ofrece las pruebas consistentes en: a) instrumental de actuaciones; b) presuncional en su doble aspecto; y, c) documental privada Enseguida, el Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admite la prueba documental de cuenta ofrecida por la autoridad responsable. Por lo que hace a la documental pública que solicita la tercero interesada se requiera a una autoridad no señalada como responsable, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 75 de la Ley de Amparo, se desecha su petición, pues la misma no fue ofrecida ni tomada en consideración para la emisión del acto reclamado en esta vía de amparo. Por lo que hace al escrito de José David Atlatenco Sandoval, quien refiere ser el autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, del quejoso Luis González Pérez, con fundamento en el citado numeral 12 de la referida ley de la materia, aplicado a contrario sentido, se desecha su promoción, pues no tiene reconocido dicho carácter en los presentes autos. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, la Secretaria hace constar que por escrito presentado el treinta y uno de marzo de dos mil veintidós en este juzgado de Distrito la tercera interesada Adela Ramírez Aburto hizo diversas manifestaciones en vía de alegatos; y que la agente del Ministerio Público Federal adscrita no presentó pedimento y que las demás partes no hicieron uso de ese derecho. Enseguida, el juez de Distrito acuerda: Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hechas las manifestaciones que realiza la tercera interesada Adela Ramírez Aburto, a manera de alegatos; y por precluido el derecho de la agente del Ministerio Público Federal adscrita y de las demás partes para ejercerlo, con lo que se cierra el periodo de referencia.Al no existir más promociones que acordar ni pruebas por desahogar, se concluyen las dos primeras etapas de la presente audiencia constitucional, por lo que se levanta esta acta para constancia, y acto seguido el suscrito juez de Distrito dictaS E N T E N C I A: V I S T O S; para resolver los autos del juicio de amparo número 194/2022, del índice del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, promovido por el quejoso Luis González Pérez, por propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, mediante buzón judicial y remitido por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, al día hábil siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, el quejoso Luis González Pérez, por su propio derecho solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad siguiente (foja 2): "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.- En su calidad de ordenadora y ejecutora: LIC. MARÍA DEL ROCÍO PÉREZ GUTIÉRREZ, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A LA FISCAL DE INVESTIGACIÓN METROPOLITANA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN CHAPULCO." Mediante escrito presentado el ocho de marzo de dos mil veintidós en este Juzgado de Distrito, el quejoso aclaró los actos reclamados (fojas 32 y 33), siendo los siguientes: "(.) DE LA AUTORIDAD DENOMINADA ORDENADORA:- Se reclama LA MEDIDA DE PROTECCIÓN, dictada con fecha veinte (20) de Diciembre del año Dos mil Veintiuno (2021), dictada por la LIC. MARÍA DEL ROCÍO PÉREZ GUTIÉRREZ, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A LA FISCAL DE INVESTIGACIÓN METROPOLITANA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN CHAPULCO, con número de carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/CHAPULCO-22802/2021, siendo las siguientes: -vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido; -Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policíacas, al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo. Mismo que fue ejecutado en mi domicilio ubicado en ANDADOR SANTA MARÍA EDIFICIO E2 NÚMERO 302 FRACCIONAMIENTO MISIÓN SAN JOSÉ COLONIA CHAPULCO, DE ESTA CIUDAD DE PUEBLA, y no en el de la supuesta víctima ADELA RAMÍREZ ABURTO, ya que como lo reitero ese departamento es de mi propiedad, lo cual acreditaré en el momento oportuno con documentos idóneos para este juicio de Garantías. "(.) DE LA AUTORIDAD DENOMINADA EJECUTORA.- Se reclama la EJECUCIÓN DE MANERA EXCESIVA SOBRE LA MEDIDA DE PROTECCIÓN, dicta con fecha veinte (20) de Diciembre del año Dos mil Veintiuno (2021), dictada por la LIC. MARÍA DEL ROCÍO PÉREZ GUTIÉRREZ, AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A LA FISCAL DE INVESTIGACIÓN METROPOLITANA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN CHAPULCO, con número de carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/CHAPULCO-22802/2021." La parte quejosa narró bajo protesta de decir verdad, los antecedentes del caso; formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos fundamentales y garantías violados los contenidos en los artículos 1, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Radicación de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, así, por auto de veinticinco de febrero de dos mil veintidós, se radicó la demanda de amparo con el número 194/2022, y se previno al quejoso a efecto de que precisara los actos reclamados; así previa prevención cumplida en el sentido de precisar los actos reclamados y aclarar que no reclamaba algún acto privativo de libertad, el catorce de marzo de dos mil veintidós (fojas 45 a 48), se admitió a trámite la demanda de amparo con incidente de suspensión, se requirió el informe justificado a la autoridad responsable; y, se dio la intervención que legalmente le compete a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción (foja 57). TERCERO. Parte tercera interesada. En cumplimiento al auto de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós (foja 77), se emplazó con dicho carácter a Adela Ramírez Aburto quien fue emplazado el veintinueve de marzo de dos mil veintidós por lista, previo citatorio (fojas 82 y 83). CUARTO. Cita para audiencia. En auto admisorio (fojas 45 a 48), se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, celebrándose en sus fases de pruebas y alegatos al tenor del acta que antecede y culmina con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, por razón de materia y territorio, pues se reclama un acto de esa naturaleza, atribuido a una autoridad con residencia dentro de la jurisdicción de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se advierten del análisis integral de la demanda y escrito aclaratorio, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por el quejoso, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, del contenido integral de la demanda de amparo y de la revisión del informe justificado de la autoridad responsable se advierte que la parte quejosa esencialmente reclama a 1. María del Rocío Pérez Gutiérrez, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Chapulco: a) Las medidas de protección otorgadas a Adela Ramírez Aburto, y a su familia, consistentes en: 1) vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido; y 2) Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policíacas, al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima u ofendida en el momento de solicitarlo; mismas que se emitieron el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, en la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/CHAPULCO-22802/2021, en virtud de los hechos con apariencia del delito de violencia familiar que denunció en contra de su esposo Luis González Pérez, aquí quejoso; y que ha sufrido la víctima en el domicilio conyugal ubicado en andador Santa María, edificio 2, interior 302, conjunto habitacional Misiones de San José, de la ciudad de Puebla, y su ejecución. TERCERO. Existencia e inexistencia de los actos reclamados. Por razón de método en toda sentencia de amparo, primeramente se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, estudiar las causales de improcedencia aducidas o que de forma oficiosa se adviertan, para por último, de resultar procedente el juicio, analizar el fondo del asunto. Corrobora lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 10, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, que en su rubro señala lo siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." Al respecto la autoridad responsable 1. María del Rocío Pérez Gutiérrez, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Chapulco, al rendir el correspondiente informe justificado en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo (foja 52), no dijo si era cierto o no el acto que se le atribuye, pero del contenido del mismo se advierte su existencia, esto es que otorgó a Adela Ramírez Aburto (aquí tercero interesada) las medidas de protección reclamadas. En efecto, de las copias certificadas de las constancias que integran la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/CHAPULCO-22802/2021 que remitió 1. María del Rocío Pérez Gutiérrez, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Chapulco, a requerimiento de este juzgado de Distrito (fojas 60 a 76), a las cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos públicos, se advierte la emisión del auto de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, donde se otorgaron las medidas de protección reclamadas por esta vía de amparo. Es aplicable la jurisprudencia sustentada por el tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda. Dada la naturaleza jurídica del acto reclamado, esto es, de una determinación emitida dentro de un procedimiento en forma de juicio, se sigue, que la demanda de amparo en su contra debe presentarse dentro del plazo genérico de quince días a que alude el artículo 17 de la Ley de Amparo; lo anterior, dado que no se actualiza ninguna hipótesis de excepción al mismo. Al respecto, de la prueba documental pública que exhibió 1. María del Rocío Pérez Gutiérrez, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Chapulco, a requerimiento de este juzgado de Distrito (fojas 60 a 76), relativa a las copias certificadas de las constancias que integran la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/CHAPULCO-22802/2021, ya valoradas, se advierte que no se ordenó notificar el auto de veinte de diciembre de dos mil veintiuno al quejoso. Por lo que los quince días se contaran a partir de que dijo tener conocimiento de las medidas de protección otorgadas a Adela Ramírez Aburto, que fue el dos de febrero de dos mil veintidós (foja 4). Entonces, si el quejoso conoció el acto que reclamada el dos de febrero de dos mil veintidós, el plazo de quince días para promover amparo trascurrió a partir del día siguiente hábil, esto es, del tres al veinticuatro febrero de dos mil veintidós, sin contar sábados, domingos, y siete de febrero, este último por ser el primer lunes en conmemoración del 5 de febrero, y ser inhábiles de conformidad con lo dispuesto por el artículo 19 de la Ley de Amparo. Luego, si la presente demanda de amparo se presentó hasta el veintitrés de febrero dos mil veintidós, mediante buzón judicial, como se advierte del sello y boleta de recepción respectivos (fojas 1 y 2), esto es, el décimo cuarto día del término de los quince, es evidente que su promoción fue oportuna. QUINTO. Ponderaciones previas. I. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en la presente sentencia, no obstante haber sido integradas -algunas de ellas- con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, y con el decreto por el que se expide la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria del Apartado B) del artículo 123 Constitucional; de la Ley Federal de Defensoría Pública; de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Reglamentaria de las fracciones I y II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Federal de Procedimientos Civiles, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno. II. Normas aplicables. El medio de impugnación de donde deriva el acto reclamado, se tramita conforme al nuevo sistema de justicia penal de corte oral y acusatorio. En consecuencia, el acto reclamado será analizado con las disposiciones aplicables del Código Nacional de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil catorce y sus reformas; así como la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, después de la implementación del nuevo sistema penal acusatorio, esto es, posterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho. III. Suplencia de la queja. En el presente asunto, rige el principio de suplencia de la queja, en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa tienen el carácter de imputado, en el procedimiento penal origen del acto reclamado. SEXTO. Improcedencia del juicio de amparo indirecto. De conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia del juicio, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. Cierto, para poder analizar la constitucionalidad del acto reclamado, es necesario que la acción intentada sea procedente, es decir, que no existan obstáculos que impidan pronunciarse sobre la cuestión planteada, los cuales, se denominan causas de improcedencia. En suma, la improcedencia del juicio de amparo constituye un obstáculo insalvable que impide el pronunciamiento de fondo; por tanto, dicho estudio debe hacerse previo al análisis de la constitucionalidad del acto reclamado, pues de actualizarse alguna causa de inviabilidad, sería imposible el examen de la litis constitucional. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, la cual se transcribe enseguida: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, respecto al acto reclamado a 1. María del Rocío Pérez Gutiérrez, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Chapulco, relativo a: las medidas de protección otorgadas a Adela Ramírez Aburto, y a su familia, consistentes en: 1) vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido; y 2) Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policíacas, al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima u ofendida en el momento de solicitarlo; mismas que se emitieron el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, en la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/CHAPULCO-22802/2021, en virtud de los hechos con apariencia del delito de violencia familiar que denunció en contra de su esposo Luis González Pérez, aquí quejoso; y que ha sufrido la víctima en el domicilio conyugal ubicado en andador Santa María, edificio 2, interior 302, conjunto habitacional Misiones de San José, de la ciudad de Puebla, y su ejecución, el suscrito juez de Distrito advierte de oficio, que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.)- - XVI. Contra actos consumados de modo irreparable; (.)" Del precepto transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente si el acto reclamado o actos reclamados se han consumado de manera irreparable. Entendiéndose por tales, aquellos en los que habiéndose emitido o ejecutado, sea materialmente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada al otorgarse la protección constitucional, por estar fuera del alcance de los instrumentos jurídicos volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, dicha causa de improcedencia se actualiza en el caso a estudio, pues si bien es cierto que el quejoso reclamó en esta vía de amparo: las medidas de protección otorgadas por 1. María del Rocío Pérez Gutiérrez, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Chapulco, a Adela Ramírez Aburto, y a su familia, consistentes en: 1) vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido; y 2) Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policíacas, al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima u ofendida en el momento de solicitarlo; mismas que se emitieron el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, en la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/CHAPULCO-22802/2021, en virtud de los hechos con apariencia del delito de violencia familiar que denunció en contra de su esposo Luis González Pérez, aquí quejoso; y que ha sufrido la víctima en el domicilio conyugal ubicado en andador Santa María, edificio 2, interior 302, conjunto habitacional Misiones de San José, de la ciudad de Puebla; al respecto, debe decirse que dichas medidas ya se consumaron (se cumplieron). En efecto, de las copias certificadas que integran la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/CHAPULCO-22802/2021 (fojas 60 a 76), ya valoradas se advierte lo siguiente: 1. Que Adela Ramírez Aburto el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, denunció a su esposo Luis González Pérez, aquí quejoso, por los hechos con apariencia del delito de violencia familiar, y señaló como domicilio conyugal el inmueble ubicado en andador Santa María, edificio 2, interior 302, conjunto habitacional Misiones de San José, de la ciudad de Puebla (fojas 61 a 63). 2. Que en la misma fecha (veinte de diciembre de dos mil veintiuno), se le otorgó a Adela Ramírez Aburto, y a su familia, las medidas de protección consistentes en: 1) vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido; y 2) Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policíacas, al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima u ofendida en el momento de solicitarlo (fojas 68 y 69); y. 3. Que dichas medidas de protección se le otorgaron a Adela Ramírez Aburto por (30) treinta días naturales (foja 69). Ahora, de los antecedentes narrados, se advierte que las medidas de protección otorgadas a Adela Ramírez Aburto y que por esta vía reclama el quejoso tuvieron una duración de (30) treinta días naturales; por lo que si se emitieron el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, el plazo transcurrió del veintiuno de diciembre del mismo año al diecinueve de enero de dos mil veintidós, momento en que se consumaron las mismas (aquí acto reclamado). Medidas que no fueron renovadas, pues no existe acuerdo en ese sentido y la autoridad responsable señaló a este juzgado de Distrito lo siguiente (foja 58): "(.) la suscrita emitió una medida de protección consistente en la vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido, auxilio inmediato por integrantes de la (Sic) instituciones policiacas al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo por término de 30 días, medida que no se renovó." De ahí que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, que fue el veintitrés de febrero de dos mil veintidós, las medidas de protección habían quedado irreparablemente consumadas, y han producido todos sus efectos, de manera que no es posible, de concederse el amparo, restituir a la parte quejosa en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Orienta lo anterior por analogía, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 136/2007-SS, cuyos datos de localización, rubro y texto son: "ARRESTO. SI YA SE EJECUTÓ, EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA, ES IMPROCEDENTE, POR CONSTITUIR UN ACTO CONSUMADO DE MODO IRREPARABLE. De los artículos 73, fracción IX y 80 de la Ley de Amparo se advierte que son actos consumados de modo irreparable los que han producido todos sus efectos, de manera que no es posible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual violada, lo cual hace improcedente la acción de amparo porque de otorgarse la protección constitucional, la sentencia carecería de efectos prácticos, por no ser factible restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En ese tenor, resulta que esa causa de improcedencia se actualiza cuando se promueve el juicio de amparo contra un arresto que ya se ejecutó, por haberse consumado irreversiblemente la violación a la libertad personal, dado que está fuera del alcance de los instrumentos jurídicos restituir al quejoso en el goce de ese derecho, al ser físicamente imposible reintegrarle la libertad de la que fue privado, sin que el hecho de que sea factible reparar los daños y perjuicios que tal acto pudo ocasionar haga procedente el juicio de garantías, pues al tratarse de un medio de control constitucional a través del cual se protegen las garantías individuales, la sentencia que se dicte tiene como único propósito reparar la violación, sin que puedan deducirse pretensiones de naturaleza distinta a la declaración de inconstitucionalidad de un acto, como podría ser la responsabilidad patrimonial. Lo anterior no prejuzga en cuanto a la legalidad de dicho acto o la responsabilidad que, en su caso, pueda atribuirse a las autoridades que tuvieron participación en el mismo, ni limita el derecho que pudiera asistir al particular para demandar, a través de las vías correspondientes, la reparación de los daños que ese acto le pudo ocasionar." En las relatadas condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61 de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en la fracción V del numeral 63 de la referida Ley de Amparo procede SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE GARANTÍAS respecto del acto que Luis González Pérez, reclamó a 1. María del Rocío Pérez Gutiérrez, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Chapulco, relativo a: las medidas de protección otorgadas a Adela Ramírez Aburto, y a su familia, consistentes en: 1) vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido; y 2) Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policíacas, al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima u ofendida en el momento de solicitarlo; mismas que se emitieron el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, en la carpeta de investigación FGEP/CDI/FIM/CHAPULCO-22802/2021, en virtud de los hechos con apariencia del delito de violencia familiar que denunció en contra de su esposo Luis González Pérez, aquí quejoso; y que ha sufrido la víctima en el domicilio conyugal ubicado en andador Santa María, edificio 2, interior 302, conjunto habitacional Misiones de San José, de la ciudad de Puebla, y su ejecución. Por último, debe decirse que el suscrito juez de Distrito no atiende los alegatos de la tercero interesada, porque únicamente constituyen manifestaciones que están sujetas a la apreciación del acto reclamado, respecto del cual ya se realizó, y se sobreseyó el juicio. SÉPTIMO. Forma de publicación de la sentencia. En términos del artículo 6, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en lo dispuesto en los diversos preceptos 70 y 73, fracción II, 106, fracción III, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los numerales 1, 9, 11, 68, 110, 113, 117, 118 y 164 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, toda vez que se estima que las sentencias dictadas en los juicios de amparo son de interés público, con el objeto de salvaguardar aquella información reservada o confidencial contenida en esta sentencia, se ordena la elaboración de la versión pública suprimiendo los datos relativos a dicha información y ponerla a disposición del público para su consulta, conforme los mecanismos establecidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para tal efecto, así como también cuando se efectúe la solicitud correspondiente, en conformidad con el procedimiento de acceso a la información establecido en el Título Quinto de la legislación referida en último término. Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 65, 74, y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Luis González Pérez, respecto del acto que reclamó a 1. María del Rocío Pérez Gutiérrez, Agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación Chapulco, precisado en el considerando segundo; y en virtud de lo expuesto en el considerando sexto de esta resolución. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese junto con el acta de audiencia: por lista al quejoso y a la tercero interesada; y, por oficio a la autoridad responsable, y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito.
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San Andrés Cholula, Puebla, siete de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el escrito de la tercera interesada Adela Ramírez Aburto, por medio del cual ofrece como prueba de su parte las copias certificadas solicitadas al Juez de Oralidad Familiar Puebla, Puebla; al respecto, resérvese proveer lo conducente en la audiencia constitucional. Cúmplase...
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San Andrés Cholula, Puebla, primero de abril de dos mil veintidós . TERCERA SE APERSONA Intégrese a los autos el escrito signado por la tercera interesada Adela Ramírez Aburto y, atento a su contenido, se provee: En primer lugar, con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, se tiene al promovente, apersonándose al presente juicio de amparo, en su carácter de tercero interesado. AUTORIZADA EN TÉRMINOS AMPLIOS. Asimismo, téngasele autorizando con las facultades amplias previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Verónica Mejía Sánchez, para que actúen en el presente juicio con todas las facultades que confiere el citado numeral, toda vez que acredita ser Licenciada en Derecho, al contar con cédula profesional, como se advierte de la certificación secretarial de cuenta. DOMICILIO Y MEDIO DE CONTACTO. Así mismo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya lugar a tener por autorizado el correo electrónico que proporciona como medio para recibir notificaciones al no encontrarse previsto en la Ley de Amparo; sin embargo, con fundamento en los artículos 1º, fracción I, y 2, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020, en relación con su similar 18/2020 (este último por cuanto hace a su período de vigencia), ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, téngase dicho medio, únicamente para establecer un contacto en este período de contingencia, sin que ello implique que pueda presentar promociones, ni notificarse por ese medio y solo en casos excepcionales. Finamente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hechas las manifestaciones que realiza la tercera interesada Adela Ramírez Aburto, a manera de alegatos, sin perjuicio de dar cuenta con las mismas en la audiencia constitucional. Notifíquese por lista a las partes...
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