Luis Gonzalez Bernal
Expediente 1074/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1074/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 20/10/2016
Partes del expediente
- Luis Gonzalez Bernal
Actuaciones
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- Principal
VI. Toluca, Estado de México; veinte de octubre de dos mil dieciséis. De conformidad con los artículos 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales procedentes, el oficio de cuenta signado por el Magistrado Presidente de la Sala Unitaria Penal de Toluca, Estado de México, a través del cual acusa recibo de las constancias enviadas por diverso oficio 42596/2016. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Toluca, Estado de México; diez de octubre de dos mil dieciséis. De la certificación de cuenta se desprende que el impetrante del amparo Luis González Bernal, a quien se considera podría causarle algún perjuicio la sentencia de veinte de septiembre de dos mil dieciséis, a través de la cual se sobreseyó en el juicio de amparo, dentro del plazo de diez días inserto en el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de revisión. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este juzgado de Distrito, por ende, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. Ahora, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se hace la indicación que el expediente es susceptible de destrucción, porque mediante sentencia de veinte de septiembre del año en curso, se sobreseyó el juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso II, del Acuerdo General Conjunto de referencia). En el entendido que en el cuaderno no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo citado; a consideración de este juzgado de Distrito carece de relevancia documental, y además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A las partes se les comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción de los mismos, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, como ya no es necesario conservarlas en este órgano jurisdiccional, remítanse a la Sala Unitaria Penal de Toluca del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, las constancias que adjuntó a su informe justificado, consistentes en el original del toca de apelación 4/2011, en cincuenta y tres fojas, y de la causa penal 309/2013, en quinientas ochenta y tres fojas. Notifíquese. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
VI) Visto para resolver el juicio de amparo indirecto 1074/2016-VI; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintidós de junio de dos mil dieciséis, en la Oficialía de Partes de la Sala Unitaria Penal de Toluca del Tribunal Superior de justicia del Estado de México, Luis González Bernal, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y acto siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. "CC. MAGISTRADOS DE LA EXTINTA SEGUNDA SALA UNITARIA PENAL DE TOLUCA." IV. ACTO RECLAMADO. "LA SENTENCIA DICTADA EN EL TOCA NÚMERO 04/2011 DE FECHA 25 DE FEBRERO DE 2011, POR LOS C.C. MAGISTRADOS DE LA EXTINTA SEGUNDA SALA UNITARIA PENAL DE TOLUCA, ESPECÍFICAMENTE EL PUNTO RESOLUTIVO PRIMERO QUE A LA LETRA DICE; PRIMERO: Al resultar inoperantes los Agravios Formulados por la Representación Social, queda firme el auto que niega la orden de aprehensión." SEGUNDO. Preceptos Constitucionales Señalados. El quejoso estimó violados los derechos humanos protegidos en los artículos 1°, 14, 16, 17 y 20, apartado C, fracciones I, II, IV y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 5). TERCERO. Remisión De Demanda A Tribunal Colegiado. Mediante oficio 205, la Presidenta de la Sala Unitaria Penal de Toluca, Estado de México, remitió la demanda de amparo a la Oficina de Correspondencia Común a los Tribunales Colegiados en Materia Penal del Segundo Circuito, para la substanciación del medio de impugnación propuesto (foja 17 de autos). CUARTO. Substanciación ante Tribunal Colegiado y Remisión a Juzgado de Distrito. Por razón de turno, el conocimiento correspondió al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, quien mediante auto del uno de julio de dos mil dieciséis (fojas 34 a 36 de autos), se declaró legalmente incompetente para conocer del asunto, y ordenó su remisión de la demanda a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México; demanda que fue remitida a este órgano jurisdiccional el doce de julio de dos mil dieciséis (foja 2 de autos). QUINTO. Admisión. Mediante proveído de dos de agosto del año en curso (fojas 67 a 70), se aceptó la competencia planteada por el Tribunal de Alzada; se dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, SEXTO. Ampliación De Demanda. Por escrito presentado el diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, la parte quejosa amplió su demanda señalando como nueva autoridad responsable al Secretario de Acuerdos de la Sala Unitaria Penal de Toluca (fojas 83 y 84). Seguidos en sus trámites el juicio, se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción V, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 37 párrafo primero y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclaman actos emitidos después de concluido el juicio, por una autoridad judicial del orden penal con residencia dentro de la jurisdicción donde este juzgado de Distrito ejerce su competencia. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, este juzgador al momento de dictar resolución se encuentra obligado a precisar los actos reclamados por el quejoso, tomando en consideración todos los datos que emanen de la demanda de amparo e incluso la totalidad de la información del expediente, atendiendo al pensamiento e intencionalidad de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En esa tesitura, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de los datos que emanan del presente expediente, se advierte que el quejoso reclama: - La resolución de veinticinco de septiembre de dos mil once, dictada por la otrora Segunda Sala Unitaria Penal de Toluca, Estado de México, en el toca 04/2011, mediante la cual dejó firme el auto por cual se negó la orden de aprehensión solicitada. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. Previo al análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia 10, publicada en la página sesenta y ocho, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, tomo 76, abril de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. El artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento cuando, entre otros casos, el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia haya incurrido en alguna omisión que pudiere influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva. Por otra parte, de acuerdo con la técnica que rige al juicio de garantías, en toda sentencia de amparo, sea directo o indirecto, la autoridad que conozca del mismo, en primer lugar debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen, para, por último, de ser procedente el juicio, dictar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de éstas, legalmente resulta imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de garantías sea procedente. A mayor abundamiento, el no estudio de la certeza o inexistencia de los actos reclamados por parte del Juez de Distrito, independientemente de que es contrario a la técnica del juicio de amparo en los términos antes apuntados, entre otras cuestiones, trastoca la litis del recurso de revisión que hagan valer las partes y limita las defensas de éstas, porque la sentencia que se dicte en dicho recurso, podría carecer de sustento legal, al no poder precisarse con exactitud, en primer lugar, la materia del recurso y, en segundo lugar, sobre qué actos de los reclamados es procedente, en su caso, conceder el amparo, sin que el tribunal del conocimiento pueda suplir la omisión apuntada por carecer de facultades para ello, pues es obligación del Juez de Distrito ocuparse de la cuestión de que se trata, siguiéndose con ello el cumplimiento de la obligación constitucional de otorgar a las partes plenitud de defensa en contra de un acto de autoridad que afecte su esfera jurídica, como puede ser la resolución definitiva por él dictada. Así pues, si el Juez de Distrito omitió, previamente al estudio de la causa de improcedencia que estimó fundada, el análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, se actualiza la hipótesis jurídica que contempla el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, procediendo, en consecuencia, revocar la sentencia recurrida y mandar reponer el procedimiento." Establecido lo anterior, el Secretario de Acuerdos de la Sala Unitaria Penal de Toluca Estado de México (foja 89), al rendir su informe justificado negó la existencia del acto reclamado; sin que la parte quejosa haya aportado prueba alguna para desvirtuar tal negativa. En ese orden, ante la inexistencia del acto reclamado y toda vez que el quejoso no aportó prueba idónea para acreditar la participación de dicha autoridad, pese a que le correspondía al arrojársele la carga respectiva, en términos del artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, cuyo texto previene que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción; en la especie, la existencia de los actos reclamados, que por tratarse de hechos positivos es posible probarlos; razón por la cual debe sobreseerse en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. La Presidenta de la Sala Unitaria Penal de Toluca, Estado de México (foja 42), al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado. Es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 231, del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Quinta Época, Materia Común, con número de registro 917812, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que se corrobora con las constancias que la autoridad responsable acompañó en apoyo a su informe justificado, consistentes en el toca 4/2011 del índice de la Sala Unitaria Penal de Toluca, Estado de México y expediente 309/2013, del índice del Juzgado Segundo Penal de Primera Instancia, del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, constancias a las que, dada su naturaleza de documentales públicas, se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, primera parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, Materia Común, con número de registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia ya sea que las hagan valer las partes, o que el suscrito las advierta de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Este órgano de control constitucional advierte que en el caso particular, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61 de la Ley de Amparo, consistente en haberse consentido tácitamente el acto reclamado, debido a que el juicio de amparo, no se promovió dentro de la oportunidad procesal prevista en el artículo 17 del invocado ordenamiento legal. Ello es así, pues el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Para poder determinar en qué supuestos se actualiza la causa prevista por dicho numeral, es necesario acudir al artículo 17 del mismo ordenamiento vigente, que precisa lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Del contenido de los preceptos legales transcritos, se aprecia que, por regla general, el juicio de amparo debe ser promovido dentro del término de quince días. Ahora, para determinar la forma en que debe computarse dicho plazo, debe acudirse al artículo 18 del mismo ordenamiento, que dispone: "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." El numeral transcrito previene tres hipótesis a partir de las cuales da inicio el término para la promoción del juicio. La primera de ellas, relativa a que dicho término se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto reclamado. La segunda hipótesis consiste en que el término para la interposición de la demanda de amparo, iniciará a partir del día siguiente al en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. La tercera y última estriba en que los quince días de referencia se computarán a partir del día siguiente al en que el quejoso se hubiese ostentado sabedor del acto reclamado. En el caso concreto se está en la primera hipótesis señalada, dado que el quejoso Luis González Bernal, es parte en el juicio de origen y por tanto se le notificó la determinación reclamada en el presente asunto (auto de veinticinco de febrero de dos mil once), por conducto de la agente del ministerio público María de Jesús Cervantes Valdés, como se advierte de la constancia de notificación que obra agregada en autos (foja 128, vuelta, expediente 309/2013). Ahora bien, en relación a dicha notificación realizada al ahora quejoso Luis González Bernal, el artículo 1.149 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, establece: "Artículo 1.149. Los plazos empezarán a correr al día siguiente de practicada la notificación." De ello se desprende que, acorde a tal disposición, las notificaciones surten efectos el mismo día en que se practican. Al respecto, ilustra el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, del mes de julio de 1999, visible a página 63, que se lee como sigue: "NOTIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SURTE EFECTOS CONFORME A LAS REGLAS IMPUESTAS POR LA LEY DE LA MATERIA, CON INDEPENDENCIA DE QUE ESA FECHA SEA CONSIDERADA COMO INHÁBIL POR LAS NORMAS QUE RIGEN EL JUICIO DE AMPARO. No obstante que los artículos 23 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen los días que serán considerados como inhábiles respecto del cómputo de los términos en el procedimiento del juicio de amparo; ello no puede hacerse extensivo a las actuaciones procesales propias del acto reclamado como son aquellas en las que se determine el momento en que deberán surtir efectos las notificaciones, puesto que en sentido estricto, no corresponden al procedimiento de amparo. En consecuencia, con independencia de que el día en que surta efectos la notificación del acto reclamado se considere inhábil para los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, el plazo de los quince días a que hace mención el artículo 21 de la Ley de Amparo se iniciará precisamente al día siguiente al en que surta efectos conforme a la ley del acto la resolución o acuerdo reclamado." Luego, de acuerdo a lo anteriormente relatado, la notificación del acto reclamado se efectúo el cuatro de marzo de dos mil once, por lo que el término de quince días para hacer valer el juicio de amparo que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del ocho al veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, sin contar los días cinco, seis, doce, trece, diecinueve, veinte, veintiuno, veintiséis y veintisiete de marzo de dos mil once, por ser inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo. Por lo que, es incuestionable que al haberse presentado la demanda de amparo que dio origen a este juicio, hasta el veintidós de junio de dos mil dieciséis, ya ha transcurrido el plazo de quince días para incoar la acción constitucional, por tanto, su presentación deviene extemporánea. Apoya a lo anterior, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esta vía dentro de los plazos que la ley señala." De igual forma, cobra aplicación la diversa tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en la página 364 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, del mes de junio de 1992, Octava Época, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: "CONSENTIMIENTO TÁCITO DEL ACTO RECLAMADO EN AMPARO. ELEMENTOS PARA PRESUMIRLO. Atento a lo dispuesto en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en los artículos 21, 22 y 218 de ese ordenamiento, excepto en los casos consignados expresamente en materia de amparo contra leyes. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación con un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de impugnar ese acto en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, y no obstante deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta en tales circunstancias revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad; b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción; y e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, pues la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Así, ante la inexistencia del acto de autoridad faltaría el objeto sobre el cual pudiera recaer la acción de consentimiento; si no hubiera una persona afectada faltaría el sujeto de la acción; si la ley no confiere la posibilidad de ocurrir en demanda de la justicia federal, la omisión de tal demanda no puede servir de base para estimar la conformidad del afectado con el acto de autoridad, en tanto no pueda encausar su inconformidad por ese medio; y si la ley no fija un plazo perentorio para deducir la acción de amparo o habiéndolo fijado éste no ha transcurrido, la no presentación de la demanda no puede revelar con certeza y claridad la aquiescencia del acto de autoridad en su contenido y consecuencias, al subsistir la posibilidad de entablar la contienda". Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo; procede sobreseer en el presente juicio constitucional con base en el numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia visible en la página 202, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, Enero, de la Octava Época, que a la letra refiere: "DEMANDA DE GARANTÍAS. EXTEMPORANEIDAD DE LA. Es correcto el actuar del juez de Distrito al dar el trámite correspondiente a una demanda de garantías, y que al momento de dictar su resolución constitucional sobresea en el juicio de garantías al actualizarse la causal de improcedencia contenida en la fracción XII, del artículo 73 de la Ley de Amparo, en virtud de que al rendir el informe justificado la autoridad responsable acompañó las constancias que estimó pertinentes y el juez de amparo advirtió que la demanda de garantías era extemporánea pues de las referidas constancias se desprendía la extemporaneidad de la misma, además de que el juez federal con la sola presentación de la demanda no podía advertir esa circunstancia, pues en ella la parte quejosa expresó que en determinada fecha se enteró del acto de molestia, por lo cual en ese momento el juez no estaba en aptitud de advertir la extemporaneidad de la demanda." Por todo lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, promovido por Luis González Bernal, en contra de las autoridades y el acto precisado en los considerandos segundo, tercero y cuarto de esta ejecutoria, por las consideraciones expuestas en los considerandos tercero y quinto de la presente sentencia. NOTIFÍQUESE. Así lo resolvió y firma Breyman Labastida Martínez Juez Segundo de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con el Secretario Emmanuel Ramírez Gómora que autoriza y da fe.
- Principal
VI) Toluca, Estado de México; veintiséis de agosto de dos mil dieciséis. Para conocimiento de las partes y a fin que manifiesten lo que a su interés convenga, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos de la Sala Unitaria Penal de Toluca Estado de México; a través del cual rinde su informe justificado al presente juicio de amparo. En tal virtud, téngase por rendido el informe de mérito y hágase relación de él al momento de la celebración de la audiencia constitucional. En esa tesitura, a fin de dar oportunidad a que se cumplimente el término a que se refiere el ordinal 117 de la ley de la materia, y con el objeto de no violar las reglas procedimentales que norman el juicio de amparo, se ordena diferir la audiencia fijada para el día de hoy y en su lugar se señalan las once horas con treinta minutos del veinte de septiembre de dos mil dieciséis, para que tenga verificativo la misma. Finalmente, con apoyo en los artículos 5°, fracción III, inciso b), 27, fracción I, 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por apersonado al tercero interesado Félix Romero Navarrete; por señalado el domicilio que refiere; por realizadas sus manifestaciones a manera de alegatos; y por ofrecidos, admitidos y desahogados los medios de convicción que oferta, consistentes en las constancias remitidas por las autoridades responsables en alcance a sus informes justificados, instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicios de ser relacionados al momento de la celebración de la audiencia constitucional. Asimismo, en atención a la certificación de cuenta, se tienen por autorizados a los profesionistas que se indican en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en razón de que si tiene registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, la patente para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Y al restante en términos de la última parte del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo; es decir, para oír y recibir notificaciones, porque no tiene reconocida en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, la patente para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Se estima aplicable en lo conducente, la tesis número I.11o.A.4 A, publicada en la página 1188, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2006, Tomo XIII, Novena Época, sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro es: "SISTEMA COMPUTARIZADO PARA EL REGISTRO ÚNICO DE PROFESIONALES DEL DERECHO ANTE LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO. PARA TENER RECONOCIDO EL CARÁCTER DE AUTORIZADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, EL ABOGADO DEBE ACREDITAR SU INSCRIPCIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DE ALGÚN MEDIO DE DEFENSA." Notifíquese. Así lo acordó y firma Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/2966/2016, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon que autoriza, firma y da fe.
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