Luis Gomez Fernandez
Expediente 449/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 449/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula · Chiapas
Partes del expediente
- Luis Gomez Fernandez
Actuaciones
- Principal
MESA 7-B.- Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio 9612/2022, firmado electrónicamente por el secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, por medio del cual, por auto de veintiocho de abril de la presente anualidad en el cuaderno de varios de su índice, remite a este órgano el oficio 4784/2022, proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, por el que informa que aceptó la competencia declinada y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por Luis Gómez Fernández, registrándola bajo el número 198/2022, de su estadística. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese este cuaderno de antecedentes como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto por el Acuerdo General publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena, conforme a lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, inciso a) del referido documento normativo: Destruir el presente expediente, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I, inciso a), del artículo 20, del citado Acuerdo General, pues se trata de un cuaderno de antecedentes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el artículo 22, del Acuerdo normativo.
- Principal
MESA 7-B.- (AVISO DE NOTIFICACION PARA LA PARTE QUEJOSA) Vista la demanda de amparo que promueve Luis Gómez Fernández, contra actos del Instituto Federal de Telecomunicaciones, Unidad de Cumplimiento Dirección General de Supervisión, con residencia en la Ciudad de México, y; Servicio de Administración Tributaria Administración Desconcentrada de Recaudación de Chiapas "2", con sede en esta ciudad; de quienes reclama el siguiente acto:...Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 449/2022, mesa 7-B. INCOMPETENCIA Ahora bien, este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, se declara carecer de competencia legal para conocer y resolver el presente asunto, en atención a las consideraciones siguientes: De inicio, la jurisdicción es la función de los órganos del Estado que tienen encomendada la administración de la justicia, para conocer, resolver y en su caso ejecutar las controversias que se les presenten, mediante la aplicación del derecho. La función de conocer y juzgar los litigios y de ejecutar lo juzgado es esencialmente la misma, cualquiera que sea la rama del derecho sustantivo que se aplique a dicha función; sin embargo, cada uno de los tribunales en que se reparte la jurisdicción tiene limitantes en sus atribuciones, pues aun cuando en lo individual representan una ramificación de un órgano único, y potencialmente poseen jurisdicción en toda causa, su ejercicio está limitado y esa limitación de sus atribuciones, esa medida de su jurisdicción, es lo que se denomina competencia; por tanto, si bien el juzgador, por el solo hecho de serlo, es titular de la función jurisdiccional, no la puede ejercer en cualquier tipo de negocios, sino sólo en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en aquellos en que es competente. Entonces, para que un tribunal tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, es necesario que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia, y normalmente se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. Sobre tal base, es conveniente mencionar que el concepto de competencia, en sentido jurídico general, alude a una idoneidad atribuida a un órgano de autoridad para conocer o llevar a cabo determinadas funciones o actos jurídicos, de conformidad con el artículo 16, párrafo primero,1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que nadie puede ser molestado sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente. Esa distribución de competencias no resulta ajena a las disposiciones que reglamentan la función jurisdiccional de los órganos del Poder Judicial de la Federación, en tanto que la Ley de Amparo y la ley orgánica delimita este tema de acuerdo con la doble función que tiene encomendada, a saber: la judicial, propiamente dicha, y la de control constitucional. Al respecto, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia, la que resulta de: a) Competencia por territorio; b) competencia por materia; c) competencia por grado; y d) competencia auxiliar, entre otras. De la clasificación anterior que define la competencia en materia de amparo de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la segunda, es decir, la definida por razón de materia. Así, en relación con la competencia por materia, que es aquella que determina que en el juzgado o tribunal especializado se radiquen asuntos de una misma rama del derecho, lo que permite que los juzgadores que lo integran tengan un mayor conocimiento sobre la materia correspondiente y, en consecuencia, puedan resolver mejor y con mayor prontitud los asuntos que son sometidos a su conocimiento, a efecto de cumplir con la garantía de justicia pronta, completa e imparcial establecida en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por regla general, en la República Mexicana la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos Tribunales o Juzgados, lo que da origen a la existencia de órganos jurisdiccionales administrativos, civiles, penales y de trabajo, entre otros, y a cada uno de ellos le corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si bien la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación precisa que se podrán establecer órganos especializados por materia, no señala qué tipo de asuntos serán competencia de cada uno; sin embargo, en los artículos 48 a 55 de ese ordenamiento, se establece la competencia por materia de los Juzgados de Distrito y constan los lineamientos que el legislador tomó en consideración para determinarla. En ese sentido, como se precisó anteriormente, el quejoso reclama en esencia la resolución IFT225/UC/DG-SUV/0682/2022 de diecisiete de febrero de dos mil veintidós, emitida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones, por el que se le determinó un crédito fiscal por la cantidad de $266,326.00 (doscientos sesenta y seis mil trescientos veintiséis pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de omisión de pago de derechos por el uso de frecuencias del espectro radioeléctrico. Así, el artículo 28, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos señala, en lo que interesa, que las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Asimismo, prescribe que esos juicios de amparo serán sustanciados por jueces y tribunales especializados en los términos del artículo 94 de esta Constitución. Por su parte, el artículo 1 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, dispone que esa legislación es de orden público y tiene por objeto regular el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, el acceso a la infraestructura activa y pasiva, los recursos orbitales, la comunicación vía satélite, la prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, y la convergencia entre éstos, los derechos de los usuarios y las audiencias, y el proceso de competencia y libre concurrencia en estos sectores, para que contribuyan a los fines y al ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 6o., 7o., 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tanto, los numerales 312, 314 y 315 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, prevén que las normas generales, actos u omisiones del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión, así como que esos juicios serán sustanciados por los jueces y tribunales especializados establecidos por el Consejo de la Judicatura Federal en materia de competencia, telecomunicaciones y radiodifusión, y que corresponderá a los tribunales especializados del Poder Judicial de la Federación en esas materias, conocer de las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de la ley en comento, que se transcribe a continuación:...Por tanto, dado que el acto reclamado en este juicio de amparo está vinculado con un tema de telecomunicaciones, el cual constitucionalmente se reservó a los Juzgados Especializados, este Juzgado Federal estima carecer de competencia para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, ya que se actualiza la competencia a favor del Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en turno....En consecuencia, remítase el presente expediente de amparo, con sus copias de traslado al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México, en turno, por conducto de su Oficina de Correspondencia Común; solicitándole el acuse de recibo correspondiente, en el que se sirva precisar si acepta o no la competencia que se plantea a su conocimiento especializado. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que al efecto indica; asimismo, se tienen como autorizados en términos amplios a Carlos Ariosto Marcelin Camacho toda vez que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Por otro lado, téngase únicamente para oír y recibir notificaciones, así como para imponerse de autos a Sergio Aquino Valle, por así solicitarlo expresamente.
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