Luis Gilberto Velázquez Morán

Expediente 853/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 15 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
853/2019
Año
2019
Actuaciones
15
Última actuación
28/03/2022

Partes del expediente

  • Luis Gilberto Velázquez Morán
  • Luis Gilberto Velázquez Morán y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Cúmplase.

  2. Principal

    ARCHIVO

  3. Principal

    Notifíquese personalmente y por medio de lista al quejoso. De la certificación secretarial que antecede se advierte que transcurrieron los tres días que se otorgaron a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, se procede a verificar si la ejecutoria de amparo ha sido cumplida. El diez de enero de dos mil veinte, se dictó sentencia en el presente asunto, en la cual se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte impetrante. Inconforme con dicha determinación la parte quejosa interpuso recurso de revisión, correspondiéndole conocer del mismo al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato capital, el cual en sesión de once de noviembre de dos mil veinte, determinó revocar el fallo recurrido y conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión para los siguientes efectos: El Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, emita un auto en el que: "1. Deje insubsistente la resolución de apelación dictada el veintiséis de agosto de dos mil diecinueve [acto reclamado}. 2. Ordene el tribunal de apelación la reparación de la violación relativa a la omisión de verificar la cédula de los defensores. Para lo cual, debe decirse que, el momento para examinar o verificar, y en su caso reparar la violación, podrá ser durante la tramitación de apelación, esto es, la responsable debe ponderar discrecionalmente, para elegir el momento que estime oportuno realizarlo, siempre que sea hasta antes del dictado de la sentencia. 3. Hecho lo anterior, si quien patrocinó al quejoso, no contaba en aquel momento con cédula profesional, de conformidad con el artículo 480, del Código Nacional de Procedimientos Penales, deberá declarar que se violó el derecho de defensa adecuada, ordenando, indefectiblemente, reponer el procedimiento hasta la audiencia inicial, pues no existe otra vía para reparar la violación. Empero, si se logra verificar que sí contaba desde la audiencia inicial con cédula profesional, emitirá la sentencia que en derecho corresponda con plenitud de jurisdicción, ya sea confirmado, modificado o revocando la resolución impugnada. Ello sin agravar la situación del quejoso; tomando en consideración que, el recurso de apelación sometido a su potestad debe resolverse desde la perspectiva de la suplencia de la queja en su acepción amplia, acotada al procedimiento ordinario, conforme a los parámetros de interpretación constitucional fijados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que han sido mencionados en esta sentencia. Lo anterior en la inteligencia de que lo que aquí se resuelve no conlleva la libertad del vinculado, ni obliga a la autoridad a fallar en un determinado sentido, pues cuenta con plenitud de jurisdicción para resolver el asunto de su competencia, purgando [favorablemente} el vicio procesal que se analizó en la presente sentencia. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados por el quejoso, al no haberse combatido por vicios propios". Testimonio que fue recibido por este órgano jurisdiccional y acordado en auto del primero de diciembre del año próximo pasado, data en la cual se requirió a la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, a efecto de que diera cumplimiento en sus términos a la concesión de amparo. Por lo anterior, la Magistrada Supernumeraria de la referida sala penal, mediante oficio 034, recibido en este juzgado federal el dos de marzo actual, informó lo atinente al cumplimiento dado a la ejecutoria dictada. Al resolverse el toca de apelación en fecha catorce de enero de dos mil veintiuno, se indicó entre otras cosas que el nueve de diciembre de dos mil veinte, se dejó insubsistente la resolución de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, emitida en el toca de apelación 43/2019-O, ordenándose también la reposición del procedimiento. Que el dieciocho de junio de dos mil diecinueve, al radicarse el toca de apelación, se tuvo ante la primera instancia la calidad de defensor particular del imputado Luis Gilberto Velázquez Morán, al licenciado Santiago Solórzano Ramírez, derivado del recurso de apelación interpuesto por los recurrentes, y mediante escrito presentado por la parte amparista, el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, dio contestación al recurso de apelación interpuesto, y designó para que fuera representado en la segunda instancia al mencionado profesionista, señalando domicilio para recibir notificaciones. Que bajo los lineamientos de la ejecutoria concesora del amparo, requirió a la Unidad de Gestión de Oralidad de Segunda Instancia a efecto de que se consultara en las bases de datos públicos de las páginas de internet oficiales, respecto de la calidad de licenciado en derecho de Santiago Solórzano Ramírez; y, que en caso positivo, se consultara el Registro Único de Defensores y Asesores Jurídicos en Materia Penal. Por lo que dicha Unidad mediante razón de diez de diciembre de dos mil veinte, informó que sí se encontró registro de su cédula profesional con el número 3602807, tanto en el Registro Nacional de Profesiones, como en el Registro Único de Defensores y Asesores en Materia Penal del Poder Judicial del Estado, con el número 591, remitiendo a la sala responsable la impresión de la copia de dichos documentos, así como de la cédula profesional de dicho defensor. Por lo cual, al licenciado Santiago Solórzano Ramírez se le reconoció la calidad de defensor particular del imputado Luis Gilberto Velázquez Morán, ante la primera y la segunda instancias. Seguido lo cual, al declararse fundados y operantes los conceptos de agravio que se esgrimieron por parte de la víctima del delito, el asesor jurídico y la institución impugnante, se determinó modificar la determinación emitida en audiencia oral de trece de mayo de dos mil diecinueve, dentro de la causa 1P2019-461, del Juzgado de Oralidad Penal de la Cuarta Región del Estado, sede León, Guanajuato, dictándose en contra del imputado Luis Gilberto Velázquez Morán, auto de vinculación a proceso, por el hecho considerado por la ley como constitutivo del delito de Fraude, cometido en agravio de José Manuel Canedo Macouzet y María Andrea Canedo González. Para acreditar lo anterior, la responsable remitió copia certificada de la resolución emitida en el toca de apelación 43/2019-O, en fecha catorce de enero de enero de dos mil veintiuno. Documentales que cuentan con valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo que prevé el numeral 2° de ésta. En virtud de lo anterior, se concluye que se ha cumplido con la sentencia de amparo, pues se restituyó a la parte peticionaria en el pleno goce de sus derechos humanos y en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno que corresponda y, en su momento, archívese el expediente como asunto concluido. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción IV del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es depurable.

  4. Principal

    OTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA JOSÉ MANUEL CANEDO MACOUZET Y MARÍA ANDREA CANEDO GONZÁLEZ.- De la certificación secretarial que antecede se advierte que transcurrieron los tres días que se otorgaron a las partes para que manifestaran lo que a su interés conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, se procede a verificar si la ejecutoria de amparo ha sido cumplida. El diez de enero de dos mil veinte, se dictó sentencia en el presente asunto, en la cual se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte impetrante. Inconforme con dicha determinación la parte quejosa interpuso recurso de revisión, correspondiéndole conocer del mismo al Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato capital, el cual en sesión de once de noviembre de dos mil veinte, determinó revocar el fallo recurrido y conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión para los siguientes efectos: El Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad del mismo nombre, emita un auto en el que: "1. Deje insubsistente la resolución de apelación dictada el veintiséis de agosto de dos mil diecinueve [acto reclamado}. 2. Ordene el tribunal de apelación la reparación de la violación relativa a la omisión de verificar la cédula de los defensores. Para lo cual, debe decirse que, el momento para examinar o verificar, y en su caso reparar la violación, podrá ser durante la tramitación de apelación, esto es, la responsable debe ponderar discrecionalmente, para elegir el momento que estime oportuno realizarlo, siempre que sea hasta antes del dictado de la sentencia. 3. Hecho lo anterior, si quien patrocinó al quejoso, no contaba en aquel momento con cédula profesional, de conformidad con el artículo 480, del Código Nacional de Procedimientos Penales, deberá declarar que se violó el derecho de defensa adecuada, ordenando, indefectiblemente, reponer el procedimiento hasta la audiencia inicial, pues no existe otra vía para reparar la violación. Empero, si se logra verificar que sí contaba desde la audiencia inicial con cédula profesional, emitirá la sentencia que en derecho corresponda con plenitud de jurisdicción, ya sea confirmado, modificado o revocando la resolución impugnada. Ello sin agravar la situación del quejoso; tomando en consideración que, el recurso de apelación sometido a su potestad debe resolverse desde la perspectiva de la suplencia de la queja en su acepción amplia, acotada al procedimiento ordinario, conforme a los parámetros de interpretación constitucional fijados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que han sido mencionados en esta sentencia. Lo anterior en la inteligencia de que lo que aquí se resuelve no conlleva la libertad del vinculado, ni obliga a la autoridad a fallar en un determinado sentido, pues cuenta con plenitud de jurisdicción para resolver el asunto de su competencia, purgando [favorablemente} el vicio procesal que se analizó en la presente sentencia. Concesión que se hace extensiva a los actos de ejecución reclamados por el quejoso, al no haberse combatido por vicios propios". Testimonio que fue recibido por este órgano jurisdiccional y acordado en auto del primero de diciembre del año próximo pasado, data en la cual se requirió a la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, a efecto de que diera cumplimiento en sus términos a la concesión de amparo. Por lo anterior, la Magistrada Supernumeraria de la referida sala penal, mediante oficio 034, recibido en este juzgado federal el dos de marzo actual, informó lo atinente al cumplimiento dado a la ejecutoria dictada. Al resolverse el toca de apelación en fecha catorce de enero de dos mil veintiuno, se indicó entre otras cosas que el nueve de diciembre de dos mil veinte, se dejó insubsistente la resolución de veintiséis de agosto de dos mil diecinueve, emitida en el toca de apelación 43/2019-O, ordenándose también la reposición del procedimiento. Que el dieciocho de junio de dos mil diecinueve, al radicarse el toca de apelación, se tuvo ante la primera instancia la calidad de defensor particular del imputado Luis Gilberto Velázquez Morán, al licenciado Santiago Solórzano Ramírez, derivado del recurso de apelación interpuesto por los recurrentes, y mediante escrito presentado por la parte amparista, el veintisiete de mayo de dos mil diecinueve, dio contestación al recurso de apelación interpuesto, y designó para que fuera representado en la segunda instancia al mencionado profesionista, señalando domicilio para recibir notificaciones. Que bajo los lineamientos de la ejecutoria concesora del amparo, requirió a la Unidad de Gestión de Oralidad de Segunda Instancia a efecto de que se consultara en las bases de datos públicos de las páginas de internet oficiales, respecto de la calidad de licenciado en derecho de Santiago Solórzano Ramírez; y, que en caso positivo, se consultara el Registro Único de Defensores y Asesores Jurídicos en Materia Penal. Por lo que dicha Unidad mediante razón de diez de diciembre de dos mil veinte, informó que sí se encontró registro de su cédula profesional con el número 3602807, tanto en el Registro Nacional de Profesiones, como en el Registro Único de Defensores y Asesores en Materia Penal del Poder Judicial del Estado, con el número 591, remitiendo a la sala responsable la impresión de la copia de dichos documentos, así como de la cédula profesional de dicho defensor. Por lo cual, al licenciado Santiago Solórzano Ramírez se le reconoció la calidad de defensor particular del imputado Luis Gilberto Velázquez Morán, ante la primera y la segunda instancias. Seguido lo cual, al declararse fundados y operantes los conceptos de agravio que se esgrimieron por parte de la víctima del delito, el asesor jurídico y la institución impugnante, se determinó modificar la determinación emitida en audiencia oral de trece de mayo de dos mil diecinueve, dentro de la causa 1P2019-461, del Juzgado de Oralidad Penal de la Cuarta Región del Estado, sede León, Guanajuato, dictándose en contra del imputado Luis Gilberto Velázquez Morán, auto de vinculación a proceso, por el hecho considerado por la ley como constitutivo del delito de Fraude, cometido en agravio de José Manuel Canedo Macouzet y María Andrea Canedo González. Para acreditar lo anterior, la responsable remitió copia certificada de la resolución emitida en el toca de apelación 43/2019-O, en fecha catorce de enero de enero de dos mil veintiuno. Documentales que cuentan con valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo que prevé el numeral 2° de ésta. En virtud de lo anterior, se concluye que se ha cumplido con la sentencia de amparo, pues se restituyó a la parte peticionaria en el pleno goce de sus derechos humanos y en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno que corresponda y, en su momento, archívese el expediente como asunto concluido. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción IV del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la trasferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es depurable.

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