Luis Gilberto Guzmán Ornelas

Expediente 238/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
238/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
20/04/2021

Partes del expediente

  • Luis Gilberto Guzmán Ornelas

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veinte de abril de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicados supletoriamente a la Ley de la materia, se declara que la determinación de seis de abril de dos mil veintiuno, en la que se desechó la demanda de amparo promovida por ----------, por propio derecho, en el presente juicio de amparo 274/2020-II, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno del Juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b, que dicen: CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: . II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; . Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: .b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; ." En atención a lo anterior, se estima que este EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. Sin que se omita precisar que el presente asunto, en términos del capítulo quinto, ordinal 15, del Acuerdo de mérito, no es considerado asunto de relevancia documental. Notifíquese a la parte quejosa por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a seis de abril de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ------, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México y otra autoridad. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, de la Ley de Amparo y 21 a 26, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte, vigente a partir del día siguiente de su publicación, se instruye a los secretarios y demás personal de este Juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 238/2021-II. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de garantías, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda de amparo. Robustece lo anterior la jurisprudencia II.1º.J/5, consultable en la página noventa y cinco del Tomo VII del Semanario Judicial de la Federación de mayo de mil novecientos noventa y uno, Octava Época, que dice "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." De conformidad con el artículo 113, de la Ley de Amparo, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia se debe desechar de plano; considerando que lo manifiesto, se presenta cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable, resulta de la certidumbre que se tenga y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Al caso es aplicable la jurisprudencia publicada con la clave I.1o.A. J/4, en la página 890, del Tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Así pues, de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia en relación a la misma, en términos de lo dispuesto por la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, por lo siguiente: Del escrito inicial de demanda, en su capítulo de acto reclamado, la parte quejosa, reclama en esencia: "DE LA ORDENADORA: C. JUEZ DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL DE TLALNEPANTLA, DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE MÉXICO, reclamo el AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO DE FECHA 24 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 dictado en mi contra, DENTRO DE LA CAUSA DE CONTROL No. 2326/2020, POR EL HECHO DELICTUOSO DE ROBO DE LA MERCANCIA TRANSPORTADA A BORDO DE UN VEHICULO AUTOMOTOR Y DE HABERSE COMETIDO CON VIOLENCIA COMETIDO EN AGRAVIO DEL PATRIMONIO DE LA LUZ GABRIELA TELLEZ DE LA ROSA, ya que considero que son violatorios de mis derechos humanos, tal y como lo hago valer en el apartado de conceptos de violación correspondiente." DE LA EJECUTORA: Reclamo el cumplimiento y ejecución que en sí le está dando al auto que considero es anticonstitucional emitida por la responsable ordenadora, en lo que corresponde en el ámbito de sus funciones.". Aunado a lo anterior, el quejoso manifiesta en su demanda bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del auto de vinculación referido, el día veinticuatro de diciembre de dos mil veinte. Con motivo de lo anterior, este Juzgado Federal estima que en el caso, ha operado la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. ." El lapso referido en el párrafo anterior, aplicable al asunto que nos ocupa, se encuentra establecido en los preceptos 17 y 18, de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la interpretación gramatical y teleológica de la transcripción que antecede se advierte la existencia de tres hipótesis para computar el término de los quince días dentro de los cuales se ha de presentar la demanda de garantías para tenerla como oportunamente recibida, a saber: A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso conforme a la ley del acto; A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución; y, Al día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos, salvo el caso de la fracción I, del artículo 17, de la Ley de la materia, en el que se computara a partir del día de su entrada en vigor. En esas condiciones, es claro que la intención del legislador fue la de establecer que el plazo para la promoción del juicio de amparo, debe computarse a partir del día siguiente al en que se verifique el supuesto aplicable de las tres hipótesis establecidas en el artículo 17, de la Ley de Amparo. Resulta aplicable a lo considerado, la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 105, 217-228 Cuarta Parte, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que versa: "DEMANDA DE AMPARO, TERMINO PARA LA PRESENTACION DE. SOLO CUANDO NO OBRE CONSTANCIA DE LA NOTIFICACION AL QUEJOSO DEL ACTO RECLAMADO, PUEDE EFECTUARSE EL COMPUTO DESDE EL DIA SIGUIENTE AL EN QUE HAYA TENIDO CONOCIMIENTO DEL MISMO O SE HAYA OSTENTADO SABEDOR DE TAL ACTO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que el término de quince días para la interposición de la demanda de amparo se cuenta desde el día siguiente al en que se haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución reclamada; al en que haya tenido conocimiento de la misma o de su ejecución, o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Ahora bien, la correcta interpretación de dicho precepto debe ser en el sentido de que las hipótesis segunda y tercera mencionadas son aplicables sólo cuando no obren constancias de la notificación al quejoso de la resolución que reclame, o esas situaciones se hayan producido con anterioridad, pues de otro modo, debe estarse a tales constancias y no a la fecha en que el quejoso afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado." En ese sentido, es importante destacar que el conocimiento del acto reclamado por la parte quejosa, para iniciar el cómputo de los quince días para promover el juicio de amparo, debe acreditarse fehacientemente por cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley y no inferirse con base en indicios. En consecuencia, en el caso el quejoso Luis Gilberto Guzmán Ornelas, esencialmente reclama el auto de vinculación a proceso de veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, dictado en su contra por el Juez de Control responsable, y su ejecución. Ante ello, el peticionario realiza bajo protesta de decir verdad, que conoció de los actos reclamados desde el veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, pues en esa data, estuvo en esa diligencia. Por tanto, es incuestionable, que el término de quince días hábiles previsto por el artículo 17, de la Ley de Amparo, para promover el juicio de amparo, inició a computarse desde el dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, día posterior al que se hizo sabedor del acto reclamado, con motivo de la suspensión de plazos y términos de los juicios de amparo, que fue del diecinueve de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, las que concluyeron en términos del Acuerdo General 21/2020, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, "relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19", consecuentemente, si la demanda la presentó hasta el veintinueve de marzo de dos mil veintiuno, resulta evidente que dicha demanda de amparo, se encuentra fuera del término previsto en el referido precepto legal invocado, ya que dicho lapso transcurrió del dieciocho de febrero al doce de marzo del año en curso; lo cual implica que dichos actos tildados de inconstitucionales y sus consecuencias jurídicas, se tengan como tácitamente consentidos. Resulta aplicable la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, localizable en el Tomo VIII-Julio de 1991, visible en la página 150, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que esgrime: "DEMANDA DE AMPARO. COMPUTO DEL TERMINO PARA PRESENTARLA, CUANDO EXISTE FECHA CIERTA DE LA NOTIFICACION DEL ACTO RECLAMADO. Cuando existe constancia de la notificación del acto reclamado al quejoso, el término para la presentación de la demanda de amparo empieza a contar a partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución impugnada, conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo sin que pueda empezar a contar dicho término a partir de la fecha en que el quejoso se haga sabedor del acto reclamado, precisamente por existir fecha cierta de su notificación." Apoya a lo considerado, la jurisprudencia 14, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice de 1995, que instituye: "ACTOS CONSENTIDOS TACITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil, y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." Por tanto, con apoyo en lo establecido en los artículos 61, fracción XIV, 107 y 113 de la Ley de Amparo, resulta procedente desechar la demanda de amparo promovida por el quejoso Luis Gilberto Guzmán Ornelas, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla, Estado de México y otra autoridad. Sin que sea óbice a lo anterior, el hecho de que el quejoso haya interpuesto recurso de apelación en contra del auto de vinculación a proceso de veinticuatro de diciembre de dos mil veinte, mismo que le correspondió conocer al Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Tlalnepantla, Estado de México, con el número de toca penal 88/2021, y con fecha veintitrés de marzo del año en curso, inadmitió su medio de impugnación por extemporáneo, toda vez que en principio, no señala como acto destacado el acuerdo donde se inadmite su recurso de apelación, ni tampoco señala como responsable a la Sala penal aludida. En segundo lugar, del contenido íntegro de la demanda de amparo, el quejoso combate únicamente el auto de vinculación a proceso dictado por el Juez de Control responsable, ya que no hace valer conceptos de violación en contra de la inadmisión del recurso de apelación que interpuso en su defensa. Por otro lado, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso, el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, Estado de México.--------- En términos del último párrafo, del numeral 21, de la Ley de la materia, se faculta al fedatario adscrito para que de ser necesario, realice las diligencias de este sumario, en días y horas inhábiles. En el entendido de que el actuario no se encuentra autorizado para recibir ningún escrito de la parte quejosa, conforme a la consulta de diecisiete de mayo de dos mil diecisiete, con número de oficio CJF/VJ/3439/2017, signada por el Visitador General de la Visitaduría Judicial del Consejo de la Judicatura Federal. También, se hace del conocimiento al actuario judicial, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. Con fundamento en el ordinal 12, de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados en términos amplios a Pablo Sánchez Gómez y Jorge Márquez Monroy, ya que cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; en cuanto a los demás profesionistas que refiere en su demanda, solo para oír y recibir notificaciones y documentos, ya que no cuentan con su cédula profesional registrada en el Sistema aludido; y, respecto a las diversas personas, para los mismos efectos, por así indicarlo en su escrito. En términos de la fracción I, del artículo 22 y cuarto transitorio, ambos del indicado Acuerdo General 21/2020, se sugiere a las partes, que de ser posible transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, en donde podrán acceder al micrositio de "servicios jurisdiccionales" en el siguiente enlace:https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/ServiciosJurisdiccionales También, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Además de que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Notifíquese; personalmente al quejoso, en el lugar donde se encuentra recluido.

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