Luis Gilberto García Melchi

Expediente 1133/2020 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1133/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
11/03/2021

Partes del expediente

  • Luis Gilberto García Melchi
  • Presidente Especial adscrito a la Junta Especial Número Quince de la Local de Especial Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco

Actuaciones

  1. Principal

    Como de la certificación que antecede se advierte, transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso d) y 84, todos de la Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con el auto de trece de noviembre de dos mil veinte, en el que se sobreseyó el juicio fuera de audiencia e hicieran valer el recurso de revisión en su contra, sin que así lo hayan hecho, en consecuencia, se declara firme. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el expediente como asunto concluido. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente asunto se sobreseyó en el juicio, el expediente se encuentra en el supuesto previsto en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por tanto, será destruible una vez que transcurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. Oposición de datos personales. Asimismo, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Se recibe escrito. Agréguese únicamente para que obra como corresponda el ocurso signado por Jesús Gurrola Alcázar, en razón de que revisados los presentes autos, se advierte que no es parte, ni tiene reconocido carácter alguno.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio de la Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula I-2 Guadalajara, Estado de Jalisco, atento a lo que solicita, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, remítansele las copias certificadas que solicita; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  3. Principal

    Por recibido el oficio firmado por la secretaria y la presidente especial de la Décimo Quinta Junta de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, mediante el cual con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, rinden informe justificado. Se sobresee fuera de audiencia. Ahora, de las constancias certificadas que se adjuntaron, se advierte que ha sobrevenido una causa de improcedencia cuyo análisis debe realizarse de oficio por ser de orden público y preferente a cualquier otro. Bajo esa postura, el artículo 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo, estatuye lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Ahora bien, el motivo de improcedencia previsto por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, consiste en que la autoridad responsable con motivo de su actuación deroga, revoca, extingue o deja insubsistente el acto reclamado que motivó el juicio de amparo, es decir, cesan los efectos del mismo. Así, de una interpretación lógico-jurídica de la norma en estudio, se colige la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos, a saber: a) por revocación y, b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial, equiparándose a una concesión de amparo. Mientras que el segundo supuesto (sustitución), se presenta cuando en contra del acto de autoridad impugnado se dicta uno nuevo que incide en el primero pues en este supuesto, de tal manera que la causa de improcedencia se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia de aquel que se reclama. La hipótesis descrita en el precepto y fracción mencionada señala que es improcedente el juicio de amparo cuando el acto reclamado impugnado en la vía constitucional ha cesado en sus efectos jurídicos. Ahora, en el caso, el acto reclamado en el juicio de amparo en el que se actúa es el siguiente: Señalar una fecha lejana para la celebración de la audiencia trifásica contemplada en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. Luego, de las constancias que acompañó a su informe la referida autoridad se advierte que han cesado los efectos de tales actos reclamados por sustitución procesal, dado que el veintiocho de octubre del año en curso, la autoridad responsable señaló una nueva fecha para el desahogo de la audiencia prevista por el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, como se advierte de la siguiente imagen. Circunstancia la anterior que de igual forma provoca en el acto del que se duele la parte quejosa respecto de dicho demandado haya sido sustituido procesalmente. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio del tenor siguiente: "CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Así como la jurisprudencia que enseguida se menciona: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Bajo ese contexto, al surtirse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se sobresee en el juicio de amparo fuera de audiencia. Se deja sin efectos fecha de audiencia constitucional. En consecuencia, se deja sin efectos la fecha y hora señaladas en el presente juicio de garantías, para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que en sesión ordinaria de veintitrés de septiembre de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó la adscripción del Juez Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, a este juzgado de Distrito, con efectos a partir del dieciséis de octubre siguiente. En ese sentido, hágase del conocimiento de las partes la adscripción del titular de este órgano jurisdiccional, para los efectos legales a que haya lugar. En el entendido de que la notificación correspondiente se realizará a las partes por medio de lista de acuerdos. Tiene aplicación, en lo conducente, la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, de tema: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO." II. Estado de autos. Como de la certificación que antecede se advierte, que transcurrió el plazo que para que las partes se inconformaran con el auto de siete de septiembre de dos mil veinte, en el que se declaró que existía imposibilidad por parte de la responsable para cumplir con la ejecutoria de amparo e hicieran valer el recurso de inconformidad en su contra, sin que así lo hayan hecho, como lo establece el numeral 201, fracción II de la Ley de Amparo; por tal circunstancia, de conformidad con el canon 196 quinto párrafo de la ley de la materia se ordena remitir al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en turno, para los efectos legales conducentes. Sirve de sustento a lo anterior la jurisprudencia de la Décima Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de epígrafe y contenido siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO. Cuando exista declaración del órgano judicial de amparo en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas, o bien, materiales, debe cesar en el conocimiento del asunto y enviar los autos al superior, acorde con el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, que prevé que si la ejecutoria no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley; disposición que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pormenorizó en el inciso D) de la fracción VI del artículo segundo de su Acuerdo General Número 5/2013 (*), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013. Ahora bien, si en lugar de cumplir con esta obligación, el juzgador ordena el archivo del asunto porque, en su concepto, la concesión del amparo no pudo realizar su misión de restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, la fracción II del artículo 201 del mismo ordenamiento habilita a las partes para que interpongan el recurso de inconformidad contra dicha determinación, a fin de que el superior examine su legalidad y, particularmente, si existe o no la pretextada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, o la razón esgrimida para renunciar a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida pues, de no existir este medio de defensa, se privaría al quejoso de la oportunidad de obtener, en los casos que proceda, la sustitución del cumplimiento de la sentencia mediante el pago de los daños y perjuicios que habrían de liquidarse en el incidente respectivo." Háganse las anotaciones correspondientes en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) y en los libros de gobierno y electrónico. III. Se hace disponible consulta de expediente electrónico. Por otra parte, se ordena hacer disponible el expediente en que se actúa para su consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del tercer Circuito, en turno, para que conozca lo actuado en el presente asunto. IV. Solicitud de boleta de turno. Gírese oficio al correo electrónico del encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, a fin de que genere la boleta de turno al Tribunal Colegiado correspondiente, para que conozca del procedimiento de inejecución de sentencia.

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