Luis German Peraza Correa

Expediente 1139/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1139/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
31/08/2023

Partes del expediente

  • Luis German Peraza Correa

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se desprende que ha transcurrido el término que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo aplicable, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del auto de uno de agosto de dos mil veintitrés, por el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado a la Ley de Amparo, se declara que aquel acuerdo ha causado estado, para todos los efectos legales pertinentes. (...) Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado Adrián Fernando Novelo Pérez, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, uno de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de lo que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días concedido a la parte promovente del presente juicio de amparo a efecto que cumpliera con el requerimiento que se le hizo en proveído de diecisiete de julio de dos mil veintitrés, sin que lo hubiere hecho dentro del término concedido; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el citado acuerdo y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo aplicable, se tiene como autoridad responsable y acto reclamado únicamente los señalados como tales en la demanda de amparo. Ahora bien, en atención al contenido del escrito de demanda, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, lo que trae como consecuencia que de conformidad con lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo deba desecharse de plano la demanda de amparo, atento a las siguientes consideraciones. De la lectura integral del escrito de demanda, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la determinación emitida por la Unidad de Investigación y Litigación Cordemex (Periférica Tres) del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, en la que se decretó el archivo temporal de la carpeta de investigación UNATD35-GC/1925/2021 y, como consecuencia de ello, la omisión o negativa de la responsable de judicializar la carpeta de investigación antes citada. Pues bien, a criterio de quien esto acuerda es improcedente el juicio de amparo respecto de los actos reclamados a la autoridad señalada como responsable, mismos que han sido detallados en líneas que anteceden, toda vez que se actualiza una causal de improcedencia. En el presente caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de la materia, en relación con los numerales 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en virtud que, previo a instar la acción constitucional, la parte quejosa, en su calidad de denunciante y víctima, debió impugnar ante la autoridad judicial (Juez de Control), la determinación emitida por la Unidad de Investigación y Litigación Cordemex (Periférica Tres) del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, el veinticinco de abril de dos mil veintitrés, en la que se decretó el archivo temporal de la carpeta de investigación UNATD35-GC/1925/2021, así como la omisión o negativa de la responsable de judicializar la carpeta de investigación antes citada. En efecto, el artículo 61, en la fracción XXIII de la Ley de Amparo, y el numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen: "Ley de Amparo (.) "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (.) "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.) VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño". Del primero de los numerales antes transcritos se advierte, que el juicio de amparo es improcedente, cuando así lo establezca la Constitución Federal o la propia Ley de Amparo. Por su parte, el numeral 20 de la Ley Fundamental establece que la víctima u ofendido puede impugnar ante la autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. En efecto, de los numerales antes mencionados se desprende que el Constituyente previó el derecho de la víctima u ofendido de impugnar ante la autoridad judicial, esto es, ante el Juez de Control, entre otras cosas, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. Asimismo, para una mayor comprensión en necesario citar lo dispuesto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, orden jurídico que rige el acto reclamado, se dispone: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". Del citado transcrito precepto legal se advierte que las determinaciones del Agente del Ministerio Público, entre ellas, el archivo temporal, son susceptibles de ser impugnadas ante el Juez de Control. Es decir, el control judicial previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un instrumento a través del cual la víctima u ofendido pueden ocasionar la revocación de la determinación del Ministerio Público, por lo cual, en los términos expuestos, constituye un auténtico "recurso" en sentido procesal, mismo que deberá agotarse antes de acudir al juicio de derechos fundamentales. En efecto, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales se considera un auténtico recurso ordinario, toda vez que contiene elementos suficientes para someter a control judicial, entre otras cosas, las abstenciones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, pues regula: a) La autoridad ante quien debe promoverse -el Juez de control-; b) En quién recae la legitimación para impugnar -víctima u ofendido-; c) El plazo para su interposición -dentro de los diez días posteriores a su notificación-; d) La instancia que la conocerá -el Juez de control-; e) Su substanciación -mediante una audiencia a la que serán citadas previamente las partes-; y, f) Un supuesto para declararla sin materia -la inasistencia de la víctima u ofendido-, a pesar de haber sido debidamente citados. Bajo esa óptica, y tomando en consideración que en el presente asunto se reclama una determinación en la que se decretó el archivo temporal de la carpeta de investigación UNATD35-GC/1925/2021 y, como consecuencia de ello, la omisión o negativa de la responsable de judicializar la carpeta de investigación antes citada, es evidente que contra los actos reclamados, no es procedente el juicio de amparo indirecto, dado que en su caso, sólo será reclamable en la vía constitucional, aquella que emita el Juez de Control, de conformidad con lo establecido en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se dice lo anterior, toda vez que cuando la víctima, el ofendido o el representante legal de estos, reclamen las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos o las determinaciones que traigan a su vez como consecuencia la omisión de la investigación, previo a acudir al juicio de amparo, deberán interponer los medios ordinarios de defensa (Control Judicial, previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales), es decir, estarán obligados a agotar el principio de definitividad. Dicho principio que rige al juicio de amparo en materia penal, y encuentra su justificación en el hecho de que al conocerse de un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos, legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal, lo cual no acontece en el presente asunto. Por consecuencia de lo expuesto en líneas precedentes, y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo en cuestión. Lo antes resuelto se determina en ese sentido, sin que pase inadvertido para quien esto acuerda, que la parte quejosa manifestó en su demanda de amparo que impugnó ante el Juez de Control la determinación en la que se ordenó el archivo temporal de la carpeta de investigación y que el veintitrés de junio de este año se celebró la audiencia relativa; sin embargo, esta circunstancia en nada impide acordar la demanda en el sentido antes expuesto, en virtud que la parte quejosa no señaló como autoridad responsable en su demanda al Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, ni tampoco como acto reclamado la resolución que éste emitió en la audiencia de control judicial de veintitrés de junio de este año, por lo que no es posible tener a dicha autoridad y acto reclamado como los aspectos controvertidos en la demanda que nos ocupa. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Marco Polo Robles Santoyo, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, autorizado mediante oficio CCJ/ST/1003/2023, de trece de marzo de dos mil veintitrés, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    CITATORIO.....VISTOS, para resolver el juicio de amparo número 2525/2022, que******************** promovió por conducto de su representante legal, en contra actos que reclamó de la Junta Especial Número Veintiuno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por violación a los artículos 1, 14, 16, 17 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, (...) Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, y demás relativos de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R e s u e l v e: Primero. La justicia de la unión no ampara ni protege a********************, por los motivos expuestos en el considerando quinto de esta resolución. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese personalmente. (...)

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