Luis Germán Mena Zermeño
Expediente 21/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 21/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 30/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Luis Germán Mena Zermeño
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se aprecia que el plazo de diez días establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir el auto de ocho de enero de dos mil dieciocho, que sobreseyó el juicio en lo principal, transcurrió sin que se haya hecho valer el citado recurso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al diverso artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado. Téngase este asunto como concluido y envíese al archivo. Ahora bien, atento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de octubre de dos mil nueve, se determina lo siguiente: El expediente principal es destruible de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del artículo vigésimo primero, en razón de que el ocho de enero de dos mil dieciocho, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia. Asimismo, como se hizo constar, no obran documentos originales en el expediente principal; ni el presente asunto constituye una relevancia documental jurídica e histórica.
- Principal
Con apoyo en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, téngase a las autoridades responsables Vice Fiscal Jurídico y de Servicios a la Justicia de la Fiscalía General del Estado, en sustitución del Fiscal General del Estado, Agente del Ministerio Público de Guardia de la Unidad de Trámite Común de la Fiscalía General del Estado, Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General de Investigación Especializada del Combate al Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado con un anexo que acompaña y Comisario General de la Policía Ministerial del Estado, informando en cuanto a la suspensión de plano dictada el cuatro de enero de dos mil dieciocho. -Informe justificado- Por otra parte, visto el informe justificado del Agente del Ministerio Público de Guardia de la Unidad de Trámite Común de la Fiscalía General del Estado; agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. -Pruebas y autorizados - Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que acompaña la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General de Investigación Especializada del Combate al Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado a su informe, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en su momento procesal oportuno. En términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de las responsables a las personas que indican. Por otro lado, atendiendo al contenido de los informes de ley de cuenta, se aprecia que: a) El cuatro de enero de dos mil dieciocho, se recibió la demanda de amparo promovida por Ana Isabel González Mejía, a favor de Jesús Fernando Rodríguez Aguilar y Luis German Mena Zenteno, contra actos del Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General de Investigación Especializada del Combate al Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado y otras autoridades. Los actos reclamados se hicieron consistir en: - Incomunicación; e, - Ilegal detención. b) La demanda se registró en el libro de gobierno con el consecutivo 21/2018-II. c) Se concedió la suspensión de plano a los directos quejosos, para que las responsables suspendieran de inmediato cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional, cometido en su contra, tales como penas de mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, tomento, privación de alimentos, agua y cualquiera otras penas inusitadas y trascendentales, así como actos de incomunicación. d) Se solicitó informe sobre el cumplimiento de la suspensión de plano y se ordenó al Actuario que se constituyera en el lugar en que se encontraban detenidos los directos quejoso, para que se les requiriera a fin de que manifestaran si ratificaban o no la demanda de garantías presentada a su favor, apercibidos que de no hacerlo, se tendría por no presentada la misma y se dejarían sin efecto las providencias decretadas. e) Una vez ratificada la demanda, se admitió a trámite, y se ordenó dar la intervención que legalmente corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, solicitar el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. c) Consta que el Actuario Judicial se constituyó en las instalaciones de la responsable, en busca de los directos quejosos con el objeto de notificarle el proveído de cuatro de enero de dos mil dieciocho, quienes ratificaron la demanda presentada en su nombre. d) En proveído de cinco de enero de dos mil dieciocho, se ordenó proseguir el presente juicio. e) Una vez que fue rendido el informe respecto de la suspensión de plano por la responsable Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General de Investigación Especializada del Combate al Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado, de las constancias que en copia certificada acompañó, se constató que el cinco de enero de dos mil dieciocho, emitió "acta de notificación de libertad durante la investigación y notificación de prevenciones" a Jesús Fernando Rodríguez Aguilar y Luis German Mena Zenteno, al considerar que de las constancias que obran en la carpeta de investigación... el hecho que se les imputa no amerita prisión preventiva oficiosa, y estimó innecesario mantenerlos privados de su libertad como medida cautelar, ordenando su inmediata libertad durante la investigación. De los anteriores antecedentes se obtiene que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia de cesación de efectos, la cual se encuentra actualmente prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la ley de la materia, que al respecto dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." Efectivamente, en el caso que nos ocupa se advierte que por lo que hace a la detención de Jesús Fernando Rodríguez Aguilar y Luis German Mena Zenteno, han cesado los efectos del acto reclamado porque tal como se advierte del "acta de notificación de libertad durante la investigación y notificación de prevenciones", que obra en la carpeta de investigación.. emitida en copia certificada por la aludida autoridad responsable, el cinco de enero de dos mil dieciocho, se ordenó su inmediata libertad, en virtud de que el hecho que se les imputa no amerita prisión preventiva oficiosa. Dichos documentos tienen pleno valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio de sus funciones. En esta tesitura, lo que procede es sobreseer fuera de audiencia ya que los motivos aducidos en primer término y la causal de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, y por ello es innecesario esperar la audiencia constitucional, para pronunciarse al respecto, pues de considerar lo contrario traería como consecuencia retardar la impartición de justicia, lo que contravendría lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable la jurisprudencia por contradicción de tesis, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, marzo de 2003, Tesis: 2a./J-10/2003, página 386, con el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.... Tampoco pasa inadvertido que la parte quejosa reclamó la incomunicación de que fue objeto, sin embargo, de las constancias que se remitieron se aprecia que durante la detención se les hicieron saber sus derechos, y Jesús Fernando Rodríguez Aguilar solicitó hablar con su esposa, que resultó ser la promovente de amparo, tal como se advierte del "acta de comunicación del imputado" de tres de enero del año en curso; mientras que el diverso quejoso Luis German Mena Zenteno no fue su deseo comunicarse con ninguna persona, por lo que no hay datos objetivos que permitan presumir fundadamente que estuvieron incomunicados, además, ante el actuario judicial no manifestaron alguna cuestión de esa naturaleza. En virtud de lo anterior, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es las nueve horas con diez minutos del treinta de enero de dos mil dieciocho. Finalmente, en la situación en concreto resulta innecesario dar vista al agente del Ministerio Público de esta adscripción, en términos de la tesis 1a. CCVII/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo de 2014, tomo I, página 561, de rubro: "TORTURA. OBLIGACIONES DE LA AUTORIDAD CUANDO UNA PERSONA MANIFIESTA HABERLA SUFRIDO O SE TENGAN DATOS DE LA MISMA". Lo anterior, cuenta habida que de las constancias que obran en el presente expediente, específicamente la razón asentada por el actuario de esta adscripción el cuatro de enero del año en curso, se advierte que los directos quejosos presentaron buen estado en cuanto a su integridad física, que las instalaciones en que fueron localizados se apreciaron en buen estado, limpias y espaciosas, aunado a que no presentaron evidencia física sobre tortura y, al ser cuestionado al respecto, manifestó no haber sido objeto de tortura.(II)
- Principal
Vista la razón actuarial de cuatro de enero del año en curso, de la que se advierte que los quejosos Jesús Fernando Rodríguez Aguilar y Luis Germán Mena Zenteno, ratificaron la demanda de amparo presentada a su favor; en consecuencia, se les tiene promoviendo juicio de amparo, en contra de actos de la Fiscal General del Estado y otras autoridades, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107 de la Constitución Federal, 1º, fracción I, 15, 20, 107, 108, 109, 113, 115, 117 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda en sus términos. -Suspensión- Tramítese sin incidente de suspensión. No ha lugar a aperturar el incidente de suspensión que solicitan los quejosos, toda vez que el acto reclamado lo es la incomunicación y detención de que afirman son objeto, siendo precisamente dichos actos respecto de los cuales se concedió la suspensión de plano conforme a lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Amparo; resultando innecesario el trámite de la citada incidencia. -Informe Justificado- Pídase a las autoridades responsables su informe con justificación, que deberán rendir dentro del plazo de quince días improrrogables, de conformidad con el último precepto citado, en la inteligencia de que deberán exhibir copias certificadas legibles, completas y ordenadas del acto reclamado y sus antecedentes. Apercibidas que, en caso de ser omisas a lo anterior, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 117 y 260 fracción II de la ley de la materia, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario y se impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización... Se precisa que en caso de presumirse cierto el acto impugnado, quedará a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los Derechos Humanos y garantías a que se refiere el artículo 1º, de la Ley de Amparo. -Audiencia constitucional y apercibimiento- Se señalan las nueve horas con diez minutos del treinta de enero de dos mil dieciocho, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio, lo anterior atento a lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de Amparo. De igual manera con fundamento en el numeral 64 de la ley de la materia, se hace saber a las partes que tengan conocimiento de alguna causal de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional; apercibidas que, en caso de no hacerlo, con apoyo en el numeral 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa de $2,264.70 (dos mil doscientos sesenta y cuatro pesos 70/100), que corresponde a treinta unidades de medida y actualización, conforme a lo señalado en párrafos que anteceden. -Ministerio Público- Por otra parte, dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que le corresponde en los términos del artículo 5, fracción IV, de la ley reglamentaria. -Habilitación de Horas- Con apoyo en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la materia, este Juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este expediente. -Información reservada o confidencial- En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, exponiendo las razones por las que le hayan otorgado dicha clasificación, lo anterior sin perjuicio de que sean considerados como sujetos obligados, de conformidad con el artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. -Consulta vía internet- De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán consultar este expediente vía electrónica, previo trámite que al efecto realicen en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Del mismo modo, se les hace saber que podrán recibir notificaciones vía electrónica, previa manifestación expresa que al efecto realicen a este tribunal; solicitud que podrá ser revocada, si así lo manifiestan. -Transparencia- Finalmente, con fundamento en el artículo 1° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el artículo 73, fracción II, y así como 73, fracción II, 111, 116 y Tercero Transitorio, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes que las resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, se publicarán con la supresión de sus datos personales, salvo que medie consentimiento expreso por escrito, de conformidad con el último párrafo del artículo 68 de la citada Ley General.(II)
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Ana Isabel González Mejía en favor de Jesús Fernando Rodríguez Aguilar y Luis Germán Mena Zenteno, contra actos del Fiscal General del Estado y otras autoridades; fórmese expediente impreso y electrónico, asimismo anótese su ingreso en el libro de registro de juicios de amparo de este juzgado con el número 21/2018-II. - Localización del quejoso y ratificación de demanda - Con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones I, VII, y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 15, 17, fracción IV, 33, fracción IV, 107, 109, 112, segundo párrafo y 126, de la Ley de Amparo; previo a pronunciarse sobre la admisión de la demanda, se ordena a cualesquiera de los Actuarios Judiciales adscritos a este juzgado: se constituya en el lugar donde se encuentran recluidos los directos quejosos Jesús Fernando Rodríguez Aguilar y Luis Germán Mena Zenteno y en caso de no localizarlos, deberá buscarlos en los separos de Policía Ministerial de la Fiscalía General del Estado, de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, "C4", de la Delegación Estatal de la Procuraduría General de la República, Centro de Reinserción Social Aguascalientes y Zona Militar. En el supuesto de que los agraviados se encuentre detenidos en alguno de los lugares mencionados, y los encargados o custodios se nieguen a ponerlos ante su presencia, o permitirle el acceso para cerciorarse si se encuentra en los mismos, se deberá apercibir a dichos encargados o custodios que, de persistir en su conducta, se procederá a dar vista al Agente del Ministerio Público adscrito con tales hechos que pudieran tipificar el delito de desobediencia a un mandato de suspensión. En el caso de que los buscados no se encuentren en los citados separos, y se le informe al Actuario que se encuentran en diverso lugar, o él advierta o tenga conocimiento que le indique que se encuentran en sitio distinto; se autoriza a dicho funcionario para que se traslade al lugar que considere necesario para cumplir con el presente mandamiento. Una vez que el Actuario localice a los directos quejosos deberá notificarles este proveído y requerirlos para que en el acto de la diligencia o dentro del término de tres días, manifiesten por sí o por su representante legal si ratifican o no el escrito con que se da cuenta, apercibidos en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, que de no ratificar la demanda se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias que se hubieran dictado; igualmente deberá asentar en la razón que levante: El estado general de la integridad física de los quejosos; Las condiciones de las instalaciones en que se encuentren privados los quejosos, o donde sean entrevistados por el Actuario; Si observa o tiene conocimiento de actos de tortura física o psicológica o tratos inhumanos sufridos por los quejosos, cuestionando sobre ello a los afectados, así como respecto a cualquier otra circunstancia relevante sobre el particular. -Suspensión de plano- En términos de los numerales 125, 126, 164 y 165 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de oficio y de plano, respecto de los actos reclamados para los siguientes efectos: Incomunicación, tortura y cualquier acto prohibido por el artículo 22 Constitucional, es decir de las penas de mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier especie, privación de alimentos y agua, y cualquiera otras penas inusitadas y trascendentales: para el efecto de que cesen de inmediato todos los actos prohibidos de referencia, en contra de la parte quejosa. Ataques a la libertad fuera de procedimiento. Si la detención de la parte quejosa, es efectuada por alguna autoridad administrativa señalada como responsable, distinta del Ministerio Público: para el efecto de que sin demora cese la detención y se ponga al peticionario de amparo en libertad. Salvo que la detención obedezca a la comisión de un delito y se trate de flagrancia o en ejecución de una orden del Ministerio Público, en uso de la facultad que le otorga el párrafo sexto del artículo 16 constitucional en vigor, casos en que la medida cautelar se concede: para que la parte agraviada quede a disposición del suscrito Juez de Distrito por lo que hace a su libertad personal en el lugar donde se encuentre, sin perjuicio de que sin dilación alguna sea puesto a disposición del Ministerio Público, para que éste determine sobre su libertad si procediese o su retención dentro del plazo y en los términos que el párrafo décimo del artículo 16 constitucional establece, o bien determine su consignación a la autoridad judicial. 3. Afectación de la libertad personal por orden del Ministerio Público. Si los directos quejosos se encuentran a disposición del Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención del mismo, salvo el caso de la detención por caso urgente, la suspensión se concede: para el efecto de que dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención, sean puestos en libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. En caso distinto a los anteriores y en el supuesto de que la detención de los quejosos haya obedecido por caso urgente, se concede la suspensión para que los quejosos sean puestos en inmediata libertad o a disposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente. - Obligación de la autoridad responsable de informar cumplimiento a la suspensión de plano - La autoridad responsable deberá informar de inmediato la observancia que dé al presente mandato; apercibida que de no dar cumplimiento se le impondrá multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización, en términos de los párrafos sexto y séptimo del Apartado B, del numeral 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo; que de conformidad con el artículo 4, fracciones I, II y III de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, mediante publicación en el Diario Oficial de la Federación de diez de enero del presente año, dio a conocer que el valor diario de la unidad de medida y actualización es $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 moneda nacional), misma que es vigente a partir del uno de febrero de dos mil diecisiete; siendo que dicha cantidad, multiplicada por las cincuenta unidades de medida que podrían imponerse como multa, resulta un importe de $3,774.50 (tres mil setecientos setenta y cuatro pesos 50/100 moneda nacional). Con independencia de lo anterior, hágase saber a la responsable que de no obedecer la anterior determinación se dará vista al Ministerio Público de la Federación, por la posible comisión del delito previsto en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que es del tenor literal siguiente: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta o quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III.- No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra (.)". Además, en caso de que la responsable no cumpla con la suspensión decretada, el Actuario levantará el acta respectiva y con ella se hará la denuncia ante la representación social Federal, en términos del artículo 237, fracción III, de la Ley de Amparo. -Domicilio- De conformidad con el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en la demanda. - Autorizados - Téngase como autorizado legal en términos del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, a Marco Antonio Posada Acevedo por haber acreditado encontrarse legalmente autorizado para ejercer la profesión de derecho o abogado, conforme al Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, únicamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a Nataly Jazany Melo Franco, David Israel Lara Ceballos y Miguel Ángel Ortega Arce, esto con base en el artículo 12 último párrafo de la Ley de Amparo, por así haberlo solicitado la quejosa. - Habilitación y autorizaciones - A efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este juicio de amparo se habilitan días y horas inhábiles, con base en el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se autoriza a los Secretarios para que firmen los oficios de este juicio de amparo. Notifíquese; de manera personal e inmediata al directo quejoso y autoridades responsables. Así lo acordó y firma José Guadalupe Arias Ortega, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, ante el secretario Juventino Lamas Guzmán, quien autoriza y da fe dentro del juicio de amparo 21/2018-II.
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