Luis Gerardo Zavala Cortes

Expediente 156/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 12 actuaciones registradas, la última del 7 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
156/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
07/10/2020

Partes del expediente

  • Luis Gerardo Zavala Cortes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Ciudad de México, a siete de octubre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra del auto de siete de septiembre del año en curso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley citada, se declara QUE EL AUTO EN EL QUE SE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA, EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable en términos del séptimo transitorio del mencionado Acuerdo; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en razón de que se trata de un asunto sobreseído y además no se ubica en alguno de los casos de excepción previstos en el artículo 15 del citado acuerdo. Por lo que hace al original del cuaderno relativo al incidente de suspensión es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en el supuesto previsto en al artículo 21, inciso c), del Acuerdo General en comento, toda vez que la medida cautelar se negó. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), será destruible en el término de seis meses contados a partir del presente archivo. Glósese copia certificada del presente proveído a los autos del original y del duplicado del incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el artículo 21, del multicitado Acuerdo, dentro de los treinta días siguientes, procédase a su destrucción. Ahora bien, toda vez que la parte promovente anexó documentos originales en el presente juicio de amparo, requiérasele para que dentro del plazo de noventa días contados a partir de la legal notificación del presente proveído, acuda a este juzgado a recoger dichos documentos y previo desglose de los mismos, debiendo dejar constancia de su entrega haciendo del conocimiento que la persona que se presente a recibir el documento, deberá exhibir copia simple de su identificación oficial vigente la cual previa presentación del original, se certificará por el Secretario para debida constancia legal, apercibida que de no hacerlo así, se procederá a su destrucción. En el entendido de que la persona que acuda a recibirlas, deberá solicitar una cita para tal efecto, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, de lunes a viernes en un horario de las trece horas con cuarenta y cinco minutos a las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos. Se precisa que se requiere al promovente para que programe la cita correspondiente en ese horario, en uso de la facultad con la que cuenta el suscrito para administrar éste órgano jurisdiccional, derivada de los artículos 17 y 94, constitucionales, lo anterior tomando en consideración que a este Juzgado de Distrito le corresponde la jornada de labores presenciales de las trece horas con cuarenta y cinco minutos a las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, a ocho de septiembre de dos mil veinte. Por recibido el oficio signado por el Jefe de la Unidad Departamental de Amparos Administrativos Ciudadanos, en representación del Titular de la Secretaria de Seguridad Ciudadana, por medio del cual, rinde su informe justificado. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio de cuenta para que obre como corresponda, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento toda vez que mediante auto de siete de septiembre del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia en presente juicio de amparo. Con apoyo en el artículo 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados de la autoridad citada a las personas que menciona. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, del citado ordenamiento, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, quien autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, a siete de septiembre de dos mil veinte. Visto el escrito remitido con la evidencia criptográfica del autorizado de la parte quejosa, en términos del artículo 48 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, por medio del cual, representante común de los quejosos, solicita que con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresea el presente juicio de amparo, en virtud de que mediante sentencia dictada el veinte de agosto del año en curso, en los autos del juicio de nulidad, del índice de la Tercera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, se declaró la nulidad de la resolución de ocho de enero de dos mil veinte, dictada en el expediente administrativo ********************, la cual constituye el acto reclamado dentro del presente juicio; por tanto, se procede a determinar si en el caso se actualiza alguna causal de improcedencia. En principio, debe aclararse que el legislador previó la posibilidad de que durante la sustanciación del juicio de amparo pudiera actualizarse alguna causa de improcedencia de las establecidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, según se desprende del contexto del artículo 63, fracción V, de la misma ley, que establece: Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. Del precepto inserto, se desprende que puede decretarse el sobreseimiento dentro de un juicio de amparo cuando durante su sustanciación, sobrevenga un motivo de improcedencia, mismo que deberá ser manifiesto e indudable en estricto apego al diverso precepto legal 113 de la misma Ley. En efecto, de acuerdo con el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, interpretado de forma armónica, es claro que el Juez de Distrito puede determinar la improcedencia del juicio, siempre que encontrare un motivo manifiesto e indudable; consiguientemente, a efecto de que pueda decretarse el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional en términos del artículo 63, fracción V, en alusión, es inconcuso que el motivo de improcedencia que hubiere sobrevenido debe colmar estas características. Robustece lo anterior, por las razones que le rigen, la Jurisprudencia P./J. 128/2001, de rubro: CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA.(Registro: 188643, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Octubre de 2001, página 803) Entendiéndose por estos elementos, de forma respectiva, que el motivo sea patente y absolutamente claro y que pueda advertirse el contexto de la demanda, así como de los documentos que se encuentren glosados en el expediente formado con motivo de ésta y, que se tiene la certeza plena de que esa circunstancia que motivó la improcedencia no puede variar en modo alguno durante la secuela del juicio. En ese orden de ideas, del estudio integral del escrito de demanda, se advierte que la quejosa señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. EN SU CALIDAD DE ORDENADORA: A. EL ALCALDE DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, C. AVELINO MENDEZ RAGEL B. EL DIRECTOR GENERAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y GOBIERNO DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, LICENCIADO FRANCISCO PASTRANA BASURTO EN SU CALIDAD DE EJECUTORA: A. LOS CC. LIC. DAVID ROSAS CASTRO, ENRIQUE LOPEZ ESTRADA Y ROCIO MENDOZA HERNANDEZ, EJECUTORES ADMINISTRATIVOS ADSCRITOS A LA ALCALDÍA XOCHIMILCO. B. SECRETARIO DE SEGURIDAD CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO C. SUBSECRETARIO DE OPERACIÓN POLICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO IV. ACTO RECLAMADO. DE LA AUTORIDAD ORDENADORA LA CONSISTENTE EN LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA ORDEN DE RECUPERACIÓN DE FECHA OCHO DE ENERO DE LOS CORRIENTES, DICTADA EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE RECUPERACIÓN NÚMERO RBDP/001/2010 Y/O, EMITIDO POR EL LICENCIADO FRANCISCO PASTRANA BASURTO, DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y GOBIERNO DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, LO QUE REALIZA EN TERMINOS DEL ACUERDO POR EL QUE SE DELEGA AL TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y DE GOBIERNO, EL EJERCICIO DIRECTO DE LAS FACULTADES QUE SE INDICAN EN LA GACETA OFICIAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO DE FECHA DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, ACTO MEDIANTE EL CUAL SE ORDENA LA RECUPERACIÓN ADMINISTRATIVA DE UNA SUPERFICIE DE TERRENO DE APROXIMADAMENTE 753.67 METROS CUADRADOS SIN ESPECIFICAR LINDEROS Y COLINDANCIAS PERO QUE ABARCA PARTE DEL INMUEBLE DEL QUE SOMOS PROPIETARIOS LOS HOY QUEJOSOS, MISMO QUE SE UBICA EN AVENIDA MUYUGUARDA NÚMERO 9, COLONIA AMPLIACIÓN SAN MARCOS NORTE, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO. DE LA AUTORIDAD EJECUTORA, LA EJECUCIÓN INMEDIATA Y DIRECTA DE LA ORDEN DE RECUPERACIÓN ADMINISTRATIVA ORDENADA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE FECHA OCHO DE ENERO DE LOS CORRIENTES, DICTADA EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO DE RECUPERACIÓN NÚMERO RBDP/001/2010 Y/O ******************** EMITIDO POR EL LICENCIADO FRANCISCO PASTRANA BASURTO, DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS Y GOBIERNO DE LA ALCALDÍA XOCHIMILCO, ACTOS QUE SE RELACIONAN CON EL EXPEDIENTE RBDP/013/2019 Y, MEDIANTE EL CUAL SE ORDENA LA EJECUCIÓN DE FORMA INMEDIATA Y DIRECTA PARA LA RECUPERACIÓN DE UNA SUPERFICIE DE TERRENO DE APROXIMADAMENTE 753.67 METROS CUADRADOS SIN ESPECIFICAR LINDEROS Y COLINDANCIAS PERO QUE ABARCA PARTE DEL INMUEBLE DEL QUE SOMOS PROPIETARIOS LOS HOY QUEJOSOS, MISMO QUE SE UBICA EN AVENIDA MUYUGUARDA NÚMERO 9, COLONIA AMPLIACIÓN SAN MARCOS NORTE, ALCALDÍA XOCHIMILCO, CIUDAD DE MÉXICO. Sentado lo anterior, este Juzgado de Distrito considera que en los presentes autos se actualiza una causa de improcedencia, la cual, reúne las características exigibles para que se dicte el sobreseimiento aún fuera de la audiencia, pues al ser este motivo manifiesto e indudable, es innecesario esperar hasta el momento procesal (audiencia constitucional) para ello, aun cuando en el caso pudiera estar transcurriendo el plazo de vista de los informes justificados o estuviera transcurriendo un plazo a alguna de las partes; estimar lo contrario, indefectiblemente dilataría el dictado de la determinación que en derecho corresponde al presente juicio, colmando de forma ociosa los plazos, en razón de que con ningún elemento probatorio, ni consideración alguna respecto de los informes justificados, podría desvirtuarse el motivo de improcedencia que se actualiza en el particular. Por el contrario, se contravendría el espíritu del derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 del Pacto Federal, pues a nada práctico conduciría esperar el transcurso de los plazos, así como a la celebración de la audiencia constitucional, si el resultado sería exactamente el mismo, en razón de que la causa de improcedencia no depende de tales asertos, por lo cual, sólo se generarían en el justiciable falsas expectativas de derecho, de forma injustificada. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. (Registro: 184572, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, página 386.) Así como la jurisprudencia II.2o.P. J/23, de rubro: SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PROCEDE DECRETARLO SIN TRANSGREDIR LOS ARTÍCULOS 76, 77, 78 Y 80 DE LA LEY DE AMPARO, AL ACTUALIZARSE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y, EN CONSECUENCIA, OMITIR ENTRAR AL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO. (Registro: 173878, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Noviembre de 2006, página 991) Precisado lo anterior, se advierte que en el presente asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIX. Cuando se esté tramitando ante los tribunales ordinarios algún recurso o medio de defensa legal propuesto por el quejoso que pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto reclamado; Esta causa de improcedencia opera en caso de que el acto reclamado en el juicio de amparo, pueda ser modificado, revocado o nulificado, en virtud de un recurso o medio de defensa propuesto por el quejoso, que se esté tramitando en la jurisdicción ordinaria, lo que provoca que el juicio de garantías resulte improcedente. En ese sentido, para actualizarse la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo, se requieren los siguientes elementos: 1. Que sea la parte quejosa quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo. 2. Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se le haya dado trámite a la fecha en que se resuelva el juicio de garantías. 3. Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Sirve de apoyo, por analogía, el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia P./J. 144/2000, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XII, Diciembre de 2000, página 15, que señala lo siguiente: IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XIV DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO REQUIERE QUE EL RECURSO O DEFENSA LEGAL PROPUESTO SE HUBIERA ADMITIDO, SE ESTÉ TRAMITANDO AL RESOLVERSE EL AMPARO Y SEA EL IDÓNEO PARA OBTENER LA REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XIV, de la Ley de Amparo se actualiza cuando concurran las siguientes circunstancias: a) Que sea el quejoso quien haya interpuesto el recurso o medio legal de defensa en contra del acto de autoridad contra el cual solicite amparo; b) Que el recurso o medio de defensa haya sido admitido y se esté tramitando cuando se resuelva el juicio de garantías; y, c) Que el recurso o medio de defensa legal constituya la vía idónea de impugnación para conducir a la insubsistencia legal del acto de autoridad señalado como acto reclamado en el juicio de amparo. Esa interpretación se justifica, por un lado, porque el precepto de referencia exige que el recurso o medio de defensa pueda tener por efecto modificar, revocar o nulificar el acto de autoridad que sea materia del juicio constitucional, resultado que podrá obtenerse si el instrumento jurídico de defensa utilizado es el apropiado, esto es, que esté instituido expresamente por la ley y regido por un procedimiento para su tramitación, oponible frente a una resolución que lesione los intereses de la parte que se dice afectada y mediante el que se pueda lograr la invalidación o la modificación de la resolución impugnada; y, por otro, porque de acuerdo con el principio del contradictorio, el tribunal debe otorgar a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, esto es, debe atender si el agraviado está en posibilidad de ser oído en el recurso o medio de defensa que hubiera propuesto ante la autoridad responsable o su superior jerárquico, para lo cual es indispensable que esté demostrada fehacientemente la admisión del recurso, pues la simple presentación del escrito respectivo no implica que se le dé la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus derechos. En este orden de ideas, la causal de improcedencia en mención, únicamente puede considerarse actualizada cuando la parte interesada acredite que el recurso o medio de defensa hecho valer en contra del acto reclamado se esté tramitando simultáneamente con el juicio de garantías, correspondiendo al juzgador de amparo determinar si el medio legal de defensa que esté tramitándose simultáneamente al juicio de amparo, constituye o no la vía idónea de impugnación que pudiera tener como resultado la revocación, modificación o anulación del mismo acto contra el cual se solicita amparo. En mérito de lo anterior, de la transcripción realizada en párrafos que anteceden, se advierte que los actos reclamados en el presente juicio de amparo consisten en la resolución administrativa de ocho de enero de dos mil veinte, dictada en el expediente administrativo número, que contiene la orden de recuperación de una superficie de terreno de aproximadamente 753.67 metros cuadrados, que abarca parte del inmueble ubicado en Avenida Muyuguarda número nueve (9), colonia Ampliación San Marcos Norte, Alcaldía Xochimilco en ésta Ciudad, del cual los quejosos aducen ser propietarios, y su ejecución. Ahora bien, del escrito que se atiende se advierte que el representante común de los quejosos solicita que con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresea el presente juicio de amparo, en virtud de que mediante sentencia dictada el veinte de agosto del año en curso, en los autos del juicio de nulidad, del índice de la Tercera Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, se declaró la nulidad de la resolución de ocho de enero de dos mil veinte, dictada en el expediente administrativo, la cual constituye el acto reclamado dentro del presente juicio. En ese sentido, del contenido de dicha sentencia de nulidad, cuya copia simple acompaña el promovente al escrito de cuenta misma que hace prueba plena en su contra, se aprecia que mediante acuerdo de treinta y uno de enero de dos mil veinte (previamente a la admisión de la demanda que dio origen al presente juicio, a saber, dos de marzo de dos mil veinte), la Tercera Sala Ordinaria Jurisdiccional del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, admitió a trámite la demanda de nulidad promovida por los aquí quejosos, en contra de la resolución administrativa de ocho de enero de dos mil veinte, dictada en el expediente, también reclamada a través del presente juicio, tal como se advierte del resultando primero y segundo de dicha sentencia: De lo narrado, se concluye que en el caso concreto opera la hipótesis de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XIX, de la Ley de Amparo. Lo anterior se afirma, pues fueron los hoy quejosos quienes interpusieron el juicio contencioso administrativo en contra de la resolución de ocho de enero de dos mil veinte, emitida en el expediente administrativo número, emitida por el Titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno de la alcaldía Xochimilco, mediante la cual se ordenó la recuperación territorial de una superficie de terreno de aproximadamente 753.67 metros cuadrados, que abarca parte del inmueble ubicado en Avenida Muyuguarda número nueve (9), colonia Ampliación San Marcos Norte, Alcaldía Xochimilco en ésta Ciudad, del cual aducen ser propietarios, el cual fue admitido a trámite por auto de treinta y uno de enero de dos mil veinte, siendo que a la fecha ya se emitió la sentencia correspondiente dentro del juicio de nulidad, el veinte de agosto del año en curso, en la que se declaró la nulidad de la resolución reclamada. Con ello, queda demostrada la existencia de un medio ordinario de impugnación promovido por los peticionarios del amparo que está en trámite, -en el caso, juicio contencioso administrativo, en contra de la resolución de ocho de enero de dos mil veinte, emitida en el expediente administrativo número, pues aun cuando ya se dictó la sentencia dentro del juicio de nulidad, lo cierto es que en contra de dicha determinación procede recurso de apelación, el cual pueden hacer valer las partes. De igual manera, se observa el cumplimiento del tercer requisito, en razón de que la resolución dictada en dicho juicio, tiene como efecto, al resultar fundados sus agravios, decretar la nulidad de la resolución combatida, así como de sus efectos y consecuencias, lo cual aconteció en el caso. De todo lo anterior, se concluye que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, en tanto que de las constancias remitidas por el promovente con el escrito que se atiende, se deduce la existencia de un medio ordinario de impugnación, el cual fue interpuesto por los ahora quejosos y, en el cual se decretó la nulidad del acto aquí reclamado, siendo que tal determinación se encuentra pendiente de causar ejecutoria. En el entendido que la causa de improcedencia prevista en la fracción XIX del artículo 61 de la Ley de la materia, deriva del principio de definitividad según el cual, el acto que se reclama en el amparo no debe ser susceptible de ser modificado, revocado o anulado. Por ello, no pueden coexistir el juicio de amparo con otro procedimiento ordinario que tenga la misma finalidad que el juicio constitucional, pues además de que con ello se vulnera el aludido principio, existiría posibilidad de que se dicten dos sentencias respecto del mismo acto que, incluso, podrían resultar contradictorias en detrimento del principio de certeza y seguridad jurídica que debe prevalecer para las partes en litigio. En consecuencia, se sobresee en el juicio, con fundamento en los artículos 61, fracción XIX y 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En razón de lo anterior, este Juzgado de Distrito deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las DIEZ HORAS DEL SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Consiguientemente, también se deja insubsistente cualquier requerimiento que se hubiere formulado a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo. No obstaculiza la consideración anterior, la circunstancia de que aún no se haya celebrado la audiencia constitucional en el presente asunto, toda vez que como se ha expuesto con antelación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 63, fracción V, de la ley de la materia, cuando durante la tramitación del juicio se actualice alguna causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, el órgano de control constitucional puede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, en armonía y respecto al derecho fundamental de acceso a la justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, quien autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veintiocho de agosto de dos mil veinte. Se tiene por recibido el escrito signado por Juan Augusto Zavala Cortés, representante común de los quejosos, por medio del cual, ofrece como pruebas de su parte la documental que exhibe, asimismo solicita que las notificaciones que deriven del presente juicio se realicen vía electrónica a través del usuario "Letimmer" y proporciona el correo electrónico latimerad@gmail.com; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a sus autos el escrito de cuenta para que obre como corresponda tomando conocimiento de su contenido. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de su parte la documental que exhibe, sin perjuicio de ser relacionada nuevamente y darle el valor que le corresponda en la audiencia constitucional. Por otra parte, se toma conocimiento del correo electrónico proporcionado como forma especial de contacto, en el entendido de que el mismo únicamente será utilizado de manera excepcional, en caso de ser necesarios, para entablar comunicaciones no procesales, las cuales estarán sujetas a la autorización previa de este juzgado, tomando en consideración su idoneidad y pertinencia. Sin que lo anterior implique que se notifique a la parte quejosa en el correo electrónico que refiere, toda vez que dicho medio de comunicación no está previsto en la Ley de Amparo, pues ésta únicamente prevé notificaciones de forma electrónica mediante el uso del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y no así a través de correos electrónicos particulares. Asimismo, como lo solicita el promovente, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, 30, párrafo primero, fracción II y 31, fracción III de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 12/2020, numeral 55, y artículo 29 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se instruye al Actuario Judicial adscrito para que las notificaciones que deriven del presente asunto, incluso las personales se practiquen a la parte quejosa vía electrónica por conducto del usuario "Letimmer", registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, quien autoriza. Doy fe.

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