Luis Gerardo Ruiz Bastos

Expediente 1092/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1092/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
19/09/2022

Partes del expediente

  • Luis Gerardo Ruiz Bastos

Actuaciones

  1. Principal

    El diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, Jorge Martín Zamora González, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de cinco días que prevé el artículo 98 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa interpusiera recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que tuvo por no presentada la demanda de derechos, trascurrió del cinco al nueve de septiembre del presente año. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos para devolver a la parte quejosa con las características que prevé el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de queja a que se refiere el diverso numeral 97, fracción I, inciso a) de esa propia legislación, contra el auto que tuvo por no presentada la demanda de derechos; luego, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Por otra parte, al no haber diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo definitivo del expediente en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el Artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; y toda vez que las constancias que integran el presente sumario, se advierte que no son de relevancia documental, este expediente es destruible. Por lo que una vez que transcurran los tres años que establece dicho numeral realícese la destrucción a que alude el artículo 3, fracción XV, del citado acuerdo. Inclúyase el presente asunto en el acuerdo de desincorporación correspondiente que deberá remitirse a la Dirección General de Archivo y Documentación de Órganos Jurisdiccionales y Visitaduría Pública, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rodolfo García Camacho, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Ángeles En la Ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las nueve horas del veinte de septiembre de dos mil veintidós, se publicó en la lista que se fija en este Órgano Jurisdiccional, el acuerdo que antecede, con lo cual quedan notificadas de ello las partes en este expediente, hecha excepción de las que deban notificarse personalmente, por oficio o en forma electrónica; se asienta la presente razón, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo. Doy Fe.

  2. Principal

    CUENTA. El veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se da cuenta con la razón actuarial que antecede, el estado de autos y la promoción con registro 15977. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de agosto de dos mil veintidós. Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte que una vez constituido el fedatario adscrito a este órgano jurisdiccional en la Estación Migratoria de Zacatecas, y luego de entrevistarse con quien dijo ser Luis Gerardo Ruiz Bastos, éste le manifestó que no era su deseo ratificar la demanda promovida por Edwin James Romero a su favor. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 15, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de que se trata; y en consecuencia, quedan sin efecto las providencias dictadas en el presente asunto. Mediante oficio que derive de este proveído, hágase la anterior circunstancia del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables. Finalmente, agréguese a sus autos, únicamente para que obre como corresponda la promoción con registro 15977, signado por el Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos del Instituto Nacional de Migración en el estado de Zacatecas; a través de la cual realiza manifestaciones correspondientes a la suspensión de plano decretada en este juicio de amparo, dadas las circunstancias asentadas en párrafos que preceden. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    CUENTA. El veintisiete de agosto de dos mil veintidós, Rebeca Isabel Medina Becerra, secretaria de Juzgado, da cuenta con: La demanda de amparo promovida por Edwin Jaimes Romero, en representación de Luis Gerardo Ruíz Bastos, registrada con el folio 15936. Con la circunstancia de que Jimena Rojas Hernández con cédula profesional 10655757, José Alberto Zárate Juárez con cédula profesional 2117879, Alba Judith Velasco Santos con cédula profesional 8380029, Carlos Eduardo Rodríguez Rodarte con cédula profesional 5162520 tienen registradas su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de agosto de dos mil veintidós. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo, promovida por Edwin Jaimes Romero, en representación de Luis Gerardo Ruíz Bastos, contra actos del Delegado Federal de Zacatecas del Instituto Nacional de Migración y otra autoridad, por considerar que transgrede en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14, 16, 21 y 22, constitucionales. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1092/2022, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. SUSPENSIÓN DE PLANO. De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el promovente señaló como actos reclamados y autoridades responsables los siguientes: Autoridades responsables: Delegado Federal de Zacatecas del Instituto Nacional de Migración. Subdirector de Control y Verificación Migratoria de la Delegación Federal de Zacatecas del Instituto Nacional de Migración. De quienes se reclama: La incomunicación de que es objeto Luis Gerardo Ruíz Bastos. La orden de detención y privación ilegal de su libertad que se está ejecutando de Luis Gerardo Ruíz Bastos. La ejecución del alojamiento que priva ilegalmente de su libertad a Luis Gerardo Ruíz Bastos, que constituye una privación de libertad que se ha extendido por más de 36 horas. La inminente deportación que se pretenda ejecutar. ASPECTO RELATIVO A LA INCOMUNICACIÓN DE LA QUE ESTA SUJETO EL QUEJOSO. En relación con el citado acto, se decreta de plano la suspensión para el efecto de que cese de inmediato el acto de incomunicación del que pueda ser objeto el directo quejoso Luis Gerardo Ruíz Bastos. Debiendo la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración Delegación Zacatecas, hacer del conocimiento del directo quejoso el derecho que tiene de comunicarse de inmediato con quien estime conveniente, para lo cual deberá permitir que utilicen el teléfono o cualquier otro medio de comunicación para tales efectos, asimismo, para que se le permita ver a su abogado o persona de confianza. CAPÍTULO RELATIVO A LA ORDEN DE DETENCIÓN Y PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD. Por lo que respecta a la petición en el sentido de que se dicte suspensión de oficio y de plano respecto de los actos referidos, se provee lo siguiente: Respecto a la libertad del quejoso, de acuerdo con lo previsto en el artículo 164 de la Ley de Amparo, se provee lo siguiente: De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que la parte promovente señala como uno de los actos reclamados la privación ilegal de la libertad dentro de las instalaciones de la estancia migratoria del Instituto Nacional de Migración de esta ciudad. Ahora, en el presente asunto, en caso de que los actos reclamados deriven de un procedimiento administrativo migratorio, con fundamento en el artículo 164, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 102 de la Ley de Migración, se concede la suspensión al quejoso para que sea puesto en libertad, no obstante, se decreta en favor del directo quejoso Luis Gerardo Ruíz Bastos, las siguientes medidas alternativas como requisitos de efectividad de la medida suspensional: a) Establecer un domicilio o lugar en el que deberá permanecer hasta en tanto sea resuelto en definitiva el presente juicio; b) Establecer de forma clara y precisa el domicilio del lugar donde permanecerá, esto es, nombre de la calle, número, colonia, ciudad, y teléfono de contacto en el lugar de residencia de este órgano jurisdiccional. No ausentarse del mismo sin previa autorización de este Juzgado Federal. c) Deberá presentar una solicitud con responsiva firmada por un ciudadano u organización social mexicana. d) Acudir semanalmente a las instalaciones de la Estancia migratoria del Instituto Nacional de Migración de esta ciudad, los días que ésta les fije. Sin que en el caso resulte necesario fijar garantía suficiente para que surta efectos la medida decretada toda vez hasta el momento no se cuenta con datos relativos a la situación económica del quejoso. Es aplicable a lo anterior, en lo conducente, lo establecido en el en las tesis de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE EXCEPCIONALIDAD DE LA DETENCIÓN DE PERSONAS MIGRANTES. AL CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE PLANO CONTRA ÉSTA EN EL JUICIO DE AMPARO, DEBE ORDENARSE QUE CESE Y FIJAR LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS NECESARIAS PARA LOGRAR EL SEGUIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, MÁXIME SI SE ENCUENTRAN INVOLUCRADOS MENORES DE EDAD. Hechos: Una familia extranjera integrada por cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, en su condición de migrantes promovieron juicio de amparo indirecto contra el alojamiento, detención, presentación o aseguramiento por más de treinta y seis horas en un albergue del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), así como la deportación o expulsión del país y solicitaron la suspensión de plano de los actos reclamados, para que fueran puestos en inmediata libertad, entre otras razones, por estar involucrados los dos menores de edad mencionados. El Juez de Distrito concedió la suspensión de plano para el efecto de impedir cualquier acto que tuviera como resultado su expulsión o deportación del país, incomunicación o actos prohibidos por el artículo 22 constitucional y para que quedaran en el lugar donde se encontraban detenidos a disposición de dicha autoridad. Inconformes, interpusieron recurso de queja. 2 Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que conforme al principio de excepcionalidad de la detención de personas migrantes, al conceder la suspensión de plano contra ésta en el juicio de amparo, debe ordenarse que cese y fijarse las medidas alternativas necesarias para lograr el seguimiento del procedimiento administrativo, máxime si se encuentran involucrados menores de edad, ya que deben priorizarse los principios de su interés superior y de unidad familiar. Justificación: Lo anterior, porque la libertad personal es un derecho de primer rango que sólo puede ser limitado bajo determinados supuestos de excepcionalidad. Así, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que para que una medida privativa de la libertad no sea arbitraria, la ley y su aplicación deben respetar los requisitos siguientes: i) que su finalidad sea compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; ii) que sea idónea para cumplir con el fin perseguido; iii) que sea necesaria, en el sentido de que sea absolutamente indispensable para conseguir el fin deseado; y, iv) que sea estrictamente proporcional, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante esa restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida. Atendiendo a esos supuestos, dicho órgano ha considerado que el uso automático de la detención migratoria resulta contrario al umbral de protección del derecho a la libertad personal y su carácter de excepcionalidad como último recurso, pasando por alto que se debe partir de una presunción de libertad y no de una presunción de detención, donde la detención migratoria sea la excepción y se justifique sólo cuando ésta sea legal y no arbitraria. Cabe señalar que la detención migratoria busca el correcto desenvolvimiento del procedimiento administrativo hasta su conclusión, esto es, lograr el retorno asistido de la persona, o bien, para la determinación de la situación migratoria, la cual generalmente tiene como consecuencia la deportación. En ambos supuestos la persona migrante o menor de edad en esa condición, permanece en una estación migratoria o estancia provisional en tanto se dicta la determinación respectiva; sin embargo, en algunos casos, las personas o menores de edad permanecen detenidas durante meses, debido a que el artículo 111 de la Ley de Migración no establece cuál es el plazo máximo para la detención. En ese contexto, cuando el Juez de Distrito conceda la suspensión de plano contra detenciones que no tengan relación con la comisión de un delito, efectuadas por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, como lo son las migratorias, será para el efecto de que el quejoso sea puesto en libertad, en términos del segundo párrafo del artículo 164 de la Ley de Amparo fijando, además, las medidas alternativas a la detención aptas para lograr el seguimiento del procedimiento administrativo, con la finalidad de evitar colocar a las personas migrantes o menores de edad en una situación de mayor vulnerabilidad, privilegiando el derecho fundamental a la libertad personal, así como los principios del interés superior de éstos y de unidad familiar." "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." Resta decir, que la suspensión surte efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si el quejoso no cumple con los requisitos de efectividad o medidas alternativas, referidas en párrafos previos dentro del plazo de cinco días legalmente computados a partir de la notificación del presente proveído. RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL ALOJAMIENTO QUE PRIVA LA LIBERTAD DEL QUEJOSO. De conformidad con lo previsto por el artículo 164 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión, para el efecto de que sin demora cesen los actos emitidos por las autoridades administrativas distintas al Ministerio Público (que según lo manifestado en la demanda siguen ejecutándose en la estancia migratoria del Instituto Nacional de Migración Delegación Zacatecas), en relación con la comisión de un delito, poniéndolo en libertad o a disposición del Ministerio Público en caso de existir delito flagrante. Lo anterior, siempre y cuando tales actos se hayan emitido sin una orden migratoria previa. ASPECTO RELATIVO A LA INMINENTE DEPORTACIÓN, QUE ADUCE SE PRETENDE EJECUTAR. Por lo que respecta a la petición en el sentido de que se dicte suspensión de oficio y de plano respecto del acto referido, se provee lo siguiente: De conformidad con lo previsto por el artículo 126 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión, para el efecto de que cese EL ACTO DE DEPORTACIÓN contenido en el artículo 22 de la Constitución Federal. Lo anterior, siempre y cuando tal acto se haya emitido sin una orden migratoria previa. Asimismo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, informe a este Juzgado sobre el cumplimiento que den a la suspensión de plano que se concede, apercibidas que de no hacerlo se les impondrá una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, según las circunstancias del caso, con fundamento en los artículos 142, 238 y 260, fracción I de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 26 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y; segundo y tercero transitorios del Decreto que reforma diversas disposiciones constitucionales en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintisiete de enero de dos mil dieciséis. RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por otra parte, tomando en consideración que Luis Gerardo Ruíz Bastos, se encuentra en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración Delegación Zacatecas, y que la petición de amparo no la formuló directamente la parte agraviada y debido a ello existe la posibilidad de que se haya incurrido en imprecisión al citar su nombre; atendiendo a la naturaleza del acto que se reclama, se conmina al Delegado de dicha institución migratoria, para que de suceder esto, permita al fedatario judicial el acceso al registro de ingresos e incluso que pueda entrevistarse con el quejoso, a fin de saber si la demanda de amparo se promovió a favor de él, so pena de incurrir en responsabilidad oficial. Para tal virtud el actuario Judicial deberá constituirse y realizar lo siguiente: 1. Requiera a la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración Delegación Zacatecas, para que permita el libre acceso al fedatario judicial con el fin de que pueda entrevistarse con Luis Gerardo Ruíz Bastos. 2. Vocear o llamar a Luis Gerardo Ruíz Bastos. 3. Notificarle el presente auto. 4. Requerir al quejoso Luis Gerardo Ruíz Bastos, para que dentro del término de tres días manifieste si ratifica o no la demanda de amparo instada en su nombre al parecer por Edwin Jaimes Romero. 5. Dar fe del estado físico en el que se encuentra el agraviado. 6. Apercibir al directo impetrante que de no ratificar la demanda en el término concedido se tendrá por no presentada la demanda aludida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, y quedarán sin efecto las medidas decretadas. 7. Notificarle a la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración Delegación Zacatecas, la suspensión de plano decretada por este órgano jurisdiccional, respecto de los actos reclamados, suspensión concedida para el efecto de que cesen los citados actos, debiendo acatar ésta orden las autoridades responsables. En la inteligencia, que deberá prevenirse a las responsables para que de inmediato se abstengan de ejecutar cualquiera de los actos mencionados en contra del directo quejoso. 8. Levantar acta pormenorizada de todo lo anterior. PRUEBAS OFRECIDAS POR LA PARTE QUEJOSA. Con fundamento en lo establecido por el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa ofreciendo como pruebas de su parte la instrumental de actuaciones, la presuncional en su doble aspecto legal y humana. En cuanto a la documental que señala, relativo al expediente administrativo migratorio, se reserva su admisión hasta una vez que las autoridades responsables rindan su informe relativo a la suspensión de plano. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS. Se tienen como autorizados a Jimena Rojas Hernández con cédula profesional 10655757, José Alberto Zárate Juárez con cédula profesional 2117879, Alba Judith Velasco Santos con cédula profesional 8380029, Carlos Eduardo Rodríguez Rodarte con cédula profesional 5162520, en términos amplios conforme al artículo 12 de la Ley de Amparo a toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De igual forma, se le tiene proporcionando el domicilio que señala en su escrito de demanda, para oír y recibir notificaciones. Por otra parte, como lo solicita la parte quejosa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se autoriza la consulta en el expediente electrónico, bajo los usuarios "jrojashdez" y "Mpoblano", en este juicio de amparo exclusivamente. También, el compareciente solicita que se realicen las notificaciones electrónicas a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, por medio de los usuarios referidos en el párrafo que antecede. En ese tenor, se ordena efectuar las notificaciones de carácter personal de forma electrónica a la parte quejosa, a través de las cuentas de usuarios "jrojashdez" y "Mpoblano"; en el entendido que estará obligada a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de la ley de la materia, en un plazo máximo de dos días a partir de que éste órgano hubiere enviado dicha constancia; apercibida que de no hacerlo dentro de los plazos señalados, se tendrá por hecha la notificación respectiva. Además, como lo solicita la parte quejosa, se autoriza a María Hildam Sughey Poblano Ibarra, Penélope Yazmín Pérez Martínez, Ivonne Rivera Rivero, Juan Antonio Ramírez González Y Norma Alejandra Montenegro Medina, para oír, recibir notificaciones, documentos y valores, la consulta del expediente administrativo, así como el uso de medios electrónicos a fin de fotografiar y/o digitalizar las actuaciones dictadas en el presente asunto; lo anterior, con fundamento en la circular 12/2009, emitida el dieciocho de marzo de dos mil nueve, por la cual el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, determinó que no existe inconveniente en que se les permita a las partes y personas autorizadas para oír y recibir notificaciones, imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, mediante el uso de aparatos como los que menciona. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. LEY DE TRANSPARENCIA. Por último, atento a lo previsto en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, considerando además lo previsto en el segundo párrafo del segundo numeral transitorio del decreto por el que se abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y se expide la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, conforme al cual hasta que se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad en materia, lo que a la fecha no ha acontecido; en términos de los ordinales 3, fracción XIV, inciso c), 4, fracción III, 8, 20 y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en los artículos 5, 6, 7, 8, 32 y 35 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la invocada legislación, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado; además de que, aun en el caso de que no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública correspondiente que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información considerada legalmente de reservada o confidencial que encuadre en los supuestos señalados en los numerales 3, 13, 14, 18 y 22 de la ley en citada en primer término, lo que se hará en los términos de los criterios para la supresión de información confidencial o reservada y de la elaboración de versiones pública, previstos en los artículos 14, 25, 28, 54, 55, 56, 57 y 59 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. EXHORTACIÓN TRÁMITE JUICIO EN LÍNEA. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 del acuerdo 8/2020, del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes para que en la medida de lo posible continúen el trámite del presente juicio en línea; además de conformidad con la fracción XIX del precepto 2 del diverso acuerdo 13/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a las partes para que proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico para que se establezca el contacto respectivo en los casos que se estime necesario. Finalmente, de lo anterior hágase del conocimiento de la Jefa de la Oficina de Correspondencia Común, a fin de equilibrar las cargas de trabajo de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, para lo cual deberá anexarse copia de la demanda de cuenta para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente al directo quejoso en el lugar en el que se encuentra detenido y por oficio a las autoridades responsables.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano