Luis Gerardo Mata Ruiz

Expediente 471/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
471/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
20/01/2021

Partes del expediente

  • Luis Gerardo Mata Ruiz

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese al sumario el comunicado 37/2021 que envía la autoridad Secretario General de Acuerdos de la Primera Sala Colegiada Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado; en atención al mismo, se toma apunte de ello, para los efectos jurídicos conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    Se evidencia que de la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el auto dictado el cuatro del actual, en el que se desechó la demanda de garantías, se declara que el mismo ha causado estado, hágase las anotaciones correspondientes y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, el presente expediente, debe considerarse como DESTRUIBLE, devuélvase a la responsable las documentales que acompaño. Notifíquese.

  3. Principal

    Visto el oficio, proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Circuito, al que se acompaña cuaderno del juicio de amparo directo 47/2020, en el que obra la resolución de cuatro de marzo de dos mil veinte, mediante la que el tribunal de alzada se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo directo promovida por el quejoso, atento a las consideraciones que en la misma se exponen, se acuerda: Regístrese con el número 471/2020-I, que le correspondió en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado. Acúsese recibo de estilo a la superioridad. De la demanda de amparo presentada por el quejoso, se advierte que ésta se interpone contra actos de los MAGISTRADOS DE LA PRIMERA SALA COLEGIADA EN MATERIA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO, y que se hacen consistir en: La sentencia definitiva de veintitrés de enero de dos mil veinte, dictada en el toca número 14/2019, en la que se revocó la sentencia absolutoria, se le consideró responsable del delito de HOMICIDIO, y se ordenó la remisión de la carpeta judicial, al Juez de Juicio Oral Penal del Estado, a efecto de que se lleve a cabo la audiencia de individualización y reparación del daño, y se continúe con la secuela legal correspondiente. Sentado lo anterior, se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, ambos de la Ley de Amparo Para los efectos de esta Ley, se entiende por normas generales, entre otras, las siguientes: a) Los tratados internacionales aprobados en los términos previstos en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; salvo aquellas disposiciones en que tales tratados reconozcan derechos humanos; b) Las leyes federales; c) Las constituciones de los Estados y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; d) Las leyes de los Estados y del Distrito Federal; e) Los reglamentos federales; f) Los reglamentos locales; y g) Los decretos, acuerdos y todo tipo de resoluciones de observancia general; II. Contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución; y b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; VII. Contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; y VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto". De la interpretación de los numerales transcritos, se obtiene que, es posible la actualización de una causal de improcedencia que derive de alguna disposición legal, siempre y cuando en ella se contenga un mandato que impida el nacimiento de la acción de amparo ante esta vía indirecta. Es dable señalar que de la segunda de las disposiciones mencionadas, se advierte que el juicio de amparo indirecto procede contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso; contra actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución o actos en el procedimiento que sean de imposible reparación; contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido; contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; contra las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o por suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño; y, contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Por ende, cuando un acto dictado en juicio ponga fin al procedimiento, por resolver, aunque sea parcialmente el fondo de la controversia, no es susceptible de combatirse ante un Juez de Distrito, por no ubicarse en ninguna de las hipótesis previstas por el numeral 107 de la Ley de Amparo, a saber, como ya se señaló, por no tratarse de normas generales; no ser actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de tribunales; como tampoco es proveniente de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; ni es un acto fuera de juicio o después de concluido; tampoco se trata de una determinación emitida dentro de juicio de imposible reparación, dado que se trata de una resolución que pone fin a la controversia; menos se trata de un acto de autoridad que afecte a terceros extraños; ni omisiones atribuibles al Ministerio Público; o que decline o inhiba la competencia para conocer del asunto. Esto es así, ya que los artículos 391, 394, 395, 399, 401, 408 y 409 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen en lo que aquí interesa: "Artículo 391. Apertura de la audiencia de juicio En el día y la hora fijados, el Tribunal de enjuiciamiento se constituirá en el lugar señalado para la audiencia. Quien la presida, verificará la presencia de los demás jueces, de las partes, de los testigos, peritos o intérpretes que deban participar en el debate y de la existencia de las cosas que deban exhibirse en él, y la declarará abierta. Advertirá al acusado y al público sobre la importancia y el significado de lo que acontecerá en la audiencia e indicará al acusado que esté atento a ella..". "Artículo 394. Alegatos de apertura Una vez abierto el debate, el juzgador que presida la audiencia de juicio concederá la palabra al Ministerio Público para que exponga de manera concreta y oral la acusación y una descripción sumaria de las pruebas que utilizará para demostrarla. Acto seguido se concederá la palabra al Asesor jurídico de la víctima u ofendido, si lo hubiere, para los mismos efectos. Posteriormente se ofrecerá la palabra al Defensor, quien podrá expresar lo que al interés del imputado convenga en forma concreta y oral". "Artículo 395. Orden de recepción de las pruebas en la audiencia de juicio Cada parte determinará el orden en que desahogará sus medios de prueba. Corresponde recibir primero los medios de prueba admitidos al Ministerio Público, posteriormente los de la víctima u ofendido del delito y finalmente los de la defensa". "Artículo 399. Alegatos de clausura y cierre del debate Concluido el desahogo de las pruebas, el juzgador que preside la audiencia de juicio otorgará sucesivamente la palabra al Ministerio Público, al Asesor jurídico de la víctima u ofendido del delito y al Defensor, para que expongan sus alegatos de clausura. Acto seguido, se otorgará al Ministerio Público y al Defensor la posibilidad de replicar y duplicar. La réplica sólo podrá referirse a lo expresado por el Defensor en su alegato de clausura y la dúplica a lo expresado por el Ministerio Público o a la víctima u ofendido del delito en la réplica. Se otorgará la palabra por último al acusado y al final se declarará cerrado el debate". "Artículo 401. Emisión de fallo. Una vez concluida la deliberación, el Tribunal de enjuiciamiento se constituirá nuevamente en la sala de audiencias, después de ser convocadas oralmente o por cualquier medio todas las partes, con el propósito de que el Juez relator comunique el fallo respectivo. El fallo deberá señalar: I.- La decisión de absolución o de condena; II.- Si la decisión se tomó por unanimidad o por mayoría de miembros del Tribunal, y III.- La relación sucinta de los fundamentos y motivos que lo sustentan. En caso de condena, en la misma audiencia de comunicación del fallo se señalará la fecha en que se celebrará la audiencia de individualización de las sanciones y reparación del daño, dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días". "Artículo 408. Medios de prueba en la individualización de sanciones y reparación del daño. El desahogo de los medios de prueba para la individualización de sanciones y reparación del daño procederá después de haber resuelto sobre la responsabilidad del sentenciado. El debate comenzará con el desahogo de los medios de prueba que se hubieren admitido en la etapa intermedia. En el desahogo de los medios de prueba serán aplicables las normas relativas al juicio oral". "Artículo 409. Audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño. Después de la apertura de la audiencia de individualización de los intervinientes, el Tribunal de enjuiciamiento señalará la materia de la audiencia, y dará la palabra a las partes para que expongan, en su caso, sus alegatos de apertura. Acto seguido, les solicitará a las partes que determinen el orden en que desean el desahogo de los medios de prueba y declarará abierto el debate. Éste iniciará con el desahogo de los medios de prueba y continuará con los alegatos de clausura de las partes. Cerrado el debate, el Tribunal de enjuiciamiento deliberará brevemente y procederá a manifestarse con respecto a la sanción a imponer al sentenciado y sobre la reparación del daño causado a la víctima u ofendido. Asimismo, fijará las penas y se pronunciará sobre la eventual aplicación de alguna de las medidas alternativas a la pena de prisión o sobre su suspensión, e indicará en qué forma deberá, en su caso, repararse el daño. Dentro de los cinco días siguientes a esta audiencia, el Tribunal redactará la sentencia. La ausencia de la víctima que haya sido debidamente notificada no será impedimento para la celebración de la audiencia". Puesto que el examen exhaustivo y pormenorizado del contenido de los preceptos de trato, pone de manifiesto que en el nuevo sistema de justicia penal, la audiencia de juicio comprende la realización de una serie de actos procesales; tales como, verificar la intervención de las partes, la recepción de las pruebas admitidas, la exposición de los alegatos de apertura y de clausura, así como el dictado de la resolución que proceda, en la que se valoran las pruebas desahogadas en la audiencia y, se emite la decisión sobre la absolución o condena. En caso de tratarse de una decisión de condena, el tribunal de enjuiciamiento decide precisamente sobre la responsabilidad del acusado y, en la audiencia de comunicación del fallo, señalará fecha para la audiencia de individualización de las sanciones y reparación del daño, en un plazo que no podrá exceder de cinco días, con la asistencia de las partes, se desahogan los medios de pruebas relacionados con esos temas y, posteriormente, se decide sobre éstos. Finalmente, una vez cerrado el debate, el tribunal de enjuiciamiento se manifiesta sobre la sanción a imponerse al sentenciado y sobre la reparación del daño, se fijarán las penas y se hará pronunciamiento sobre la eventual aplicación de alguna de las medidas alternativas a la pena de prisión o sobre su suspensión, y se indicará en qué forma deberá, en su caso, repararse el daño; dentro de los cinco días siguientes, el tribunal de enjuiciamiento redactará al sentencia. Como puede verse, tratándose del nuevo sistema de justicia penal, en el que unos de sus principios rectores son los de concentración y continuidad que se refieren a la exigencia de que el debate no sea interrumpido, que la audiencia se desarrolle en forma continua, pudiendo prolongarse en sesiones sucesivas hasta su conclusión, es dable concluir que la ley de la materia admite la posibilidad de que la resolución se dicte en el aspecto relativo a la responsabilidad y, en caso de que se condene al imputado, con posterioridad se decida sobre la medida sancionadora, así como de la reparación del daño. Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado en esta instancia extraordinaria, es la resolución de veintitrés de enero de dos mil veinte, dictada en el toca en definitiva 14/2019, en la que la Sala responsable revocó la sentencia absolutoria y en su lugar, dictó sentencia de condena contra el aquí quejoso, por el hecho constitutivo del delito de HOMICIDIO y, en consecuencia, ordenó la remisión del asunto al órgano jurisdiccional de origen, a fin de que celebre la audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño, y se continúe con los demás trámites legales. Precisado lo anterior, es evidente que, la determinación que se cuestiona en esta instancia extraordinaria de defensa, forma parte de la sentencia definitiva que pondrá fin al proceso penal de donde emana. En efecto, de la interpretación sistemática y lógica de lo dispuesto por los artículos 107 fracciones III, inciso a), V y VI, constitucional, y 170 de Ley de Amparo, así como del principio de unidad de la sentencia, que sirve de sustento a la procedencia del juicio de amparo directo, permiten la impugnabilidad en esta vía (directa) de las sentencias definitivas, o de resoluciones que ponen fin al juicio, que se combaten como consecuencia de la inconstitucionalidad atribuida a dichas resoluciones. Esta afirmación encuentra apoyo en el hecho de que la competencia otorgada en la Constitución y en la Ley de Amparo para que los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelvan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una sentencia definitiva, los faculta para conocer y resolver sobre los diversos aspectos que conforma una resolución de esa naturaleza, que en el caso, es el fallo condenatorio, la sentencia condenatoria, la individualización de la sanción corporal o prisión; así como la determinación de la procedencia y monto de la reparación del daño, toda vez que, existe un vínculo jurídico causal que hace lógico concluir que tales etapas o aspectos forman una unidad. Por tanto, el que se ordene devolver el expediente al Juez de Control y de Juicio Oral Penal del Estado, para que continúe con la secuela legal y proceda a resolver lo relativo a la individualización de sanciones y la reparación del daño, no tiene otro significado que la conclusión del dictado de la sentencia definitiva que en su caso llegara a pronunciarse, que forma parte de la sentencia definitiva que pondrá fin al proceso de donde emana el acto reclamado, dado que la sentencia definitiva constituye una unidad inseparable; por lo que, en todo caso, una vez que se dicte ésta, el quejoso estará en condiciones de promover lo que a su interés convenga, pero siempre tomando en cuenta que no es un acto del que este Juzgado de Distrito tenga competencia para conocer y resolver. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que menciona en su demanda, y autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la profesionista que menciona. Por último, toda vez que la superioridad remitió junto con el cuaderno de amparo, dos anexos, consistentes en el toca en definitiva 14/2019, del índice de la Primera Sala Colegiada en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado; así como la carpeta judicial, fórmense por separado a fin de no alterar los folios ni los sellos de origen. Del mismo modo, guárdese en la Secretaría del Juzgado, con la debida identificación, el sobre que contiene un disco versátil digital. En la inteligencia que una vez que cause estado la determinación a la que ahora se arriba, deberán devolverse a las autoridades de las que provienen.

  4. Principal

    TODA VEZ QUE EL QUEJOSO NO COMPARECIÓ A NOTIFICARSE PERSONALMENTE DEL CONTENIDO DEL AUTO DE CUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, EN CONSECUECIUA SE NOTIFICA POR LISTA DE COFORMIDAD CON EL ARTICULO 29 DE LA LEY DE AMPARO

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