Luis Gerardo Lugo Cirerol
Expediente 968/2016 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 26 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 968/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 08/11/2016
Partes del expediente
- Luis Gerardo Lugo Cirerol
- Juez Quinto de lo Penal del Partido Judicial de Tijuana, Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por el secretario del Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, mediante el cual remite copia certificada del testimonio de la ejecutoria de veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, emitida dentro del recurso de queja 142/2016 penal, interpuesto por Luis Gerardo Lugo Cirerol, por conducto de su autorizado, en contra del auto de veintiséis de julio del año en curso, dictado por este órgano jurisdiccional, cuyo punto resolutivo dice: "ÚNICO. Se declara sin materia el recurso de queja 142/2016, interpuesto por Luis Gerardo Lugo Cirerol, en contra del acuerdo de veintiséis de julio de dos mil dieciséis, emitido dentro de los autos del juicio de amparo indirecto 968/2016, del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana." Atento a lo anterior, acúsese el recibo de estilo y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación de cuenta, que las partes no interpusieron recurso de revisión dentro del término legal, en contra del auto de seis de octubre de dos mil dieciséis, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo, conforme a lo establecido en los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo se declara que dicho auto ha causado estado, dese aviso a la autoridad responsable y háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Por lo tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el punto decimoprimero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, por virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el punto vigésimo primero, última parte, del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del expediente. Ahora, en cumplimento al artículo vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, se establece que el cuaderno principal relativo a este juicio es susceptible de destrucción, por haberse sobreseído, estableciéndose como fecha probable para tal efecto, el once de noviembre de dos mil veintiuno. Asimismo, se precisa que el original del incidente de suspensión es depurable; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis de la fracción III, segundo párrafo, del artículo Vigésimo Primero del mismo acuerdo; por lo que se señala como fecha probable para tal efecto, el once de noviembre de dos mil veintiuno, debiéndose conservar el acuerdo de ocho de junio de dos mil dieciséis, y resolución de trece del mes y año en cita, por los cuales se concedió la suspensión solicitada. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, y en cumplimiento también del referido Acuerdo General, se establece que éste es susceptible de destrucción, de conformidad con lo dispuesto por el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo complementario citado en el párrafo que antecede; por lo tanto, se fija como fecha probable para su destrucción el dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis. Se establece como fecha para la transferencia del presente expediente al Centro Archivístico Judicial en Toluca, en el Estado de México, el once de noviembre de dos mil diecinueve. Glósese copia del presente acuerdo en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión que deriva del juicio de amparo en que se actúa.
EN ATENCIÓN AL ESTADO DE AUTOS, Y TODA VEZ QUE LA PARTE TERCERO INTERESADA EMILY NOHEMI ACUÑA LÓPEZ Y MELANY NIKOL VIRGEN MÁRQUEZ, POR CONDUCTO DE QUIEN LAS REPRESENTE, POR CONDUCTO DEL ASESOR JURÍDICO, NO COMPARECIÓ A NOTIFICARSE PERSONALMENTE, EN EL TÉRMINO INDICADO, DE LA DETERMINACIÓN QUE SE HIZO REFERENCIA EN EL AVISO DE FECHA DIECINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISÉIS, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27 Y 29, DE LA LEY DE AMPARO, EL AUTO DE SEIS DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, MISMO QUE EN SÍNTESIS DICE: "... Visto el oficio signado por la juez Quinto de lo Penal, residente en esta ciudad, y anexo que acompaña; en atención a su contenido, se le tiene dando cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de veintisiete de septiembre del año en curso (foja 173), mediante el cual remite copia certificada de la orden de aprehensión dictada en dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, así como del auto de formal prisión de veintiuno de septiembre del mismo año, decretado en contra del aquí quejoso Luis Gerardo Lugo Cirerol (a) teacher Luis (a) teacher Ruiz, por los delitos de abuso sexual agravado y violencia familiar equiparada, en la causa penal 206/2016. En ese tenor, en estricto acatamiento a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgado advierte la existencia de la causa de improcedencia que surge del párrafo primero de la fracción XVII del artículo 61 de la invocada ley, y como consecuencia de ello, debe sobreseerse fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, atento a lo dispuesto por la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, en razón de que ha operado un cambio de situación jurídica con lo cual se generó un diverso perjuicio que afecta la esfera jurídica del quejoso, de modo tal que no puede analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, sin afectar la situación jurídica que ahora impera. El artículo 61, fracción XVII, párrafo primero, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII.- Contra actos emanados de un procedimiento judicial, o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica." Es menester hacer notar que en el presente asunto el acto reclamado se hizo consistir en la orden de aprehensión por parte de la responsable, advirtiéndose de las constancias remitidas por la juez responsable, mediante oficio 3042-1, de tres de octubre de dos mil dieciséis, la orden de aprehensión librada en contra del quejoso Luis Gerardo Lugo Cirerol, por los delitos de abuso sexual agravado y violencia familiar equiparada, en la causa penal 206/2016, del índice del Juzgado Quinto de lo Penal, con sede en esta ciudad, Asimismo, la autoridad responsable remitió copia certificada del auto de plazo constitucional de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, dictado dentro de la causa penal 206/2016, en el cual se decretó auto de formal prisión en contra de Luis Gerardo Lugo Cirerol (a) teacher Luis (a) teacher Ruiz, por los delitos antes precisados. Documental a la que se le confiere plena eficacia probatoria de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197, 202, 207 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia de amparo, pues analizada es eficiente para generar convicción plena de que en veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis, la juez Quinto de lo Penal, en esta ciudad, resolvió la situación jurídica del quejoso Luis Gerardo Lugo Cirerol, al dictar auto de formal prisión. Por lo anterior, en la especie se advierte se actualiza la causa de improcedencia del juicio que se invoca, en razón de que ha operado un cambio de situación jurídica en la esfera de derechos de la parte quejosa, ya que no podrá decidirse en el presente juicio de amparo respecto de la situación anterior, esto es, en la orden de aprehensión decretada en contra de Luis Gerardo Lugo Cirerol, sin afectar la nueva generada con motivo del auto de formal prisión dictado en su contra, toda vez que esta resolución es la que de forma actual causa agravio en la esfera jurídica del mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1ª./J.17/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 270, junio de 2008, tomo XXVII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. PROCEDE DECRETARLO RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA SI DEL INFORME JUSTIFICADO APARECE QUE SE SUSTITUYÓ AL HABERSE DICTADO AUTO DE FORMAL PRISIÓN. Si del informe con justificación aparece que el acto reclamado originariamente (una orden de aprehensión) ha sido sustituido por uno diverso (el auto de formal prisión), por cuya virtud se genera un cambio en la situación jurídica del quejoso, el Juez de Distrito debe decretar el sobreseimiento, pues al ser la improcedencia del juicio de garantías una cuestión de orden público y estudio preferente, el juzgador está obligado a decretarlo en cuanto aparece la causal, sin dar vista previa al quejoso, aunque tal circunstancia se conozca con la rendición del informe justificado. Lo anterior se corrobora con las consideraciones sustentadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL, de la que derivó la tesis 2a./J. 10/2003, publicada con el rubro: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, esta solución no se opone a la regla emitida en la tesis P./J. 15/2003, de rubro: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE.", que permite ampliar la demanda de amparo incluso si ya se rindió el mencionado informe, pues con dicho criterio el Tribunal en Pleno no obliga al juzgador a permitir la ampliación en todos los casos, sino sólo cuando sea ineludible la vinculación entre el acto originalmente reclamado y el nuevo, lo cual no puede predicarse cuando ha operado cambio de situación jurídica en términos del artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo; sin que pueda considerarse que ello afecta al quejoso, quien puede combatir el auto de sobreseimiento a través de la revisión o promover otra demanda de garantías respecto del nuevo acto". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el párrafo primero de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo, promovido por Luis Gerardo Lugo Cirerol, de conformidad con lo establecido por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento. Lo anterior, hágase del conocimiento del Segundo Tribunal Colegiado del Décimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, quien conoce del recurso de queja interpuesto por el aquí quejoso, por conducto de su autorizado legal, contra el auto de veintiséis de julio del año en curso, el cual registró como queja 142/2016 penal; ello, para los efectos legales a que haya lugar...". LO ANTERIOR, POR NO HABER ACUDIDO A ESTE JUZGADO DE DISTRITO, A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, NO OBSTANTE HABER SIDO CITADO LEGALMENTE PARA TAL EFECTO.
- Principal
Tijuana, Baja California, cinco de octubre de dos mil dieciséis.Agréguese a los autos el oficio signado por la Delegada del Instituto Federal de Defensoría Pública, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento a lo requerido en veintinueve de septiembre del año en curso -foja 179-, designa como representante especial de la menor Valery Nahomy González Mejía, al asesor jurídico federal Martín Morán Macías. En consecuencia, requiérase a dicho asesor jurídico, para que en el plazo de tres días, legalmente computado, se presente en las instalaciones que ocupa este recinto judicial, debidamente identificado, a fin de que acepte y proteste el cargo conferido, apercibido que de no hacerlo así, se le impondrá multa de cincuenta a mil días equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con los preceptos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. Notifíquese, y por oficio al asesor jurídico federal Martín Morán Macías.
- Principal
24251En veintinueve de septiembre de dos mil dieciséis, se da cuenta al juez con el escrito signado por Julián Ramón Arellano Ávila, asesor jurídico, en su carácter de representante especial de la menor Valery Nahomy González Mejía, y anexo que acompaña. Conste.Tijuana, Baja California, veintinueve de septiembre de dos mil dieciséisAgréguese a los autos el escrito signado por Julián Ramón Arellano Ávila, asesor jurídico, en su carácter de representante especial de la menor Valery Nahomy González Mejía; en atención a su contenido, en términos del artículo 4, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3 y 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, requiérase a la Delegada del Instituto Federal de Defensoría Pública, con residencia en esta ciudad, en términos de los artículos 1 y 15, ambos de la Ley Federal de Defensoría Pública, para que en el plazo de tres días legalmente computado, designe diverso asesor jurídico, para que funja como representante especial que defienda los intereses de Valery Nahomy González Mejía en este juicio de amparo. En el entendido que el asesor deberá comparecer a las instalaciones de este juzgado dentro de los tres días siguientes a su designación para aceptar y protestar el cargo. Apercibida la Delegada, y una vez designado el asesor jurídico, que en caso de ser omisos a lo ordenado, de conformidad con lo previsto en el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, se impondrá en su contra multa de cincuenta a mil días, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, conforme al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Notifíquese.
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