Luis Gerardo González Tapia
Expediente 442/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 442/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/04/2023
Partes del expediente
- Luis Gerardo González Tapia
Actuaciones
- Principal
IX.- SE HACE EFECTIVO APERCIBIMIENTO AL QUEJOSO Y SE LE NOTIFICA POR LISTA EL ACUERDO DE VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE DICE: Toluca, Estado de México; veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de trece de abril de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo respecto del acto reclamado consistente en la resolución dictada por el Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, el ocho de marzo de dos mil veintitrés, dentro de la causa ***, en la que declaró firme el auto de uno del mismo mes y año, por el que negó certificar el abandono de la asesoría, defensa y representación del asesor jurídico particular del aquí quejoso en dicho asunto, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de la materia, en relación con el diverso precepto legal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y se declara procedente remitir este asunto al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Generados por los Órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en términos del diverso artículo 21, inciso d), del referido acuerdo en relación con los puntos 8.1.2 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte este expediente es destruible, en el plazo de tres años, al ser un juicio en el que se desechó la demanda. Asimismo, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo vigésimo primero del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este Juzgado Federal durante el plazo de tres años; por lo que después de ese lapso, se procederá a la destrucción del mismo, pues a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Finalmente, se precisa que el presente sumario constitucional se enviará materialmente al archivo una vez que obren las constancias de notificación derivadas del presente proveído.
- Principal
IX- Toluca, Estado de México; veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrieron los cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de trece de abril de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo respecto del acto reclamado consistente en la resolución dictada por el Juez de Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, el ocho de marzo de dos mil veintitrés, dentro de la causa ***, en la que declaró firme el auto de uno del mismo mes y año, por el que negó certificar el abandono de la asesoría, defensa y representación del asesor jurídico particular del aquí quejoso en dicho asunto, sin que la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de la materia, en relación con el diverso precepto legal 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y se declara procedente remitir este asunto al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Generados por los Órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte; relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, en términos del diverso artículo 21, inciso d), del referido acuerdo en relación con los puntos 8.1.2 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte este expediente es destruible, en el plazo de tres años, al ser un juicio en el que se desechó la demanda. Asimismo, se comunica a las partes que de conformidad en el artículo vigésimo primero del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este Juzgado Federal durante el plazo de tres años; por lo que después de ese lapso, se procederá a la destrucción del mismo, pues a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental, además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Finalmente, se precisa que el presente sumario constitucional se enviará materialmente al archivo una vez que obren las constancias de notificación derivadas del presente proveído.
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IX- Toluca, Estado de México; trece de abril de dos mil veintitrés. Un acuerdo. Notifíquese; y personalmente al quejoso.
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VII.- Toluca, Estado de México; veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. intégrese el presente incidente de suspensión, de conformidad con lo establecido en los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, en el entendido que el duplicado de dicho incidente únicamente se formará de forma electrónica. requiérase a la autoridad responsable su informe previo, el que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas; al efecto, remítase copia simple de la demanda de amparo y del escrito aclaratorio. Se apercibe a la responsable que en caso de ser omisa en rendir su informe previo, se le presumirá cierto el acto reclamado para el sólo efecto de la suspensión. Se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del diez de abril de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la celebración de la audiencia incidental, de conformidad con lo dispuesto en la fracción II del artículo 138 de la Ley de Amparo. En ese sentido, se comunica a las partes que sólo se permitirán las alegaciones verbales en tratándose de los supuestos a que se refiere el artículo 144 de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que en cualquier caso puedan formularlos por escrito. Ahora bien, en el caso en estudio, el acto reclamado consiste en: La inconstitucionalidad del decreto número veintiuno (21) en su artículo tercero, por el que se reforma el artículo 70, de la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios; publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México, el treinta de enero de dos mil veintidós; con motivo de su aplicación en el incremento del monto diario de pensión conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Hecha tal precisión, por lo que hace al proceso de creación del decreto tildado de inconstitucional, resulta improcedente conceder la medida cautelar que solicita la parte quejosa; toda vez que cuando una ley u ordenamiento general se encuentra ya expedido y promulgado, no puede decretarse suspensión alguna en su contra, por cuanto hace al proceso que se llevó a cabo para su creación, porque la materia de la suspensión es la ejecución derivada de la aplicación presente o futura de la Ley, y no ésta en sí; en ese sentido, su inconstitucionalidad, que es lo que puede perjudicar a la quejosa, es materia del fondo del amparo y no del incidente de suspensión; por tanto, se niega la suspensión provisional respecto del proceso legislativo de dicha norma tildada de inconstitucional. Por otra parte, por lo que hace a los efectos y consecuencias de la porción normativa tildada de inconstitucional, cuyo acto de aplicación consiste en la omisión de aplicar el incremento del monto diario de pensión conforme al incremento que se aplicó al salario mínimo para el dos mil veintidós; no resulta procedente conceder la medida suspensional, toda vez que si bien es cierto la Ley de Amparo establece la posibilidad de conceder la suspensión respecto de las normas ya sea que se reclamen de manera autoaplicativa o heteroaplicativa; no menos cierto es que ello depende de un análisis sistemático de la naturaleza del reclamo planteado en concatenación con los límites establecidos en los artículos 128, 131 y 147 de la Ley de la materia. En ese sentido, por lo que hace a los efectos y consecuencias del acto reclamado citado, con fundamento en los artículos 128, 131 y 147 de la Ley de Amparo; se niega la suspensión provisional solicitada, toda vez que según lo refiere la parte quejosa bajo protesta de decir verdad en data uno de septiembre de dos mil veintidós, se enteró que la actualización del aumento al monto que percibe por concepto de pensión se realiza conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, no así, conforme al salario mínimo general vigente, ante lo cual se trata de actos consumados. En ese tenor, la satisfacción de las pretensiones del impetrante, solo pueden ser favorecidas a través de un eventual fallo protector al resolver el fondo del asunto, pero no a través de la concesión de la medida cautelar solicitada. En otras palabras, conceder la medida cautelar solicitada trastocaría los límites legales establecidos en el párrafo segundo del artículo 131, y los diversos párrafos primero y segundo del artículo 147 de la Ley de Amparo; razón por la que resulta improcedente conceder la medida suspensional solicitada. téngase como domicilio procesal de la parte quejosa, el físico señalado para tal efecto en el proemio de la demanda. expídanse a costa del promovente las copias que peticiona del presente auto, y déjese en autos constancia de su recibo.
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