Luis Gerardo González Álvarez
Expediente 563/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 17 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 563/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 14/10/2022
Partes del expediente
- Luis Gerardo González Álvarez
- Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del estado. Matamoros, Tamaulipas.
- José López Pintor
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Incidental
Matamoros, Tamaulipas, catorce de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal de los presentes autos y atendiendo a lo ordenado en el proveído de esta misma fecha, dictado en el juicio de amparo 563/2022-I, en el que se ordenó acordar lo conducente al archivo y depuración de los presentes cuadernos incidentales, en seguida se provee: De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración el original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar (suspensión definitiva) respecto de los actos reclamados atribuidos a las autoridades señaladas como responsables; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. En la inteligencia de que una vez transcurrido el término de tres años, este Juzgado de Distrito deberá iniciar el procedimiento de depuración, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, por lo que, en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de las medidas cautelares o su violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el suscrito, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental. Por otra parte, toda vez que el presente incidente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de éste a partir del quince de abril de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), y párrafo tercero, del mencionado Acuerdo General. Finalmente, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, catorce de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos del juicio constitucional en que se actúa y el contenido de la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran el recurso de revisión contemplado por el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada legislación, en contra de la sentencia emitida el veintidós de septiembre de dos mil veintidós, en la que se decretó el sobreseimiento en este asunto; en tal razón, con fundamento en el dispositivo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta legislación, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Toda vez que en el presente juicio de amparo se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en este último para dar cumplimiento al mencionado Acuerdo General en sus artículos 18, fracción I, inciso a) y 20, fracción II, inciso a). Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Vistos para resolver en definitiva los autos del juicio de amparo indirecto 563/2022-I, promovido por Luis Gerardo González Álvarez, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, con residencia en esta localidad y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, ante la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, Luis Gerardo González Álvarez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto de la autoridad que a continuación se menciona: AUTORIDAD RESPONSABLE: Juez Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado. Juez Segundo Primero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del Estado. Todos con residencia en esta localidad, en su carácter de ordenadoras y ejecutoras. ACTO RECLAMADO: "De la autoridad ordenadora antes señalada como autoridad responsable, se le reclama el mandato de orden de descuento del 30% de los ingresos del suscrito que recibo mensualmente al ser jubilado por parte del IMSS, lo cual sería ilegal dicho descuento toda vez que el escrito aporto el 30% de pensión alimenticia para mi hijo de nombre Héctor Ricardo González Moreno, el cual si es menor de edad, lo cual proporciono esto mediante sentencia ya ejecutoriada dentro del expediente 1647/2019 del índice del Juzgado Tercero Familiar de esta ciudad, siendo violatorio de garantías individuales que al suscrito se me descuente otro 30 %, de lo cual sería un 60% de los ingresos que actualmente percibo como jubilado dejándome en estado de vulnerabilidad toda vez que el suscrito me encuentro enfermo. De la responsable se le reclama las consecuencias jurídicas y materiales de ejecución de pensión al rebasar el tope máximo a que hace referencia el artículo 288 del Código Civil en vigor. Toda vez que el acreedor alimentario mi hijo Luis Francisco González Moreno, dejó de necesitar la pensión alimenticia por ser a la fecha mayor de edad así como por ya estar trabajando, dejando de necesitar los alimentos, aunado a que me abandonó sin causa justificada manifestaciones que realizó apegadas al artículo 295 del Código Civil en vigor en el Estado." "De la autoridad señalada como responsable como lo es, el C. Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar de este Distrito Judicial, la infundada e inmotivada resolución provisional dictada en fecha 03 de Noviembre del 2021, dictado dentro del Juicio Sumario Civil sobre Alimentos Definitivos en el Juzgado Tercero de Primera Instancia de lo Familiar de este Distrito Judicial el cual se encuentra radicado bajo el número de expediente 1054/2021, ya que la misma fue dictada de manera ilegal y con la consecuencia violación a mis garantías de audiencia, defensa y mis garantía, reclamando además todas las consecuencias directas e indirectas derivadas de tal proceder, como lo es la medida provisional de alimentos dictadas a favor de mis menores hijos, vulnerando con ello mis garantías de seguridad jurídica, certeza jurídica, y exacta aplicación de la ley, consagradas en los artículos 14, 16 y 17 del Pacto Federal." SEGUNDO. En proveído de uno de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de derechos humanos bajo el número 563/2022-I; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, en su oportunidad, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de garantías en los términos de los dispositivos 37 de la Ley de Amparo en vigor, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe establecerse cuáles son los actos materia de estudio en este juicio. Lo anterior, obedece a la interpretación del escrito de demanda, sin restricciones de forma, a fin de determinar con exactitud la intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido; por lo que, además del fundamento antes invocado, tiene aplicación la tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 181810 en el IUS 2012 y visible en la página 255, del tomo XIX, abril de 2004, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, tanto de la transcripción del acto reclamado, como del contenido de sus antecedentes y los conceptos de violación, se evidencia que el acto reclamado por el impetrante del amparo en el juicio constitucional que nos ocupa, se hace consistir: en la determinación de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, emitida por el Juez Tercero de Primera Instancia Familiar del Cuarto Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, con residencia en esta localidad, dentro del expediente 619/2022, relativo a las providencias precautorias sobre alimentos provisionales promovido en su contra por Luis Francisco González, en donde se determinó que inmediatamente después de recibir informe salarial del aquí quejoso, se procedería a embargar el cincuenta por ciento del salario y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias (previas deducciones legales) que percibiera el agraviado Luis Gerardo González Álvarez, en su pago nominal próximo inmediato, así como los subsecuentes salarios que perciba. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Las Juezas Primero y Segundo de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, ambos con sede en esta ciudad, al rendir sus informes justificados negaron la existencia del acto reclamado, sin que la parte quejosa hubiera desvirtuado esa negativa con prueba en contrario, por lo que se impone sobreseer en el juicio de amparo en relación con el acto de las autoridades señaladas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de jurisprudencia 284, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, cuyo sumario, a la letra, dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza del acto reclamado. Del contenido del informe justificado rendido por el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, con residencia en esta localidad, se advierte la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las constancias que para tal efecto se allegaron a este juicio, deducidas del expediente 619/2022, relativo a las providencias precautorias sobre alimentos provisionales promovido por Luis Francisco González, en contra del aquí peticionario del amparo, del índice de la referida autoridad. Las constancias de mérito, constituyen en su conjunto, un documento público con valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme al numeral 2º, de la Ley de Amparo. Consecuentemente, para todos los efectos legales a que haya lugar, debe tenerse como cierto el acto reclamado de la autoridad responsable antes citada; ello con apoyo en la jurisprudencia 305, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 394261 en el IUS 2012 y visible en la foja 206, del tomo VI, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de 1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." De igual forma, se cita la diversa jurisprudencia número 226, del Pleno del Alto Tribunal, perceptible con el símbolo de búsqueda 394182 en el IUS 2012 y publicada en la página 153, del tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, bajo el rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Estudio de causa de improcedencia que se advierte de oficio. En efecto, quien esto resuelve, establece que respecto del acto reclamado por la parte quejosa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la ley de la materia, que establece que el juicio de amparo es improcedente por cambio de situación jurídica, cuando por regla general, se producen los supuestos siguientes: I. El acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de uno administrativo seguido en forma de juicio; II. Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; III. No pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; IV. Exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. De ahí que si durante la tramitación de un juicio de garantías, concurren los anteriores requisitos el juicio de amparo resultará improcedente y por tanto deberá sobreseerse en el juicio respectivo. En el caso, como pudo verse, el acto reclamado se hizo consistir en la determinación de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, emitida por el Juez Tercero de Primera Instancia Familiar del Cuarto Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, con residencia en esta localidad, dentro del expediente 619/2022, relativo a las providencias precautorias sobre alimentos provisionales promovido en por Luis Francisco González, en contra del aquí impetrante del amparo, en donde se determinó que inmediatamente después de recibir informe salarial del aquí quejoso, se procedería a embargar el cincuenta por ciento del salario y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias (previas deducciones legales) que percibiera el agraviado Luis Gerardo González Álvarez, en su pago nominal próximo inmediato, así como los subsecuentes salarios que perciba. Empero, con posterioridad, según se advierte de las constancias allegadas al expediente que nos ocupa, el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial del estado de Tamaulipas, con residencia en esta localidad, remitió copia autorizada de la sentencia 628, de ocho de julio de dos mil veintidós, emitida dentro del expediente 619/2022, en la cual decretó a favor de Luis Francisco González, una providencia precautoria sobre alimentos provisionales por el veinte por ciento del total de las prestaciones ordinarias y extraordinarias que recibe y llegue a percibir el aquí quejoso Luis Gerardo González Álvarez, con motivo de su pensión jubilatoria recibida por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por ende, es evidente que cambió la situación jurídica que imperaba respecto del acto que se combatió con la demanda de garantías, pues con el dictado de la sentencia 628, de ocho de julio de dos mil veintidós, emitida dentro del expediente 619/2022, relativo a las providencias precautorias sobre alimentos provisionales promovido en por Luis Francisco González, en contra del aquí impetrante del amparo, quedaron consumadas de manera irreparable las posibles violaciones que pudieran existir en el dictado de la determinación de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, ya que no es posible decidir sobre la misma sin afectar la nueva situación jurídica que impera en relación con el descuento que ahora se le realiza. En tales circunstancias, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo al haber sobrevenido la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XVII, de la ley de la materia, en relación con el 63, fracción V, del invocado ordenamiento. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo en vigor, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto 563/2022-I, promovido por Luis Gerardo González Álvarez. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, treinta de agosto de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio 3096/2022 signado por el Juez Tercero de Primera Instancia de lo Familiar del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual, en cumplimiento al requerimiento de veintitrés de agosto de dos mil veintidós, remite las constancias que le fueron requeridas; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, pónganse a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés estimen conveniente, por el término de tres días, sin perjuicio de darse nueva cuenta en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe.
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