Luis Gerardo García García

Expediente 565/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
565/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
14/10/2021

Partes del expediente

  • Luis Gerardo García García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos y la certificación que antecede se advierte, la parte quejosa no interpuso el recurso de inconformidad dentro del término de quince días a que se contrae el primer párrafo del artículo 202, de la Ley de Amparo, contra el auto de diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, es de estimarse que consintió tácitamente el proveído de que se trata. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 18, fracción I, inciso b) (juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado, por lo que es susceptible de depuración. b) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los noventa días siguientes se deberá depurar este expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto y la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada. c) Terminado el proceso de depuración, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de agosto de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio y anexos de cuenta, remitidos por la presidenta de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Oaxaca de Juárez, mediante el cual informa la imposibilidad jurídica que le asiste para dar cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con dicho oficio y anexos, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, siguientes al que surta efectos la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a sus intereses convenga, con apercibimiento que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo legal establecido, en su oportunidad, este Juzgado se pronunciará respecto de la imposibilidad planteada por la responsable. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecisiete de agosto de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que el artículo 86 de la Ley de Amparo, establece para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión en contra de la sentencia de ocho de julio de dos mil veintiuno, que por una parte sobreseyó en el juicio, y por otra, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Luis Gerardo García García, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2° de la Ley de Amparo, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por tanto, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la ejecutoria de amparo; apercibida que de no hacerlo así, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100, moneda nacional ($8,962.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($89.62) por cien (100), de conformidad con los numerales 192, 193 y 258 de la ley de la materia; y desde luego, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Cabe destacar que la referida Junta, al ser un organismo jurisdiccional plenamente autónomo en el ámbito jurídico, que realiza funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, está desvinculada de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional, por tanto, no tiene superior inmediato a quién requerirle que la conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página: 3515, Libro IV, Enero de 2012, Tomo 4, Materia(s): Común, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo". NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Visto, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 565/2021; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de Amparo. Mediante escrito presentado el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta población, LUIS GERARDO GARCÍA GARCÍA, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de los Miembros Integrantes de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, que hizo consistir en: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: La violación a mi derecho de Administración de Justicia establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por la omisión de acordar el escrito presentado en oficialía de partes el 26 de abril de 2021 a las 9:45 horas, así como, dilación al señalar fecha y hora para la audiencia de Conciliación, Demanda y Excepciones y asignar actuario llevador, para que notifique, emplace y corra traslado con el escrito de demanda y escrito presentado en oficialía de partes el 26 de abril de 2021 a las 9:45 horas, a todos y cada uno de los demandados en términos del artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo." Actos que estimó violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, este Juzgado de Distrito admitió a trámite la demanda, solicitó a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde, y señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Audiencia constitucional. El siete de julio de dos mil veintiuno, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. CUARTO. Cambio de titular. En proveído de catorce de junio de dos mil veintiuno, en atención al oficio SEPLE./CJD./002/1946/2021 de dos de junio del año en curso, signado por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se autorizó la licencia prejubilatoria y posterior retiro voluntario del licenciado Amado Chiñas Fuentes, anterior titular de este juzgado, se comunicó a las partes que a partir del dieciséis de junio de dos mil veintiuno, la licenciada Elia Irma Hernández Antonio, desempeña las funciones de jueza de Distrito adscrita a este juzgado. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 6º, 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, reformado mediante Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. Aplicación de criterios. Como cuestión previa, es oportuno señalar que conforme a lo dispuesto por el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito continuará aplicando los criterios de interpretación emitidos durante la vigencia de la legislación de la materia abrogada, en tanto no se opongan a alguna disposición vigente. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74 fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como a la apreciación de las pruebas para tenerlos o no por demostrados. Lo anterior, con apoyo en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada número VI/2004, aprobada en sesión privada de veinticinco de marzo del dos mil cuatro, del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." Así, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La omisión de dictar el acuerdo correspondiente en el juicio laboral J.32/0103/2021, respecto de su escrito presentado el veintiséis de abril de dos mil veintiuno. La omisión de designar un Actuario que notifique y emplace a los demandados al citado juicio laboral. Dilación en señalar fecha y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. CUARTO. Existencia del acto reclamado. La Presidenta por Ministerio de Ley de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, al rendir el informe justificado convino en la existencia de los actos reclamados; lo que además se corrobora con las constancias que remitió a este Tribunal, consistentes en copias certificadas deducidas del juicio laboral J.32/0103/2021, con valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al 2º numeral de este último ordenamiento legal. QUINTO. Causas de improcedencia. Previo al estudio del fondo del asunto, deben de examinarse las causas de improcedencia que las partes hagan valer o este Tribunal advierta, dado que su estudio es preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo; y con apoyo además, en la jurisprudencia número 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja doscientos sesenta y dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1985, bajo el rubro y texto: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En la especie, en cuanto a los actos reclamados consistentes en la omisión de dictar el acuerdo correspondiente en el juicio laboral J.32/0103/2021, respecto de su escrito presentado el veintiséis de abril de dos mil veintiuno, así como a designar un Actuario que notifique y emplace a los demandados al citado juicio laboral, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61: El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, pues conforme a las constancias de autos se advierte, la parte quejosa refiere en su demanda de amparo que mediante escrito presentado en la oficialía de partes de la responsable, el veintiséis de abril de dos mil veintiuno, se apersonaron al juicio laboral J.32/0103/2021, sus apoderadas María de los Ángeles Martínez Ramírez y Nancy Patricia Ibáñez Santos, a fin de que se les reconociera tal carácter, además señalaron domicilio para poder emplazar a las demandadas Farmacias de Similares, S.A. de C.V. y Fundación Best, A.C., solicitando se ordenara al Actuario llevador del expediente laboral realizara el emplazamiento respectivo; así también proporcionaron el número de seguridad social y curp del quejoso. A tal petición, recayó el acuerdo de quince de junio de dos mil veintiuno, del que se advierte, los integrantes de la Junta responsable, acordaron el escrito del quejoso presentado el veintiséis de abril del año en curso, y tuvieron por reconocida la personalidad de María de los Ángeles Martínez Ramírez y Nancy Patricia Ibáñez Santos, como sus apoderadas, así también, señalando nuevo domicilio donde poder emplazar a los demandados Farmacias de Similares, S.A. de C.V. y Fundación Best, A.C., comisionando al Actuario para que los emplazara al juicio laboral, así como indicando el número de seguridad social y curp del quejoso, para los efectos legales a que hubiere lugar. Ahora, si bien no se remitió constancia alguna referente a la diligencia de notificación del citado acuerdo al quejoso, cierto es también, que éste se hizo sabedor del mismo el dieciocho de junio de dos mil veintiuno, cuando se le notificó por lista de acuerdos el auto de diecisiete de junio del año en curso dictado en este juicio de amparo, mediante el cual se agregó el informe justificado de la responsable y se le dio vista con las constancias anexas; por tanto, con la referida actuación judicial, quedó cumplida la garantía que otorga el numeral 8° de nuestra Constitución Federal, sin que al efecto el quejoso hiciera manifestación alguna. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 605, Tomo XXIX, enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA: De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto.". Luego, al haberse emitido la responsable el acuerdo correspondiente a la petición del quejoso, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo (veintiuno de mayo de dos mil veintiuno), conduce a establecer, cesaron los efectos del acto reclamado, actualizándose, por ende, la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61 fracción XXI de la Ley de Amparo, lo que conlleva a sobreseer en el juicio respecto a dichos actos, con fundamento en el precepto 63, fracción V, del citado ordenamiento. SEXTO. Conceptos de violación. Se tienen por reproducidos en este apartado los conceptos de violación que expresa la parte quejosa por no existir precepto alguno en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia y de acuerdo con la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se puede consultar en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia Común, Novena Época, página 830, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SÉPTIMO. Estudio. Son fundados los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa, en cuanto al acto reclamado consistente en la dilación en la fecha y hora fijadas para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del juicio laboral J.32/0103/2021, ya que la responsable ha violado en su perjuicio, la garantía de pronta impartición de justicia establecida en el artículo 17 Constitucional, toda vez lo hizo fuera del plazo legal la fecha y hora para la celebración de la citada audiencia, en contravención a lo establecido en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones." El precepto transcrito, establece diversos principios que integran el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, a cuya observancia están obligadas las autoridades jurisdiccionales; tales principios son: 1. De justicia pronta, el cual se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de impartirla de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, relativo a que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y que garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Estos atributos del derecho concerniente a la administración de justicia han sido explicados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 192/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVI de octubre de dos mil siete, visible en la página doscientos nueve, registro Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." De lo anterior, se advierte que el legislador estableció como obligación a cargo de las autoridades, la de impartir justicia de manera pronta, es decir, dentro de los términos, plazos y condiciones que fijen las leyes, principio que rige la actividad jurisdiccional, y que en el caso en estudio se considera no se ha respetado. Así pues, conforme al precepto constitucional citado, los órganos jurisdiccionales no pueden ni deben retardar su función de administrar justicia, en razón que es obligación impartirla en forma rápida y expedita, lo que implica que deben procurar los asuntos a su cargo en un plazo prudente, y en su caso, dictar las medidas necesarias para llevar a cabo cada etapa en el procedimiento en un plazo razonable. Por su parte, el proceso del derecho del trabajo tiene, entre otras, la característica de celeridad, por lo que se califica como inmediato, según se deriva, entre otros, de los artículos 685 de la Ley Federal del Trabajo, que establece: "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. (.)" Ahora bien, para estar en posibilidad de verificar si la autoridad responsable ha incurrido en la omisión que se le imputa, se debe acudir a los artículos que contemplan los plazos a seguir dentro de la etapa procesal en que se incurre la violación que alega la parte quejosa. En ese sentido, el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, aplicable al caso concreto, establece: "Artículo 873. La Junta, dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo, en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda. Dicho acuerdo se notificará personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda y del acuerdo admisorio, apercibiéndolas de lo dispuesto en el artículo 879 de esta Ley. Cuando el actor sea el trabajador o sus beneficiarios, la Junta, en caso de que notare alguna irregularidad en el escrito de demanda o que estuviere ejercitando acciones contradictorias o no hubiere precisado el salario base de la acción, en el acuerdo le señalará los defectos u omisiones en que haya incurrido y la prevendrá para que los subsane dentro de un término de tres días. Dicho acuerdo deberá notificarse personalmente al actor." Así, del contenido del precepto jurídico anterior, se advierte que la Junta debe señalar fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro de los quince días siguientes a aquél en que se haya recibido el escrito de demanda, lo cual debe notificarse personalmente a las partes, con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos. De ahí que, se estima en el caso concreto, de la narración de antecedentes realizada por la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, así como de lo informado por la autoridad responsable y de las constancias que hizo llegar, se corrobora la transgresión a las disposiciones normativas referidas, en perjuicio del derecho a la justicia efectiva reconocido en el artículo 17 de la Constitución. Es así, pues la demanda presentada por la parte quejosa, fue admitida a trámite mediante proveído de veintitrés de febrero de dos mil veintiuno y radicada bajo el número J.32/0103/2021; además, entre otras cosas señaló las diez horas del once de octubre de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, y no obstante que en diverso auto de quince de junio del año en curso, la dejó sin efecto señalando las nueve horas con treinta minutos del diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo dicha audiencia; se observa la Junta responsable contrario a lo establecido en la normativa aplicable al procedimiento laboral, señaló dicha audiencia aproximadamente siete meses después, respecto a la fecha en que recibió la demanda laboral respectiva. Por tanto, si desde el veintitrés de febrero de dos mil veintiuno, la Junta responsable admitió a trámite la demanda interpuesta por la parte aquí quejosa, y señaló las nueve horas con treinta minutos del diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, se considera que dicha determinación, por cuanto hace al señalamiento de la citada fecha, transgredió lo establecido por el artículo 17 Constitucional, que obliga a las autoridades a administrar justicia pronta y expedita. Apoya lo anterior, la jurisprudencia IV.3o.T. J/57, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, visible en la página 1283, tomo XXII, Septiembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional. En las relacionadas consideraciones, toda vez que el actuar de la responsable, constituye una violación al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, razón por la cual en términos del diverso 77 de la Ley de Amparo, en restitución del derecho violado, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para el efecto de que una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, la Junta Especial Número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca: Deje insubsistente el proveído dictado el quince de junio de dos mil veintiuno, en la parte en que señaló fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del expediente laboral J.32/0103/2021 de su índice; y una vez hecho lo anterior, Dicte uno nuevo en el que fije una fecha inmediata para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del término previsto en la Ley Federal del Trabajo. Cabe destacar, que el alcance de la concesión del amparo, se delimita en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa el acto dentro del juicio laboral, sin comprender los actos subsecuentes, de acuerdo a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias de amparo que prevén los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo vigente. Lo anterior encuentra sustento en la tesis 2a. CV (10ª), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I, página 732, de rubro y texto: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013". Por lo expuesto y fundado y, con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 565/2021, promovido por LUIS GERARDO GARCÍA GARCÍA, en términos del considerando quinto de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a LUIS GERARDO GARCÍA GARCÍA, contra el acto reclamado consistente en la dilación en señalar fecha y hora para la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral J.32/0103/2021, del índice de la Junta Especial número Treinta y Dos de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Oaxaca, para los efectos precisados en el último considerando de la presente resolución. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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