Luis Gerardo Galván Cortés y Otros.
Expediente 834/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 29 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 834/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 27/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Luis Gerardo Galván Cortés y Otros.
- Luis Gerardo Galván Cortés
- María Arabelle Galván Araujo y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Se declara que el proveído emitido el treinta de octubre de dos mil diecisiete, mediante el cual se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia constitucional ha causado estado. Archívese.
- Principal
Visto el estado de los autos, concretamente el contenido de las documentales que el Juez Primero de lo Familiar de esta ciudad. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa, fuera de audiencia constitucional. En consecuencia, queda sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese; y personalmente. notifico por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal, el auto de treinta de octubre de dos mil diecisiete, al quejoso. Lo anterior en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.
- Principal
Visto el estado de los autos, concretamente el contenido de las documentales que el Juez Primero de lo Familiar de esta ciudad. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa, fuera de audiencia constitucional. En consecuencia, queda sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Notifíquese; y personalmente.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de octubre de dos mil diecisiete. Visto el estado de los autos, concretamente el contenido de las documentales que el Juez Primero de lo Familiar de esta ciudad adjuntó al oficio registrado con el número 017045, es necesario precisar que la parte quejosa señaló como acto reclamado en esta instancia constitucional, la omisión de dicha responsable de proteger el interés superior de la menor María Arabelle Galván Araujo, con motivo del escrito recibido el veintiséis de junio del año en curso, dentro del expediente 2005/2014. En atención a lo anterior, la suscrita considera que en el juicio se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado; por ende, a efecto de emprender el examen de la cuestión planteada, resulta necesario precisar el contenido del citado precepto, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" Pues bien, la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia de éste, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicional, de manera que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al interpretar el texto del artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo anterior, que es idéntico al texto transcrito, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que la razón fundamental que justifica la improcedencia del juicio por cesación de efectos del acto reclamado, radica en que es ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que, además, no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Tales razonamientos encuentran sustento en la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, junio de 1999, consultable en la página 38, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De ahí que se concluya que para que exista la cesación de efectos no es necesario que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección de la Justicia de la Unión que se demandó. En el caso, como fue establecido, el acto que motivó el juicio de amparo, consiste en la omisión por parte de la responsable, de acordar el escrito recibido el veintiséis de junio de dos mil diecisiete, dentro del expediente 2005/2014 de su índice, y como consecuencia de lo anterior, la falta de protección al interés superior de la menor María Arabelle Galván Araujo. Sin embargo, de las constancias que la autoridad responsable adjuntó al oficio registrado con el número 017045, las que al haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus funciones, que contienen las firmas y sellos correspondientes, se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, se advierte lo siguiente: Mediante proveído de siete de septiembre de dos mil diecisiete, la responsable de mérito a fin de atender la petición del quejoso relativa a la guarda y custodia provisional de su hija María Arabelle Galván Araujo, y en uso de las facultades que expresamente le confiere el arábigo 1138 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí, citó a las partes a una junta de avenimiento; fijando asimismo hora y fecha para el desahogo de una audiencia especial de menor (folio 169 del expediente). El veintidós de septiembre de dos mil diecisiete, tuvo verificativo la audiencia especial de la infante de mérito, en donde fue escuchada por el juez responsable (folios 179 a 181 del expediente). Por acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete, y ante las expresiones de la tutora de la menor, se ordenó girar oficio al Procurador de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes, la Mujer, la Familia y el Adulto Mayor del DIF Estatal, con el propósito que designe experto en materia de piscología, que dictamine respecto del estado emocional y psicológico del quejoso y de la ahora tercera interesada Liliana Araujo Olvera (folio 182 del expediente). En ese sentido, si la demanda de amparo fue promovida el once de julio de dos mil diecisiete -fecha en que se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en la ciudad del mismo nombre-, y como se dijo, el siete de septiembre siguiente, la autoridad responsable acordó el escrito recibido el veintiséis de junio de dicha anualidad, ordenando el desahogo de una serie de diligencias, con el único propósito de allegarse de los mayores datos de prueba posible, a efecto de emitir una determinación adecuada respecto de la medida provisional solicitada por el quejoso, es claro que cesó en sus efectos la omisión que constituía el acto reclamado, y por ende, ha sobrevenido en el juicio la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Lo anterior, en razón de que la pretensión de la parte quejosa quedó colmada cuando la autoridad responsable acordó el escrito recibido el veintiséis de junio del año en curso, y consecuentemente dejó de existir el motivo por el que fue solicitado el amparo; de ahí que resulte evidente que el juicio sea improcedente, pues ante la existencia de la determinación mencionada, sería ocioso examinar la constitucionalidad del acto reclamado, ya que no existe la causa que la parte quejosa consideró violatoria de sus derechos humanos. Por lo que al destruirse los efectos del acto reclamado como si se hubiera otorgado el amparo solicitado, se concluye que cesaron sus efectos y, por ende, dejó de ser necesaria la protección de la Justicia Federal. Al caso resulta aplicable la tesis aislada emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el número P. CL/97, publicada en el Tomo VI, del mes de Noviembre de 1997, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, visible en la página 71, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Así como la jurisprudencia 2ª./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Febrero de 1998, cuyo texto y rubro son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Consecuentemente, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio de amparo en que se actúa, fuera de audiencia constitucional. Lo anterior se determina así, pues no existe dato o prueba alguna que la parte quejosa pueda aportar, con el que logre desacreditar la causa de improcedencia invocada. En apoyo a lo anterior es de citarse la Tesis 2a./J. 10/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, Marzo de 2003, visible en la página 386, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En consecuencia, queda sin efectos la hora y fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. En el dictado de la presente determinación cabe la precisión que todas aquellas tesis que se han invocado, relativas a la interpretación de la abrogada Ley de Amparo, resultan aplicables al presente asunto, aun cuando se hayan integrado con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, al no oponerse a los principios y situaciones que deben atenderse en los temas que aquí se han tratado sobre la Ley de Amparo vigente, sino que propician un tratamiento armónico con el sistema que debe regir en estos puntos procesales de la nueva ley, es evidente que tales criterios cobran cabal aplicabilidad conforme a lo dispuesto por el artículo "Sexto" transitorio del decreto invocado, que dispone: "Sexto. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley". Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Notifíquese; y personalmente. notifico por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal, el auto de treinta de octubre de dos mil diecisiete, a la parte tercera interesada Laura María Andrade Espinosa, tutora de la menor de edad María Arabelle Galván Araujo. Lo anterior en términos del artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, y en cumplimiento al proveído de once de octubre de dos mil diecisiete asi comotambien a la parte tercera interesada Liliana Araujo Olvera. Lo anterior en términos del artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, y en cumplimiento al proveído de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete
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