Luis Gerardo Galvan Cortes

Expediente 281/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 23 actuaciones registradas, la última del 17 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
281/2019
Año
2019
Actuaciones
23
Última actuación
17/11/2020

Partes del expediente

  • Luis Gerardo Galvan Cortes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Visto el oficio de cuenta, que remite el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, a través del cual devuelve las copias certificadas que le fueron remitidas; en consecuencia procédase a la destrucción inmediata de éstas, en virtud de que sus originales obran agregadas en autos. Por otra parte, toda vez que no existen promociones por acordar ni diligencias por desahogar, devuélvanse los autos al archivo de este Juzgado. Notifíquese por lista en términos del artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de junio de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede se advierte que ya transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa impugnara la sentencia dictada en este juicio, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, se declara que dicha sentencia que sobresee en el presente juicio constitucional, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales; comuníquese a las autoridades responsables esta determinación, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que el catorce de mayo de dos mil diecinueve, se decretó el sobreseimiento en el presente juicio, determinación que causó ejecutoria en esta fecha; este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto; sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. De igual manera y toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, glósese el original del cuaderno incidental a los presentes autos, en el cual se negó la medida cautelar; en consecuencia, el original del incidente de suspensión, también es susceptible de destrucción. Lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto. Asimismo, archívese el duplicado respectivo por separado; con la indicación de que es susceptible de destrucción, con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá al transcurrir más de seis meses contados a partir del dictado de la resolución interlocutoria respectiva. Toda vez que la parte quejosa, acompañó al incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo, diversos documentos originales así como una memoria USB, con fundamento en el último párrafo, del punto décimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, requiérasele para que dentro del término de noventa días contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, comparezca ante este Juzgado a recoger tales documentos, previa razón de recibo que se deje en autos, y hecho lo anterior, sin ulterior acuerdo, devuélvanse los autos al archivo; en la inteligencia que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente. Ordénese glosar copia autorizada del presente proveído, en el duplicado del cuaderno incidental que deriva del presente asunto, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo 281/2019-III, promovido por Luis Gerardo Galván Cortes, por sí y en representación de la menor de edad de iniciales S.M.G.C., contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí y de otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecinueve de marzo de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en San Luis Potosí, Luis Gerardo Galván Cortes, por sí y en representación de la menor de edad de iniciales S.M.G.C., promovió demanda de amparo de la que tocó conocer a la Juez Tercero de Distrito en el Estado. Mediante oficio 6627/2019 signado por la mencionada juzgadora, se informó que por acuerdo de veinte de marzo de dos mil diecinueve, dictado dentro del juicio de amparo 260/2019, se ordenó de oficio separar los autos, tocando conocer al Juzgado Sexto de Distrito, lo consistente en: "d) Del Fiscal General del Estado de San Luis Potosí, del Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado y del Gobernador Constitucional de San Luis Potosí, la omisión de restituir a la menor de iniciales S.M.G.C. de la guarda y custodia de su padre Luis Gerardo Galván Cortes, así como la exposición y propalación de información falsa sobre el caso de sustracción de la menor S.M.G.C.". Por auto de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, se estableció que este juzgador advirtió en ejercicio de la plena jurisdicción para conocer del asunto, que respecto del Fiscal General, Titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Gobernador Constitucional, todos del Estado de San Luis Potosí, se reclamaba: 1. La omisión de restituir a la menor de iniciales S.M.G.C., en la guarda y custodia de su padre, aquí quejoso. 2. La omisión de dictar medidas para asegurar la vida e integridad de la infante referida. 3. La exposición y propagación de información falsa sobre el caso de sustracción de la menor de edad mencionada. En tal proveído, de oficio, se separaron tales actos, correspondiendo conocer a este juzgado únicamente respecto de los referidos en los puntos 1 y 2. SEGUNDO. Derechos fundamentales. La parte quejosa aduce que se afectan en su perjuicio los artículos 1°, 4°, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado resulta legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 1°, 103, fracción I y 107, de la Constitución General de la República, 35 de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como los puntos primero, fracción IX y cuarto fracción IX, del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Oportunidad de la presentación de la demanda. En virtud de la naturaleza de las omisiones reclamadas, quien aquí resuelve considera innecesario que se realice el cómputo del plazo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, en razón de que las omisiones que se reclaman de las autoridades responsables, no se consuman en un solo evento, sino que se prorrogan en el tiempo de momento a momento. Lo anterior encuentra sustento en la tesis III.5o.C.21 K del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, mayo de 2005, página 1451, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, TÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS. En los primeros la autoridad se rehúsa o rechaza expresamente obrar a favor de la pretensión del gobernado; en tanto que en los omisivos se abstiene de contestar la petición del particular ya sea en forma afirmativa o negativa. En ese contexto, se afirma que contra los actos negativos sí corre el término que prescribe el artículo 21 de la Ley de Amparo, en la medida de que el gobernado resiente una afrenta con la actitud de la autoridad de no complacerlo en los términos que éste pretende, situación que se consuma en el instante de la negativa y es lo que da la pauta para establecer, a partir de que se tenga conocimiento del mismo, el plazo a que alude el referido precepto; lo que no sucede con los actos omisivos, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término de referencia". TERCERO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede determinar cuál es el acto que constituye la materia de estudio del juicio de amparo. Para tal efecto, se debe tener en cuenta el criterio que informa la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril del 2000, página 32, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En la tesis transcrita el alto tribunal estableció la obligación de los jueces de amparo de analizar la demanda de amparo en su integridad a efecto de determinar con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional. En otras palabras, la jurisprudencia citada estatuye que la demanda es un todo que debe interpretarse de manera integral, razón por la que si el quejoso designa de forma imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis del escrito correspondiente, se advierte el error en que incurrió el Juez de Distrito debe corregirlo, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. Teniendo en cuenta lo anterior, del análisis integral de la demanda de amparo y escrito aclaratorio, se advierte que el quejoso acude a esta instancia constitucional a impugnar: Del Fiscal General, Titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Gobernador Constitucional, todos del Estado de San Luis Potosí: 1. La omisión de restituir a la menor de iniciales S.M.G.C., en la guarda y custodia de su padre, aquí quejoso. 2. La omisión de dictar medidas para asegurar la vida e integridad de la infante referida. CUARTO. Omisiones inexistentes. Las autoridades responsables al rendir sus respectivos informes justificados negaron la existencia de las omisiones que se les atribuyen. Ahora bien, de conformidad con las jurisprudencias (V Región) 2o. J/2 (10a.), de rubro "ACTOS OMISIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. PRESUPUESTOS DE SU EXISTENCIA.", y 2a./J. 99/2018 (10a.) intitulada "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO." , ambas de aplicación obligatoria para el suscrito en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, para que exista una omisión por parte de una autoridad, primero ésta debe conocer de la condición que la coloque en la obligación de proceder en ciertos términos, a efecto de que el gobernado le pueda exigir un actuar. Por lo que ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de actuar. Para realizar tal análisis se tiene en cuenta que en el presente asunto el quejoso exhibió como prueba de su parte: 1. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copia certificada del acta de reconocimiento de hijos A280627654, de la que se advierte que la menor de edad de iniciales S.M.G.C., nacida el veintiuno de abril de dos mil dieciséis, en San Luis Potosí, San Luis Potosí, de sexo femenino, fue reconocida por el aquí quejoso Luis Gerardo Galván Cortes, con el consentimiento de la madre de la niña de nombre Betsabé Ana Cordero Viera el nueve de junio de dos mil dieciséis. 2. INFORMACIÓN QUE CONSTA EN MEDIOS ELECTRÓNICOS. Tocante a la impresión de un mensaje aparentemente enviado a través de la plataforma web "Twitter", por el usuario "@SSP_SLP", en el que dice "Sobre un video que circula en redes sociales y algunos medios de comunicación, por hechos en la colonia Balcones del Valle, @FiscaliaSLP refiere que no se trata de algún robo de menor o secuestro, es una controversia familiar", el cual supuestamente fue enviado el catorce de marzo de dos mil diecinueve, a las "6:34 PM", al cual se acompañó una imagen de un vehículo sobre una calle con la leyenda cruzada "CONTROVERSIA FAMILIAR", el cual según se indica en la liga que obra en la parte superior de la impresión fue obtenido de la dirección web "https://t.co/7z3mxePERa" 3. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en el escrito que aparece presentado el catorce de marzo de dos mil diecinueve, en la oficina de correspondencia del Juzgado Cuarto del Ramo Familiar en el Estado, dirigido al expediente 331/2019, a través del cual hizo del conocimiento de éste que el trece de marzo de la anualidad actual, su menor hija fue sustraída por su madre Betsabeth Ana Cordero Viera, Betsi Cordero Viera y José Cordero, solicitándole medidas cautelares urgentes. 4. DOCUMENTAL PRIVADA. Relativa al ocurso que se observa recibido el catorce de marzo de dos mil diecinueve, dirigido al Juez Tercero del Ramo Familiar en esta ciudad, en su expediente 360/2019, por el cual le informó que el trece de marzo de la anualidad actual, su menor hija fue sustraída por su madre Betsabeth Ana Cordero Viera, Betsi Cordero Viera y José Cordero, solicitándole medidas cautelares urgentes. 5. DOCUMENTALES PÚBLICAS. Consistente en las entrevistas realizadas el trece de marzo de dos mil diecinueve, ante Miguel Ángel Trujillo Morales, Agente Fiscal de la Unidad de Atención Temprana de Atención a la Mujer, en las cuales Sai German Galván Cortés y el aquí quejoso, ratificaron en todas y cada una de sus partes los escritos presentados en esa fecha, por medio de los cuales formularon querella en contra de Betsabeth Ana Cordero Viera, Betsi Cordero Viera y José Cordero, por la probable comisión del ilícito de sustracción de menores, violencia familiar, robo, daño en las cosas, asociación delictuosa. A los cuales se acompañan los relativos escritos de denuncia, a través de los que se puso en conocimiento de dicho agente los hechos acontecidos el trece de marzo del año en curso, relativos a la sustracción de la que dicen fue objeto la menor de edad de iniciales S.M.G.C., afuera del domicilio ubicado en Fuente del Parque 109, colonia Balcones del Valle, en esta ciudad, pidiendo se dictaran las medidas correspondientes para asegurar la integridad de la referida infante, entre otras. 6. DOCUMENTAL PRIVADA. Relativa al video contenido en una memoria externa "Universal Serial Bus (USB)". 7. DOCUMENTALES PÚBLICAS. Consistentes en las impresiones de diversos sitios electrónicos, certificadas por el Secretario del Juzgado, en las que obran diversos artículos periodísticos, titulados "Acusan a Fiscalía de omisión en sustracción ilegal de una menor"; "Niegan secuestro viralizado en redes"; "Controversia familiar causa alarma en Balcones del Valle" y "FakeNews Video de secuestro en Balcones del Valle". Los medios de convicción señalados en los incisos 1 y 5, al ser emitidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones públicas, son valorados en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Empero de ellas únicamente se advierte lo que en sus sendos textos se contiene, esto es, que el quejoso reconoció a su hija con los datos señalados en el acta de mérito, así como que Sai German Galván Cortés y el aquí quejoso, denunciaron diversos hechos ante Miguel Ángel Trujillo Morales, Agente Fiscal de la Unidad de Atención Temprana de Atención a la Mujer y ratificaron dichas denuncias. Mismo valor merecen las documentales precisadas en el punto 7, en virtud de que consisten en una impresión generada por el Secretario de este Juzgado de lo que en el momento de la audiencia constitucional obraba en los sitios electrónicos referidos, lo cual hace prueba plena de que efectivamente dichas notas periodísticas obran en los enlaces web que el quejoso señaló, empero, no otorgan valor a lo en ellas contenido, pues éstas constituyen únicamente un indicio que demuestra que la nota se publicó en los respectivos sitios, pero no de que lo publicado sea verídico. Apoya lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 274 del Tomo VIII, Diciembre de 1991, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "PRUEBA DOCUMENTAL PUBLICA. INFORMACIONES PERIODISTICAS, VALOR DE LAS. La información contenida en un ejemplar de un periódico con circulación en el Estado únicamente sirve para demostrar que lo que dice la nota se publicó en ese medio masivo de comunicación, pero no que lo publicado sea verídico". Por su parte, las probanzas reseñadas en los incisos 3, 4 y 6 adquieren valor probatorio en términos de los artículos 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al ser documentos privados, no objetados por las partes interesadas, en cuanto a su autenticidad y contenido. De las primeras dos documentales, se observa de igual modo únicamente lo que en ellas se contiene, esto es, que el quejoso hizo del conocimiento de los Jueces Tercero y Cuarto del Ramo Familiar, la sustracción de su hija, solicitando diversas medidas. Y, por lo que hace al video, este únicamente tiene valor de indicio, en términos del artículo 217 del del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, atendiendo a que carece de la certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fue tomado o esté corroborado en cuanto a su contenido específico con otras pruebas. Ahora bien, de la reproducción del video que ahí se contiene se advierte que en el minuto tres con trece segundos aparece un carro rojo que se estaciona a lado de un árbol, y del otro lado de la calle aparece un sujeto (1) con ropa de color negro que observa dicho vehículo y se acerca al mismo al momento en que la persona (2) que lo venía manejando se baja de éste, se para a un lado de la puerta del copiloto y en ese momento se percata que el sujeto (1) a que se hizo alusión camina hacia él, entonces el conductor del carro (2) se aleja un poco del vehículo, lo aborda el referido sujeto (1), comenzando a discutir y enseguida llega una mujer (3) con falda, quien arremete en contra el sujeto (2) que venía manejando el multicitado vehículo, golpeándolo entre ésta y el sujeto (1) vestido de negro. En ese momento se observa que del interior del vehículo se asoma (sin abrir la ventana) una menor de edad, luego se acercan dos personas más [una mujer y un hombre (4) y (5)], quienes en apoyo a los dos agresores (1) y (3) referidos, amagaron y golpearon al aludido conductor (2), acto continuo la primera mujer (3) referida, se traslada a un costado de la puerta del conductor del automotor e intenta abrir el carro, incluso golpea el vidrio, y toda vez que no logra abrirlo se mueve de nueva cuenta a donde están golpeando al conductor (2). Continúan las agresiones hacia el referido conductor (2) y lo tiran al piso y entre tres personas [(1), (3) y (4)] lo someten quitándole las llaves del carro, se aprecia que llega otra persona (6) que solo observa, y la mujer (3) que logra quitarle las llaves abre la puerta del copiloto agarra a la niña, en este momento las dos personas [(1) y (4)] que tienen sometido al conductor (2) cuando ven que la primera mujer (3) va en la calle corriendo con la niña en brazos hacia un carro color blanco detenido sobre la vialidad, lo sueltan y el conductor (2) intenta correr hacia donde está la mujer (3) con la niña, pero ésta se sube rápido al carro arrancando y alejándose del lugar, y los demás sujetos [(1), (4) y (5)] se alejan caminando. Imágenes que, atento este juzgador a su contenido, no demuestran que las autoridades responsables tengan conocimiento de los hechos descritos y de los precisados por el quejoso en la demanda de amparo, merced a los cuales les atribuye las omisiones ya precisadas. Mientras que respecto a la prueba precisada en el inciso 2, en principio debe destacarse que de conformidad con el artículo 210-A del referido ordenamiento procesal, para valorar la fuerza probatoria de la información que haya sido generada o comunicada en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Así, si bien el mensaje impreso por el quejoso es accesible para su consulta a través de la dirección electrónica ya referida, de la que se obtiene que dicho mensaje efectivamente obra en la página web de "Twitter", por lo que es fiable el método en la que fue generada la impresión de mérito, lo cierto es que no es posible atribuir a las autoridades responsables el contenido de la información ahí contenida. En efecto, la cuenta aparece como verificada por la consabida red social, mediante la insignia con la paloma que así lo demuestra, según se desprende del Centro de Ayuda de la consabida red social, consultable en la dirección electrónica "https://help.twitter.com/es/managing-your-account/about-twitter-verified-accounts", la cual constituye un hecho notorio en términos del de artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y del perfil de la emisora se advierte en su descripción que se trata del "Twitter Oficial de la Secretaría de Seguridad Pública de San Luis Potosí: Policía Estatal; ASPE; C-4; DGEMM y DGPyRS". Apoya lo anterior, el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1373 del Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos". Así, del citado sitio electrónico, se obtiene que: "La insignia azul de verificación en Twitter sirve para confirmar la autenticidad de las cuentas de interés público. La insignia aparece junto al nombre en el perfil de la cuenta, y junto al nombre de la cuenta en los resultados de búsqueda. Siempre es del mismo color y aparece en el mismo lugar, independientemente de las personalizaciones del perfil y del color del tema. [.] ¿Qué tipos de cuentas se verifican? Una cuenta se puede verificar si se determina que es de interés público. Generalmente, se trata de cuentas de usuarios que pertenecen al ámbito de la música, la actuación, la moda, el gobierno, la política, la religión, el periodismo, los medios de comunicación, los deportes, los negocios y otras áreas de interés clave. La insignia de verificación no significa que Twitter aprueba la cuenta". Sin embargo, lo cierto es que ello resulta insuficiente, a criterio del suscrito, para tener plenamente demostrado el conocimiento de la omisión reclamada del Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ni atribuirle su emisión, pues no existe certeza de que dicha cuenta sea manejada o vigilada por el titular de la Secretaría en comento. De ahí que, únicamente prueba que el catorce de marzo de dos mil diecinueve fue enviado dicho mensaje por parte de la cuenta en comento "@SSP_SLP", sin embargo, no es posible atribuirle su autoría a la autoridad responsable Titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ni desprender de dicho mensaje que éste personalmente tuviera conocimiento de lo ahí señalado. Además de que, en todo caso, al tratarse de la representación gráfica (impresión de imágenes) de una pantalla, su valor queda al prudente arbitrio judicial, en términos del artículo 217 de la legislación procesal civil en cita, dado que carece de la certificación correspondiente que acredite el lugar, tiempo y circunstancias en que fue tomada, para que constituya prueba plena, por lo que al no estar adminiculada con algún otro medio de convicción que corrobore los datos que aquí se indican, resulta insuficiente para tener por demostrado plenamente el conocimiento por parte de la citada autoridad, respecto de los hechos referidos en la demanda de amparo con relación a la niña de iniciales S.M.G.C. Máxime que, del mensaje en cuestión no es posible advertir que guarde relación con los hechos denunciados por el quejoso ni con los que señaló como antecedentes del acto reclamado, pues únicamente se refiere a un video que circula en redes sociales y algunos medios de comunicación, "por hechos en la colonia Balcones del Valle", empero, no se señala algún dato que permita relacionar a dicho mensaje con la parte quejosa. Ello aunado a que, no está adminiculado con algún otro medio de convicción que corrobore su contenido y datos que aquí se indican. Sobre esas bases, es dable afirmar que las pruebas antes descritas no demuestran, ni siquiera indiciaria o presuntivamente, que el aquí quejoso previo a la presentación de la demanda de amparo que dio origen al juicio en que se actúa, hizo formalmente del conocimiento de las autoridades aquí señaladas como responsables Fiscal General, Titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Gobernador Constitucional, todos del Estado de San Luis Potosí, a través de una denuncia, queja o derecho de petición, según fuera el caso (tal y como lo establece el dispositivo rector a toda petición de un gobernado, artículo 8º constitucional) los hechos acontecidos el trece de marzo de dos mil diecinueve, afuera del domicilio ubicado en Fuente del Parque 109, colonia Balcones del Valle, en esta ciudad, y que dieron como resultado la afirmada "sustracción" de la menor de edad aquí quejosa. De ahí que, al no existir constancia en el presente asunto que demuestre plenamente que el aquí quejoso, previo a la promoción de la demanda, hizo del conocimiento de tales responsables la sustracción de la menor referida, es dable concluir que éstas no sabían de tales hechos, por lo que tampoco es dable partir de la base de que éstas estuvieron en aptitud de actuar en los términos que el promovente pretende. Tampoco se advierte el conocimiento de las citadas autoridades que las constriñan a actuar, ya sea porque: aquél sea consecuencia de un acto previo que la origine, es decir, que las autoridades lo conozcan directamente y solo esperan ejecución por ya existir el presupuesto que fáctica y legalmente las habilitan y constriñen (por ejemplo ante la existencia de un fallo o determinación judicial), ni se está en el caso donde dichas autoridades tengan como presupuesto el conocimiento por razones notorias, sin soslayar que en estos casos, la obligación se especifica en proporción al hecho y a la consecuencia normativa prevista. Al respecto, no debe soslayarse que de conformidad con la normatividad administrativa que regula las facultades y obligaciones de las autoridades responsables, no existe alguna que les imponga actuar motu proprio sin que se haya actualizado previamente alguna de las preindicadas condiciones, en los términos propuestos en la demanda de amparo, al atribuirles las omisiones reclamadas. En efecto, de conformidad con los artículos 80 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí ; 22 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de San Luis Potosí ; artículos 12 , 13 , 14 y 15 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí; entre las facultades que tienen las autoridades aludidas no están las de emitir medidas de protección o restitución de personas (que son, en esencia, las que el quejoso refiere se han omitido por parte de éstas), por el contrario, sus facultades se encuentran dirigidas fundamentalmente a que los Fiscales Especializados y la Policía bajo su mando cumplan con sus obligaciones de investigación previstas en el artículo 21 de la Constitución Federal. No obsta lo anterior que de conformidad con el artículo 4, fracciones I y II, de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de San Luis Potosí , el Fiscal General de Justicia del Estado tenga como facultad, entre otras, la conducción jurídica de la investigación en los términos constitucionales y del Código Nacional de Procedimientos Penales, e iniciar la investigación de los delitos de oficio o a petición de parte, ello pues de conformidad con los diversos 2, 10 y 11 de dicha ley orgánica citada , el citado fiscal contará con áreas funcionales de atención central y regional a través de sus delegaciones, además de órganos de dirección, estratégicos y tácticos operativos [Fiscalías Especializadas, según el artículo 11, fracción II ], a efecto de optimizar la conducción jurídica de la investigación y ejercicio de la acción penal, así como cumplir con la misión institucional. Lo anterior conlleva a establecer que si tales autoridades no han tenido previamente conocimiento directo de hechos como los relatados en la demanda de amparo, entonces ninguna base hay -material y legal- para que actúen emitiendo medidas de protección y restitución de personas (mayores o menores de edad). Lo que además se corrobora con lo dispuesto en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales , el cual dispone que es facultad del agente del Ministerio Público la emisión de medidas de protección idóneas (como las que aquí se pretenden), cuando considere que el imputado sea un riesgo para la víctima; norma que presupone al menos dos elementos: (i) que dicha representación social "tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito" o de "hechos que revistan características de un delito", y (ii) que ante ello se haya dado inicio a una carpeta de investigación, merced a una querella o denuncia o por su equivalente cuando la ley lo exija, ambos aspectos conforme lo estatuido en los numerales 212, 213 y 221 ibídem. No es óbice a lo anterior el hecho de que el quejoso exhibiera constancias de las que se desprenda que éste junto con Sai Germán Galván Cortés, denunciaron ante Miguel Ángel Trujillo Morales, Agente Fiscal de la Unidad de Atención Temprana de Atención a la Mujer, a Betsabeth Ana Cordero Viera, Betsi Cordero Viera y José Cordero, por la probable comisión del ilícito de sustracción de menores, violencia familiar, robo, daño en las cosas, asociación delictuosa, iniciándose la carpeta de investigación CDI/FGE/I/D01/07296/19. Pues tal circunstancia no tiene el alcance probatorio de vincular al Fiscal General de Justicia del Estado, atendiendo a su facultad de inicio y conducción jurídica de la investigación de los delitos, de oficio o a petición de parte, en principio por los motivos expuestos con antelación y, además, porque las denuncias respectivas se formularon directamente a un auxiliar de éste, quien a su vez, de conformidad con la ley orgánica referida, está obligado por sí y conforme a sus facultades a integrar la carpeta de investigación aludida y, en su caso, emitir las medidas de protección respectivas de conformidad con el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Máxime que dicho representante social no es autoridad responsable en el presente asunto, sino en uno diverso que originó la demanda que dio origen al juicio en que se actúa. Por tanto al no acreditarse en autos la existencia de las omisiones reclamadas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 281/2019-III, promovido por Luis Gerardo Galván Cortes, por sí y en representación de la menor de edad de iniciales S.M.G.C., contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de San Luis Potosí y de otras autoridades. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma el licenciado Enrique Acevedo Mejía, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Francisco Sacramento Partida Soto, Secretario que autoriza y da fe, hoy catorce de mayo de dos mil diecinueve, que lo permitieron las labores del Juzgado.

  4. Incidental

    San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintinueve de abril de dos mil diecinueve. Visto el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, mediante atento oficio que al efecto se le gire, remítasele copias certificadas de las constancias que menciona. En otro contexto, dígase a la oficiante que la materia de la interlocutoria de cuatro de abril de dos mil diecinueve, fueron las omisiones consistentes en (i) restituir a la menor de iniciales S.M.G.C., en la guarda y custodia del quejoso y (ii) dictar medidas para asegurar la vida e integridad de la infante referida, atribuidas a las autoridades responsables Fiscal General, Titular de la Secretaria de Seguridad Publica y Gobernador Constitucional, todos del Estado, en virtud que mediante proveído de veintidós de marzo del año en curso, se realizó la separación de las omisiones reclamadas en el juicio de amparo del cual deriva el presente asunto, conociendo únicamente de las antes citadas. Notifíquese.

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