Luis Gerardo Galvan Cortes
Expediente 165/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 165/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 05/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Luis Gerardo Galvan Cortes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguense a los autos el oficio y anexo de cuenta, que remite el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, y en atención a su contenido se provee: Téngase por recibido el testimonio de la resolución pronunciada el veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho por el citado Tribunal, en el recurso de queja civil 71/2018. Acúsese recibo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y notifíquese la llegada de los autos y la resolución dictada en el recurso de queja cuyo punto resolutivo es: "...ÚNICO. Es infundado el presente recurso de queja". Ahora bien, toda vez que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito confirmó el auto por el cual se desechó de plano la demanda de amparo y al no haber promociones pendientes por acordar, ni actuaciones qué practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Por otra parte, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho se desechó de plano la demanda de amparo, lo que fue confirmado por el Tribunal citado, este expediente es susceptible de destrucción una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto, sin que obre algún documento presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Atendiendo a las particularidades del expediente, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General Conjunto 1/2009. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, dieciséis de marzo de dos mil dieciocho. Téngase por recibido y agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en el que transcribe el proveído de doce del mes y año en curso, dictado en el recurso de queja civil 71/2018, del que se advierte que se admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por Luis Gerardo Galván Cortés, en representación de su menor hija, en contra del auto pronunciado por este juzgado el veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, en el juicio de amparo indirecto 165/2018-V, mismo que desechó de plano la demanda de amparo. Notifíquese.
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San Luis Potosí, San Luis Potosí, ocho de marzo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito signado por Luis Gerardo Galván Cortes, parte quejosa en el presente asunto, mediante el cual interpone recurso de queja contra el proveído de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, por el cual se desechó de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99 y 100, de la Ley de Amparo, ríndase informe, manifestando que es cierto, toda vez que este órgano judicial, en la fecha indicada, emitió el proveído a que hace alusión el promovente. Luego, como lo solicita la parte quejosa, se le tiene señalando como constancias para la substanciación del recurso de que se trata, la totalidad de las que integran el presente juicio, así como las ejecutorias de los juicios de amparo 1001/2017 y 1021/2017 del índice de este juzgado, tal y como lo dispone el artículo 100, de la Ley de Amparo; en consecuencia, mediante atento oficio que al efecto se gire al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, en turno, remítanse copias certificadas de dichas constancias y envíese el original del escrito de expresión de agravios. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintitrés de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el escrito signado por Luis Gerardo Galván Cortés, parte quejosa en el presente asunto, mediante el cual desahoga el requerimiento que le fue formulado en auto de veinte de febrero del año en curso; como lo solicita la parte quejosa, en virtud de que es un hecho notorio para esta autoridad en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la tramitación de los diversos juicios de amparo 1001/2017 y 1021/2017 del índice de este juzgado, donde compareció el citado quejoso en representación de su menor hija, y como entre las constancias que integran el primero se encuentra el acta certificada de nacimiento de la aludida menor, recábese copia certificada de la misma en este asunto para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 10, de la ley de la materia, se tiene reconocida la personería con la que comparece Luis Gerardo Galván Cortés. En otro aspecto, este órgano jurisdiccional procede a examinar la demanda constitucional y su escrito aclaratorio presentado el veintiuno de febrero del dos mil dieciocho, en los siguientes términos: Del análisis de los aludidos libelos se advierte que la parte quejosa reclama la omisión de la autoridad responsable de hacer efectivo a Liliana Araujo Olvera -madre de la menor quejosa- el apercibimiento contenido en auto de cuatro de agosto de dos mil diecisiete, dictado en el expediente 1898/2017 del índice del Juzgado Primero del Ramo Familiar de esta ciudad, en el sentido que de no presentar a la infanta a las convivencias decretadas con su padre, aquí quejoso, se le impondría una multa equivalente a veinte Unidades y Medidas de Actualización. En concepto de esta juzgadora, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por lo que procede desechar la demanda constitucional en términos de la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. De manera previa, es necesario precisar que de las sentencias y de diversas constancias que integran los diversos juicios de amparo 1001/2017 y 1021/2017 del índice de este órgano jurisdiccional, así como de lo narrado por la parte quejosa en la demanda constitucional y escrito aclaratorio, se destacan los siguientes antecedentes del acto reclamado: a) Mediante escrito presentado el trece de noviembre de dos mil catorce ante la Oficialía de Partes Común adscrita a los Juzgados Civiles y Familiares del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, Luis Gerardo Galván Cortés demandó en procedimiento de controversia familiar por regulación de visitas respecto de la menor a Liliana Araujo Olvera. b) De dicha demanda correspondió conocer al Juez Cuarto de lo Familiar de esta ciudad, quien la admitió por auto de catorce de noviembre de dos mil catorce. c) El seis de mayo de dos mil quince dicho juez se excusó para seguir conociendo del juicio familiar, por lo que el veintisiete siguiente, la Juez Quinto de lo Familiar en esta ciudad se avocó al conocimiento del juicio, el cual quedó registrado con el expediente 483/2015. d) Seguido el controvertido por sus etapas legales, el diecinueve de febrero de dos mil dieciséis se emitió la sentencia correspondiente, la cual fue confirmada por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. e) El veinticinco de abril de dos mil diecisiete, la Juez Quinto de lo Familiar de esta ciudad, ordenó la reanudación de las convivencias de la menor con su padre, estableciéndose para tal efecto los días martes y jueves de cada semana, en un horario de las doce a las trece horas, lo cual sería por el lapso de tres meses, mismas que debían ser supervisadas por la trabajadora social adscrita a dicho juzgado familiar, lo anterior con el apercibimiento a la madre de la menor de que si de manera reiterada e injustificada incurría en desacato de dicho mandato, le sería suspendido de inmediato el ejercicio de la custodia y se pondría a la menor bajo el cuidado del padre, previa aceptación y compromiso ante la autoridad judicial de cumplir con las obligaciones que implica el ejercicio de dicha custodia, de conformidad con el artículo 269 BIS del Código Familiar para el Estado. f) El cuatro de agosto de dos mil diecisiete se requirió a Liliana Araujo Olvera para que presentara a la menor a las convivencias decretadas entre ésta y su padre en la controversia familiar 812/2017, ahora 1898/2017 del índice del Juzgado Primero de lo Familiar de esta ciudad, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se le impondría una multa equivalente a veinte Unidades y Medidas de Actualización. La omisión de hacer efectivo este apercibimiento constituye el acto reclamado. Ahora bien, los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Del segundo precepto transcrito se desprende que cuando se reclaman en amparo indirecto actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento, resulta indispensable que los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, afectando sus derechos sustantivos y no los adjetivos, entendiéndose por los primeros los que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una resolución favorable; por el contrario, los derechos adjetivos son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues si bien inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, si el quejoso, como ya se dijo, obtiene resolución favorable, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. De los preceptos citados se puede concluir que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridad, que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Luego, si de la intelección de la demanda constitucional se advierte que el acto reclamado lo constituye la omisión de hacer efectivo un apercibimiento de multa, constituye un acto omisivo de carácter intraprocesal, que no genera una ejecución de imposible reparación, de conformidad al artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, pues las consecuencias de dicho acto no afectan directamente alguno de los derechos sustantivos tutelados por la Constitución General de la República, por lo que tiene el carácter adjetivo y debe atenderse a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para obligar a la autoridad a pronunciarse al respecto. Es menester tener presente que dicho acto no se encuentra en los supuestos de imposible reparación, en virtud que no afecta materialmente algún derecho sustantivo tutelado por la Constitución y los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pues no produce directamente ninguna afectación material sobre algún derecho sustantivo de la parte quejosa, como la libertad, la propiedad, las posesiones, la seguridad, la privacidad, el derecho de audiencia, el derecho de petición autónomo, el derecho a la salud, el derecho de tránsito, etcétera, lo que evidencia que el derecho afectado es de naturaleza adjetiva o procesal. Lo anterior, ya que de acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, son dos las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Es así, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia IV.2º. C. J/2 (10ª.) emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Civil del Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, cuyo rubro y texto son: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013).El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." De esta forma, la violación reclamada por los promoventes del amparo reviste un carácter meramente intraprocesal, en razón de que los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso y el derecho de acción, por tanto, en los procedimientos ventilados ante órganos jurisdiccionales y los seguidos en forma de juicio, incluso ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, las violaciones por omisión no pueden ser reclamadas de manera autónoma, excepción hecha cuando tengan el carácter de imposible reparación o en aquellos actos que se hubiere dejado sin defensa o privado de los derechos que la ley de la materia concede, en atención a lo cual, no se verifica el supuesto normativo contenido en el artículo 107 de la legislación de la materia, ya que se insiste, en caso de existir los agravios alegados, no transciende a los derechos sustantivos del promovente. Lo cual no puede considerase de imposible reparación, en tanto que, sus consecuencias no afectan de manera directa derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber, la vida, libertad, propiedad, posesión, papeles, propiedades, etcétera y, por tanto, el tema de la impartición de justicia en plazos y términos previstos de la legislación ordinaria, solamente se trata de una violación de carácter adjetivo, en tanto esa trasgresión no impida el curso del procedimiento ni el ejercicio de un derecho. Sobre dicho tópico, la Segunda Sala de Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia de Trabajo del Tercer Circuito y Tercero, Cuarto, Quinto, Octavo, Noveno y Décimo Cuarto, todos en Materia de Trabajo del Primer Circuito, estableció lo siguiente: "[.] que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, existe precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer en la fracción V del artículo 107, que: Artículo 107. El amparo indirecto procede (.) "V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;..." Con esta aclaración de lo que debe entenderse por actos de imposible reparación -sostuvo el Pleno-, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto, ya que mediante una fórmula legal estableció que tales actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Además de que deben recaer sobre derechos, cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos, cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. De acuerdo con lo sustentado por el Alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: "La primera, la exigencia de que se trate de actos 'que afecten materialmente derechos', lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. "La segunda, en el sentido de que estos 'derechos' afectados materialmente revistan la categoría de 'sustantivos', expresión opuesta a los derechos de naturaleza 'formal o adjetiva' (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva)." Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión -esta última- que se opone con la de "formal o adjetiva". Así, cuando un particular -como en los casos que dieron origen a la presente contradicción de tesis- se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Ley Suprema, los actos que reclama no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento en el que se encuentra el particular, sino que se da justamente dentro del mismo: falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o falta de prosecución del trámite. Ello, pese a que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Es así que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetarse a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. En consecuencia, el criterio general es que la demanda de amparo que se interponga contra actos de esta naturaleza es notoriamente improcedente y debe desecharse de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; a menos que el Juez de amparo, advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, pues en tal caso la demanda de amparo es procedente por excepción. [.]" Consideraciones que se encuentran sustentadas en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del tenor literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". Cabe destacar que el criterio jurisprudencial recién citado prevé como excepción a la regla general allí contenida, el supuesto en que el juez de amparo advierta de la demanda de derechos fundamentales, que exista una abierta dilación del procedimiento o la paralización total del mismo, pues, en tal caso, el juicio resulta procedente. Dicho de otra manera, no cualquier acto omisivo o dilatorio, per se, implica una afectación al derecho sustantivo inherente; sino, por el contrario, la regla general es que un acto de esa naturaleza tiene una incidencia meramente adjetiva, y que excepcionalmente algunos de esos actos implican violación al aspecto sustantivo del derecho de acceso a la justicia. Así, a efecto de que el juicio de amparo indirecto resulte procedente contra la omisión dentro de un procedimiento jurisdiccional relativa a hacer efectivo un apercibimiento de multa a una de las partes, como acontece en la especie, es indispensable que se actualice una abierta dilación del procedimiento, o bien, la paralización total de éste, es decir, no solamente debe tratarse de un retraso en la impartición de la justicia, sino que este sea de tal manera evidente, actual y lesivo. De ahí que el eventual retardo en la administración de justicia que pudiera entrañar el acto reclamado, por sí mismo, no justifica la procedencia del presente juicio de amparo; de tal suerte que el acto reclamado solo implica una dilación del juicio que de ninguna manera constituye una violación al principio de justicia pronta. Por todo lo anterior, puede estimarse que el acto reclamado en la presente vía, no constituye una actuación de imposible reparación que justifique la procedencia del juicio de derechos fundamentales, pues sus consecuencias no afectan de forma inmediata y cierta alguno de los derechos fundamentales previstos en la Carta Magna, ni ocasionan a los quejosos un perjuicio irreparable. Es así, porque esta juzgadora no advierte, del contenido de la demanda de amparo, una abierta dilación del procedimiento o paralización total en la controversia familiar 1898/2017, para lo cual se justifique su procedencia, ya que incluso, como lo manifestaron los promoventes, se han llevado a cabo las convivencias decretadas en su favor por el juzgador de origen. Además de que la suscrita no advierte que la omisión de hacer efectivo el apercibimiento de que se trata hubiese incidido de alguna manera en la prosecución del juicio natural. De manera que al alegarse exclusivamente que el acto omisivo reclamado se produjo dentro de un procedimiento jurisdiccional, es decir, que no tiene el carácter de autónomo, y toda vez que de la lectura íntegra de la demanda de amparo no se advierte que exista una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, ya que el juicio ha continuado con su trámite, de conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.) transcrita con antelación, es evidente que en el caso no se surte la excepción a que se hace alusión en la aludida jurisprudencia, por lo que se acredita la actualización de manera notoria, manifiesta e indudable, de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, en sentido contrario, de la Ley de Amparo, por lo que procede desechar de plano la demanda constitucional en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la legislación invocada. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal al promovente. Notifíquese; hágase personalmente a la parte quejosa.
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