Luis Gerardo Galvan Cortes

Expediente 167/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 22 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
167/2018
Año
2018
Actuaciones
22
Última actuación
18/10/2018

Partes del expediente

  • Luis Gerardo Galvan Cortes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y tomando en consideración que mediante proveído de tres de octubre del año en curso, se dio vista a las partes con el cumplimiento que dio la autoridad responsable a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio; este Juzgado con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede a analizar si la ejecutoria dictada en el mismo se encuentra cumplida. Ahora bien, con fecha treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional dictó sentencia en el juicio en que se actúa, en la que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, en contra del acto reclamado al Juez Primero del Ramo Familiar de esta ciudad, para el efecto de que: ".el juez responsable deje insubsistente el proveído de dieciséis de febrero del año en curso, sólo en lo relativo al desechamiento del medio de defensa interpuesto por el quejoso, y examine en su integridad la promoción a través de la cual se interpuso el aludido medio de defensa, para luego, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que considere en derecho.". (Fojas 157 a 161 de autos). Por proveído de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, causó ejecutoria la resolución concesoria (foja 171). Mediante oficio 5450/2018, el Juez Primero de lo Familiar de esta ciudad, en acatamiento a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, remitió, copia certificada del auto dictado el quince de septiembre de dos mil dieciocho, dentro de los autos del expediente 1898/2017, del que se advierte lo siguiente: ".PRIMERO.- En cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria de amparo 167/2018 emitida por el Juez Octavo de Distrito en el estado, se deja insubsistente el acuerdo de 15 quince de Febrero de 2018 dos mil dieciocho y publicado en listas de acuerdos el día 16 dieciséis de Febrero del mismo año, dentro del presente juicio y, se procede a emitir uno nuevo, en los términos siguientes: [..] En relación al tercer escrito que se agrega, Visto (sic) su contenido, no obstante que el ocursante LUIS GERARDO GALVÁN CORTÉS omite señalar el medio de defensa que interpone en contra del auto dictado con fecha 08 ocho de febrero del año en curso, esta autoridad el examinar el contenido íntegro de su promoción advierte que interpone "Recurso de Revocación" en contra del acuerdo señalado en líneas que anteceden, por ende a fin de no vulnerar en perjuicio de la parte promovente los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en el artículo 16 de la Constitución Federal, y en suplencia de la deficiencia de los planteamientos de derecho formulados por la parte recurrente, aunado a que en el caso concreto se ventilan los derechos de la menor de edad de iniciales de identidad reservada M.A.G.A., a favor de quien procede la suplencia de la queja en toda su amplitud, en tal virtud y atento a la certificación que antecede se le tiene en tiempo y forma interponiendo "Recurso de Revocación" en contra del auto de fecha 08 ocho de febrero del año 2018 dos mil dieciocho, mismo que se admite a trámite en sus términos; consecuentemente, con la copia simple que exhibe se ordena correr traslado a su contraria parte LILIANA ARAUJO OLVERA para que en el término de 03 tres días manifieste lo que a sus intereses legales corresponda...". (fojas 174 y 175) De lo expuesto con anterioridad, se advierte que la autoridad responsable dejó insubsistente el auto de quince de febrero del presente año, (fecha correcta en que se emitió el mismo), y dictó una nueva determinación en la que siguió los lineamientos establecidos en la sentencia, por lo que con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por cumplida la ejecutoria, sin que se estime que se incurrió en exceso o defecto al dar cumplimiento a la misma. Por otro lado, visto el estado de los autos, se desprende que no existe trámite pendiente, por lo que de conformidad con lo señalado en el párrafo cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo de este juicio como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro de gobierno. En esa tesitura, acorde a lo establecido en el punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes generados en los Juzgados de Distrito, debido a que por sentencia de treinta y uno de agosto del año que transcurre, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; la cual causó ejecutoria el veintiséis de septiembre del año actual; este expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto, sin que en el caso obre en el citado expediente algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. Por otro lado, toda vez que en el presente asunto se tramitó incidente de suspensión del acto reclamado, en el cual se negó la medida cautelar; en consecuencia, el original del mismo, es susceptible de destrucción; lo señalado con anterioridad, deberá efectuarse, una vez que transcurran más de cinco años conforme a lo previsto en el citado punto, sin que en el caso obre en el citado expediente algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto; por lo que deberá archivarse por separado. Asimismo, archívese por separado el duplicado respectivo, y con fundamento en el punto vigésimo, fracción III, del referido Acuerdo, es susceptible de destrucción, al obrar su original y no existir documentos originales en tal cuaderno; lo que ocurrirá al transcurrir más de seis meses contados a partir del dictado de la resolución interlocutoria respectiva. Atendiendo a las particularidades del presente asunto, se considera que no es de relevancia documental, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, de conformidad con el Punto Décimo Primero del mencionado Acuerdo General número 1/2009. Glósese copia autorizada del presente proveído en los cuadernos incidentales que derivan del presente asunto, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, se hace del conocimiento a la autoridad responsable, que la constancia de notificación relativa al oficio en el que se le informa de la presente determinación, hace las veces de acuse de recibo de la misma, por lo que es innecesario informar de dicha circunstancia a través de una diversa comunicación oficial. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Juez Primero de lo Familiar de esta ciudad, a través del cual informa respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con dicho oficio córrase traslado y dese vista a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga; en la inteligencia de que transcurrido ese término, con el desahogo de la vista o sin ella, este órgano constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la sentencia. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, a fin de que las partes impugnaran la sentencia dictada en este juicio, sin que lo hayan hecho; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia en la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, ha causado ejecutoria para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, con fundamento en el artículo 192, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que reciba la notificación del presente auto, informe a este juzgado el cumplimiento que haya dado a la sentencia, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa por el equivalente a cien días. Finalmente, devuélvase al Juez Primero del Ramo Familiar de esta ciudad el anexo que acompañó a su informe justificado. Notifíquese.

  4. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 167/2018-V promovido por Luis Gerardo Galván Cortés, por sí y en representación de su menor hija MAGA, contra actos del Juez Primero del Ramo Familiar de esta ciudad, que estima violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 4, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común adscrita a los Juzgados de Distrito en San Luis Potosí, San Luis Potosí, el diecinueve de febrero de dos mil dieciocho, el cual por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, Luis Gerardo Galván Cortés, promoviendo por sí y en representación de su menor hija MAGA, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de la autoridad que a continuación se precisan:  Del Juez Primero del Ramo Familiar de esta ciudad:  Acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó el medio de impugnación interpuesto contra el diverso de ocho de febrero de la presente anualidad. SEGUNDO. La parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, señaló a la parte tercero interesada y precisó como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1º, 4, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Por acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho se desechó la demanda de amparo al considerar este juzgado la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Contra dicho proveído interpuso recurso de queja la parte promovente, del cual correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito, el que por ejecutoria de diez de mayo de dos mil dieciocho determinó declarar fundado el aludido medio de impugnación. Luego, en acatamiento a la ejecutoria en mención, por acuerdo de veintiocho de mayo del año en curso se previno a la parte quejosa para que aclarara su demanda de amparo y precisara si señalaba como acto reclamado el auto de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, dictado por el Juez Primero del Ramo Familiar de esta ciudad, mediante el cual se desechó el medio de impugnación interpuesto contra el acuerdo de ocho de febrero de dos mil dieciocho, con el respectivo apercibimiento. CUARTO. Por escrito recibido en este juzgado el veintinueve de mayo del presente año, el impetrante del amparo dio cumplimiento a la prevención realizada, por lo que a través del proveído de treinta y uno de mayo del año que transcurre se admitió la demanda de que se trata, únicamente por lo que se refiere al acto consistente en el acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó el medio de impugnación interpuesto contra el acuerdo de ocho de febrero de la presente anualidad, se tramitó el incidente de suspensión solicitado, se ordenó dar la intervención que le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien formuló el alegato ministerial 429 y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de derechos fundamentales de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1º, 103 fracción I, y 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48, 49, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; así como por los puntos Primero, fracción IX, Segundo, fracción IX, Tercero, fracción IX y Cuarto, fracción IX, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que el acto reclamado se llevó a cabo en la circunscripción territorial en la que este órgano judicial ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Es cierto el acto que se reclama de la autoridad responsable, consistente en el acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó el medio de impugnación interpuesto por Luis Gerardo Galván Cortés contra el diverso de ocho de febrero de la presente anualidad. La certeza del acto reclamado se corrobora con la copia certificada del expediente 1898/2017, tramitado ante el Juzgado Primero del Ramo Familiar de esta ciudad, relativo al juicio de controversia familiar por regulación de visitas respecto de la menor MAGA, instaurado por Luis Gerardo Galván Cortés, contra Liliana Araujo Olvera, la cual tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones y, por ende, documento público. TERCERO. Para mejor exposición del asunto, es necesario destacar como antecedentes del acto reclamado, los siguientes: I. Mediante escrito presentado el trece de noviembre de dos mil catorce ante la Oficialía de Partes Común adscrita a los Juzgados Civiles y Familiares del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, Luis Gerardo Galván Cortés demandó en procedimiento de controversia familiar por regulación de visitas respecto de la menor M.A.G.A, a Liliana Araujo Olvera. II. De dicha demanda correspondió conocer al Juez Cuarto de lo Familiar de esta ciudad, quien la admitió por auto de catorce de noviembre de dos mil catorce. III. El seis de mayo de dos mil quince dicho juez se excusó para seguir conociendo del juicio familiar, por lo que el veintisiete siguiente, la Juez Quinto de lo Familiar de esta ciudad se avocó al conocimiento del juicio, el cual quedó registrado con el expediente 483/2015. IV. Seguido el controvertido por sus etapas legales, el diecinueve de febrero de dos mil dieciséis se emitió sentencia definitiva, la cual fue confirmada por la Cuarta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. V. En la etapa de ejecución, el veinticinco de abril de dos mil diecisiete, la Juez Quinto de lo Familiar de esta ciudad ordenó la reanudación de las convivencias de la menor M.A.G.A. con su padre, estableciéndose para tal efecto los días martes y jueves de cada semana, en un horario de las doce a las trece horas, lo cual sería por el lapso de tres meses, mismas que debían ser supervisadas por la trabajadora social adscrita a dicho juzgado familiar, lo anterior con el apercibimiento a la madre de la menor de que si de manera reiterada e injustificada incurría en desacato de dicho mandato, le sería suspendido de inmediato el ejercicio de la custodia y se pondría a la menor bajo el cuidado del padre, previa aceptación y compromiso ante la autoridad judicial de cumplir con las obligaciones que implica el ejercicio de dicha custodia, de conformidad con el artículo 269 BIS del Código Familiar para el Estado. VI. El veintidós de mayo de dos mil diecisiete, la Juez Quinto de lo Familiar de esta ciudad se excusó de seguir conociendo de ese juicio, remitiéndose el expediente a la Oficialía de Partes Común a los Juzgados Civiles y Familiares para el turno correspondiente, avocándose a su conocimiento la Juez Segundo de lo Familiar. VII. Luego, por excusa de la Juez Segundo de lo Familiar de esta ciudad, es el Juez Primero de lo Familiar quien se encarga actualmente del trámite de dicho juicio, el cual se encuentra registrado en su estadística con el progresivo 1898/2017. VIII. En cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en el juicio constitucional 1001/2017 del índice de este juzgado, el juez natural dictó el acuerdo de ocho de febrero de dos mil dieciocho, en el que, entre otras cosas, negó hacer efectivo a Liliana Araujo Olvera el apercibimiento con que fue conminada en el diverso de veinticinco de abril de dos mil diecisiete. IX. Inconforme con lo anterior, el progenitor quejoso interpuso medio de defensa, el cual fue desecha por acuerdo de dieciséis de febrero del año en curso, bajo la consideración de que omitió mencionar cuál era el recurso que pretendía hacer valer en contra de la determinación de ocho de febrero pasado. Este es el acto reclamado. CUARTO. Los conceptos de violación hechos valer son esencialmente fundados. En el caso en concreto, el juez responsable determinó que era improcedente dar trámite al medio de impugnación que el quejoso (no la niña quejosa) pretendió hacer valer en contra del auto de ocho de febrero de dos mil dieciocho, en el que negó hacer efectivo a Liliana Araujo Olvera el apercibimiento con que fue conminada en el diverso de veinticinco de abril de dos mil diecisiete. El artículo 1138 del Código Familiar establece: "ART. 1138.- El juez de lo familiar está facultado para intervenir de oficio en los asuntos que afecten a la familia, especialmente tratándose de menores, de alimentos y de cuestiones relacionadas con violencia familiar, decretando las medidas precautorias que tiendan a preservar la familia y proteger a sus miembros. En todos los asuntos del orden familiar los Jueces y Tribunales están obligados a suplir la deficiencia de las partes en sus planteamientos de Derecho, manteniendo, sin embargo, la mayor equidad entre ellos, de modo que no se haga concesión a una sin que se haga lo mismo con la otra parte. En los mismos asuntos, con la salvedad de las prohibiciones legales relativas a alimentos, el Juez deberá exhortar a los interesados a lograr un avenimiento, resolviendo sus diferencias mediante convenios, con los que pueda evitarse la controversia o darse por terminado el procedimiento." De la literalidad del precepto legal en consulta se desprende, en lo que aquí interesa, que en todos los asuntos del orden familiar los jueces y tribunales están obligados a suplir la deficiencia de las partes en sus planteamientos de Derecho, pero siempre deberán mantener la mayor equidad entre ellas. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la consulta a trámite en relación con los amparos directos en revisión 2086/92 y 2088/92, determinó que es posible que los juzgadores interpreten el sentido de la promoción respectiva para determinar con precisión la voluntad del recurrente; para tal efecto, debe considerar en su integridad el escrito presentado, tomando en cuenta la norma que, en su caso, fundamente su promoción, lo aducido en su escrito respecto de la vía que intenta, así como lo esgrimido en los puntos petitorios. En caso de que las expresiones resulten incongruentes, para descubrir la voluntad de su autor, será necesario interpretar con sentido extensivo y no restrictivo, pero si del análisis de la promoción interpuesta no resulta claro ni evidente que se haya optado por alguna vía específica de impugnación, por no fundarse en precepto legal alguno, y en un punto petitorio se aduce que la intención es hacer valer el recurso que legalmente proceda en contra de la resolución impugnada, y del estudio de ésta se deriva cuál es el medio de defensa procedente, entonces debe considerarse el que resulte como el interpuesto, siempre y cuando ello pueda desprenderse del estudio íntegro de la promoción; sin que se llegue al extremo de rencausar la vía del medio de defensa de que se trate. Lo anterior no implica acto alguno de suplencia ni cambio de la vía confusamente elegida, ni tampoco, la alteración de los hechos o agravios expuestos, pues solamente se analiza la promoción para desentrañar lo que realmente quisieron decir sus autores, por lo que, cumplido tal propósito, debe imperar el principio jurídico de congruencia que, en su aspecto formal, manda obrar conforme a lo pedido. Apoya lo anterior, por identidad jurídica, la tesis P. LXXX/97 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 170 del tomo V, mayo de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dispone: "RECURSOS EN AMPARO. INTERPRETACIÓN DEL ESCRITO MEDIANTE EL CUAL SE INTERPONEN. En la resolución de un recurso interpuesto dentro de un juicio de amparo, contra un acuerdo de trámite, el juzgador puede interpretar el sentido de la promoción respectiva para determinar con precisión la voluntad del recurrente; para tal efecto, debe considerar en su integridad el escrito presentado, tomando en cuenta la norma que, en su caso, fundamente su promoción, lo aducido en su escrito respecto de la vía que intenta, así como lo esgrimido en los puntos petitorios; y, en caso de que las expresiones resulten incongruentes, para descubrir la voluntad de su autor, será necesario interpretar con sentido extensivo y no restrictivo; por lo que, si del análisis de la promoción interpuesta no resulta claro ni evidente que se haya optado por alguna vía específica de impugnación, por no fundarse en precepto legal alguno, y en un punto petitorio se aduce que la intención es hacer valer el recurso que legalmente proceda en contra de la resolución impugnada, y del estudio de ésta se deriva que el medio de defensa procedente es el recurso de reclamación, deberá considerarse a éste como el interpuesto. Lo anterior no implica acto alguno de suplencia ni cambio de la vía confusamente elegida, ni tampoco, la alteración de los hechos o agravios expuestos, pues solamente se analiza la promoción para desentrañar lo que realmente quisieron decir sus autores, por lo que, cumplido tal propósito, debe imperar el principio jurídico de congruencia que, en su aspecto formal, manda obrar conforme a lo pedido." Así entonces, si el único motivo que tomó en consideración el juez responsable para desechar el medio de defensa de que se trata, fue que el quejoso no mencionó cuál era el recurso que pretendía hacer valer, sin examinar el contenido íntegro de la promoción por la que se pretendía impugnar el auto de ocho de febrero de dos mil dieciocho, entonces, se vulneraron en perjuicio de la parte quejosa los principios de legalidad y seguridad jurídica contenidos en el artículo 16 de la Constitución Federal. De consiguiente, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que el juez responsable deje insubsistente el proveído de dieciséis de febrero del año en curso, sólo en lo relativo al desechamiento del medio de defensa interpuesto por el quejoso, y examine en su integridad la promoción a través de la cual se interpuso el aludido medio de defensa, para luego, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que considere en derecho. En la inteligencia de que deberá tomar en consideración que debe suplir la deficiencia de los planteamientos de derecho formulados por la parte recurrente, y que en el caso se ventilan derechos de menores, a favor de quienes procede la suplencia de la queja en toda su amplitud y con independencia de Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Luis Gerardo Galván Cortés y a la menor MAGA, contra el acto que reclama del Juez Primero del Ramo Familiar de esta ciudad, para el efecto de que el juez responsable deje insubsistente el proveído de dieciséis de febrero del año en curso, sólo en lo relativo al desechamiento del medio de defensa interpuesto por el quejoso, y examine en su integridad la promoción a través de la cual se interpuso el aludido medio de defensa, para luego, con libertad de jurisdicción, resuelva lo que considere en derecho. Notifíquese personalmente.

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