Luis Gerardo Flores Lopez

Expediente 39/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 8 actuaciones registradas, la última del 30 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
39/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
30/01/2023

Partes del expediente

  • Luis Gerardo Flores Lopez
  • Conrado Vazquez Marroquín
  • Guillermo Florez Herrera
  • Carlos Rios Zazueta
  • Omar Machado Sillas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Se establece que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURABLE, una vez que transcurran seis meses, contados a partir de la fecha en que se ordenó el archivo, por tratarse de un cuaderno de antecedentes, y carecer de relevancia documental.

  2. Principal

    Toda vez que mediante acuerdo de veintiséis de febrero del año en curso, el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, aceptó la competencia planteada por este órgano jurisdiccional para conocer de la demanda de amparo promovida por--- y otros, previa copia que de las promociones de cuenta se dejen glosadas en autos para constancia legal, se ordena remitir sus originales al juzgado de mérito para que se encuentre en aptitud de proveer lo conducente.

  3. Principal

    Se ordena notificar el auto de diecisiete de febrero del año en curso , el presente acuerdo, así como las subsecuentes actuaciones aún las de carácter personal a la parte quejosa, por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado Federal. En virtud de lo anterior se notifica por lista el auto referido que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por----------------------------------------------------------- , mediante la cual solicitan el Amparo y Protección de la Justicia Federal, contra actos del Comisionado del Órgano Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad y otras autoridades. ? Registro de la demanda. Fórmese el expediente de amparo correspondiente y regístrese en el libro de gobierno bajo el número que le corresponda. De la suspensión de plano. Con fundamento en el artículo 126, de la Ley de Amparo y en virtud de que lo que se reclama son actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concede la suspensión de plano y de oficio, para el efecto de que los quejosos no sean trasladados a algún otro lugar de reclusión de aquel donde se encuentran, debiendo permanecer en el sitio donde dicen que guardaban reclusión, esto es, en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro "Noroeste", con sede en Tepic, Nayarit. Se requiere a las autoridades responsables para que, en el término de veinticuatro horas, informen a este Juzgado sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano, en relación con los artículos 103 y 107 Constitucionales, significándoles que queda a cargo y bajo su responsabilidad la integridad de los quejosos. Sin embargo, en razón de que es factible que puedan sobrevenir cuestiones de orden público que, por ahora, se desconocen, a fin de que con esta decisión no se vulneren ese tipo de aspectos es preciso delimitar las condiciones en las que no surte efectos la medida cautelar. De acuerdo a los requisitos que señala el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, se encuentra el que la medida cautelar no siga perjuicio al interés social ni contravenga disposiciones de orden público; por ello, si se está en un caso de éstos, la medida cautelar decretada no surtirá efecto legal alguno y estos casos, de manera enunciativa pero no limitativa serían los siguientes, cuando: a) Exista peligro inminente de un motín o conflicto que pueda derivar en agresiones o violencia en el interior del lugar de reclusión. b) Si se decretó la medida por una cuestión de salud, por la que se pretenda salvaguardar la de los internos y del personal del lugar de reclusión. c) Si la orden se emitió para impedir la comisión de cualquier tipo de delitos. d) Si se trata de una medida adoptada para atender una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos, sea estatal o nacional. e) En el caso de que la conducta de un interno sea particular y potencialmente peligrosa respecto de los funcionarios del reclusorio, visitantes e internos, bajo la responsabilidad de las autoridades responsables. f) En el supuesto que la orden de traslado se haya emitido para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 18 Constitucional, esto es, mantener en prisión preventiva a los quejosos, en lugares adecuados para ello. Asimismo, no surtirá efectos en cualquier otro caso, en donde se presente una situación análoga en la que se pueda seguir perjuicio al interés social o contravenir disposiciones de orden público pero, bajo la estricta responsabilidad de las autoridades responsables. Se apercibe a las responsables, que de no cumplir con lo anterior u omitir rendir su informe, les será impuesta una multa hasta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I en relación con los diversos numerales 238, 239 y 259, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Representante común. Al tratarse de una demanda de amparo promovida por diversos quejosos con un interés común, este juzgado federal, en términos del numeral 13 de la Ley de Amparo designa como representante común de los promoventes al primero de ellos ----------------------------------? Incompetencia. Este Juzgado Federal estima que carece de competencia legal para conocer del presente juicio constitucional, por las siguientes consideraciones. En principio, resulta preciso destacar que las cuestiones de competencia son de orden público, previo, especial y oficioso pronunciamiento, por imperativo del artículo 16 constitucional. El artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De este dispositivo se obtiene, en lo que interesa, que en relación con los actos reclamados que requieran ejecución material, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se haya ejecutado el acto reclamado, como acontece en la especie. En efecto, del sobre que contiene la demanda de amparo, se advierte que los mismos actualmente se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro "Noroeste", con sede en Tepic, Nayarit. En ese sentido, resulta dable destacar que los actos reclamados consisten esencialmente en la orden de traslado y la ejecución de la misma, del lugar de reclusión donde se encuentran los quejosos. Como se observa el acto reclamado tiene su ejecución en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro "Noroeste" con sede en Tepic, Nayarit, lugar donde se encuentran recluidos los quejosos, sin que se advierta que las autoridades responsables que señalan los promoventes tengan residencia en el territorio donde este juzgado ejerce su jurisdicción, atento a lo cual, se reitera que este Juzgado Federal carece de competencia legal para conocer del presente asunto y por ende resulte competente para conocer del presente juicio de amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro "Noroeste", con residencia en Tepic, Nayarit. En tales condiciones, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, este Órgano de Control Jurisdiccional declina la competencia para conocer del asunto a favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, en turno, a quien se ordena remitir el expediente original en que se actúa, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 64/2019, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo I, página 899, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA ORDEN DE TRASLADO DE UN INTERNO DE UN CENTRO DE RECLUSIÓN A OTRO, CUANDO SÓLO SE TIENE NOTICIA CIERTA DEL LUGAR DONDE COMENZARÁ LA EJECUCIÓN DE ESE ACTO, PERO NO DEL SITIO DONDE CONTINUARÁ EJECUTÁNDOSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON RESIDENCIA EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO SE ENCUENTRE RECLUIDO. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 90/2007-PS, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 35/2008, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO INTERPUESTO CONTRA UNA ORDEN DE TRASLADO DE UN REO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO.", determinó que, la orden para trasladar a un reo de un centro de reclusión a otro, por su naturaleza jurídica, es un acto de tracto sucesivo, pues sus efectos no se agotan con su sola emisión, sino que se prolongan en el tiempo con motivo de su ejecución, la cual culmina hasta que es ingresado en el otro centro penitenciario; dicho criterio tomó como referencia lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada, cuyo contenido es similar a la regla competencial prevista en el segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo vigente. En esa ocasión no se analizó si tal porción normativa resultaba aplicable para determinar qué Juez de Distrito es el legalmente competente por razón de territorio para conocer de una demanda de amparo indirecto promovida contra la orden de traslado de un interno de un centro penitenciario a otro, ubicado en un Distrito Judicial distinto, cuando sólo se tiene noticia cierta sobre el lugar donde comenzará la ejecución de ese acto, pero no del sitio donde continuará ejecutándose. Así, para esta Primera Sala en ese caso específico no puede aplicarse esa regla competencial, dado que su actualización parte de la existencia de datos objetivos que permitan colegir que el acto reclamado tendrá ejecución en un Distrito Judicial distinto del cual se tenga noticia cierta. De no constar esa información, la competencia para conocer del asunto corresponderá al Juez de Distrito con residencia en el lugar donde el quejoso se encuentre recluido, en términos del párrafo primero del mencionado artículo 37, pues no hay duda de que ahí se iniciará a materializar ese acto de autoridad y no se sabe si tal traslado será o no a un Distrito Judicial distinto. De lo contrario, la delimitación de la competencia territorial quedaría a voluntad del quejoso, quien estaría en condiciones de presentar la demanda en un lugar distinto al sitio donde está recluido, bajo la sola manifestación, no corroborada de que la citada orden de traslado "podría" ejecutarse en aquella demarcación territorial, sin importar si efectivamente esto será o no así. Por tanto, la regla prevista en el párrafo segundo del artículo 37 de la Ley de Amparo para decidir qué Juez de Distrito es el competente para conocer del asunto, a prevención, sólo es aplicable cuando el traslado: a) efectivamente sea a un centro de reclusión ubicado en un distinto Distrito Judicial; y b) se tenga noticia cierta del Distrito Judicial al que se trasladará". Ahora, tomando en consideración que los quejosos ------------------------------------------- encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro "Noroeste", con residencia en Tepic, Nayarit; de conformidad con los numerales 27 fracción II, de la Ley de Amparo y 107, 108, 109, 110 y 111, del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que Regula los Servicios Tecnológicos relativos a la Tramitación Electrónica del Juicio de Amparo, las Comunicaciones Oficiales y los Procesos de Oralidad Penal en los Centros de Justicia Penal Federal, envíese a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, la comunicación oficial correspondiente a efecto de que el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, en turno, en auxilio de las labores de este Juzgado de Distrito, comisione a quien corresponda para que se constituya en dicho centro penitenciario federal y notifique personalmente el presente acuerdo al representante común de los peticionarios de amparo. Solicitando al juez que se encargue de diligenciar el presente exhorto, habilite días y horas inhábiles para realizar lo encomendado. Hecho lo anterior, de no tener inconveniente legal alguno lo devuelva a la brevedad posible con las constancias relativas a la diligencia del mismo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que establece que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones que hayan causado estado o ejecutoria, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que haya lugar. ? Publicación de datos personales. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 8 y 9 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual fue publicada en cuatro de mayo de dos mil quince, en relación con los numerales 5°, 6°, 7°, 8° y 9° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, se señala a las partes que podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar sí contienen información de carácter reservada o confidencial, para los efectos legales a que se contraen los aludidos numerales. De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilita a los Actuarios adscritos para que en su caso realicen las notificaciones inclusive en días y horas inhábiles. Se ordena formar el cuaderno de antecedentes respectivo.

  4. Principal

    Se ordena remitir las documentales a que se hace referencia.

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