Luis Gerardo Brito Martinez

Expediente 1144/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1144/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
01/09/2021

Partes del expediente

  • Luis Gerardo Brito Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, uno de septiembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal del presente expediente, del que se advierte que mediante proveído de ocho de julio de la presente anualidad, se ordenó su archivo como asunto totalmente concluido; por ende, no existe razón alguna para que continúen en la Secretaría de este Juzgado, las constancias que remitió el Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, para justificar la legalidad de su actuar, por lo cual, devuélvanse a su lugar de origen, para los efectos legales conducentes, sin que sea necesario que dicha autoridad acuse de recibido el anexo que al efecto se ordena remitir. Cúmplase.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, contra el acuerdo en el que se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento al artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado punto artículo, éste debe ser DESTRUIBLE, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Finalmente, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse.

  3. Principal

    Visto oficio 3323, remitido por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, derivado del juicio de amparo directo 366/2021, al que adjunta la demanda de amparo promovida por Luis Gerardo Brito Martínez, así como el original del expediente 685/2018, del índice del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado; al respecto, se acuerda: Toda vez que en el referido juicio de amparo directo, la Superioridad, en resolución de diez de junio anterior, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda promovida por el citado Brito Martínez, declinando competencia a favor del Juzgado de Distrito en turno en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad de Mérida; por tanto, este órgano de control constitucional se avoca al conocimiento de la referida demanda de amparo; en esa virtud, acúsese el recibo de estilo, vía interconexión. Por tanto, vista la demanda de amparo promovida por Luis Gerardo Brito Martínez, contra el acto que reclama del Juez Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán; fórmese expediente; y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado como juicio de amparo 1144/2021-VII. Sentado lo anterior, en el caso, se aprecia un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, del que se estima procedente desechar de plano la demanda de mérito. Primeramente, se estima conveniente precisar que la parte quejosa reclama en su demanda de amparo, medularmente, la determinación de veintiocho de enero de dos mil veinte, emitida por el Juez responsable en el expediente 685/2018, en la que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso contra el auto de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, en el que no se accedió a tener por señalado como nuevo domicilio para notificar a la demandada, el lugar donde trabaja, y se le hizo saber que se esté a la prevención hecha en auto de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, en relación a que agote los recursos necesarios, así como que ofrezca la información testimonial para acreditar que Aída Margarita Pumares Pech, en lo personal y como representante de la sucesión de Carlos Jacinto Pumarez Guzmán o Carlos Jacinto Pumares Guzmán o Carlos Pumares Guzmán o Carlos Pumarez Guzmán, es de domicilio ignorado. En ese sentido, en principio, este órgano de control constitucional estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo; en virtud de que, al tratarse de una actuación dentro de juicio, el amparo indirecto únicamente procede contra actos cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En efecto, los artículos 107, Constitucional, fracción III, inciso b), 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, disponen lo siguiente: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: .III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: .b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: ...V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Lo dispuesto en el segundo artículo trascrito, debe interpretarse en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo que en forma enunciativa prevé dicho numeral, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las veintidós fracciones anteriores del artículo 61 de la ley de la materia, solo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Asimismo, de los diversos artículos transcritos se advierte, entre otras cosas, que el juicio de amparo promovido contra actos judiciales, esto es, contra actos dictados en un procedimiento jurisdiccional, será procedente únicamente contra actos que producen una afectación de imposible reparación. A contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando en la instancia constitucional no se reclamen actos ocurridos dentro del juicio, que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; habida cuenta que el juicio de amparo indirecto contra actos dentro del proceso es de carácter excepcional. Ahora bien, sobre el concepto de ejecución de imposible reparación, debe señalarse que la propia Ley de Amparo establece que son aquellos actos dictados dentro del juicio que afectan de modo directo e inmediato alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, por lo que no tienen tal característica los que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Esto significa que los actos en juicio tienen una ejecución de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución y tratados internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, entre otras, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Apoya a lo anterior la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), emitida por el Tribunal del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 2006589, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En cambio, las meras violaciones procesales no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado. En este apartado, conviene precisar que las violaciones procesales ocurridas dentro del juicio son impugnables, ordinariamente, en amparo directo, cuando se reclama la sentencia definitiva. Luego, si llegado el momento de dilucidar si es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta, no se actualiza alguno de los enunciados supuestos, el juicio de derechos fundamentales será improcedente y, en tal condición, el peticionario de amparo deberá esperar hasta que se dicte la resolución definitiva, entendida ésta como la que decida el juicio en lo principal, y respecto de la cual las leyes comunes no concedan algún recurso ordinario por virtud del cual pueda ser modificado o revocado; así, una vez emitida la resolución que revista tal característica, estará en aptitud de controvertir la posible violación cometida a través de la vía directa del juicio de amparo, conforme a las reglas previstas en los artículos 170 a 172 y 174 de la Ley de Amparo. En otras palabras, cuando se reclaman en amparo indirecto actos dictados dentro de un procedimiento que aún no se ha concluido, resulta indispensable que los daños causados por éstos sean de imposible reparación, esto es, que incidan inmediatamente en alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución Federal y tratados internacionales y no en los adjetivos. Debiéndose entender por los primeros, aquéllos que lesionan los derechos fundamentales del agraviado, mismos que se encuentran tutelados en la Constitución Federal y tratados internacionales, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga una sentencia favorable en el juicio; por el contrario, los derechos adjetivos son aquéllos que solamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal, puesto que inciden dentro del procedimiento legal de acuerdo a cómo se va desarrollando éste, debido a la intervención de las partes con la finalidad de obtener una sentencia favorable, por lo que si ésta se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación a los derechos sustantivos del particular. Bajo este óptica, el prototipo de los primeros (actos irreparables) está en la infracción de los derechos sustantivos. En tanto que el supuesto de los segundos (actos reparables), se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que solo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Esto es, en el supuesto de que la parte quejosa obtenga una sentencia favorable a sus intereses en el juicio de origen, los efectos de la violación procesal de que se duele desaparecerían, y solo trascenderán en el caso de que la sentencia definitiva fuese contraria, afectando de esta manera sus derechos sustantivos, y en ese momento será cuando la violación de que se duele deberá de combatirla mediante el juicio de amparo directo. En efecto, estos actos en el momento en que se producen, no afectan de manera irremediable algún derecho fundamental contenido en las garantías individuales, sino que tan solo crean la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolverse la controversia en la medida en que influyan o sean tomados en cuenta para que el resultado del fallo sea adverso a los intereses del afectado. Por esta razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia definitiva para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el tribunal colegiado, siempre que, como ya se mencionó, afecten las defensas del quejoso y trasciendan al resultado del fallo adverso. Ahora bien, el acto reclamado de la Juez responsable, consiste en la determinación de veintiocho de enero de dos mil veinte, emitida en el expediente 685/2018, en la que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por el aquí quejoso contra el auto de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, en el que no se accedió a tener por señalado como nuevo domicilio para notificar a la demandada, el lugar donde trabaja, y se le hizo saber que se esté a la prevención hecha en auto de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, en relación a que agote los recursos necesarios, así como que ofrezca la información testimonial para acreditar que Aída Margarita Pumares Pech, en lo personal y como representante de la sucesión de Carlos Jacinto Pumarez Guzmán o Carlos Jacinto Pumares Guzmán o Carlos Pumares Guzmán o Carlos Pumarez Guzmán, es de domicilio ignorado. De lo anterior, se evidencia que los elementos de la definición de ejecución irreparable no se actualizan en el acto reclamado, por lo siguiente: En el particular, resulta claro que el proveído reclamado que declaró improcedente el recurso de revocación interpuesto por el quejoso y le indicó que se estuviera a la prevención hecha en auto de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, en relación a que agote los recursos necesarios, así como que ofrezca la información testimonial para acreditar que Aída Margarita Pumares Pech, en lo personal y como representante de la precitada sucesión, es de domicilio ignorado; no debe ser considerado como un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación. Ello, en virtud de que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución y tratados internacionales; esto es, no se plantea la infracción de derechos sustantivos, sino la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales, precisamente porque se trata de violaciones a las leyes que rigen el procedimiento reclamables a través del juicio de amparo directo, siempre y cuando trasciendan al resultado del fallo. Lo anterior es así, porque de existir alguna infracción al haberse requerido al actor, aquí quejoso, para que ofrezca los medios de prueba necesarios para demostrar que la representante de la citada sucesión es de domicilio ignorado, constituiría, en todo caso, una violación al procedimiento, susceptible de ser reparada en la sentencia definitiva que se dicte en el juicio de origen. Y en su caso, dicha violación solo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo, en términos del artículo 172 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, el acto reclamado no es uno de los casos en contra de los cuales proceda el amparo indirecto ante el Juez de Distrito, porque no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación. Por tanto, con dicho acto solo se pueden afectar los derechos procesales de la parte quejosa, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros. Ilustra las consideraciones anteriores, por identidad de razón, la jurisprudencia 3a. 20/90, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con número de registro 207226 de rubro: "PRUEBAS. SU ADMISIÓN, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO." Así como, por las razones en ella contenidas, la diversa tesis visible en la página 2888, del Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo IV, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dispone: "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO CONSTITUYE EL AUTO QUE NO AUTORIZA EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES, PUES NO AFECTA MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS Y, POR ENDE, EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO EN VIGOR A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme al artículo 107, fracción V, de la citada ley, el juicio de amparo indirecto procede contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por otro lado, en la praxis judicial se desarrollaron criterios que interpretaban la Ley de Amparo abrogada, específicamente, tratándose de actos de imposible reparación, los que se situaban como tales, tanto a los que afectaran derechos sustantivos como a los adjetivos o procesales que ocasionaran una afectación exorbitante o en grado superior, y ahora en la Ley de Amparo vigente se acota expresamente a los primeros, por lo que, debe entenderse que ante esa limitación, los referidos en segundo lugar no podrán combatirse a través del juicio de amparo indirecto, toda vez que no fueron incorporados al texto del precepto en análisis. Entonces, el auto que no autoriza el domicilio señalado por el quejoso para oír y recibir notificaciones, no afecta materialmente derechos sustantivos, pues el efecto de esa decisión es la continuación del juicio, en su caso, hasta el dictado de la sentencia definitiva y, contra ella, puede hacerse valer en amparo directo, como violación procesal, previa impugnación de dicho auto mediante el recurso correspondiente, en términos del artículo 171 de la Ley de Amparo. En esas condiciones, el referido auto no constituye un acto de imposible reparación y, por ende, en su contra es improcedente el amparo indirecto." Luego, será, en su caso, hasta el pronunciamiento de la sentencia definitiva de origen, cuando pudiera influir o no en el sentido de la decisión del Juzgador y, por ello, hasta entonces se podrá actualizar la posibilidad de que la pretendida violación procesal llegara a trascender al resultado del fallo, y dar lugar, así, a una afectación de derechos sustantivos, si la sentencia es adversa a los intereses de la parte quejosa. En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto que afecte derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, aplicada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, para poder ser impugnado, de inmediato, a través del juicio de amparo indirecto. En esa tesitura, el acto reclamado no produce al quejoso de manera inmediata una afectación a sus derechos fundamentales que sea de imposible reparación, dado que se trata de una cuestión de índole procesal, que solamente repercute en el propio procedimiento, pero que no afecta algún derecho sustantivo, en razón de que existe la posibilidad de que el quejoso obtenga un fallo definitivo favorable a sus intereses, con lo que desaparecerían los efectos de la supuesta infracción que señala y su esfera jurídica quedaría intocada. Por ende, será hasta que se dicte la sentencia definitiva que resuelva la controversia respectiva cuando pueda apreciarse si el proceder de la autoridad responsable vulneró o no las defensas de la parte inconforme y, en su caso, si la supuesta violación trascendió al resultado de ese fallo, pues en tal supuesto entonces sí tendría la posibilidad de combatirla vía amparo directo, si ésta resultara adversa a sus intereses. Así, es inconcuso que el acto reclamado no genera en sí mismo la irreparabilidad que exige la fracción V del numeral 107 de la Ley de Amparo, para que pueda ser reclamable inmediatamente en la vía indirecta. Esta afirmación se corrobora al tener en cuenta que la situación impugnada por la parte quejosa desaparecerá del mundo fáctico sin trascender a su esfera jurídica en caso de que obtenga una sentencia favorable a sus intereses en la causa judicial de origen; circunstancia que, demuestra la ausencia de una afectación irreparable. Los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta que no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes de admitirse la demanda de amparo. Máxime, que la determinación reclamada únicamente produce una dilación en la prosecución del juicio natural, la cual no se estima violatoria de derechos sustantivos sino, como se dijo, meramente contraviene derechos adjetivos, por lo que, se insiste, no es susceptible de reclamarse mediante el juicio de amparo indirecto. En las relacionadas condiciones, se insiste, la actuación que por esta vía constitucional se reclama, es un acto emitido dentro del juicio que no tiene el carácter de imposible reparación, al no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; lo que motiva que la demanda que nos atañe, deba ser desechada. En mérito de lo anterior, se concluye que en el caso se actualiza la causal de improcedencia antes ponderada, lo que obliga a desechar la demanda por notoriamente improcedente, con apoyo en el trascrito numeral 113 de la propia ley. Por otra parte, como lo señala la parte quejosa, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado para tal efecto en su escrito de demanda; y como sus autorizadas, a las personas expresamente designadas, con las facultades conferidas. Finalmente, desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales.

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