Luis Gerardo Aragón Luna

Expediente 1756/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1756/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Luis Gerardo Aragón Luna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Incidental

    Mérida, Yucatán, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de los autos y la razón de cuenta que antecede, se acuerda: se tiene por recibido del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, el oficio con el que transcribe el acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, dictado por ese tribunal en la queja ********************, relativa al recurso interpuesto por la parte quejosa, contra el acuerdo de catorce de noviembre de dos mil veintitrés, dictada en esos autos; del que aparece que la citada Superioridad, por los motivos que expuso, desechó el aludido recurso. Acúsese recibo vía interconexión y hágase las anotaciones correspondientes el libro de gobierno respectivo. Notifíquese y cúmplase.

  2. Incidental

    VISTO para resolver el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 1756/2023-I-A, promovido por ********************. RESULTANDO PRIMERO. Solicitud de la suspensión. En la correspondiente demanda de amparo, ******************** solicitó la suspensión definitiva del acto que reclamó del ********************, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero ******************** y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México. SEGUNDO. Apertura del incidente de suspensión. Por acuerdo dictado en el juicio principal el catorce de noviembre de dos mil veintitrés, se ordenó tramitar el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, mediante proveído de la propia fecha, se abrieron los presentes autos. Asimismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual tiene verificativo en términos del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se proceden a fijar de manera clara y precisa el acto que la parte quejosa reclama, consistente en: La orden de bloqueo y/o inmovilización de los fondos existentes en las cuentas bancarias "********************", número ********************, con clave interbancaria 0729100********************1; "********************", número ********************, con clave interbancaria 0729100********************5 y "********************", número ********************. SEGUNDO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto que se reclama del ********************, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero ******************** y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México, toda vez que a la fecha no se tiene conocimiento de que hubieran rendido sus informes previos. Lo anterior, no obstante haber sido debidamente notificados, como se demuestra con las constancias respectivas, las cuales obran agregadas en autos; por lo que para el único efecto de resolver sobre la suspensión, opera en su contra la presunción de certeza prevista en el artículo 142 de la Ley de Amparo. TERCERO. Medida cautelar. En cuanto a la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, previamente se debe analizar la naturaleza de los actos reclamados, los cuales tienen el carácter de ser consumados con efectos positivos, por lo que sólo respecto de estos últimos sería factible verificar sobre la procedencia de la suspensión, toda vez que en cuanto a la emisión del acto ya se llevó a cabo y la legalidad del mismo será analizada, en su caso, al momento de dictar la sentencia definitiva; sin embargo, respecto de los efectos y consecuencias del acto, sí es procedente el análisis en este momento de la medida cautelar; pero para ello, en primer lugar, debe atenderse si se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el cual señala lo siguiente: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos Siguientes: Que la solicite el quejoso; y Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado". Del precepto transcrito se observa que los actos reclamados en el juicio de amparo son susceptibles de ser suspendidos, siempre y cuando se reúnan los dos requisitos que ahí se prevén; por ende, si alguno de tales requisitos no se satisface, resulta irrelevante que los demás se cumplan, pues sólo la concomitancia de las dos exigencias señaladas permitirá que se decrete la suspensión de los actos reclamados. Por tanto, conforme al citado dispositivo de la Ley de Amparo, para que se otorgue la suspensión, es necesario que la solicite el agraviado y que no se siga perjuicio al interés social ni se Contravengan disposiciones de orden público. Asimismo, cabe señalar que la suspensión de los actos reclamados constituye una providencia cautelar en los procedimientos de amparo, de carácter meramente instrumental, para preservar la materia del juicio de amparo. El objeto primordial de dicha providencia cautelar es mantener viva la materia del juicio constitucional, impidiendo que el o los actos que la motivan, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el gobernado la protección de la Justicia Federal, evitando así los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudiera ocasionarle. En este tenor, toda vez que del análisis integral de la demanda de amparo se desprende, que la parte quejosa solicitó expresamente el otorgamiento de la medida cautelar y demostró el interés suspensional. Lo anterior, con los documentos exhibidos con su ocurso petitorio de amparo, consistentes en la copia impresa del estado de cuenta a nombre del quejoso y expedido por ********************, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero ********************, con sede en esta ciudad, correspondiente al periodo del dos de septiembre al uno de octubre de dos mil veintitrés, relativo a las cuentas "********************", número ********************, con clave interbancaria 0729100********************1; "********************", número ********************, con clave interbancaria 0729100********************5 y "********************", número ********************; las que tienen valor probatorio de conformidad con los artículos 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de constancias de comprobante electrónico que contienen los datos que corroboran su fiabilidad, como lo son la cadena de autentificación y código QR. También se satisface el segundo de los requisitos citados, ya que con la suspensión de tales efectos y consecuencias no se advierte que se siga una afectación al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público en términos de la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 138, pues no se está en alguno de los supuestos precisados en el artículo 129 de la ley de la materia. Además, la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora conllevan, como antes se dijo, al dictado de medidas que implican no una restitución, sino un adelanto provisional del derecho cuestionado, para resolver posteriormente, en forma definitiva, si el acto reclamado es o no inconstitucional, máxime que para conceder la suspensión deberá tomarse en cuenta la naturaleza de la violación alegada, lo que supone la necesidad de realizar un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho esgrimido. CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA En consecuencia, toda vez que la parte quejosa manifestó ignorar la clase de procedimiento o juicio del que emanan los actos reclamados, se hace el siguiente pronunciamiento. Para el caso de que se trate de un procedimiento administrativo de ejecución de carácter fiscal, se concede la suspensión definitiva solicitada, para el efecto de que el quejoso tenga libre disposición de las cuentas bancarias "********************", número ********************, con clave interbancaria 0729100********************1; "********************", número ********************, con clave interbancaria 0729100********************5 y "********************", número ********************, de la institución ********************, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero ********************, con sede en esta ciudad, hasta que se notifique respecto de la resolución definitiva que se dicte en el expediente principal del que deriva este incidente. Sin embargo, con fundamento en el artículo 135 primer párrafo, de la Ley de Amparo, la medida cautelar decretada para que continúe surtiendo sus efectos deberá constituir la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. En apoyo de lo anterior, se cita la tesis IV.2o.A.259 A, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Del Cuarto Circuito, visible en la foja 3132, del Tomo XXX, Septiembre de 2009, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 166434, que establece: "EMBARGO PRECAUTORIO O ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN EN SU CONTRA CUANDO EXISTE UN CRÉDITO FISCAL LÍQUIDO Y EXIGIBLE, PARA QUE SE PERMITA AL CONTRIBUYENTE MANEJARLAS LIBREMENTE, SIEMPRE QUE OTORGUE GARANTÍA EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con los principios de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora en que descansa toda medida cautelar, con el artículo 124 de la Ley de Amparo y, entendida a contrario sensu, con la jurisprudencia 2a./J. 26/2007 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, marzo de 2007, página 299, de rubro: "CUENTAS BANCARIAS. LA SUSPENSIÓN CONTRA SU EMBARGO PRECAUTORIO SURTE EFECTOS SIN GARANTÍA ALGUNA.", procede la suspensión cuando en el juicio de garantías se impugna el embargo precautorio o aseguramiento de cuentas bancarias y existe un crédito fiscal líquido y exigible, para que se permita al contribuyente manejarlas libremente, siempre que otorgue garantía en términos del artículo 135 de la Ley de Amparo, sin que con ello se estén dando efectos restitutorios a dicha medida. Lo anterior es así, porque llegado el momento de resolver el juicio de amparo en lo principal, habrá de analizarse la legalidad o ilegalidad de dicho embargo y porque el depósito del total en efectivo de la cantidad (crédito fiscal), a nombre de la Tesorería de la Federación lo sustituye, de tal suerte que en el supuesto de que se niegue el amparo al estimar legal tal embargo, el monto del crédito fiscal habrá quedado garantizado, máxime porque el mencionado depósito también debe cubrir multas, accesorios, entre otros, que se lleguen a causar, lo que evidencia que el libre manejo de las cuentas otorgado en función de la medida suspensional, no causa perjuicio alguno al fisco." En el entendido que, para el caso de no existir créditos fiscales líquidos y exigibles, de conformidad con el numeral 135 primer párrafo, interpretado en sentido contrario, no tendrá la obligación de exhibir garantía alguna para que surta efectos la medida cautelar concedida. Al respecto cobra aplicación la tesis I.15o.A.88 A, con el número de registro 170,801, publicada en la página 1702, tomo XXVI, Diciembre de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "CUENTAS BANCARIAS. LA SUSPENSIÓN CONTRA SU EMBARGO PRECAUTORIO PROCEDE PARA EL EFECTO DE QUE SE PERMITA AL QUEJOSO EL LIBRE MANEJO DE AQUÉLLAS, SIEMPRE QUE NO SE ENCUENTRE DEMOSTRADA LA EXISTENCIA DE UN CRÉDITO FISCAL LÍQUIDO Y EXIGIBLE. Conforme a los principios de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora en que descansa toda medida cautelar, es posible que ante un acto de autoridad que impide el ejercicio de un derecho y que al prolongarse en el tiempo puede causar un daño irreparable al quejoso, de estar acreditados esos presupuestos y, previamente, también los previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional conceda la medida con efectos positivos, esto es, para que se permita el libre ejercicio del derecho que se paralizó con el acto, lo que implica un adelanto provisional de los efectos de una hipotética concesión del amparo, sin perjuicio que de negarse la protección constitucional, la autoridad pueda continuar ejecutando el acto hasta su total cumplimiento. Sobre tales premisas, cuando en el juicio de garantías se reclama el embargo precautorio o aseguramiento de cuentas bancarias, sin que esté demostrada la existencia de un crédito fiscal líquido y exigible, reunidos los presupuestos mencionados resulta procedente que se otorgue la medida cautelar con efectos positivos que se traducen en el levantamiento del impedimento para manejar libremente las cuentas y, así, permitir la disposición de sus cantidades y valores, dado que en ese evento no es posible evidenciar un daño económico específico para la autoridad y, en cambio, de conservarse esa situación, se causarían al quejoso daños de imposible reparación, pues sin estar acreditado que es el titular de una deuda tributaria líquida y exigible que amerite la observancia de una medida de aseguramiento o embargo de bienes, sufriría la restricción temporal del libre ejercicio de su patrimonio, lo que no se le resarciría ni mediante el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, por haberse ya consumado irremediablemente los efectos temporales del acto de autoridad. En este sentido, la concesión de la suspensión sólo para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentren (medida cautelar negativa), esto es, para que tampoco la autoridad pueda disponer de las cantidades y valores de las cuentas, además de que toleraría que se prolongara el daño en el derecho del quejoso, sería ociosa e inútil, ya que de cualquier manera, la facultad de la autoridad para disponer de los valores de las cuentas únicamente podría nacer de un crédito fiscal líquido y exigible cuya existencia en ese caso no está demostrada." Y la Jurisprudencia 2a./J.26/2007, con el número de registro 173,061, publicada en la página 299, tomo XXV, Marzo de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "CUENTAS BANCARIAS. LA SUSPENSIÓN CONTRA SU EMBARGO PRECAUTORIO SURTE EFECTOS SIN GARANTÍA ALGUNA. De los artículos 125 y 135 de la Ley de Amparo se advierte que tratándose de la materia tributaria, para que la suspensión surta efectos, la quejosa debe garantizar el interés fiscal cuando previamente se ha determinado algún crédito por la autoridad o, en su caso, puedan causarse daños y perjuicios a un tercero. En esa virtud, cabe concluir que la suspensión contra el embargo precautorio a cuentas bancarias del contribuyente efectuado por la autoridad fiscal, al actualizarse el supuesto del artículo 145, fracción III, del Código Fiscal de la Federación (actualmente 145-A, fracción III), esto es, sin existir crédito fiscal y por haberse negado a proporcionar la contabilidad que acredite el cumplimiento de las disposiciones fiscales, la medida cautelar surte efectos sin necesidad de otorgar garantía, sin prejuzgar sobre las consecuencias fiscales que pudieran actualizarse por la conducta omisiva del contribuyente. Lo anterior es así, en virtud de que no existe crédito fiscal determinado ni tercero perjudicado que pudiera resultar afectado en términos del artículo 125 indicado, sin que pueda estimarse como tercero perjudicado a la autoridad fiscal, ya que ésta, conforme al artículo 11 de la Ley citada, tiene el carácter de autoridad responsable y no puede reunir ambas calidades en las mismas circunstancias." Para el caso de que el bloqueo y/o inmovilización de las cuentas bancarias derive de la ejecución de una sentencia o laudo, dictados en algún procedimiento civil, mercantil o laboral, se concede la suspensión definitiva solicitada respecto de los efectos y consecuencias que se traducen en la disposición del numerario en favor del acreedor correspondiente en el asunto, únicamente para el efecto de que no se realice movimiento alguno en relación al saldo afectado en las cuentas bancarias "********************", número ********************, con clave interbancaria 0729100********************1; "********************", número ********************, con clave interbancaria 0729100********************5 y "********************", número ********************, de la institución bancaria ********************, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero ********************, con sede en esta ciudad, hasta que se notifique respecto de la resolución definitiva que se dicte en el expediente principal del que deriva este incidente. FIJACIÓN DE GARANTÍA La medida cautelar surte sus efectos desde luego, como lo dispone el numeral 136, primer párrafo, de la referida Ley de Amparo, pero dejará de surtirlos si la parte quejosa no constituye depósito dentro del término de cinco días hábiles siguientes a aquél en que quede legalmente notificada de este proveído, de la cantidad discrecional de $40,000.00 (cuarenta mil pesos, moneda nacional), para garantizar posibles daños y perjuicios a terceros, que con la medida cautelar concedida podrían causarse si no se obtiene sentencia favorable en el juicio de amparo respectivo; decisión que encuentra fundamento en el artículo 132 de la Ley de Amparo, al no contar con mayores datos al momento. Garantía que deberá depositar en efectivo y a disposición de este Juzgado de Distrito, en la sucursal del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, de esta ciudad o en cualquiera de las formas establecidas en la ley que rija el acto reclamado. En el supuesto de que exhiba la garantía mediante billete de depósito, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, deberá ser a disposición de este Juzgado y contener la leyenda siguiente: "Otorgo autorización al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia para que solicite y reciba de la institución crediticia la información pertinente". Lo anterior, en cumplimiento con lo establecido en el artículo 883 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, publicado el dos de enero de dos mil quince. Si exhibe póliza de fianza, deberá ser a disposición de este Juzgado y a favor de la Tesorería de la Federación, como lo establece el artículo 45 de la Ley de Tesorería de la Federación y por tiempo indeterminado, conforme al precepto 126 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, y la compañía respectiva deberá comprometerse a sujetarse al trámite previsto en los numerales 279 a 282 del último ordenamiento para, en su caso, hacerla efectiva. Lo anterior, de conformidad con la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 15/2006, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del diecisiete de febrero de dos mil seis, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, correspondiente al mes de marzo de dos mil seis, publicada en la página 419, localizable con número de registro 175421, con el texto y rubro siguientes: "SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. EL JUZGADOR NO DEBE DETERMINAR LA NATURALEZA DE LA GARANTÍA QUE EL QUEJOSO HABRÁ DE EXHIBIR PARA QUE AQUÉLLA SURTA EFECTOS, SALVO LO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO. De lo previsto por los artículos 125, 126, 127, 128, 173 y 174 de la citada Ley, se advierte que el Juez de Distrito o la autoridad que conoce del juicio de garantías o de la suspensión no están facultados para determinar la naturaleza de la garantía o caución que deba presentar el quejoso para que surta efectos la suspensión del acto reclamado, por lo que basta determinen su monto para que se exhiba en cualquiera de las formas establecidas por la ley, salvo lo que establece el artículo 135 del mismo ordenamiento legal, respecto del cobro de contribuciones." En la inteligencia de que este órgano jurisdiccional no adquiere obligación alguna con relación a la obtención de intereses, rendimientos o contraprestaciones por la suma depositada, pues no genera intereses la garantía exhibida para que surta sus efectos la suspensión, como así deberá asentarse en el billete de referencia. Asimismo, dicho billete o póliza de fianza deberá contener los siguientes requisitos: Nombre del quejoso (depositante). Número de expediente dentro del que se gestiona la garantía. Juzgado ante el que se otorga la garantía. Concepto para el cual se exhibe la garantía. Importe por el cual se expidió el certificado o póliza para otorgar la garantía, y Fecha de expedición del certificado o póliza de garantía. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 138 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. SE CONCEDE a ********************, la suspensión definitiva del acto que reclamó del ********************, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero ******************** y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México, por los motivos y para los efectos precisados en el considerando tercero de esta resolución incidental. Notifíquese y cúmplase.

  3. Incidental

    Mérida, Yucatán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan estos autos incidentales, se acuerda: agréguese una copia del escrito remitido vía electrónica por el quejoso********************, y como lo solicita, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso b), 98, fracción I, 99 y 100 de la Ley de Amparo, téngasele interponiendo RECURSO DE QUEJA en contra del acuerdo de catorce de noviembre de dos mil veintitrés, dictado en los presentes autos. Mediante dicho proveído, por los motivos ahí expuestos, se concedió la suspensión provisional a la parte quejosa. Hágase saber a las demás partes la interposición del citado recurso, con entrega de una copia del escrito de mérito y remítase de inmediato, vía interconexión, la digitalización del escrito que contiene la expresión de agravios, al Tribunal Colegiado del Decimocuarto Circuito en Materia Administrativa, en turno, con residencia en esta ciudad, para lo que esa superioridad estime procedente resolver al respecto. Lo anterior, sin que exista necesidad de esperar a que obren en autos la totalidad de las constancias de notificación del presente proveído a las partes, en cumplimiento a lo que dispone la jurisprudencia 1a./J. 126/2022 (11a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el registro digital 2025397, Undécima Época, bajo el rubro: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN QUE TIENE EL JUEZ DE DISTRITO DE REMITIR EL RECURSO CON LAS CONSTANCIAS DE NOTIFICACIÓN DEL AUTO QUE LO TUVO POR INTERPUESTO, NO PUEDE SER UN IMPEDIMENTO PARA SEGUIR SU TRÁMITE [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 26/2017 (10a.)]. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios discrepantes sobre la aplicabilidad de la jurisprudencia 1a./J. 26/2017 (10a.), con relación a la procedencia del recurso de queja de carácter urgente. Así, uno de ellos consideró que la sustanciación del recurso se encuentra supeditada a que el Juez de Distrito remita al Tribunal Colegiado de Circuito las constancias de notificación a las partes del auto en el cual se tuvo por interpuesto el recurso, estimando la aplicabilidad del criterio jurisprudencial de manera implícita. En contraposición, el otro Tribunal Colegiado no aplicó la jurisprudencia porque consideró que era violatoria del derecho a la justicia pronta, centrando su argumentación en torno a la reforma al artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución General. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que si bien es cierto que para la sustanciación del recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, interpuesto en contra de la concesión o negativa de la suspensión de plano o provisional, existe la obligación establecida en el artículo 101, párrafo quinto, de la propia ley, en el sentido de que el Juez de Distrito debe remitir las constancias de notificación al Tribunal Colegiado de Circuito, también lo es que, en atención a los artículos 17, párrafo tercero, de la Constitución General y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no puede paralizarse el proceso so pretexto de que no se cuenta con las constancias de notificación, porque a la vez, existe un deber de dictar la resolución en un plazo de 48 horas. Justificación: Aun cuando esta Primera Sala en la jurisprudencia 1a./J. 26/2017 (10a.) había determinado que el trámite del recurso de queja de carácter urgente estaba supeditado a que el Juez de Distrito remitiera las constancias de notificación al Tribunal Colegiado de Circuito, lo cierto es que el criterio fue emitido antes de la reforma al artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución General, por lo que, de una reinterpretación del proceso, se considera que esta Sala interrumpe dicha jurisprudencia y, por tanto, es necesario hacer una reinterpretación del criterio contenido en ella para evitar una metodología que privilegie la forma sobre el fondo. Entonces, atendiendo a la inmediatez con la cual debe sustanciarse el recurso de queja de carácter urgente por ser interpuesto en contra de una determinación con relación a la suspensión de plano o provisional (medida cautelar que busca la protección de derechos humanos), la obstaculización de su trámite por un formalismo sería contrario al derecho a un recurso sencillo, rápido y efectivo, porque se privilegiaría un requisito que podría dejar sin efectividad al juicio de amparo." Desde este momento, se otorga a dicha Superioridad el acceso electrónico para la consulta del presente expediente. Por tanto, se ordena a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), haga las gestiones correspondientes en dicho sistema. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de noviembre de dos mil veintitrés. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Vista la demanda de amparo promovida por Luis Gerardo Aragón Luna, solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclama de la institución bancaria Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con sede en la Ciudad de México, que según se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo, como una facultad exclusiva del juzgador federal, son los siguientes: La orden de bloqueo y/o inmovilización de los fondos existentes en las cuenta bancarias "CTA ENLACE PERSONAL SALDO PROM", número 1092020732, con clave interbancaria 072910010920207321; "INVERSIÓN ENLACE PERSONAL", número 1092021999, con clave interbancaria 072910010920219995 y "CONTRATO SCAT", número 0506682087. FORMACIÓN EXPEDIENTE Y REGISTRO Al efecto, se acuerda: fórmese expediente, regístrese con el número 1756/2023-I-A, y anótese su ingreso en los Libros de Control del Sistema de Registro Electrónico de Expedientes de este Juzgado. ADMISIÓN DE LA DEMANDA Con fundamento en los artículos 1, 2, 3, 5, 35, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, SE ADMITE la demanda de referencia. SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO Con copia simple de la demanda de amparo fórmese el incidente de suspensión que se solicita, el cual se deberá integrar sin el duplicado, en términos del artículo 264 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las ONCE HORAS CON ONCE MINUTOS DEL VEINTE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. INFORME JUSTIFICADO Con fundamento en los artículos 116 y 117 de la citada Ley de Amparo, pídase informe justificado a la(s) autoridad(es) responsable(s), que deberá(n) rendir dentro del término de quince días siguientes a aquél en que reciba(n) el oficio en que se le(s) solicita, en el que se expresarán las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, al que se acompañarán, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para apoyarlo, como se establece en el invocado artículo 117 de la referida ley. Mandamiento que deberá(n) cumplir la(s) autoridad(es) responsable(s): a) De ser CIERTO el acto. A través de la vía ordinaria, entregando su informe ante la oficina de correspondencia respectiva, adjuntando, en su caso, las constancias con las que apoyen el sentido de su informe. b) ÚNICAMENTE de ser NEGATIVO el acto. Podrá enviarse vía electrónica a través del correo institucional de este órgano jurisdiccional 2jdo14cto@correo.cjf.gob.mx; o bien, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (con su firma electrónica FIREL); y, c) En caso de existir convenio celebrado con el Consejo de la Judicatura Federal, podrán remitirlo vía interconexión. Apercibida(s) que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá a la omisa una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, con cero centavos, moneda nacional), conforme a lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. TERCERO INTERESADO Por otro lado, no hizo manifestación alguna respecto de la existencia de algún tercero interesado; sin embargo, este Juzgado Federal se reserva, en su caso, emplazar al presente juicio como tercero interesado a quien le revista tal carácter, hasta que obren en autos los informes justificados de las autoridades responsables. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO Dese la intervención que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, a quien se hará entrega de copia simple de la demanda de amparo. CONOCIMIENTO DE CAUSAS DE IMPROCEDENCIA Hágase saber a las partes, que cuando tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten, lo anterior, con fundamento en el numeral 64 de la citada Ley de Amparo. Apercibidas que en caso de incumplimiento, se les impondrá una multa de treinta unidades de Medida y Actualización, a que se refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, en relación con lo que disponen los numerales 238 y 251 de la citada ley, equivalente a $3,112.20 (tres mil, ciento dos pesos, con veinte centavos, moneda nacional). PRUEBAS Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas como pruebas de la parte quejosa, las documentales que adjuntó a su escrito de demanda, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, las cuales se reservan para ser relacionadas y tomadas en consideración al celebrarse la audiencia constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala para tal fin en su demanda de amparo, y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de Ley de Amparo a OMAR GARCÍA HUANTE, MICHEL ANTONIO WABI DORBECKER, ISABEL DELGADO OLEA, JENNIFER LILIAN GRANIEL ADRIÁN, ARIADNA JAQUELINE MARTÍNEZ BAAS, PATRICIA GUADALUPE BRICEÑO CHAN, FRANKLIN OMAR SANGUINO SÁNCHEZ. JORGE GABRIEL TZAB CAMPO, EDGAR JESÚS EUAN BRAGA y ADDY EUGENIA VIVAS ALCALÁ. De igual forma a las diversas personas que designa, en los términos que indica. CORREO ELECTRÓNICO Y NÚMERO TELEFÓNICO De igual forma, en términos de lo dispuesto en el artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tienen por señalados como su cuenta de correo electrónico y su número telefónico, los que proporciona en su demanda, únicamente para establecer comunicaciones no procesales en caso de ser necesario. Sin que sea el caso ordenar que las notificaciones se realicen por esos medios, toda vez que no existe en la Ley de Amparo algún precepto que faculte a los actuarios de la adscripción realizarlas por esas vías. ACCESO AL EXPEDIENTE Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS Ahora bien, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo y en el numeral 35, 36, 37 y 40 Bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, reformado el siete de noviembre de dos mil veintidós, como lo solicita la parte interesada, se otorga autorización a los usuarios que indica, para que tengan acceso al expediente electrónico de este juicio y las notificaciones se le realicen vía electrónica, a través de dichos usuarios. En consecuencia, proceda la Secretaría a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Se hace saber a la parte interesada que, en términos del artículo 41 Bis del indicado acuerdo plenario, los autorizados para acceder a los expedientes judiciales deberán consultarlo en su versión electrónica y, al efecto, quienes carezcan de acceso al Portal o quienes no hayan solicitado esta modalidad de acceso conforme a lo previsto en los artículos precedentes, podrán hacerlo al acudir presencialmente al órgano jurisdiccional respectivo, donde se pondrá un equipo a su disposición y asesoría para que puedan llevar a cabo la consulta respectiva, desde una clave de usuario habilitado para ello. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL JUICIO EN LÍNEA Además, en atención a lo indicado en el artículo 263, fracción II, párrafo último, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de catorce de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes, a que con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. EN CASO DE DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA DE LEY Por otra parte, no habrá necesidad de emitir oficio a la autoridad responsable para notificarle el señalamiento de una nueva fecha y hora para el desahogo de la referida audiencia, porque tal determinación no tendrá la trascendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio. Por consiguiente, en caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional, la fecha y horas acordadas nuevamente para ese efecto, las podrán consultar en la página de internet: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm Con el objeto de facilitar su conocimiento y la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J 176/2012 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1253, Materia Común, Décima Época, enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." TRANSPARENCIA En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada ley. REPRODUCCIÓN DOCUMENTAL De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Por último, fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. TRAMITACIÓN VÍA ELECTRÓNICA Además, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. PRECISIÓN RESPECTO DE LAS COPIAS Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar las constancias conducentes que integran el presente juicio, en el entendido que las constancias que cuenten con su respectiva evidencia criptográfica, harán las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese y cúmplase.

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