Luis Garrido Aviles
Expediente 376/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 26 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 376/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 07/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Luis Garrido Aviles
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio firmado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con sede en Acapulco, por medio del cual adjunta copias certificadas del testimonio pronunciado en el recurso de queja penal 57/2023. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Ahora, apareciendo que por unanimidad de votos se resolvió bajo el siguiente punto: "ÚNICO. El recurso de queja es infundado." En consecuencia, se reanuda el procedimiento del juicio en que se actúa y se fijan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VIENTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Ahora, toda vez que por autos de catorce, veintidós, veintiocho, treinta de junio, ocho de julio de dos mil veintidós, veintisiete de febrero, uno, seis y nueve de marzo de dos mil veintitrés, se reservó proveer sobre diversos informes rendidos por las autoridades responsables, hasta en tanto se reanudara el procedimiento en el juicio en que se actúa, lo cual ya aconteció; por tanto se provee. Se tienen por recibidos los oficios firmados por el Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por instrucciones del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, Titular de Unidad de Asuntos Legales y Derechos Humanos de Prevención y Readaptación Social, en representación del Comisionado de Prevención y Readaptación Social (denominación correcta) y del Coordinador General de Centros Federales, Subsecretario de Prevención y Operación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Subconsejera de Atención a Procesos Jurídicos del Poder Ejecutivo en representación de la Gobernadora Constitucional del Estado de Guerrero, Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de los Bravo, Jefe de la Unidad de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por instrucciones del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, Director del Centro Regional de Reinserción Social de Chilpancingo, Guerrero, Subsecretario de Prevención y Operación Policial, a través del Comisario General y Director General de Reinserción Social del Estado de Guerrero, con fundamento en el numeral 117 de la Ley de Amparo, se les tiene rindiendo informe justificado; con su contenido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés convenga, sin perjuicio de su relación el día y hora en que tenga verificativo la audiencia constitucional. Se tiene como su domicilio oficial el que al efecto indican las autoridades que así lo hacen y como sus delegados en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que relacionan. Por cuanto hace al diverso oficio firmado por el Magistrado Presidente de la Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia, glósese a los autos para que obre como corresponda, en virtud que el trece de junio de dos mil veintidós se le tuvo rindiendo su respectivo informe justificado (foja 246). Por último, no pasa desapercibido por esta juzgadora, que el quejoso ********************, se encuentra actualmente recluido en el Centro Federal de Reinserción Social CEFERESO Número 15 "CPS CHIAPAS"; empero al haber señalado autorizados con domicilio en esta ciudad, las notificaciones de carácter personal se realizaran entendiendo la diligencia con sus autorizados. Robustece lo anterior la Jurisprudencia sustentada por Primera Sala del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época. Registro: 2025391. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 18, Octubre de 2022, Tomo II, página 2049 que dice: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. TRATÁNDOSE DEL QUEJOSO QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE EN EL LOCAL DEL JUZGADO O CENTRO DE RECLUSIÓN, O BIEN, ENTENDERSE LA DILIGENCIA CON SU DEFENSOR, REPRESENTANTE LEGAL O AUTORIZADO [INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 26, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO]. Hechos: Dos Tribunales Colegiados de Circuito realizaron una interpretación del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para determinar si cuando la parte quejosa está privada de su libertad, las notificaciones personales deben efectuarse en forma conjunta al interno y a su defensor, representante o autorizado para oír notificaciones, o bien, si se podrá notificar alternativamente a uno de ellos. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que de la interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, deriva que las notificaciones en amparo en materia penal que se hagan a la parte quejosa privada de la libertad deben realizarse en forma personal, y que la conjunción "o" tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Justificación: De conformidad con el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se entiende que el derecho de acceso efectivo a la justicia consiste en que las personas puedan ser parte de un proceso y puedan promover la actividad jurisdiccional a través del cumplimiento de algunos requisitos procesales. Para el ejercicio de ese derecho es indispensable que el órgano jurisdiccional comunique a las partes las determinaciones que se vayan emitiendo en el transcurso del proceso. En el caso de las personas privadas de la libertad derivado de un proceso penal instruido en su contra, se les considera como parte de grupos vulnerables, imposibilitados para atender de manera directa el trámite de los juicios en que intervienen, por ello para hacer efectivo su derecho fundamental de acceso a la justicia se deben tomar medidas especiales, debido a que su reclusión les genera obstáculos físicos, culturales y sociales que no les permiten ejercer ese derecho como cualquier otra persona. Para ello, esta Primera Sala ha establecido una serie de medidas encaminadas a que la persona recluida pueda ejercer su derecho de acceso a la justicia. Una de ellas es que el Juez de Distrito, al recibir una demanda de amparo promovida por quien está privado de la libertad, deberá requerirlo para que, si no lo ha hecho, designe a un licenciado en derecho de su preferencia, y de no serle posible, se le designará un defensor de oficio, esto con el objetivo de que cuente con un profesional capacitado que lo asesore y represente durante el juicio de amparo, lo que implica, per se, que esté pendiente de su trámite y que lo auxilie en el desahogo de sus cargas procesales. Ahora, tratándose de las notificaciones personales en un amparo en materia penal que se hagan a las personas privadas de la libertad, de una interpretación gramatical y sistemática del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, esta Primera Sala considera que dicho precepto regula que todas las notificaciones deben realizarse en forma personal a la parte quejosa, y que la conjunción "o" analizada tiene una función disyuntiva que otorga la alternativa de notificar personalmente al quejoso en el local del juzgado o centro de reclusión, o bien, entender la diligencia con su defensor, representante legal o autorizado. Lo anterior, porque se debe atender a la voluntad del directo agraviado por los actos reclamados, quien de manera libre designa en qué lugar prefiere que se practiquen las notificaciones personales. En ese sentido, podrá elegir el centro de reclusión, donde evidentemente se entenderán con él mismo, o bien, un lugar externo, como pudiese ser el domicilio de su defensor o sus autorizados, esto de acuerdo con sus intereses o con la estrategia de defensa que desee adoptar. Sin que ello implique que aquél quede en estado de indefensión, sino que en aras de privilegiar los principios pro persona y pro actione, debe considerarse que es la propia parte quejosa quien con fundamento en lo que dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo, tiene la posibilidad de designar a quien lo represente, y en caso de no poder hacerlo, esta Suprema Corte ha establecido la obligación de designarle de oficio un defensor público que lo asista, quien desde luego deberá cumplir con todas las obligaciones inherentes a ese cargo y velar por los intereses de su representado. No obstante, esa regla no debe aplicarse de manera automática en todos los casos y tipos de resoluciones, ya que existirán ocasiones en que se deba notificar de manera conjunta a la persona privada de la libertad en el centro de reclusión y a su defensor, representante legal o autorizado para oír notificaciones en el domicilio procesal que hubiesen señalado. Esa excepción será calificada por el órgano jurisdiccional, el cual deberá evaluar la naturaleza jurídica de la resolución que se va a notificar; si el único facultado para cumplir un requerimiento es la persona privada de la libertad; si el desconocimiento de esa resolución le generará graves afectaciones a la persona recluida o si se trata de una carga procesal de vital relevancia para el trámite y resultado del juicio, en cuyo caso se debe optar por notificar a ambos para generar certeza jurídica para el justiciable." Notifíquese; personalmente a la parte quejosa por conducto de sus autorizados.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Visto los oficios de cuenta firmado indistintamente por el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal del Estado, con sede en la Ciudad de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, con jurisdicción y competencia en los Distrito Judiciales de los Bravo, Álvarez y Guerrero, en su carácter de Juez Coordinador y por la Subconsejera de Atención a Procesos Jurídicos del Poder Ejecutivo en representación de la Gobernadora Constitucional del Estado de Guerrero; en donde la primera de las responsables informa que ya rindió el informe justificado requerido el uno de junio del año anterior y la segunda rinde su informe justificado; sin embargo, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda los oficios de cuenta, toda vez que en proveídos de trece de junio y ocho de julio, ambos de dos mil veintidós, se tuvo a las autoridades oficiantes remitiendo su respetivo informe. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, quince de marzo de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Admirativa, con sede en Acapulco, Guerrero; mediante el cual informa que admitió el recurso de queja interpuesto contra el auto de uno de junio de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, el cual fue registrado con el número de recurso de queja penal 57/2023. Circunstancia que se toma del conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, nueve de marzo de dos mil veintitrés. Por recibido el oficio de cuenta firmado por el Subsecretario de Prevención y Operación Policial, a través del Comisario General; por medio del cual rinde su informe justificado; atento a ello, la suscrita se reserva proveer lo conducente en razón de que en siete de junio de dos mil veintidós, se ordenó suspender el presente asunto hasta en tanto se resuelva el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el auto de primero de junio de dos mil veintidós. Lo anterior, en estricto acatamiento a la jurisprudencia 4/2012, del Pleno del Más alto Tribunal del País. Notifíquese.
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