Luis García Lara
Expediente 655/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 655/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/06/2018
Partes del expediente
- Luis García Lara
Actuaciones
- Principal
MESA IV. De la certificación secretarial que antecede, se advierte que las partes no interpusieron el recurso de revisión en el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356 fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición de su ordinal 2°, se declara que el auto por el que se sobreseyó fuera de audiencia constitucional, ha causado estado para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en la carátula del presente juicio; y al no existir más por cumplimentar, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Así las cosas, en cumplimiento al punto décimo primero, segundo párrafo del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, fracción I, párrafos primero y segundo). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, de conformidad con el Decreto por el que se reforman los artículos 11; fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se remitirá a Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal; y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
MESA IV. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, mediante el cual rinde su informe justificado; dese vista a las partes para que manifiesten lo que en su interés convenga, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional conforme al diverso 124 del propio cuerpo normativo de leyes. Respecto de la constancia que remite la oficiante, consistente en copia certificada del pronunciamiento de dieciséis de mayo del año en curso, emitido en el expediente laboral 916/2007, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se le tiene por admitida y desahogada como prueba documental, dada su especial naturaleza, debiendo hacer nueva relación de ello en la audiencia constitucional. En términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, se tiene como delegado a la persona que refiere. Ahora bien, ponderando el estado de los autos, el suscrito estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" A fin de comprender mejor lo anterior, conviene precisar que el análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas se arriba a la conclusión de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto tildado de inconstitucional; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. En esas condiciones, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo cual implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que él mismo exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, se actualiza cuando los efectos del acto han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella. Y eso es lo que acontece en el caso que se analiza, ya que la omisión de la Junta Especial Número Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, de acordar la promoción presentada por el quejoso el veintiséis de abril de dos mil dieciocho, por la que se acudió a la instancia constitucional, ya no existe en la realidad y, en consecuencia de ello no hay motivo para que se estudie la legalidad o ilegalidad del mismo, al no haber derecho humano que reparar. Lo anterior es así, ya que de acuerdo a la constancia certificada que fue exhibida en esta fecha por la responsable; la cual tiene valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por mandato del numeral 2° de la Ley de Amparo, se advierte que se ha proveído lo conducente respecto de lo solicitado por el quejoso, en la promoción que presentó el veintiséis de abril de dos mil dieciocho, pues mediante pronunciamiento de dieciséis de los cursantes, emitido en el expediente laboral 916/2007, se revocaron los nombramientos y autorizaciones previos, además de que se le requirió para que exhibiera su planilla incidental de liquidación, y se fijaron las once horas del dieciocho de junio del año en curso, para que tenga verificativo la audiencia incidental de liquidación. De manera tal, que se ha constituido legalmente una situación diferente a aquella que existía antes de la solicitud del amparo, razón por la cual, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia constitucional, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la misma ley. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo IX, Junio de 1999, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual forma brinda apoyo la diversa jurisprudencia 2a./J. 9/98, consultable en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, febrero de 1998, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En razón de lo anterior, se dejan sin efectos la fecha y hora señaladas, para que tuviera verificativo la audiencia constitucional (diez horas con veinte minutos del siete de junio de dos mil dieciocho). Notifíquese personalmente.
- Principal
MESA IV. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ************ por propio derecho, contra actos de la Junta Especial Número Nueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 655/2018-IV. ACTO RECLAMADO. Ahora bien, en principio es necesario precisar que de la lectura integral de la demanda, éste juzgador interpreta que el único acto reclamado es la omisión de la responsable de acordar la promoción presentada el veintiséis de abril de dos mil dieciocho, en la que solicitó revocar las autorizaciones y nombramientos anteriores, además de que se señale fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia incidental de liquidación de laudo, en el expediente laboral 916/2007. Lo anterior, pues conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado correctamente para que la sentencia que en su caso se emita resulte congruente, por lo cual también es requisito que las autoridades sepan desde el auto admisorio qué es lo que en realidad pretende controvertir el quejoso. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En tal virtud, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde, notifíquesele la radicación del presente asunto por medio de la lista que se fija en el local de este Juzgado de Distrito. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que se aperture el incidente de suspensión en virtud de no existir solicitud expresa y tampoco estar en los supuestos a los que se refiere el artículo 127 de la Ley de Amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para la audiencia constitucional se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL SIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en el artículo 115 y 117 de la Ley de Amparo, se solicita a la autoridad responsable que rinda su informe justificado, dentro del plazo de cinco días y, en el caso de que el acto reclamado sea cierto, remita a este Juzgado de Distrito copias autorizadas, completas, legibles y ordenadas de todas las constancias que sirvieron de base para emitirlo, en la inteligencia que de no hacerlo así en el término concedido, se le podrá imponer una multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, lo anterior con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la citada ley. Lo anterior, toda vez que la reforma a la ley de amparo tuvo como finalidad que se ampliaran los plazos para que la autoridad estuviese en condiciones de rendir su informe; sin embargo, por la naturaleza del acto reclamado, se estima que no se actualiza el supuesto jurídico al caso concreto, ya que la autoridad puede rendir su informe en el término aludido en aras de salvaguardar lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, pues sería un contrasentido que se prolongaran los plazos en un asunto en el que se reclama dilación, lo cual es acorde a una interpretación sistemática y teleológica de los artículos 117 y 118 de la Ley de Amparo, pues se justifica el plazo para rendir informe cuando la naturaleza del acto lo precisa. Es aplicable, la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 351, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación, Segunda Parte-1, enero a junio de 1998, Octava Época, con número de registro 231455, que establece: "INFORME JUSTIFICADO CON COPIAS CERTIFICADAS ILEGIBLES, AMERITA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Es cierto que en términos de lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 149 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables acompañarán como justificante de sus actos, copia certificada de las constancias necesarias; empero, dichas copias tienen que ser legibles, pues en caso contrario debe ordenarse la reposición del procedimiento en el juicio de garantías, pues atendiendo a que en términos de lo dispuesto por los artículos 77 fracción I y 78 del invocado ordenamiento legal, el acto reclamado debe ser apreciado tal como quedó demostrado ante las propias autoridades responsables, es de inferir que cuando las constancias correspondientes no son claras, no es posible analizarlas minuciosamente, y por tanto, no se puede resolver conforme a derecho, pues ante tales circunstancias, se evidencia que el juez de Distrito no tuvo a la vista las pruebas conducentes." DIVERSO JUICIO DE AMPARO. De igual forma, se les requiere a la autoridad señalada como responsable para que dentro del plazo de tres días previsto en el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la materia, informe a este órgano de control constitucional si en el expediente del cual emana el acto reclamado se han promovido diversos juicios de amparo, por lo que en caso de ser así deberá comunicar ante qué autoridades se radicaron, el número de registro y el estado procesal de los mismos, debiendo remitir copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Con el apercibimiento que, de no hacerlo en los términos indicados, se le impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo establecido en los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Asimismo, con apoyo en lo establecido en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiérase a la responsable, para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo haga saber así a este juzgado, apercibida que en caso de ser omisa se hará acreedora a una multa de treinta a trescientas veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el precepto 251 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Se autoriza el envío a la responsable de la comunicación procesal que derive del presente auto, por el servicio de mensajería acelerada, en aras de la pronta impartición de justicia. CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. Se hace del conocimiento de la autoridad responsable que en caso de que dentro de la información que remita como apoyo al informe justificado o sea requerida posteriormente, se envíe alguna que se encuentre clasificada como reservada, deberá enviar copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto de este órgano jurisdiccional pueda constatar que el órgano competente emitió la declaratoria correspondiente. TERCERO INTERESADO. En el presente asunto se estima que no existe tercero interesado, pues la contraparte del quejoso también está interesada en que se concluya el juicio de origen; de ahí, que no se ubique en el supuesto del artículo 5, fracción III de la Ley de Amparo, sin que sea obstáculo la jurisprudencia 90/2010, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 448 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, de rubro siguiente: "TERCERO PERJUDICADO. CUANDO SE RECLAMEN VIOLACIONES AL DERECHO DE PETICIÓN O A LOS PRINCIPIOS DE PLENITUD Y EXPEDITEZ EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA, EXISTE SI EL ACTO RECLAMADO DERIVA DE UN JUICIO O PROCEDIMIENTO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO." Toda vez que se refiere a la Ley de Amparo abrogada y en el presente caso, prevalece el derecho a la administración de una justicia pronta y expedita como lo marca el artículo 17 constitucional. PRUEBAS. Respecto de las pruebas documental simple, así como la presuncional legal y humana, ofrecidas por la parte quejosa, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas en razón de su propia y especial naturaleza; sin perjuicio de hacer relación de éstas en la etapa correspondiente de la audiencia constitucional y ser tomadas en consideración como en derecho corresponda en el momento procesal oportuno; respecto de la documental restante, se reserva acordar lo conducente hasta en tanto la responsable rinda su informe justificado. DOMICILIO. En diverso orden, de conformidad con lo previsto en el artículo 26, fracción III de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS. Dada la materia del presente asunto, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene por autorizada a la persona que refiere en los términos que indica. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. DENOMINACIÓN AUTORIDAD RESPONSABLE. En diverso aspecto, se previene a la parte quejosa para que en el caso de que la autoridad señalada como responsable no exista con la denominación que indica en la demanda, con fundamento en lo dispuesto en la fracción III del artículo 108 de la Ley de Amparo (que precisa las obligaciones de la parte quejosa, entre las que se encuentra el señalamiento preciso de las autoridades responsables, tema sobre el que no opera la suplencia de la queja como se advierte del artículo 79 de la ley de la materia), se tendrá como inexistente y por ende no se le dirigirán comunicaciones procesales; además, de que en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que la parte quejosa corrija dicha denominación hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional; lo anterior, tomando en consideración que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación en su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que procura la impartición de justicia pronta y expedita, así como al principio de celeridad procesal. NOTIFICACIONES A LA RESPONSABLE. Finalmente, se ordena se notifique por medio de oficio la presente determinación a la autoridad responsable, así como las determinaciones que tienen trascendencia procesal, lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se notificarán por medio de lista. Lo anterior, en atención a lo establecido en la jurisprudencial 2a./J. 176/2012, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253 del Libro XVI, Tomo 2, Enero de 2013, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Decima Época, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar.". Notifíquese.
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