Luis García Ciriaco
Expediente 685/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 6 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 685/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 16/05/2019
Partes del expediente
- Luis García Ciriaco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DIECISÉIS DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta signado por el apoderado legal de la parte quejosa, a través del cual interpone recurso de revisión contra la sentencia terminada de engrosar el veintitrés de abril de dos mil diecinueve (fojas 135-141); por tanto, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo, téngase por interpuesto dicho medio de impugnación. Por otra parte, en cuanto a la obligación que imponen a los Jueces de Distrito, los arábigos 84 y 89 de la ley de la materia y de acuerdo a las características del caso concreto, la tramitación y resolución del recurso que se promueve en el presente sumario, en contra de la sentencia emitida, es competencia del Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en turno, con sede en esta ciudad; por ende, se estima innecesaria la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En las relatadas condiciones, con sustento en el dispositivo 89 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes, la instauración del presente recurso de revisión, distribúyanse entre las mismas copia del escrito de agravios y una vez que el expediente en que se actúa se encuentre debidamente integrado, remítase dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que haya quedado debidamente integrado, junto con el original del escrito de agravios, al órgano de control constitucional competente y al efecto, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo, en el que continuarán todas las actuaciones correspondientes. Notifíquese.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de garantías, se advierte que mediante oficio recibido en este Juzgado Federal, el siete de marzo del año en curso, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su delegada (fojas 99 y 100), manifestó la forma en que se dió cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio biinstancial, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. En relación a lo anterior, por acuerdo de ocho de marzo pasado, se dio vista a la parte gestionante del amparo, para que manifestara lo que a su interés legal conviniera y se le apercibió que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Luego, con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así pues, mediante resolución dictada en los presentes autos (fojas 53 a 70), por una parte, se concedió a la parte quejosa, el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó a las autoridades responsables, para efectos de que se desincorporara de la esfera jurídica de la parte gestionante del amparo lo previsto en el numeral 21, fracción I, en relación con los arábigos 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, asimismo, para que se le devolviera la cantidad de $116,395.20 (ciento dieciséis mil trescientos noventa y cinco pesos con veinte centavos moneda nacional), que resulta lo pagado por concepto de las contribuciones erogadas por la parte amparista y sin la cantidad de $280.00 (doscientos ochenta pesos moneda nacional), que corresponde a la cuota fija mínima de las contribuciones adicionales a que está obligada la contribuyente. Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, la responsable debía de devolver debidamente actualizada conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo, de conformidad con el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). En ese sentido, en el mes de marzo de dos mil diecinueve, se efectúo la entrega de la cantidad actualizada a la parte quejosa, mientras que el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el trece de septiembre de dos mil dieciocho, por lo que el periodo de actualización comprende dicho lapso, sin embargo, en los casos en que el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el índice mensual inmediato anterior al período involucrado, tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero de dos mil diecinueve fue de 103.150 y para el mes de agosto de dos mil dieciocho de 100.492. De la división de dichos factores se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.026449866656052. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad remanente a devolver se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, a saber, $119,473.83 (ciento diecinueve mil cuatrocientos setenta y tres pesos con ochenta y tres centavos moneda nacional). Ante ello, a través del oficio recibido enunciado con anterioridad, el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su delegada, informó que en cumplimiento al fallo protector transfirió en favor de la parte promovente de garantías la cantidad de $118,820.75 (ciento dieciocho mil ochocientos veinte pesos con setenta y cinco centavos moneda nacional), por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata, con su actualización fiscal respectiva. Luego, al restar a la cantidad de previa mención la diversa correspondiente al remanente a devolver, se aprecia que le falta a la autoridad responsable devolver la cantidad de $653.08 (seiscientos cincuenta y tres pesos con cero ocho centavos moneda nacional); empero, cabe precisar que la parte quejosa no realizó manifestación alguna sobre el faltante antes mencionado, en consecuencia, quedan a salvo sus derechos para que promueva lo que considere pertinente. Pese a esto, se estima que la concesión otorgada a la parte quejosa se encuentra cumplida, toda vez que la autoridad responsable entregó el monto erogado por éste por la aplicación de preceptos inconstitucionales, más su actualización y, si bien, a la parte peticionaria se le hizo entrega de una cantidad menor, ello ya no es materia de análisis del cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en todo caso, quedan a salvo los derechos de la parte quejosa para hacer las gestiones que considere necesarias, en los términos que las leyes determinen. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante de amparo en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo vigente; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la Ley de Amparo vigente, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. Ahora bien, en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 01/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en su punto Vigésimo Primero, fracción I, del Capítulo Quinto, prevé que en los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el dicho acuerdo; en ese sentido, se establece que el juicio en que se actúa, se ubica en la hipótesis prevista en el Capítulo Quinto, Apartado Vigésimo Primero, fracción IV, en virtud de que, por una parte, se sobreseyó en el juicio en que se actúa, mientras que, por la otra concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa y no existen documentos originales exhibidos por las partes, aunado a que carece de relevancia documental, acorde a lo establecido en el artículo 11 del citado Acuerdo; por lo tanto, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno que corresponda, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia dictada, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión toda vez que no se tramitó. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIDÓS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio suscrito por el Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Bucerías, Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, mediante el cual remite copia certificada de la constancia de dos de abril de este año, de la que se obtiene que comparecieron ante su presencia los promoventes del amparo Ramón Armando Blancas Cárdenas y Debora Mariani, con la finalidad de ratificar el desistimiento de la presente instancia constitucional. Por tanto, al haberse manifestado el desistimiento ante la presencia de judicial, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio, únicamente por Debora Mariani; ello, porque mediante proveído de dos de abril de este año, se sobreseyó fuera de audiencia por lo que respecta a Ramón Armando Blancas Cárdenas (foja 391). No pasa inadvertido que la manifestación y ratificación del desistimiento haya sido formulada ante la autoridad responsable, pues ésta al contar con fe pública, es incuestionable que deviene innecesario que ese desistimiento sea ratificado en este órgano jurisdiccional, pues la voluntad de los promoventes del amparo quedó plenamente acreditada ante un funcionario con fe pública. Apoya a lo anterior, la Tesis Aislada I.9o.T.2 K (10a.), emitida por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible a página 2007, Libro 19, Junio de 2015, Tomo III, Materia Común, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "DESISTIMIENTO DEL AMPARO. SI SE DEMUESTRA FEHACIENTEMENTE QUE SE OTORGÓ ANTE FUNCIONARIO CON FE PÚBLICA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, ES INNECESARIA SU RATIFICACIÓN ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE CONOCE DE AQUÉL. Cuando en autos se demuestre fehacientemente que ante funcionario con fe pública de la autoridad responsable el quejoso manifestó su deseo de desistirse del juicio de amparo que promovió, y que fue plenamente identificado, es incuestionable que deviene innecesario que ese desistimiento sea ratificado ante el órgano jurisdiccional que conoce del juicio de amparo, pues la voluntad del quejoso de desistirse quedó plenamente acreditada ante un funcionario con fe pública.". También, sirve de apoyo a la anterior conclusión, por analogía, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo XI, abril de mil novecientos noventa y tres, visible en la página doscientos cuarenta, que dice: "DESISTIMIENTO EXPRESO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ORIGINA EL SOBRESEIMIENTO. Cuando la quejosa se desiste de la demanda de garantías y ratifica el desistimiento, se configura y acredita plenamente la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo". En consecuencia, se deja sin efecto la audiencia constitucional programada en este expediente para las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS DEL CATORCE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE. Infórmese lo anterior al Secretario Técnico de Asuntos Periciales y de Bienes Asegurados, Abandonados y Decomisados del Consejo de la Judicatura Federal, del Poder Judicial de la Federación, con residencia en la Ciudad de México; así como a la perito Marisol Cristina Ortiz González, para los efectos legales a que haya lugar. **
- Principal
TEPIC, NAYARIT, TRES DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, suscrito por la Delegada de la autoridad responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad y anexo, a través de los cuales informa que ha dado cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo; en consecuencia, de conformidad en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, con dicho comunicado y anexo, a efecto de que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga en relación con dicho cumplimiento, apercibida que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en el referido oficio y demás elementos con que se cuenta en el presente juicio de garantías, se pronunciará en relación al cumplimiento del fallo protector.
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