Luis García Castillo
Expediente 1302/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1302/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 18/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Luis García Castillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, toda vez que las partes no formularon manifestaciones en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de la materia, procede calificarlo. Mediante sentencia de veintiuno de febrero de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la justicia federal al quejoso Luis García Castillo, para el efecto de que la autoridad responsable Segunda Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, realizara lo siguiente: - Deje insubsistente la determinación de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el incidente innominado dentro del juicio administrativo 333/2019, por la que se fija la cantidad líquida a la condena por concepto de pago de la compensación única por antigüedad correspondiente a Luis García Castillo. - Emita una nueva resolución atendiendo a los lineamientos plasmados en la ejecutoria de amparo y, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda. En la inteligencia que, previo a su dictado deberá hacer uso de sus atribuciones para corroborar cuál de los recibos de pago exhibidos por las partes corresponde al último haber recibido por el quejoso, realizando las diligencias que sean necesarias para ello. Resolución que causo ejecutoria mediante proveído de cinco de abril de dos mil veintidós, requiriendo así su cumplimiento a la autoridad responsable. Ahora bien, mediante auto de veintidós de abril de dos mil veintidós, se tuvo por recibida la misiva por la que la mencionada responsable, a fin de acreditar el cumplimiento al fallo protector, remitió copia certificada de la determinación de veinticinco de febrero de este año, emitida en el juicio de origen, por la que ordenó emitir una nueva subsanando las irregularidades detectadas en el fallo amparador. En ese sentido, en dicho proveído requirió al Jefe de los Cuerpos de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial de Valle Cuautitlán Texcoco, del Valle de Toluca y de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México, para que exhibiera ante esa Sala el documento del que se desprenda la fecha en que el aquí quejoso causó baja y el recibo de pago correspondiente a su último haber. De igual manera, exhibió copia certificada del auto de veinte de abril de dos mil veintidós, en que tuvo por recibida la información requerida a la autoridad mencionada en el párrafo precedente y en cumplimiento a la ejecutoria, dejó insubsistente la determinación de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno y, emitió una nueva en la que tomó en cuenta como último haber del aquí quejoso el recibo de pago exhibido por la autoridad demandada que comprende la quincena del dieciséis al veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, mismo que coincide con el exhibido también por el actor, esto, al tener en consideración que causó baja del servicio el uno de marzo de dos mil diecinueve, procediendo así a calcular el beneficio denominado "compensación única por antigüedad" por el máximo de periodos cuantificables, a saber, 3.8 periodos; con lo anterior, se dio vista a las partes sin que se manifestaran al respecto. Documentales públicas con valor probatorio pleno, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su 2° numeral. Así, se estima que el fallo protector fue cumplido en su totalidad, restituyendo al quejoso en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en tanto que, la autoridad responsable dejó insubsistente la determinación de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno y emitió una nueva atendiendo a los lineamientos plasmados en el fallo protector. En consecuencia, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia de amparo sin que se advierta exceso o defecto. Así, una vez que se ha declarado cumplida la presente ejecutoria de amparo, según lo establecido en el artículo 196, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, archívese el expediente como concluido y háganse las anotaciones respectivas. Por otra parte, en acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurran tres años de archivado; el presente expediente carece de relevancia documental y es susceptible de depuración, pues se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Finalmente, devuélvanse a la Segunda Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, por ser innecesaria su conservación. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintidós de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de la Segunda Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, por medio del cual informa las acciones tendentes a cumplir la sentencia. Con lo anterior, dese vista a las partes, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga; con el apercibimiento que, de no hacerlo, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese, por lista al quejoso.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, cinco de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron recurso de revisión dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la misma ha causado ejecutoria. En tal virtud, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de amparo, se requiere a la autoridad responsable Segunda Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que cuente con la presente determinación, acate en sus términos la ejecutoria de amparo, esto es: - Deje insubsistente la determinación de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el incidente innominado dentro del juicio administrativo 333/2019, por la que se fija la cantidad líquida a la condena por concepto de pago de la compensación única por antigüedad correspondiente a Luis García Castillo. - Emita una nueva resolución atendiendo a los lineamientos plasmados en la ejecutoria de amparo y, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda. En la inteligencia que, previo a su dictado deberá hacer uso de sus atribuciones para corroborar cuál de los recibos de pago exhibidos por las partes corresponde al último haber recibido por el quejoso, realizando las diligencias que sean necesarias para ello. Con el apercibimiento que de no hacerlo, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización. Además, si necesita alguna prórroga para dar cumplimiento, o bien se encuentre en vías de cumplimiento, la deberá solicitar expresamente a este juzgado, dentro del término concedido anteriormente, señalando la razón que tenga y tiempo requerido para que este juzgado atendiendo a su petición y a los efectos de la concesión de amparo acuerde lo conducente, con el apercibimiento que de no hacerlo, se entenderá que no requiere prórroga alguna; incluso se le requiere para que en el mismo término, señale, si llegara a existir, alguna autoridad distinta a ella vinculada con el cumplimiento para que este órgano de amparo haga el requerimiento respectivo, en el entendido que si no lo informa, se entenderá que no existe. En la inteligencia de que, para dar celeridad a la integración de este asunto la información puede ser enviada al correo electrónico 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx confirmando en el teléfono 55 53 87 05 00, extensión 1231. Se hace del conocimiento de la autoridad que de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo vigente, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las autoridades responsables, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, a menos que demuestren que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifiquen la causa del retraso. Asimismo, es necesario precisar que de acuerdo al numeral 195 del ordenamiento citado, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a las autoridades responsables, pues en todo caso únicamente se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, página 19, del rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO". Notifíquese.
- Principal
Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1302/2021-VI; R e s u l t a n d o Primero. Presentación y datos de la demanda. Por escrito de demanda presentado el siete de diciembre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Naucalpan de Juárez, Estado de México, recibido el diez de diciembre siguiente en este Juzgado, ****, solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión contra la Segunda Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, por el acto que se describirá en el considerando segundo de esta sentencia. Segundo. Trámite. Por auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional admitió a trámite, pidió a la autoridad responsable su informe con justificación, dio intervención legal al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, verificó el emplazamiento oportuno de la parte tercero interesada y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició al tenor del acta que antecede; y, C o n s i d e r a n d o Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 33, fracción IV, 35 y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo, toda vez que los actos impugnados tienen ejecución material dentro del territorio en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión de los actos reclamados. El numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. Con base en lo anterior, este juzgador considera que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la determinación de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el incidente innominado dentro del juicio administrativo 333/2019, del índice de la Segunda Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, por la que se fija cantidad líquida a la condena por concepto de pago de la compensación única por antigüedad. Tercero. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Segunda Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, pues así se desprende del informe justificado que rindió. La certeza de los actos combatidos se corrobora además con las constancias remitidas por la responsable en comento, consistentes en copias certificadas del juicio natural; a las que se les otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, ya que se trata de la reproducción de actuaciones que tienen la certificación de la fecha y lugar en que fueron realizadas por un servidor público en ejercicio de las atribuciones que le confiere la ley. Cuarto. Causales de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse de oficio por el juzgador, lo aleguen o no las partes. En ese sentido, al efectuar un análisis de las constancias que integran el presente asunto, este juzgador advierte que el Jefe de los Cuerpos de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle de Cuautitlán-Texcoco, del Valle de Toluca y de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México, refiere que el presente juicio de amparo es improcedente en términos del numeral 61, fracción XII, de la ley de la materia, debido a que no existe acto alguno que afecte los intereses del quejoso. Al respecto, deviene infundada la causa de improcedencia invocada por la tercera interesada, como se expondrá enseguida. Del precepto legal transcrito se colige que el juicio de amparo es un medio de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad (actos o resoluciones en estricto sentido y normas generales), que se sigue siempre a instancia de parte agraviada; es decir, el juicio constitucional únicamente puede promoverlo la parte a quien afecte el acto o la norma general reclamados, es decir, quien cuente con un interés jurídico que se vea afectado. La Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, ha establecido que los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) Que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. De esta manera, debe acreditarse de manera fehaciente que se surten los elementos integradores de ese interés jurídico que le asiste para combatir el acto de dónde deriva el agravio que hace valer en instancia de control de constitucionalidad. En el asunto que nos ocupa, el interés jurídico debe analizarse tomando como base el acto señalado como reclamado, esto es, la determinación de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el incidente innominado dentro del juicio administrativo 333/2019, del índice de la Segunda Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, sumario en el que el quejoso figura como parte actora, aduciendo que el auto reclamado le genera un perjuicio pues se cuantificó de forma errónea la compensación única por antigüedad. En ese sentido, se estima que el quejoso sí cuenta con interés jurídico para combatir el acto reclamado, pues al ser parte en el juicio de origen y estimar que el acto le genera algún perjuicio, es suficiente para tener por acreditado su interés; sin perjuicio de determinar si el acto es constitucional o no, pues eso será parte del análisis que se realice en la etapa conducente, pero con relación al derecho que tiene para reclamarlo, hasta este momento, se encuentra acreditado; de ahí que se considere infundada la causa de improcedencia propuesta. En virtud de que las partes no hicieron valer diversa causal de improcedencia, ni el suscrito advierte de oficio su actualización, a continuación, se procede al estudio de fondo del asunto. Quinto. Estudio del asunto. A continuación, se examinará la constitucionalidad del acto combatido, sin que para tal efecto sea necesaria la transcripción de los motivos de disenso formulados por la parte agraviada, por no causar perjuicio a las partes y no existir disposición legal que obligue a ello. No obstante, debe destacarse que sustancialmente el quejoso considera incorrecta la determinación de la responsable con motivo de que: a) No atendió los lineamientos decretados en la sentencia definitiva de diez de agosto de dos mil veinte, dictada por la propia Segunda Sala Regional del Tribunal Justicia Administrativa del Estado de México. b) Para establecer el sueldo base no contempló los conceptos que constituyen el sueldo íntegro (sueldo base, ayuda de habitación y ayuda de transporte) a pesar de que sí se consideraron para hacerle la deducción del porcentaje de aportación para tener acceso a ese beneficio. c) No consideró todo el tiempo que laboró en la institución demandada. d) La referencia que hace del recibo de pago que tomó como ejemplo de último haber no corresponde a la información contenida en el comprobante que éste ofertó relativo al periodo de dieciséis de agosto al treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. Al respecto, se estima que los primeros tres motivos de disenso resultan infundados, sin embargo, el último de ellos deviene fundado y suficiente para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, virtud de las siguientes consideraciones. En principio, es menester señalar que la compensación única por antigüedad está prevista en el Manual de seguridad social del Cuerpo de Guardias de Seguridad Industrial, Bancaria y Comercial del Valle Cuautitlán-Texcoco, del Valle de Toluca y de Vigilancia Auxiliar y Urbana del Estado de México, cuyo numeral 36, establece lo siguiente: "Artículo 36. Todo el personal de la corporación tendrá derecho a recibir una 'compensación única por antigüedad', a partir del quinto año efectivo y hasta el decimonoveno; ante lo cual se les liquidarán seis meses de haberes por cada cinco años de servicio efectivamente computados, pagaderos al cumplir la edad de sesenta años, y esto después de haber aportado un mínimo de cinco años al fondo, considerando para dicho pago el último haber percibido". El numeral de que se trata prevé el derecho de los miembros de la corporación a recibir una compensación única por antigüedad, como una forma de reconocimiento de su esfuerzo y entrega en la fuente de empleo, esto es, busca premiar la permanencia y la dedicación laboral en la corporación. Compensación que se otorga bajo los siguientes lineamientos: 1. El derecho a la compensación se genera a partir del quinto año efectivo de servicio y hasta el decimonoveno. 2. Para su otorgamiento, es necesario acreditar que el trabajador cuenta con sesenta años de edad y que aportó un mínimo de cinco años al fondo. 3. Para determinar su monto se liquidan seis meses de haberes por cada cinco años de servicio efectivamente realizados, computables hasta el periodo correspondiente al decimonoveno año trabajado. 4. Se considera para el pago el último haber percibido. En relación con el primer punto expuesto, el Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver la contradicción de tesis 3/2016, determinó, en la parte que interesa, que a partir del quinto año nace el derecho del personal a la prestación, pues en ese momento se cumplen los cinco años mínimos requeridos de aportación al fondo, pero también el primer periodo para efectos de la liquidación; de ahí que esos cinco primeros años sean computables para el cálculo de la liquidación de la prestación. Consideraciones que dieron lugar a la tesis PC.II.A. J/7 A (10ª) de rubro: "COMPENSACIÓN ÚNICA POR ANTIGÜEDAD DEL CUERPO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BANCARIA Y COMERCIAL DEL VALLE CUAUTITLÁN TEXCOCO. LOS 5 PRIMEROS AÑOS DE SERVICIO SON COMPUTABLES PARA EL CÁLCULO DE SU LIQUIDACIÓN, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 36 DE SU MANUAL DE SEGURIDAD SOCIAL." En ese orden de ideas, es necesario precisar que los años de trabajo computables para la compensación única por antigüedad son desde el primero y hasta el decimonoveno, pudiendo acceder a la prestación a partir de que se cumplen los primeros cinco años o, en otras palabras, el primer periodo. En cuanto al monto de la compensación respectiva, se observa que ésta ascenderá a seis meses de "haberes" por cada cinco años de servicio, computables hasta el periodo correspondiente al decimonoveno año trabajado, es decir, que el máximo cuantificable es de 3.8 periodos. En ese sentido, es que no le asiste la razón al quejoso cuando afirma que la responsable no atendió los lineamientos decretados en la sentencia definitiva de diez de agosto de dos mil veinte ya que no consideró todos los años que trabajo para hacer el cálculo de la prestación, puesto que, como se expuso, la compensación en comento solamente puede computarse hasta el periodo correspondiente al decimonoveno año trabajado y, en el caso, en la resolución combatida se observa que la Sala consideró que el quejoso accedió al total de los periodos cuantificables; es decir, 3.8 periodos. Sin que se desatienda que en una porción de la mencionada determinación, la responsable señale que el quejoso laboró por veintiséis años, sin embargo, se advierte que en el resto del cuerpo de esa resolución reconoce y hace mención a los treinta y un años trabajados por el actor, por lo que, no se aprecia que tal error mecanográfico produzca en su esfera jurídica un perjuicio susceptible de reparar al conceder el amparo de la justicia de la unión, de ahí lo infundado de sus conceptos de violación. Por otro lado, se desprende que para efectos de su pago se deberá atender al último "haber" percibido por el miembro de la corporación policial de que se trata. De una interpretación literal del artículo 36 de referencia, para efectos del pago de los seis meses (por cada cinco años de servicio) se deberá tomar como referencia la cantidad de dinero que el miembro policial devengó por concepto de los servicios personales prestados a la corporación. No obstante, dicho numeral únicamente establece que se pagaran haberes por cada cinco años de servicio efectivamente computados, sin embargo, no define cómo ha de efectuarse dicho pago; por ello, debe tenerse en cuenta el contenido de los diversos numerales 25 y 26 del referido manual, los que son del contenido siguiente: "Artículo 25. El cálculo de las aportaciones ordinarias se realizará sobre el sueldo base "haberes" de todo el personal operativo y administrativo de la corporación, con independencia de cualquier otro concepto de retribución que perciban". "Artículo 26. La cuota obligatoria que deberá cubrir todo el personal activo de la corporación, corresponderá al 8.5% de sus 'haberes mensuales' mismo que deberá aportarse en dos quincenas. (cantidad igual a la que aportaría si estuviese afiliado al ISSEMYM)". De lo anterior, es dable sostener, por una parte, que en relación con los "haberes mensuales" recibidos se aplicará una cuota del 8.5% que estará obligado a cubrir todo el personal de la corporación; y que en ese sentido, sobre la cantidad que devenga mensualmente un miembro de la corporación se le aplicará una deducción por concepto del porcentaje aludido. Del texto de dichos numerales también es factible advertir que la aplicación de dicho porcentaje (8.5%) no recae sobre la totalidad de la cantidad que devenga un miembro de la corporación, toda vez que como se observa, en términos del artículo 25 del manual en cita, para efectos del cálculo de las operaciones ordinarias, sólo se hace alusión al sueldo base "haberes" y se excluye cualquier otro concepto de retribución que se reciba. En ese sentido, para efectos de las prestaciones relativas, cuando se hace alusión a "sueldo base 'haberes'" debe entenderse que se alude al sueldo base sujeto a cotización, con la exclusión de cualquier retribución que reciba el miembro de la corporación ajena al cálculo de dicha cotización. En el entendido de que lo trascendente es identificar la base salarial en relación con la cual se aplica el porcentaje respectivo para efectos de la aportación (8.5%); y se excluya para efectos del cálculo en comento, toda aquella retribución en relación con la cual no se efectúe la aportación respectiva. Por tanto, el "sueldo base haberes" en el numeral 26 antes transcrito, se refiere, para efectos de las aportaciones respectivas, al sueldo sujeto a cotización, esto es, a la cantidad de dinero que dentro de los haberes recibidos se aplicó el porcentaje respectivo. En consecuencia, la base salarial para el cálculo de la compensación única por antigüedad a que alude el artículo 36 del referido manual, debe atender al sueldo en relación con el cual se efectuó la cotización respectiva, excluyendo para tales efectos cualquier retribución que no haya sido objeto de la referida cotización. Así, es que se considera incorrecta la apreciación del quejoso de que la responsable debió contemplar obligatoriamente los conceptos que constituyen el sueldo íntegro (sueldo base, ayuda de habitación y ayuda de transporte) virtud que esos apartados únicamente deben ser agregados al sueldo base cuando sean añadidos a la cotización de la aportación en comento, aspecto que no quedó plenamente acreditado por lo que hace a los conceptos de ayuda de habitación y ayuda de transporte. No obstante lo expuesto anteriormente, se advierte que en el caso, resulta fundado el último de los conceptos de violación ya que efectivamente la responsable transgrede el derecho de legalidad y seguridad jurídica del quejoso, respecto de su obligación de emitir sus determinaciones de manera fundada y motivada, en términos de lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se explica: Para cumplir con el imperativo constitucional de fundamentación y motivación, los actos de la autoridad deben colmar los siguientes requisitos: 1. Expresar con exactitud el precepto legal aplicable al caso (fundamentación). 2. Señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto (motivación). 3. Existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables (relación entre la fundamentación y la motivación). En efecto, la autoridad responsable señaló que para obtener el último sueldo sujeto a cotización se partiría del recibo de pago exhibido por el actor en copia certificada, que comprende de la quincena del dieciséis al veintiocho de febrero de dos mil dieciocho, en el que refiere aparece como sueldo base la cantidad de $3,974.16 (tres mil novecientos setenta y cuatro pesos 16/100 M.N.). Ahora bien, de la revisión de las constancias del juicio de origen se desprende que la documental que exhibió el impetrante corresponde al recibo de pago del periodo de dieciséis al treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, en el que el sueldo base asciende a $4,042.96 (cuatro mil cuarenta y dos pesos 96/100 M.N.). En ese sentido, se aprecia que existen dos recibos de pago exhibidos por las partes, y la responsable no explica de forma detallada los motivos o razones particulares por el que considera uno y no el otro. Asimismo, tampoco se desprende que haya ordenado corroborar cuál de las dos fue expedido en último término para así considerarlo como el último haber y proceder al cálculo de la multicitada prestación. Máxime, que existe una contradicción al referir que considera la exhibida por la parte actora pero, para hacer el cómputo del monto de la aportación, atiende a la exhibida por la autoridad demandada. Por tanto, es posible arribar a la conclusión que la determinación de la responsable no se encuentra ajustada a derecho en ese aspecto y, consecuentemente, es necesario conceder el amparo solicitado al quejoso. Así, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que: 1. Deje insubsistente la determinación de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el incidente innominado dentro del juicio administrativo 333/2019, del índice de la Segunda Sala Regional del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México, por la que se fija cantidad líquida a la condena por concepto de pago de la compensación única por antigüedad. 2. Emita una nueva atendiendo a los lineamientos plasmados en la presente sentencia y, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo que en derecho corresponda. En la inteligencia que, previo a su dictado deberá hacer uso de sus atribuciones para corroborar cuál de los recibos de pagos exhibidos por las partes corresponde al último haber recibido por el quejoso, realizando las diligencias que sean necesarias para ello Hecho lo anterior, procederá al pronunciamiento de una nueva resolución, atendiendo a lo que fue expresado en este fallo. Por lo expuesto y fundado, se: R e s u e l v e Único. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Luis García Castillo contra los actos reclamados a la autoridad responsable señalada en el considerando tercero, por las razones y fundamentos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese, por lista al quejoso, por oficio a la autoridad tercera interesada y personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno de este Juzgado.
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