Luis Gabriel Soriano Rodríguez

Expediente 398/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 17 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
398/2020
Año
2020
Actuaciones
17
Última actuación
19/08/2021

Partes del expediente

  • Luis Gabriel Soriano Rodríguez
  • Luis Jesús Torres Domínguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Incidental

    Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Visto; desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en esta fecha fue decretado el archivo definitivo en el juicio de amparo 398/2020, del que deriva el presente incidente de suspensión, por tratarse de un asunto concluido; en consecuencia, al no existir diligencias pendientes por realizar en este incidente, se ordena su archivo como asunto concluido. Lo anterior considerando que en términos de los artículos uno, doce, catorce y veinte del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y que de acuerdo a la valoración documental respectiva, este juzgado dio fe de que la versión electrónica del juicio de amparo en que se actúa, coincide en su totalidad con la versión impresa, se considera que el cuadernillo original del incidente de suspensión es depurable y el duplicado es destruible. Por lo anterior, se ordena separar desde ahora, el expediente duplicado y resguardarlo por separado a efecto de que personal del órgano jurisdiccional esté en condiciones de realizar las actividades propias de los trabajos administrativos para la destrucción de expedientes y, ante ello, en lo sucesivo, salvo razón que justifique lo contrario, actúese en el incidente de suspensión en un solo tanto; es decir, solamente en el expediente original.

  2. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de agosto de dos mil veintiuno. Visto; el estado que guardan los autos del que se advierte que no fue promovido el recurso de inconformidad a que se refiere el artículo 201 de la Ley de Amparo, contra el auto de siete de julio de dos mil veintiuno, se declara que el mismo ha quedado firme, en consecuencia, remítase el presente expediente al archivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Por otra parte, ya que en el presente juicio de amparo no existen documentos originales exhibidos por las partes que deben ser devueltos a los interesados, que no existen diligencias pendientes de practicar; y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, asimismo, de que este juzgado dio fe de que la versión electrónica del juicio de amparo en que se actúa, coincide en su totalidad con la versión impresa. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1°, 12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo con la valoración documental respectiva, se considera que el expediente es depurable.

  3. Principal

    Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de tres días concedido a las partes por auto de catorce de mayo de dos mil veintiuno, en el cual se informó el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el presente expediente. En consecuencia y vistas las constancias que integran el presente cuaderno, se procede a emitir determinación en cuanto al cumplimiento de la sentencia concesoria del amparo. en los siguientes términos: En acato a dicho requerimiento, por oficio C/726, recibido el doce de mayo de dos mil veintiuno, la citada autoridad responsable informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y anexó copia certificada del registro de audio y video de la audiencia de doce de mayo de dos mil veintiuno de la que se advierte que el Juez responsable estableció lo siguiente: Señaló que previamente a la celebración de esa audiencia requirió a la licenciada Erika Villagrana López, Defensora Pública, facilitara su cédula profesional, la cual hizo patente que tenía en sus manos en ese momento, que tiene el número 10017435 expedida el veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis. Refirió que verificó en el Registro Nacional de Profesiones y la citada cédula sí estaba inscrita en el mismo. Concluyó que la licenciada Erika Villagrana López, Defensora Pública, sí contaba con el perfil profesional de licenciada en Derecho, con cédula profesional que le permitió desempeñarse como defensora de los imputados Luis Gabriel Soriano Rodríguez, Edgar Manuel Tovar Domínguez y Luis Jesús Torres Domínguez, en audiencia inicial de dos de agosto de dos mil veinte y en su continuación de cuatro de agosto siguiente. Determinó que en base a lo anterior quedó firme lo sucedido en audiencia de cuatro de agosto de dos mil veinte reclamada. La videograbación de que se habla, adquiere el carácter de documento público lato sensu para efectos del juicio de amparo, y como tal se le concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, máxime que esta constancia se reputa idónea para corroborar fehacientemente lo acontecido en la audiencia desarrollada ante la juez de origen responsable, dada la naturaleza del sistema penal acusatorio. Así, una vez confrontados los efectos de la concesión del amparo y las acciones acreditadas en cuanto al cumplimiento, se hace evidente que se cumplieron con los postulados del fallo protector, pues con las documentales allegadas a este juicio, se advierte que se dio cabal cumplimiento a la ejecutoria del amparo, toda vez que se atendieron todos los lineamientos descritos por este órgano jurisdiccional en el presente juicio de amparo. Por tanto, al no haber sido otro el alcance de la sentencia, con fundamento en los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por cumplida la ejecutoria concesoria del amparo. Ahora bien, no pasan inadvertidos los argumentos del autorizado de la parte quejosa, al considerar que la ejecutoria de amparo encuentra defectos en cuanto a su cumplimiento, pues esencialmente indicó que el Juez responsable señaló que tenía en sus manos la cédula profesional de la defensora pública y dio cuenta con los datos que contenía, pero en ningún momento la puso a la vista de las partes para corroborar que los datos proporcionados efectivamente correspondían a los señalados, dejando a los quejosos en estado de indefensión. Asimismo, señaló que lo que aparentaba la credencial que tenía en las manos el juez, lo era un permiso para ejercer la profesión de licenciado en derecho, por lo que no se corrobora que tenga un título para ejercer dicha profesión. De igual forma, refiere que no se concedió el uso de la voz a los quejosos ni a su defensa en observancia al derecho de audiencia, dejando a las partes con incertidumbre jurídica. Son infundados los motivos de inconformidad que se hacen valer contra el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Lo anterior, toda vez que como quedó asentado anteriormente la ejecutoria de amparo constriño a la autoridad responsable únicamente en primer término en citar a las partes del proceso penal a una audiencia, a efecto de verificar la credencial de la defensora que asistió a los aquí quejosos en las diversas fases de la audiencia inicial, esto es, verificar que en ese momento procesal contaba con la acreditación jurídica, legal, suficiente y comprobable con los documentos o medios idóneos, para fungir como defensora de los aquí quejosos y si se acreditaba esa calidad debería dejar patente en audiencia tal circunstancia. Dicha circunstancia el Juez responsable la cumplió a cabalidad pues requirió a la licenciada Erika Villagrana López, Defensora Pública, exhibiera su cédula profesional, hizo patente que tenía en sus manos dicho documento, la cual tenía el número 10017435 expedida el veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis; señaló que la verificó en el Registro Nacional de Profesiones y la citada cédula sí estaba inscrita en el mismo, por lo que concluyó que la citada defensora sí contaba con el perfil profesional de licenciada en Derecho, con cédula profesional debidamente registrada que le permitió desempeñarse como defensora de los imputados Luis Gabriel Soriano Rodríguez, Edgar Manuel Tovar Domínguez y Luis Jesús Torres Domínguez, en audiencia inicial de dos de agosto de dos mil veinte y en su continuación de cuatro de agosto siguiente. Por tanto, no se obligó a la citada responsable que la pusiera a la vista para que las partes corroboraran que los datos proporcionados efectivamente correspondían a los señalados, pues el Juez de Control al ser el rector del proceso es al que le corresponde verificar dicha circunstancia y de conformidad con la sentencia dictada en el presente juicio, el objeto de dicha diligencia era que quedara patente en audiencia que Erika Villagrana López, quien fungió como Defensora Pública de los quejosos en la audiencia inicial de dos de agosto de dos mil veinte y en su continuación de cuatro de agosto siguiente, sí contaba con dicha calidad con la simple mención de la cédula profesión que la acreditaba como profesional en Derecho, lo cual sí se acreditó, de ahí lo infundado de sus argumentos. De igual forma, es infundado el diverso argumento que señala que no se concedió el uso de la voz a los quejosos ni a su defensa en observancia al derecho de audiencia, dejando a las partes con incertidumbre jurídica, toda vez que al minuto catorce con diez segundos de la audiencia en cuestión se observa que el defensor particular de los quejosos hizo las manifestaciones que estimó pertinentes, las cuales fueron atendidas por el Juez responsable al minuto quince con cuatro segundos de la misma, cumpliendo con ello con el principio de audiencia aludido.

  4. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno. Visto; atento al contenido de la razón que antecede, asentada por la Actuaria Judicial adscrita a este juzgado, de la que se advierte que no le fue posible notificar al tercero interesado menor de edad de iniciales L.F.H.G., por conducto de su representante legal Jorge Luis Hernández Marín, por los motivos que expone; Ahora, de autos se advierte que el catorce de octubre de dos mil veinte, al llevar a cabo el emplazamiento a dicho tercero, éste manifestó que se reservaba a señalar domicilio para oír notificaciones y que transcurrió el término de tres días que le fue concedido para ese efecto, por auto de ocho de octubre de dos mil veinte, para que señalara domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, sin que se haya recibido promoción alguna al respecto; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el referido auto y se ordena hacer ésta, así como la diversa de catorce de mayo del año en curso, y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, a la citada parte, por medio de lista que se publique en este Juzgado, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la ley de Amparo.

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