Luis Gabriel Martínez Carrillo

Expediente 2605/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
2605/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
07/11/2018

Partes del expediente

  • Luis Gabriel Martínez Carrillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, siete de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal de los autos y el contenido de la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso e) de la ley en cita, sin que ninguna de las partes recurriera la sentencia dictada el quince de octubre de dos mil dieciocho, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio; por lo tanto, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales a que haya lugar. Por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como definitivamente concluido. Con apoyo en el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre del año dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este Tribunal Federal considera que el presente juicio es susceptible de destrucción ; por tanto, se procederá a la misma una vez transcurridos cinco años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Se precisa que este asunto no es de relevancia documental. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante el Secretario Judicial Guillermo Aguirre Castañeda quien autoriza y da fe, y certifica: que al día de hoy, el expediente electrónico de este asunto coincide en su integridad con el expediente impreso. LAPT/GAC/mrvl

  2. Principal

    Zapopan, Jalisco, quince de octubre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee: se tiene por recibido el oficio que suscribe la Administradora de lo Contencioso de Grandes Contribuyentes "1" de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, mediante el cual solicita copia simple del recurso de revisión promovido por Industrial Oleaginosas, sociedad anónima de capital variable y otras, en contra de la sentencia de trece de agosto de dos mil dieciocho. Al respecto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, remítase mediante oficio las copias solicitadas. Notifíquese. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante el secretario Kavdxary Youdvary González Macedo, que certifica que la presente actuación y lo que se relaciona en la cuenta que precede a este acuerdo, coincide en su integridad con los que obran en el expediente electrónico. Doy fe. LAPT/KYGM/mala*

  3. Principal

    VISTA LA RAZÓN EL ACTUARIO MANIFIESTA IMPOSIBILIDAD QUE TUVO PARA NOTIFICAR PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, EL PROVEÍDO DE VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS ML DIECIOCHO, EN TALES CONDICIONES PRACTÍQUESE A LA CITADA PARTE LA NOTIFICACIÓN DE LA REFERIDA RESOLUCIÓN POR MEDIO DE LISTA, ASÍ COMO LAS SUBSECUENTES, AÚN LAS DE CARÁCTER PERSONAL, HASTA EN TANTO SEÑALE NUEVO DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES... COMO LO ORDENA EL PRESENTE ACUERDO POR MEDIO DE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DE DOS ML DIECIOCHO, QUE DICE:"En la ciudad de Zapopan, Jalisco, siendo las nueve horas con treinta minutos del veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho hora y fecha señaladas para el desahogo de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 375/2018 (foja 364 vuelta), procede a celebrarla Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, asistido por la secretaria Dolores Araceli Navarro Huerta, con quien actúa firma, da fe, y a su vez, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. Acto seguido, la secretaria CERTIFICA Y HACE CONSTAR que se tiene a la vista la libreta de control y registro de promociones que se lleva en este juzgado hasta las nueve horas con treinta minutos del veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, no se encuentra registrada promoción alguna dirigida al presente expediente. Por otra parte, la secretaria da lectura a la demanda y demás constancias que integran este juicio de amparo, entre las que destacan los informes justificados, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellos, de conformidad con la Tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación; Tomo IV, Primera Parte, Julio-Diciembre de 1989, página 185, de rubro y texto: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACION EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". A lo anterior, el juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias y por leídas las mismas, las que se tomarán en consideración al resolver el presente juicio de amparo. Acto continuo, se da cuenta al juez, con el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se desprende que mediante ocurso recibido el veintiuno de febrero de dos mil dieciocho (fojas 109 a 113) el tercero interesado Ramón Alonso Mejía García interpuso incidente de objeción de documento falso relativo al escrito inicial de demanda; en consecuencia, con fundamento en el artículo 122 de la Ley de Amparo, se tiene por objetado el ocurso de demamnda. Por ende, con fundamento en lo dispuesto por el numeral antes citado, se ordena suspender la presente audiencia. Al respecto, es menester hacer énfasis que el incidente de objeción de documentos tiene como finalidad cuestionar la autenticidad de un documento, con la posibilidad de rendir las pruebas pertinentes para acreditar esa pretensión, es decir, la materia del incidente es determinar la autenticidad de la firma estampada por el quejoso en su escroto de demanda. Al respecto, tiene sustento a lo expresado, la jurisprudencia 1ª/J. 86/2006, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 433, Tomo XXV, del mes de febrero de dos mil siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "OBJECIÓN DE DOCUMENTOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 153 DE LA LEY DE AMPARO. PARA LA SUSTANCIACIÓN DEL INCIDENTE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE SUSPENDER LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, YA SEA QUE AQUÉLLA SE FORMULE ANTES O EN EL MOMENTO DE SU CELEBRACIÓN. Del análisis de los artículos 151, 153 y 155 de la Ley de Amparo, así como de lo sustentado por el Tribunal Pleno al resolver la contradicción de tesis 15/98, que originó la tesis P./J. 22/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, marzo de 2000, página 24, con el rubro: "DOCUMENTOS. SU OBJECIÓN PUEDE FORMULARSE ANTES O EN EL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.", se advierte que la objeción de documentos prevista en el segundo de los preceptos citados, puede formularse antes o en el momento de la celebración de la audiencia constitucional; sin embargo, en ambos casos el Juez de Distrito invariablemente debe relacionar la prueba documental y su objeción y de ser procedente, la audiencia debe ser suspendida para recibir las pruebas y contrapruebas relativas a la falsedad o autenticidad del documento objetado, por así establecerlo expresamente el mencionado artículo 153, el cual no admite más interpretación que la literal, ya que es claro en el sentido de que la audiencia constitucional deberá suspenderse ante la formulación del incidente de objeción de falsedad de documentos." En tales condiciones, siguiendo las reglas del artículo 122 de la Ley de Amparo ordénese abrir incidente no especificado para el desahogo de la prueba y contraprueba de la objeción planteada; por tanto, se requiere a las partes para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que se les notifique el presente proveído, presenten pruebas en relación con el incidente formulado por el tercero interesado y una vez que acontezca lo anterior se proveerá sobre la admisión o desechamiento de los mismos. En la inteligencia de que, de resultar improcedente la objeción planteada, se le aplicará al objetante una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se haga efectiva dicha sanción en los términos de la parte final del artículo 122 de la Ley de Amparo, dado el caso, ya que se retardaría injustificadamente la resolución del presente asunto. Resulta aplicable a lo anterior la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, publicado en la página 547, del Tomo VIII, Noviembre de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que la letra señala: "MULTA PREVISTA EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 153 DE LA LEY DE AMPARO. PROCEDE APLICARLA CUANDO NO SE DEMUESTRA LA OBJECIÓN DE FALSEDAD DE DOCUMENTOS. La intención del legislador, al adicionar el último párrafo del artículo 153 de la Ley de Amparo, que otorga facultades a los Jueces de Distrito para aplicar a quien en el juicio de garantías objete de falso algún documento presentado por otra de ellas, una multa si desecha la objeción presentada, es desalentar el comportamiento doloso o de mala fe del que ejerce ese derecho con el fin de demorar el asunto. Por tanto, si el objetante no prueba la falsedad del documento relativo, es correcta la imposición de multa por el juzgador, ya que la mala fe del promovente se evidencia con la falta de demostración de la falsedad aducida, con el consiguiente retraso del asunto. No es obstáculo a lo anterior, que el precepto legal en comento permita la aplicación de la multa cuando se deseche la objeción, ya que el vocablo "desechar" que utilizó el legislador no debe entenderse en los mismos términos con que se conoce en derecho procesal, esto es, como el rechazo o inadmisión del acto jurídico, sino que la acepción utilizada también se refiere a la hipótesis en que no se probó la objeción planteada, por lo que jurídicamente se podrá aplicar la multa si no se admite la objeción de falsedad de documentos propuesta, o bien, si con vista de las pruebas y contrapruebas desahogadas se desestima, debido a que en este último caso se demoró inútilmente la solución del negocio. Aceptar lo contrario, haría nugatoria la sanción ínsita en el precepto legal que se analiza, ya que, atendiendo a la obligación de admitir toda clase de pruebas o medios de defensa, contenida en el artículo 151 de la ley de la materia, en la actualidad se da trámite y se resuelven prácticamente todas las objeciones de falsedad de documentos que se plantean en los juicios de amparo." Para dar lugar a lo anterior, se fijan las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo la continuación de la audiencia constitucional. Notifíquese; y, personalmente a la totalidad de las partes."... POR OTRA PARTE, SE RECIBE ESCRITO DEL QUEJOSO, SOLICITA COPIAS; EXPÍNDASELE... .- SE DEJA EN LA SECRETARIA DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL FEDERAL A DISPOSICION DEL AQUI NOTIFICADO QUEJOSO: EDGAR TELLO ARCOS, COPIAS DE LA AQUI ENTERADA RESOLUCION PARCIAL DE FECHA VEINTIUNO DE SEPTIEMBRE DOS MIL DIECIOCHO

  4. Principal

    Visto lo de cuenta se provee: téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo 485/2018, copia certificada de la resolución pronunciada trece de septiembre de dos mil dieciocho, en los autos del toca de revisión principal número 240/2018 del índice del tribunal colegiado, cuyos puntos resolutivos son del tenor literal siguiente: "ÚNICO. Se desecha por improcedente el recurso interpuesto por la Directora de lo Jurídico Contencioso en representación del Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, hágase del conocimiento de las partes el sentido de dicha resolución, acúsese el recibo de estilo y agréguese el cuaderno de antecedentes. Una vez expresado lo anterior, este órgano de control constitucional precisa sus alcances y determina qué autoridades se encuentran vinculadas y en qué medida para su cumplimiento, ello con el objeto de conseguir el eficaz y pleno acatamiento de la sentencia de amparo, de conformidad con los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo. Al respecto es preciso señalar que en la ejecutoria referida se concedió el amparo y protección de la justifica federal para el siguiente efecto: ".la protección otorgada deberá limitarse a ordenar que se desincorpore de la esfera jurídica del inconforme, la obligación de calcular el impuesto predial conforme a la disposición reclamada que prevea una tasa bimestral al millar mayor que la mínima, es decir, para que al momento de que se cuantifique el monto respectivo, se le haga extensivo el beneficio de la tasa bimestral al millar más benéfica, misma que sirvió de base para el comparativo de las situaciones de desigualdad, que en este caso resulta ser la de 0.254 (cero punto doscientos cincuenta y cuatro), por concepto del impuesto predial, pues no podría desincorporarse totalmente la obligación de pagar la contribución de referencia, en virtud de que ello implicaría poner a la promovente en un estado privilegiado; y, además, se desatendería el mandato constitucional previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Carta Magna, respecto a la obligación de contribuir al gasto público en forma proporcional y equitativa. (.) La protección constitucional debe hacerse extensiva al acto concreto de aplicación, contenido en el recibo oficial 6366892; mismo que realizó la parte impetrante del amparo por concepto del impuesto predial sobre un bien inmueble; a fin de que le sea devuelta la cantidad que se enteró, en el entendido de que dicha devolución deberá versar sólo en lo que exceda a la tasa prevista en la ley para terrenos edificados y por lo que ve al impuesto predial para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho." Ahora bien, para cumplir la ejecutoria de amparo, el Congreso y el Gobernador, ambos del Estado de Jalisco, no tienen que ejecutar acto alguno, pues se les reclamaron, dentro de sus atribuciones, actos legislativos como son, la expedición, aprobación o promulgación de la Ley de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco para el ejercicio fiscal del año dos mil diecisiete, respecto al artículo 22, fracción II, inciso a) y b). Sobre el particular, son aplicables los siguientes criterios: La tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es: "LEYES, AMPARO CONTRA, EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN. La decisión sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley que se tome en una sentencia de amparo que ha causado ejecutoria, constituye cosa juzgada. Consecuentemente, si se concedió el amparo, el efecto inmediato será nulificar la validez jurídica de la ley reclamada en relación con el quejoso y si el juicio se promovió con motivo del primer acto de aplicación, éste también será contrario al orden constitucional; dentro del mismo supuesto de concesión del amparo, ninguna autoridad puede volverle a aplicar válidamente la norma jurídica que ya se juzgó, dado que la situación jurídica del quejoso se rige por la sentencia protectora. En cambio, cuando el fallo es desfavorable respecto de la ley, las autoridades pueden aplicársela válidamente; por ello, una vez que el juicio de garantías se ha promovido contra la ley y se obtiene pronunciamiento de fondo, sea que se conceda o se niegue la protección solicitada en sentencia ejecutoria, la decisión sobre su congruencia o incongruencia con el orden constitucional se ha convertido en cosa juzgada." Así como la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo epígrafe y contenido son: "LEYES, AMPARO CONTRA LA EXPEDICIÓN, PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS. En el amparo contra la promulgación, publicación y refrendo de la norma legal impugnada, no procede el sobreseimiento, porque si bien es cierto que en el procedimiento de formación de la ley intervienen diversos órganos constitucionales, como lo son el Legislativo que las expide y el Ejecutivo que las promulga y ordena su publicación, dichos actos no pueden considerarse consumados irreparablemente para los efectos del amparo, toda vez que en su conjunto son los que otorgan vigencia a la ley reclamada y, por tanto, hacen que el ordenamiento respectivo pueda ser aplicado a los casos concretos comprendidos en las hipótesis normativas, y son todos ellos los que pueden ser reparados a través del juicio de garantías. La expedición, promulgación y publicación de una ley no pueden quedar subsistentes o insubsistentes, aisladamente, puesto que tales actos concurren para que tenga vigencia la ley y pueda ser aplicada, y en cambio necesariamente dejan de producir efectos conjuntamente al pronunciarse una ejecutoria que declara inconstitucional a la ley, en el caso concreto a que se refiere el fallo. Consecuentemente, a pesar de que se produzcan por órganos diferentes, no pueden considerarse consumados irreparablemente ni improcedente su declaración en el juicio de amparo que se interpone contra una ley." En virtud de lo anterior, requiérase a la Tesorería de Guadalajara, Jalisco, para que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, en el término de tres días siguientes al en que quede legalmente notificada del presente proveído, dé cumplimiento a la sentencia de amparo dictada dentro del presente juicio de amparo. Lo cual, deberá acreditarlo con documentos fehacientes ante este órgano de control constitucional, o bien, informar las gestiones que se encuentra realizando para tal fin, lo anterior, a efecto de calificar el cumplimiento de amparo. Lo anterior, con el apercibimiento que de no hacerlo, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se les impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo.

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