Luis Gabriel Luna Silva
Expediente 898/2022 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 898/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Luis Gabriel Luna Silva
Actuaciones
- Principal
...se declara que el auto que desechó la demanda ha causado estado. Archívese este juicio como asunto totalmente concluido...
- Principal
notifíquense por lista los subsecuentes acuerdos, incluso las personales por ese medio, sin perjuicio de que con posterioridad señale domicilio para tal efecto. Notifíquese por lista el presente acuerdo, así como el diverso de catorce de noviembre de dos mil veintidós. Recepción y registro de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Luis Gabriel Luna Silva, contra actos del Delegado de Tránsito y Seguridad Vial del estado de Veracruz, con sede en Orizaba, la cual se registró en el libro de registro de juicios de amparo bajo el expediente 898/2022-I-B; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias necesarias para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Se desecha la demanda de amparo. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el promovente señaló como acto reclamado: La supuesta orden verbal de suspensión de labores y la negativa de permitirle continuar con su servicio laboral, así como el posible inicio de un procedimiento administrativo sancionador. Acto reclamado respecto del cual se estima que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la lectura del precepto transcrito se observa que es obligación del órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Al respecto, este órgano de control constitucional estima que en el caso opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. (.) Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilaterial y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De los preceptos transcritos se desprende que el juicio de amparo única y exclusivamente procede contra actos de autoridad, entendiéndose por tal aquella que, con fundamento en una norma legal, dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos. Esto es, autoridad para efecto del juicio de amparo es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. De esta manera, es necesario determinar para tal efecto si la relación jurídica existente entre el ente a quien se atribuye la conducta se ubica dentro de las denominadas de supra o subordinación entablada entre los órganos de autoridad del estado, por un lado, y el gobernado por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1089, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. También cabe precisar que el máximo tribunal del país ha establecido que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Con base en lo expuesto, el máximo tribunal de la nación estimó que de acuerdo con la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo, todos ellos apuntan a sostener que este es improcedente contra actos de particulares, o contra actos que aun siendo emitidos por una autoridad no afectan por sí y ante sí, ni de manera unilateral crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados; de lo que se sigue, haciendo una interpretación en sentido contrario, que para analizar la procedencia del juicio debe atenderse a la naturaleza del acto para determinar si goza de los atributos antes mencionados. Para definir este aspecto, conforme al criterio de la actual integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo debe concebirse en razón de la naturaleza jurídica de las relaciones de "supra a subordinación" surgidas entre las autoridades y los gobernados, y entre particulares, cuando se realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos señalados, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En otras palabras, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los criterios jurisprudenciales en consulta, resulta conveniente atender al concepto de las relaciones jurídicas que existen entre el Estado y los particulares, al tenor de los conceptos que proporciona la Teoría General del Derecho; es decir, conforme a los tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y sus órganos, a saber: las de coordinación, las de supra a subordinación, y las de supraordinación: De acuerdo con esa teoría, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales estos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral, entre otras. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, pues si ambas están en el mismo nivel, entonces existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Dicho en otras palabras, las relaciones de coordinación son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados, o incluso, entre el Estado y los particulares, solo que en este supuesto el Estado se desapodera de su facultad de imperio y actúa con los particulares en el plano del derecho privado, es decir, como si se tratara de un particular. En cambio, las relaciones de "supra a subordinación" son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado; entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales que protegen derechos humanos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que estos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estas breves precisiones ponen de manifiesto que la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación concluyó que para definir el concepto de autoridad, para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a si la relación que se somete a la decisión de los órganos de control constitucional de amparo se ubica dentro de las denominadas de "supra a subordinación", la cual tiene como presupuesto, según ha quedado explicado, que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Expuesto lo anterior, resulta evidente que el acto consistente la prohibición de permitir al quejoso seguir desempeñando sus funciones, la negativa de asignarle servicios y de permitirle firmar las listas de asistencia, y el posible inicio de un procedimiento administrativo sancionador, no pueden considerase como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que las dependencias que señala como responsables no tienen el carácter de autoridad para los efectos pretendidos, a pesar de que el impetrante de amparo aduzca que se están transgrediendo sus derechos humanos, pues el trato que existe entre él y la institución para la que presta sus servicios, y a la que atribuye fundamentalmente su reclamo, es una relación de coordinación entablada entre el particular y aquellas corporaciones, en la que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, y no se trata de una relación de supra a subordinación, lo anterior como consecuencia, precisamente, de la relación laboral que los vincula. Cobra aplicación, por las razones que la rigen, el siguiente criterio: Registro digital: 2011343 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Laboral Tesis: I.6o.T. J/28 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, página 1956 Tipo: Jurisprudencia AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación. De igual manera resulta aplicable la tesis 2a. XXXVI/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 307 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, marzo de 1999, novena época, de rubro y texto: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado. Lo anterior, en virtud de que la terminación de la relación laboral a que se constriñe el acto que se reclama en la presente instancia constitucional no deriva del ejercicio de un poder público ejercido como consecuencia de la imposición de una norma general, sino que es consecuencia del actuar de la dependencia señalada como responsable en su calidad de patrón, puesto que se encamina a controlar la manera en la cual se presta el servicio personal remunerado del aquí quejoso en la institución para la cual se encuentra contratado. Lo anterior sin que se soslayen las manifestaciones del quejoso en las que aduce que su puesto se equipara al servicio que se presta en las instituciones policiacas; sin embargo, de las manifestaciones vertidas dentro del escrito inicial de demanda, bajo protesta de decir verdad, así como de las documentales que adjuntó, se evidencia que su relación laboral se encontraba entablada con el Ayuntamiento de la Ciudad de Orizaba, Veracruz, y no con la Secretaría de Seguridad Pública o cualquier otra institución policiaca, máxime que de estas se desprende que su cargo activo es de agente vial, adscrito al departamento de Tránsito Municipal de ese municipio. En las relatadas condiciones, lo procedente es desechar de plano la demanda de que se trata, en términos del numeral 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse las causales de improcedencia analizadas. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento Expedientes (SISE). Domicilio de la parte quejosa para oír notificaciones. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo, en el entendido que de no existir, encontrarse deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a los promoventes o sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este Juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Se tiene[n] y como autorizado[s] en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que señala, en virtud de contar con cédula debidamente registrada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública y únicamente en términos del párrafo segundo de dicho ordenamiento legal a la diversa persona señalada. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en este, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el actuario judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos y copias. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la Secretaría encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la expedición de copias en el presente expediente, previa solicitud verbal que para el efecto se haga a la Secretaría encargada del trámite quién legalmente se encuentre facultado para ello. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional, o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquellas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos.
- Principal
Recepción y registro de la demanda. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Luis Gabriel Luna Silva, contra actos del Delegado de Tránsito y Seguridad Vial del estado de Veracruz, con sede en Orizaba, la cual se registró en el libro de registro de juicios de amparo bajo el expediente 898/2022-I-B; este órgano jurisdiccional procede a resolver en lo conducente. Integración de expediente electrónico. Así, con base en lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias necesarias para la integración del expediente electrónico del Poder Judicial de la Federación; en el entendido de que aquellas constancias que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que, el expediente electrónico estará a disposición de las partes, una vez que cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Se desecha la demanda de amparo. Ahora bien, de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el promovente señaló como acto reclamado: La supuesta orden verbal de suspensión de labores y la negativa de permitirle continuar con su servicio laboral, así como el posible inicio de un procedimiento administrativo sancionador. Acto reclamado respecto del cual se estima que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. De la lectura del precepto transcrito se observa que es obligación del órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Al respecto, este órgano de control constitucional estima que en el caso opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. (.) Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilaterial y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De los preceptos transcritos se desprende que el juicio de amparo única y exclusivamente procede contra actos de autoridad, entendiéndose por tal aquella que, con fundamento en una norma legal, dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto reclamado con el objeto de imponer unilateralmente obligaciones a los gobernados, modificar las existentes o limitar sus derechos. Esto es, autoridad para efecto del juicio de amparo es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. De esta manera, es necesario determinar para tal efecto si la relación jurídica existente entre el ente a quien se atribuye la conducta se ubica dentro de las denominadas de supra o subordinación entablada entre los órganos de autoridad del estado, por un lado, y el gobernado por el otro, donde la voluntad del gobernante se impone de manera unilateral, imperativa y coercitiva al poderse exigir mediante el uso de la fuerza pública o a través de otras autoridades, existiendo como límite a su actuación los derechos fundamentales consagrados en la Constitución. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1089, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. También cabe precisar que el máximo tribunal del país ha establecido que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Con base en lo expuesto, el máximo tribunal de la nación estimó que de acuerdo con la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo, todos ellos apuntan a sostener que este es improcedente contra actos de particulares, o contra actos que aun siendo emitidos por una autoridad no afectan por sí y ante sí, ni de manera unilateral crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados; de lo que se sigue, haciendo una interpretación en sentido contrario, que para analizar la procedencia del juicio debe atenderse a la naturaleza del acto para determinar si goza de los atributos antes mencionados. Para definir este aspecto, conforme al criterio de la actual integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo debe concebirse en razón de la naturaleza jurídica de las relaciones de "supra a subordinación" surgidas entre las autoridades y los gobernados, y entre particulares, cuando se realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos señalados, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En otras palabras, de acuerdo con los lineamientos establecidos en los criterios jurisprudenciales en consulta, resulta conveniente atender al concepto de las relaciones jurídicas que existen entre el Estado y los particulares, al tenor de los conceptos que proporciona la Teoría General del Derecho; es decir, conforme a los tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y sus órganos, a saber: las de coordinación, las de supra a subordinación, y las de supraordinación: De acuerdo con esa teoría, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales estos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral, entre otras. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, pues si ambas están en el mismo nivel, entonces existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Dicho en otras palabras, las relaciones de coordinación son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados, o incluso, entre el Estado y los particulares, solo que en este supuesto el Estado se desapodera de su facultad de imperio y actúa con los particulares en el plano del derecho privado, es decir, como si se tratara de un particular. En cambio, las relaciones de "supra a subordinación" son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado; entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales que protegen derechos humanos como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que estos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Estas breves precisiones ponen de manifiesto que la Segunda Sala del Máximo Tribunal de la Nación concluyó que para definir el concepto de autoridad, para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a si la relación que se somete a la decisión de los órganos de control constitucional de amparo se ubica dentro de las denominadas de "supra a subordinación", la cual tiene como presupuesto, según ha quedado explicado, que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Expuesto lo anterior, resulta evidente que el acto consistente la prohibición de permitir al quejoso seguir desempeñando sus funciones, la negativa de asignarle servicios y de permitirle firmar las listas de asistencia, y el posible inicio de un procedimiento administrativo sancionador, no pueden considerase como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que las dependencias que señala como responsables no tienen el carácter de autoridad para los efectos pretendidos, a pesar de que el impetrante de amparo aduzca que se están transgrediendo sus derechos humanos, pues el trato que existe entre él y la institución para la que presta sus servicios, y a la que atribuye fundamentalmente su reclamo, es una relación de coordinación entablada entre el particular y aquellas corporaciones, en la que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, y no se trata de una relación de supra a subordinación, lo anterior como consecuencia, precisamente, de la relación laboral que los vincula. Cobra aplicación, por las razones que la rigen, el siguiente criterio: Registro digital: 2011343 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Décima Época Materias(s): Común, Laboral Tesis: I.6o.T. J/28 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 29, Abril de 2016, Tomo III, página 1956 Tipo: Jurisprudencia AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN. La demanda de amparo interpuesta contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado cuando actúan como patrones es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridad, en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello es así, debido a que el Estado a la vez que es persona de derecho público y asume las funciones de autoridad, también es una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; en consecuencia, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, sólo podrá considerarse como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en un plano de supra-subordinación. De igual manera resulta aplicable la tesis 2a. XXXVI/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 307 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IX, marzo de 1999, novena época, de rubro y texto: AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado. Lo anterior, en virtud de que la terminación de la relación laboral a que se constriñe el acto que se reclama en la presente instancia constitucional no deriva del ejercicio de un poder público ejercido como consecuencia de la imposición de una norma general, sino que es consecuencia del actuar de la dependencia señalada como responsable en su calidad de patrón, puesto que se encamina a controlar la manera en la cual se presta el servicio personal remunerado del aquí quejoso en la institución para la cual se encuentra contratado. Lo anterior sin que se soslayen las manifestaciones del quejoso en las que aduce que su puesto se equipara al servicio que se presta en las instituciones policiacas; sin embargo, de las manifestaciones vertidas dentro del escrito inicial de demanda, bajo protesta de decir verdad, así como de las documentales que adjuntó, se evidencia que su relación laboral se encontraba entablada con el Ayuntamiento de la Ciudad de Orizaba, Veracruz, y no con la Secretaría de Seguridad Pública o cualquier otra institución policiaca, máxime que de estas se desprende que su cargo activo es de agente vial, adscrito al departamento de Tránsito Municipal de ese municipio. En las relatadas condiciones, lo procedente es desechar de plano la demanda de que se trata, en términos del numeral 113 de la Ley de Amparo, al actualizarse las causales de improcedencia analizadas. Háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento Expedientes (SISE). Domicilio de la parte quejosa para oír notificaciones. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en la demanda de amparo, en el entendido que de no existir, encontrarse deshabitado o manifestar quien lo ocupe que no conoce a los promoventes o sus autorizados, se practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este Juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Se tiene[n] y como autorizado[s] en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los profesionistas que señala, en virtud de contar con cédula debidamente registrada en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública y únicamente en términos del párrafo segundo de dicho ordenamiento legal a la diversa persona señalada. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con apoyo en el artículo 21 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, para el caso de que en el presente sumario deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera que intervenga en este, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el actuario judicial de la adscripción pueda efectuar tales diligencias. Se autoriza uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos y copias. Con fundamento en la circular 12/2009 del Consejo de la Judicatura Federal, se faculta a las partes y a sus autorizados para que, previa solicitud a la Secretaría encargada de este expediente, se impongan de sus actuaciones mediante el uso de cámaras fotográficas, grabadoras o lectores ópticos, debiendo recabarse constancia de cada consulta realizada en esos términos. Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, desde este momento se autoriza la expedición de copias en el presente expediente, previa solicitud verbal que para el efecto se haga a la Secretaría encargada del trámite quién legalmente se encuentre facultado para ello. Información pública. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente juicio, es pública, accesible a cualquier persona y solo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada en forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional, o bien, como confidencial; asimismo, hágase del conocimiento de aquellas el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición expresa conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se divulgue sin supresión de identificativos.
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