Luis Gabriel Jop Corzo

Expediente 1124/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1124/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
19/12/2022

Partes del expediente

  • Luis Gabriel Jop Corzo
  • ENRIQUE MEJIA BELLO y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días que concede el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto de siete del mes y año en curso, en que se desechó la demanda de amparo, sin que dicha impugnación se hiciera valer. En consecuencia, se declara que el acuerdo de referencia HA CAUSADO ESTADO; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido.

  2. Principal

    Ciudad de México, México, siete de diciembre de dos mil veintidós. Visto el oficio remitido por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, por medio del cual remite los autos del juicio de amparo 829/2022, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón y otros, contra actos del Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México y otras autoridades; y testimonio de la resolución de once de noviembre del año en curso, dictada en el conflicto competencial C.C.P. 18/2022, de la estadística del Tribunal oficiante, cuyos puntos resolutivos dicen: "PRIMERO. Si existe conflicto competencial. SEGUNDO. Se declara legalmente competente al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México, en turno, para conocer de la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón, Luis Arturo Zavala Rosas, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antoni Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Flores Castro, Renán Hidalgo Echazarreta, Alejandro Díaz Madrid, Hugo Melchor Nieto, Eduardo Ampudia Fraustro. TERCERO. Remítanse los autos a la autoridad que resultó legalmente competente, y hágase saber lo aquí resuelto a los Juzgados contendientes.". Acúsese recibo. En esa tesitura, en estricto acatamiento a lo resuelto por la Superioridad, y con fundamento en los artículos 35 y 48 de la Ley de Amparo y con apoyo en los Acuerdos Generales 3/2013 y 37/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano de amparo acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento del asunto. Por tanto, fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y regístrese con el número 1124/2022-IV e identifíquese con la carátula respectiva al juicio de amparo 829/2022, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez. Como cuestión previa, conviene indicar que, en la sentencia de veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, dictada en la contradicción de tesis 25/2007-PL, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación argumentó que el juez de distrito tiene la facultad para regularizar el procedimiento y dejar insubsistente la audiencia constitucional celebrada por el juez incompetente u otras actuaciones precedentes, cuando advierta alguna irregularidad que impida que el juicio de amparo se integre adecuadamente para su solución1 . De ahí que, por identidad jurídica, es dable que el juez de distrito competente convalide o no la totalidad de las actuaciones efectuadas por el juez que conoció con anterioridad y proveer en torno a la demanda. Por tanto, con apoyo en la jurisprudencia en comento, y en lo dispuesto en el último párrafo del artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional no convalida las actuaciones realizadas por el juzgado aludido. Así, vista la demanda de amparo promovida por Carlos Alberto Angelino Barrón y otros, contra los actos del Director de la Penitenciaria de la Ciudad de México y otras autoridades, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII, 113 de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, PROCEDE DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO POR SU MANIFIESTA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA, por lo siguiente: ... En el caso, de la demanda de amparo no se advierte la firma autógrafa ni electrónica de los quejosos Carlos Alberto Angelino Barrón, Luis Arturo Zavala Rosas, Edwin Daniel Guerra Córdova, Luis Gabriel Jop Corzo, José Othón Ramiro Hernández Lima, José Antonio Contreras Chávez, Enrique Mejía Bello, Enrique Alvarado Saucillo, Eduardo Flores Castro, Renán Hidalgo Echazarreta, Alejandro Díaz Madrid, Hugo Melchor Nieto y Eduardo Ampudia Fraustro, conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Amparo, los diversos 3 a 6 del Acuerdo General Conjunto número 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico. Por tanto, es evidente que se actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia, prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 6°, del mismo ordenamiento legal, relativo al principio fundamental del juicio de amparo de instancia de parte agraviada, dado que sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, pudiendo hacerlo por sí, por su representante, por su defensor si se trata de un acto que corresponda a una causa criminal, por medio de algún pariente o persona extraña en los casos en que esta ley lo permita expresamente, y sólo podrá seguirse por el agraviado, por su representante legal o por su defensor y, en el caso, la demanda de amparo se equipara a un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna, en virtud de que la firma entraña la manifestación de ésta, lo que obliga a desecharla. En ese sentido, cuando se presenta una demanda de amparo en el Portal indicado, debe estar firmada electrónicamente con la FIREL de la parte quejosa, por lo que, la ausencia de ésta no puede considerarse una irregularidad de las previstas en el numeral 114 de la Ley de Amparo que dé lugar a requerir o prevenir al quejoso para que comparezca a ratificar el escrito de demanda, pues al no contener su firma electrónica no se aprecia la voluntad de quien aparece como promovente, es decir, no hay instancia de parte y, consecuentemente, el Juez de Distrito está facultado para desecharla de plano. En consecuencia, ante la inexcusable la falta de firma autógrafa o electrónica, al no observarse que los quejosos se encuentren impedidos para suscribir la demanda de amparo promovida propio derecho, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 6°, 112 y 113, de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Se deja sin efectos la suspensión de plano decretada por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordoñez; hágase del conocimiento a las autoridades responsables. Sin que sea el caso de tener como representante común a Carlos Alberto Angelino Barrón, pues al no estar firmada la demanda por ninguno de los que aparecen como promoventes, no existe evidencia de que efectivamente hubieran designado al citado con ese carácter. En tal sentido, con apoyo en lo resuelto en la sentencia de quince de diciembre de dos mil veintiuno, en el recurso de queja 193/2021, por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26, fracción III, y 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo practíquense las notificaciones por lista a los quejosos. De igual forma, con apoyo en la determinación del referido tribunal colegiado, no se hace mayor pronunciamiento, respecto de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: "TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA. PARA GARANTIZAR QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL SEA ACORDE CON ESE DERECHO, EL QUEJOSO PRIVADO DE LA LIBERTAD DEBE CONTAR CON LA ASISTENCIA DE UN ABOGADO".

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