Luis Gabriel Jop Corzo

Expediente 134/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 12 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
134/2021
Año
2021
Actuaciones
12
Última actuación
22/06/2021

Partes del expediente

  • Luis Gabriel Jop Corzo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintidós de junio de dos mil veintiuno. Acepta competencia Agréguese el oficio signado por el Secretario del Juzgado Decimocuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual, hace del conocimiento el auto de dieciséis de junio de dos mil veintiuno, dictado en el juicio de amparo 445/2021 de su índice, por el que acepta la competencia planteada por este juzgado, y desecha la demanda de amparo promovida por Luis Gabriel Jop Corzo. Se ordena el archivo del expediente En ese orden, del estado de autos se obtiene que este expediente está concluido, por lo que se ordena su archivo definitivo; asimismo, se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el diverso numeral 21, inciso j), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General Vigésimo Primero, párrafo último, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 20 . Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de la licenciada Olga Viviana López González, Secretaria que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, nueve de junio de dos mil veintiuno. Agréguese sin mayor trámite Agréguese sin mayor trámite, el oficio y anexo signado por la Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; lo anterior, toda vez que por auto de ocho de junio del presente año, se acordó lo respectivo a la recepción del mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Librado Antonio Gómez Morales Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.jmv

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, ocho de junio de dos mil veintiuno. Devuelve exhorto diligenciado Agréguese el oficio y anexo remitido por la Juez Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México; mediante el cual, devuelve diligenciado el exhorto 139/2021, de su estadística, derivado del diverso 152/2021-VIII, número de orden 50/2021-VIII del índice de este Juzgado, deducido del juicio de amparo en que se actúa, mismo que se le remitió para notificar al quejoso Luis Gabriel Jop Corzo; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes, sin que sea necesario el acuse respectivo en razón de que el propio sistema electrónico lo genera. Dese de baja el exhorto de que se trata en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Librado Antonio Gómez Morales Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.jmv

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veinticinco de mayo de dos mil veintiuno. Cumple prevención Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado electrónicamente por Jessie Madeleinne Díaz Sánchez, Defensora Público Federal, a través del cual da cumplimiento a la prevención formulada en proveído de catorce de mayo de dos mil veintiuno. En consecuencia se provee: Se declina competencia Vista la demanda de amparo promovida por promovida por Miguel Ángel Fonseca Valencia, en representación de Luis Gabriel Jop Corzo, contra actos de la Dirección de la Penitenciaría de la Ciudad de México, y otras autoridades de quienes reclama: ".Discriminación por condición de persona privada de la libertad y violación al principio pro homine". Debe considerarse que la competencia constituye un presupuesto procesal de análisis previo a cualquier otra cuestión, por lo que se procede a examinar si en la especie se satisface este requisito. Así, debe precisarse que la competencia de este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala se rige por lo previsto en los artículos 94, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107, fracciones II y V, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en el Acuerdo General 3/2013, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de enero del año dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece; sin embargo, en el caso concreto, este órgano jurisdiccional es legalmente incompetente para resolver el juicio de amparo promovido por Luis Gabriel Jop Corzo, por razón de territorio. Lo anterior en virtud que del estudio integral de la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados que serán motivo de análisis en este juicio de derechos es discriminación por condición de persona privada de la libertad y violación al principio pro homine, por las autoridades señaladas como responsables la Dirección de Penitenciaría, Subdirección de Seguridad Penitenciaria, Comité Técnico de la Penitenciaría y Subsecretaría de Sistema Penitenciario, todos con sede en la Ciudad de México, lo que revela que el acto reclamado no tiene ni tendrá ejecución en el Estado de Tlaxcala. Ahora, el artículo 37 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del citado precepto legal se advierten tres hipótesis para fijar la competencia del juez de Distrito para conocer del juicio de amparo, a saber: a) Es competente el juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Cuando el acto se haya empezado a ejecutar en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material será competente el juez en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Precisado lo anterior, debe decirse que el acto reclamado encuadra en la hipótesis descrita en el inciso a), particularmente, en lo relativo a que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución el acto reclamado, pues el acto reclamado lo constituye discriminación por condición de persona privada de la libertad y violación al principio pro homine, por lo que para determinar la competencia debe establecerse en qué lugar deben tener ejecución dichas órdenes. Ahora, del estudio de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama la discriminación por condición de persona privada de la libertad y violación al principio pro homine por parte de la Dirección de Penitenciaría, Subdirección de Seguridad Penitenciaria, Comité Técnico de la Penitenciaría y Subsecretaría de Sistema Penitenciario, todos con sede en la Ciudad de México; autoridades que se encuentran fuera del lugar donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción, por ello, es evidente, que si la discriminación por condición de persona privada de la libertad y violación al principio pro homine, reclamada constituye un acto que por su naturaleza requiere de ejecución material, ésta se verificará en la Ciudad de México, ya que en ese lugar residen las autoridades responsables. En efecto, la competencia para conocer de la discriminación por condición de persona privada de la libertad y violación al principio pro homine, debe fijarse en función de la residencia de las autoridades señaladas como responsables; ahora en el presente asunto dicho quejoso señaló como autoridades responsables a la Dirección de Penitenciaría, Subdirección de Seguridad Penitenciaria, Comité Técnico de la Penitenciaría y Subsecretaría de Sistema Penitenciario, todos con sede en la Ciudad de México. En este sentido se pronunció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la competencia penal 6/95, en cuya parte conducente sostuvo: "En efecto, de la íntegra lectura de la demanda de garantías se advierte que la peticionaria del amparo señaló como autoridades al Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán y al Comandante de la Policía Judicial del Estado de Puebla del Tercer Subsector, en Tehuacán, ambos con residencia en el Estado de Puebla, a los que les reclamó la orden de aprehensión, que según manifiesta emitieron en su contra y su ejecución que pretende llevar a cabo el Comandante de la Policía citada. Por otra parte, también se desprende del ocurso de referencia que la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que su domicilio particular lo es el ubicado en la calle Poniente 5, departamento 1, de la casa número 306, de la ciudad de Orizaba, Veracruz, y no sólo suscribió el escrito inicial de garantías, sino que además lo presentó ante el juzgado federal de la localidad, por razones de urgencia, lo que expresó para los efectos de la competencia del juzgado de Distrito en el Estado de Veracruz. Ahora bien, con independencia de lo expresado en el párrafo anterior, en el caso concreto se estima que el Juez Quinto de Distrito en el Estado de Puebla es el competente para conocer y resolver del juicio de amparo, habida cuenta que dentro de su jurisdicción radican las autoridades que, según manifiesta la propia quejosa pretenden ejecutar el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión, sin que de la lectura de la demanda de garantías se advierta que hubiese señalado alguna autoridad ejecutora con residencia en la jurisdicción del Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. No es óbice para arribar a la anterior conclusión, la circunstancia de que la promovente del amparo haya manifestado bajo la protesta legal, que su domicilio particular lo es en el Estado de Veracruz, toda vez que, la ejecución de la orden reclamada no puede presumirse por el simple hecho de que la agraviada haya signado y presentado su demanda, como lo hizo en Veracruz, Veracruz, ni porque haya manifestado tener su domicilio particular en aquel lugar, pues tal conclusión es meramente apreciativa, dado que para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad dentro de la jurisdicción del juez federal mencionado, no puede estimarse que la orden de aprehensión forzosamente deba ejecutarse en el lugar en donde la quejosa, aparentemente, tiene su domicilio particular, pues bien podría cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares. En tal tesitura, sirve de apoyo la tesis relacionada con la de Jurisprudencia número 413, citada en la página 702, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que a la letra dice: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO.- Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la Jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo Estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares". Asimismo, resulta aplicable la tesis relacionada con la de Jurisprudencia número 404, visible a páginas 695, Segunda Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, cuyo texto es del tenor siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO.- Si no se ha señalado por la autoridad responsable, a ninguna otra para que ejecute el acto que se reclama, es competente para conocer del juicio de garantías, el juez de Distrito del lugar en donde resida la autoridad de quien emana el acto". Por tanto, si la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo de que se trata emanó, según la quejosa, del Juez de Primera Instancia de Puebla y se pretende ejecutar por la Policía Judicial del mismo Estado, consecuentemente procede decidirse el conflicto competencial en favor del Juez Quinto de Distrito en el Estado de Puebla, con residencia en la misma ciudad." De la citada ejecutoria derivó la jurisprudencia por reiteración consultable en la página 97, tomo II, septiembre de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COMPETENCIA. ORDEN DE APREHENSIÓN, AMPARO CONTRA LA. Si en la demanda de garantías el quejoso reclama la orden de aprehensión dictada por una autoridad que reside en el lugar donde promueve el juicio de amparo, pero señala domicilio para oír notificaciones en otro lugar distinto, no por esa circunstancia debe estimarse que la competencia para conocer del asunto, radica en el juez de Distrito donde se ubica dicho domicilio, pues adoptar este criterio, equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover; en cambio, como es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable que resida en la jurisdicción del juez de Distrito, cuando éstas se señalen como responsables, debe fincarse la competencia al juez federal de ese lugar." Cabe apuntar, que el propósito del legislador fue facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que el afectado disponga de mejores posibilidades de defensa, por ello estableció las referidas reglas de competencia, para que el particular esté en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva, aunado a que si un juez de Distrito resuelve un juicio de amparo respecto del cual carece de competencia, tal circunstancia constituye una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 383, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a agosto de dos mil trece, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA UNA ORDEN DE DETENCIÓN O APREHENSIÓN. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DONDE EL QUEJOSO, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, ASEGURA QUE TRATA DE EJECUTARSE, AUN CUANDO OMITA SEÑALAR QUE LA AUTORIDAD EJECUTORA TIENE SU RESIDENCIA EN ESA MISMA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL, SIEMPRE QUE ACLARE SU DEMANDA Y HAGA EL SEÑALAMIENTO CORRESPONDIENTE. Del artículo 36 de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se advierte que la competencia para conocer de un juicio se surte a favor de los jueces de distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, de donde se sigue la preeminencia a la ejecución del acto para establecer la competencia del juez de amparo, pues el quejoso puede tener mayor facilidad para obtener las pruebas que estime pertinentes y el juez de distrito lograr recabarlas con la eficacia debida. Ahora bien, si una orden de detención o aprehensión requiere de ejecución material, el juez competente para conocer de dicho acto es aquel que tiene jurisdicción donde se trata de ejecutar, lo cual puede ocurrir en cualquier lugar donde pueda localizarse a la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio. De ahí que, si en la demanda de amparo el quejoso asegura, bajo protesta de decir verdad, que en su domicilio se presentaron autoridades con la finalidad de ejecutar el acto reclamado, lugar que corresponde a la circunscripción territorial del juez de distrito ante quien se promueve la demanda, resulta inconcuso que, aun cuando aquél no realice el señalamiento expreso de que las autoridades ejecutoras tienen residencia en ese sitio, esto no implica que tal juzgador carezca de competencia para conocer del asunto, siempre que el quejoso, previa prevención hecha por el referido juzgador, aclare su demanda y haga el señalamiento condigno; prevención que es necesaria, ya que la regla también atañe a que se señalen autoridades ejecutoras en el domicilio para la competencia del juez, de lo contrario el solo domicilio es insuficiente para justificar su competencia. Lo anterior, en la inteligencia de que la conclusión apuntada no prejuzga sobre la competencia que pudiera corresponderle a diverso juzgador de amparo, si el impetrante no señala autoridades responsables con residencia en la jurisdicción del órgano ante quien promovió inicialmente o, a pesar de haberlo hecho, al desahogarse totalmente la audiencia constitucional, se obtenga que las autoridades responsables ejecutoras negaron el acto y el quejoso no desvirtuó dicha negativa. Esto es, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no modifica su criterio en el sentido de que el domicilio del quejoso no determina la competencia del juez de distrito, pues adoptar una postura contraria equivaldría a dejar al arbitrio del agraviado la determinación de la competencia con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover, lo que aquí se pretende significar, es que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo pueden apreciarse de una determinada manera en el momento de la presentación de la demanda, porque en ese instante procesal todavía no se realiza un pronunciamiento respecto de la certeza de los actos reclamados, o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables." En conclusión, si la parte quejosa señala como autoridades responsables a la Dirección de Penitenciaría, Subdirección de Seguridad Penitenciaria, Comité Técnico de la Penitenciaría y Subsecretaría de Sistema Penitenciario, todos con sede en la Ciudad de México, es claro que corresponde conocer del presente juicio de derechos a un Juez de Distrito con residencia en la referida Ciudad, por ser el órgano que se estima competente para ese efecto, en términos de los artículos 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En tales condiciones, este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer y resolver el juicio de amparo promovido por Luis Gabriel Jop Corzo, y, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48, último párrafo de la Ley de Amparo, una vez notificado el presente proveído, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo, remítase el original del presente juicio, al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, en turno, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal, de ese lugar, para los efectos legales conducentes, solicitándole el acuse de recibo correspondiente, en que se sirva precisar si acepta o no, la competencia que se plantea a su conocimiento. Se ordena girar exhorto Toda vez que el quejoso Luis Garbiel Jop Corzo, se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de la Ciudad de México; el cual se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal; con fundamento en el artículo 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su artículo 2º, y el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, gírese atento exhorto vía electrónica al JUZGADO DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, EN TURNO, a fin de que en auxilio de las labores de este Juzgado Federal, ordene a quien corresponda notificar el contenido íntegro del presente proveído al directo quejoso ante señalado. Notifíquese; y vía exhorto a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Librado Antonio Gómez Morales Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.jmv

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